En medio de las amenazas a los reclamantes por parte de ‘los Rastrojos’, la Unidad de Restitución realizó la primera restitución oficial de tierras en Cesar.
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| La finca El Toco fue despojada por paramilitares de Jorge 40. Foto El Pilón. |
Aunque la familia propietaria del predio ya había regresado hace un tiempo, aún no se había hecho el papeleo necesario para ratificarla como propietaria del bien.
Por eso, en un acto simbólico se entregó tanto la sentencia como el auto que ordena la entrega real del predio parcelado en la hacienda El Toco, en el corregimiento Los Brasiles, municipio de San Diego, a dos familias víctimas de los paramilitares.
El director de la Oficina de Restitución de Tierras de la región, Nelson Silva, dijo que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada por el daño que han sufrido, que incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
El mal sabor para los habitantes y colonos de El Toco comenzó hace 15 años después de la incursión paramilitar en San Diego, donde fueron masacradas 13 personas y que produjo el desplazamiento de 55 familias.
El fallo, que decidió la restitución de 26 hectáreas a las víctimas de las Auc y que terminó en esta entrega de tierras, lo profirió el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena que estableció que las tierras de los campesinos fueron usurpadas por Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido cómplice de los paramilitares.
Durante la entrega de los documentos correspondientes, Silva le recordó a las familias que la decisión prohíbe a los campesinos restituidos vender sus predios por un periodo de dos años y ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a actualizar los mapas establecidos en ese fallo. También mencionó que esta decisión exonera del pago de impuesto predial e incluye a las familias en los recursos destinados para subsidios de vivienda rural.
La beneficiaria de esta primera entrega es Yara Inés Yun, quien dijo estar satisfecha con lo que hizo la Unidad de Restitución, pero espera que se cumplan las medidas especiales y preferentes de asistencia en salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos que tuvo a consecuencia del conflicto.
En la entrega de estas tierras Silva aprovechó para decirle que este fallo no se limita a devolver la tierra a sus dueños sino que, con este, el estado otorga beneficios a los sobrevivientes de esas familias y establece como prioridad que estos accedan a la formación académica.
En cuanto a las autoridades, tal como lo indicaba el fallo, todo el proceso de retorno, fue escoltado por el Ejército y la Policía Nacional, así como a la Alcaldía de San Diego que mejoró las vías de acceso al corregimiento de Los Brasiles.
La historia del despojo
Desde principios de 1997 los paramilitares incursionaron en el municipio de San Diego cometiendo a su paso asesinatosselectivos, masacres, hurtos y desplazamientos. Estos hechos fueron cometidos entre abril y mayo por miembros de las autodefensas.
Según lo narra el fallo, el 22 de abril de 1997 un grupo de hombres armados llegaron al predio ‘El Toco’ en el corregimiento Los Brasiles con una lista de supuestos colaboradores de la guerrilla. Cuando encontraron a sus víctimas, que eran miembros de una asociación de campesinos, procedieron a asesinarlas.
Estos hechos fueron corroborados por Francisco Gaviria alias ‘Mario’, quien aseguró que ‘Jorge 40’ les había dado la orden de matar a cinco personas que aparecían en una lista. Según ‘Mario’, los habitantes de El Toco fueron sacados de sus casas y reunidos en una cancha. Luego de asesinar a dos hombres, el resto de la población fue dejada en libertad con la advertencia de que necesitaban que desocuparan las tierras. “Necesitamos que nos desocupen esta zona, esa es la orden”, dijo ‘Mario’.
Misma suerte corrieron ocho pobladores de Las Brasiles un mes después, cuando el mismo grupo de paramilitares llegó con lista en mano buscando a supuestos simpatizantes de la subversión.
De acuerdo a la versión libre realizada por Jhon Jairo Esquivel alias ‘El Tigre’, el 19 de mayo de 1997, un grupo aproximado de 14 personas llegó en tres camionetas al corregimiento de Los Brasiles, donde tocaron puerta por puerta, sacaron de sus casas a las personas que eran señaladas por un guía para luego ser asesinadas. En total ocho personas murieron en esta incursión armada, perpetrada por las Auc.
Según el fallo del juez de tierras, en esa época, las órdenes eran impartidas directamente por Salvatore Mancuso, quien estableció que las personas asesinadas por ser señaladas de ser miembros de la guerrilla, se les incautaban sus bienes.
El miedo generalizado que se apoderó de la población hizo que los campesinos no quisieran retornar y por el contrario renunciaran a las parcelas asignadas por el INCORA en 1999, institución que procedió a vender las mejoras a terceros.
En medio del abandono de los predios, Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido jefe paramilitar, terminó apropiándose de las tierras para explotarlas económicamente a través de la cría de ganado vacúno.
Con información de El Pilón
