La Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución de dos predios en el corregimiento de Guachaca, cerca al Parque Tayrona. En 2003, paramilitares de Hernán Giraldo desplazaron al grupo de inversionistas que compró las tierras y su socio aprovechó para quedarse con ellas.
A menos de una hora de Santa Marta, rodeados de complejos hoteleros, a espaldas de la Sierra Nevada y a un costado del río Mendihuaca se ubican las 22 hectáreas de los predios ‘Panamericano’ y ‘Las Palmas’, avaluados en 7 mil millones de pesos. Un lugar perfecto para instalar un proyecto turístico, o por lo menos así lo creyeron los inversionistas que compraron la tierra en 1994.
El Frente Resistencia Tayrona, dirigido por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, más conocido para ese entonces como ‘El Patrón’, se interpuso en su camino. No solo les cobraba extorsiones, sino que usó sus playas para hacer envíos de droga y luego, en 2003, amenazó a sus propietarios para que abandonaran el lugar. (Leer más en: Conflicto por las playas de Mendihuaca)
Giraldo, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, ha asegurado que en el predio montaron un cultivo de plátano en asocio con Jaime Oñate Almanza, quien es el padre de Éver Enrique Oñate, alias ‘Barrabás’, uno de los jefes de la banda criminal conocida como ‘Los Comba’, detenido en Honduras hace dos años.
En 2009, tres años después de desmovilizado el Frente Resistencia Tayrona, un juzgado de Santa Marta falló a favor de Jaime Oñate y le entregó la titularidad de los predios. No obstante, una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferida el pasado 8 de abril, revirtió esa decisión y ordenó restituir los bienes a los dueños originales y cancelar los títulos fraudulentos.
“La intimidación ejercida sobre los propietarios de los lotes, fue la causa eficiente por la que abandonaron definitivamente la visita a los mismos, lo que facilitó la consolidación de la propiedad en cabeza de Jaime Oñate”, dice la sentencia y determina que Oñate no puede considerarse un tercero de buena fe exento de culpa.
La historia detrás del despojo
Los predios estaban a nombre de las sociedades Inversiones Turísticas Mendihuaca S.A. y Promotora Constructora Ltda. Los propietarios iban a los terrenos solo ocasionalmente, pues no tenían los permisos completos para concretar su proyecto turístico y la situación de orden público era tensa.
A mediados de los años noventa, Hernán Giraldo, un colono caldense que llegó a la región atraído por la bonanza marimbera de los ochenta, había consolidado su poder criminal en el departamento del Magdalena, especialmente en las estribaciones de la Sierra Nevada.
La ausencia de los propietarios fue aprovechada por Jaime Oñate, quien trabajó por temporadas como jornalero en los predios. Les pidió permiso para construir un rancho y, supuestamente, desarrollar faenas de pesca. Lo cierto es que, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, fue usado como punto de embarque de cargamentos de droga hacia Centroamérica y el Caribe a finales de los 90 por los hombres de Giraldo.
Este punto de embarque de droga dejó de funcionar después del 9 de octubre de 2001, cuando los paramilitares de Giraldo cometieron una masacre a pocos metros de los predios, en frente del Mendihuaca Caribbean Resort. Entre los muertos figuraban tres agentes de la DEA. La Policía Antinarcóticos trasladó más de 200 agentes a la Sierra Nevada de SantaMarta y confiscaron cerca de 16 toneladas de cocaína.
Ocho puntos para entender la guerra en Magdalena
En 2003, Oñate le propuso a los ‘paras’ del Resistencia Tayrona que mejor invadieran el predio para iniciar un cultivo de plátano. “La tierra fue mejorada con dinero que yo invertí, pero lo hice de buena fe”, dijo Hernán Giraldo en junio de 2007, durante una audiencia de Justicia y Paz. Su sobrino, Nodier Giraldo, quien también hizo parte del grupo paramilitar, agregó que “nosotros entramos a invertir en esas tierras porque fue la familia Carvajal la que nos dijo que no tenía dueño”.
El exparamilitar se refiere al fallecido Samuel Carvajal, alias ‘Cirilo’, uno de los hombres de confianza de Hernán Giraldo, quien hacia presencia en Guachaca. Fue Carvajal quien le propuso a Giraldo que se asociaran con Jaime Oñate no solo para traficar sino también para apropiarse del terreno. No hubo buena fe, como dice el exjefe paramilitar, pues los propietarios fueron amenazados y las veces que intentaron reclamar encontraron hombres armados, incluido Jaime Oñate, que no los dejaron regresar.
Los propietarios decidieron guardar silencio por temor a que tomaran represalias contra ellos. Solo hasta 2007, después de la desmovilización del grupo paramilitar, pusieron la primera denuncia y contactaron a Hernán Giraldo. El extraditado aceptó haber despojado esas tierras y se comprometió a regresarlas, sin embargo, Jaime Oñate se negaba a salir de los predios.
Ese mismo año, Oñate presentó una demanda de pertenencia, alegando ser ocupante de buena fe. En su defensa argumentó que las tierras se encontraban abandonadas y él venía ocupando desde hace tiempo el predio ‘El Paraíso’ (un englobe de los lotes despojados: ‘Panamericana’ y ‘Las Palmas’).
En 2008, luego de una fuerte ola invernal que azotó la región y causó graves estragos, más de 200 familias damnificadas invadieron el terreno y la plantación de plátano desapareció. Aun así, Hernán Giraldo ofreció el cultivo inexistente para reparar a las víctimas.
De otro lado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta le dio la titularidad de los bienes a Oñate en 2009, sin siquiera citar a las sociedades que aparecían como propietarias en los folios de matrícula, y ordenó a la Secretaría de Gobierno y a la Policía de Santa Marta desalojar a las familias damnificadas.
Sin embargo, la decisión del juzgado samario se cayó en junio de 2014 porque una magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla dejó sin piso la inscripción ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta del título de pertenencia que le reconoció el juez a Oñate y, de paso, dijo que esta persona se había apropiado de manera ilegal del predio, en complicidad con los paramilitares. La decisión se tomó con base en una investigación adelantada por la Fiscalía 39 de Justicia y Paz.
Oñate se declaró una “verdadera víctima de la administración de justicia” y apeló la decisión. Pero la Corte Suprema de Justicia no le dio la razón, por el contrario, consideró que había falseado la verdad para acreditarse como propietario y se apoyó en grupos paramilitares para afincarse en los predios reclamados. Por tales razones, el Alto Tribunal respaldó la decisión de la magistrada de Justicia y Paz, de manera que 13 años después de haber sido despojados, los propietarios van regresar por fin a las playas de Mendihuaca.