El último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta sobre dos peligros latentes: las limitaciones a los periodistas que cubren el proceso de paz y la falta de medios de comunicación en territorios ‘claves’ para la implementación de acuerdos.
Ilustración: Flip.“El actuar de algunas entidades del Estado, las Farc y actores claves dentro del proceso de paz sugiere que hay un interés de evitar que los medios hagan un cubrimiento que pueda derivar en críticas de temas que son de alto interés público”, señala el informe sobre el estado de la libertad de prensa en 2016 de la FLIP. (Vea aquí el informe)
De acuerdo con el documento, varios periodistas se encontraron con restricciones para grabar escenas, acceder a zonas o eventos de interés público del proceso de paz. De hecho, se documentaron ocho casos de agresiones contra reporteros por parte de miembros de las Farc, del gobierno nacional y de bandas criminales, la mayoría cuando intentaban cubrir los eventos de pedagogía que se hizo en las filas de la guerrilla.
“Algunos de los hechos registrados muestran que es menos problemático tener medios de comunicación pasivos y a la espera de la información que le suministren las diferentes instancias con competencia dentro del acuerdo de paz”, indica la FLIP. Esto, sin duda, va en contravía de los intereses de los ciudadanos que esperan un cubrimiento integral de este proceso.
Malos precedentes
El informe se refiere a tres aspectos o decisiones específicas que se tomaron en pleno proceso de paz que afectan la libertad de prensa.
La discusión más vigente tiene que ver con cómo se va a garantizar el cubrimiento periodístico en las 29 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y siete Puntos Transitorios de Normalización (PNT), espacios donde los miembros de las Farc dejarán las armas y harán tránsito a la vida civil. Para la Flip no es claro que la prensa tendrá plenas garantías para cubrir el desarme de la guerrilla.
Esto porque cada una de las zonas cuenta con un espacio delimitado conocido con nombre del campamento, donde sólo tendrán acceso los miembros de las Farc con armas y los observadores internacionales, es decir, que allí no pueden ingresar la población civil ni los medios de comunicación. Dentro de cada zona existirá un centro de atención previsto para atender la prensa, pero fuera del campamento.
La FLIP recomienda que se establezca un protocolo claro que determine las condiciones para ejercer el oficio periodístico en la zona campamentaria para evitar futuros incidentes.
El informe también se refiere a irregularidades en la ley que reglamentó el plebiscito del 2 de octubre, específicamente, a las facultades que se le entregó al Presidente de la República para publicitar y difundir durante cinco minutos gratuitos el acuerdo de paz en televisión y en radio. “El principal problema con esta norma era que, sin los controles adecuados, podría presentarse una imposición de contenidos a los medios de comunicación por parte del gobierno nacional”, dice el documento.
Sinembargo, ante las preocupaciones que presentó la FLIP, la Corte Constitucional señaló que el gobierno nacional debía ceñirse condiciones de objetividad e imparcialidad.
Ilustración: Flip.
Por otra parte, la Fundación asegura que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abusó de sus competencias, cuando publicó la Resolución 1733 de 2016 en la que estableció que los medios debían presentar un equilibrio informativo e imparcial sobre las campañas del Sí y de No. Por esta razón los medios debían remitir un informe semanal al CNE, quien incluso podía ordenar rectificaciones.
“Esta regulación, aunque no presentó problemas en la práctica, sienta un mal precedente para la garantía de la libertad de expresión en las elecciones y el rol del organismo de vigilancia electoral como garante de la libertad de prensa”, de acuerdo con la FLIP. Esto porque, entre otras cosas, desconoce que las rectificaciones sólo pueden ser definidas por un juez y porque en algunas salas de redacción se abstuvieron de publicar encuestas por miedo de enfrentarse a una multa.
La FLIP le manda también un mensaje a las Farc, quienes en varias oportunidades han criticado públicamente a los medios de comunicación: “Las Farc deberán aprender a vivir en democracia, siendo tolerantes a la crítica y absteniéndose de dar lecciones pontificando sobre qué tipo de periodismo debe hacerse. Esto parte de evitar estigmatizaciones y dejar de señalar a los medios de comunicación cuando los contenidos que publican no son de su agrado”.
Regiones silenciadas
El informe retoma una investigación que la FLIP comenzó en 2015 llamada ‘Cartografías de la Información’. En una primera etapa el proyecto caracterizó 447 medios de comunicación, en 220 municipios de 9 departamentos y dos subregiones: Bajo Cauca, en Antioquia, y Catatumbo, en Norte de Santander.
El resultado arrojó que 2 millones 460 mil personas viven en lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. “En Chocó, Bajo Cauca y Catatumbo el 50% de sus habitantes no tiene acceso a la información local. En los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá ese porcentaje es del 40%”.
Además, de los 447 medios observados, 41 son emisoras de la Fuerza Pública. La militarización de la radio ha sido utilizada en las últimas dos décadas como un arma de guerra del Estado en contra de las guerrillas y otros actores armados. “En Guaviare, El Catatumbo, Vichada y Amazonas el número de estas emisoras superan o igualan al de medios comunitarios. Hay municipios como Miraflores y Calamar, en Guaviare; Caloto, Guapi y Miranda, en Cauca; Solano, en Caquetá; y El Bagre, en Bajo Cauca, donde el único medio que existe es del Ejército o de la Policía”.
Este panorama, para la FLIP, envía un mensaje claro a las zonas de conflicto en el que prima la guerra ante la información.
Aunque la implementación del acuerdo de paz permitirá hacer ajustes normativos a temas importantes como la publicidad oficial y los medios comunitarios. Para la FLIP debe resolverse el problema de manera integral “Más temprano que tarde, el déficit de liderazgo y metas del sector deberá ser compensado”.
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