La justicia restituyó tierras a mujeres víctimas del conflicto, pero ordenó el desalojo de campesinos que habitan allí hace años, acusándolos de mala fe y por el conflicto creado, el retorno no ha sido posible. La cercanía de explotaciones petroleras a las tierras restituidas complica aún más el panorama.
El 30 de octubre pasado, en un acto solemne en Puerto Gaitán, Meta, el presidente Juan Manuel Santos entregó, uno a uno, a tres mujeres y a sus familias, los títulos con los que les reconocía la propiedad de un total de 287 hectáreas de tierras en el Alto Tillavá, una región aislada de extensas sabanas, a seis horas de Villavicencio, en el municipio de Puerto Gaitán. Santos ya había entregado hace cuatro meses, otros 10 predios en la misma zona con una larga historia de violencia: las Farc la dominaron, los paramilitares les disputaron el dominio y ahora asedian bandas criminales.
Una de esas mujeres, Ana*, fue de las primeras que se acercaron a la Unidad de Restitución de Tierras para averiguar cómo podía recuperar las tierras que había trabajado. Ella tuvo que salir desplazada y dejar abandonada la parcela que cultivaba en Tillavá después de que un grupo de paramilitares asesinaran a su padre en julio de 1998, hecho que luego confesaría ante fiscales de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar José Baldomero Linares, conocido con el alias de ‘Guillermo Torres’.
Desde entonces, Ana dejó el predio al cuidado de un trabajador y adelantó trámites para vender las mejoras, pues eran terrenos baldíos que su familia había ayudado a desarrollar. Hoy, luego de casi 15 años de destierro, logró demostrar ante el juez que había sido obligada a salir, y en cambio, la persona que está ocupando su tierra, no pudo comprobar que había comprado las mejoras de buena fe.
Otra de las beneficiadas, Sandra*, cuenta que fue citada por las Farc a una reunión en la que la obligaron a vender sus mejoras a un colono para que -con la venta- saldara una deuda de su esposo, a quien la propia guerrilla habían desaparecido. A ella también el Tribunal de Tierras de Bogotá ordenó titularle el predio y dictaminó que el campesino que actualmente lo ocupa había utilizado a la guerrilla para presionar la venta.
Como lo argumentó la Unidad de Tierras en Meta, entidad creada por Ley de Víctimas para investigar y sustentar los reclamos de restitución, estas mujeres, como las demás familias de Tillavá, fueron víctimas del conflicto armado. Varias de ellas llevaban años malviviendo en Villavicencio o pueblos aledaños.
El Estado determinó que se les deben titular estas tierras, originalmente baldías, pero que ellas y sus familias habían poseído por años y que además se debe garantizarles el retorno seguro. Solamente una de las reclamantes, la familia de Suárez*, no quiso volver y pidió que la indemnizaran.
Sin embargo, para restituir a estas familias, los jueces ordenaron a los actuales ocupantes, muchos de los cuales también llevaban años trabajando esas tierras, a desalojar. A éstos la justicia no les reconoció la buena fe en la posesión de los terrenos, porque muchos entraron protegidos por la guerrilla. Ellos alegan que la única forma de conseguir tierra en una zona de dominio de las Farc era con su visto bueno, pero eso no les quita su condición de campesinos, ni sus derechos sobre las tierras que han trabajado. Además que algunos de los que hoy reclaman fueron en realidad sembradores de coca, y por ello no les deberían reconocer propiedad sobre la tierra.
La decisión de la justicia ha prendido la chispa del conflicto, y ahora los perjudicados no quieren irse, y los beneficiados no pueden retornar con seguridad.VerdadAbierta.com investigó el caso, viajó a la zona y descubrió que el cuadro es aún más complicado, pues muy cerca de los predios restituidos, unas once empresas multinacionales -Pacific Rubiales, Meta Petroleum, C&C energy, New Granada Energy, Andian Enegy, Hupecol, Pluspetrol y Tecpetrol, Cepsa, Hocol y Ecopetrol- han venido explotando petróleo en los últimos cinco años; y desde 2010 la Pacific Rubiales y Tecpetrol tienen adjudicadas ya extensiones enormes que se superponen con parte de las tierras restituidas para explorar el valioso combustible.
Coca y violencia
Sobre esta tierra de baldíos en el sur del Meta y límites con Vichada es difícil trazar la línea clara entre víctimas y victimarios. Por allí han pasado colonos que huyeron de la violencia partidista, cocaleros, mafiosos, guerrilleros, paramilitares y, ahora último, las bandas criminales.
Los padres y abuelos de algunos llegaron a colonizar hace más de cuatro décadas. Era una región de hatos ganaderos que fundaron familias como los Arias y los Pinto. También sembraban maíz y arroz. Antiguos moradores aún recuerdan las ganancias que les dejaban las pieles de los tigres, babillas, perros de agua y venados.
En 1973 llegaron los cultivos ilícitos, primero la marihuana y seis años después, se empezaron a sembrar las primeras semillas de coca. “La gente dejó de pancoger para dedicarse a la coca”, le contó a VerdadAbierta.com un testigo del auge que se vivió. “El kilo llegó a pagarse a dos millones de pesos. Muchos derrocharon el dinero de la coca”. La gente recuerda que hasta narcotraficantes famosos como Carlos Ledher Rivas iban de compras hasta esa lejanía. Éste aterrizaba su hidroavión en el río Manacacías y la gente venía a verlo como una celebridad.
Pronto aparecieron los forasteros a arrendarles fincas a los colonos originarios que habían abierto monte. “No sabíamos el problema en el que nos metíamos”, dice otro colono que explica que en esa época no había linderos, arrendaban para sembrar y cuando se iban, vendían las mejoras. “La tierra en sí no valía nada”, dice. Tampoco había guerrilla. Eran cerca de 800 familias con fincas que rondaban en promedio las 100 hectáreas.
La presencia de los grupos armados empezó a sentirse con el Frente 16 de las Farc en 1984, que llegó a cobrar “el gramaje”, una suerte de impuesto fijo por kilo de coca producida. Los compradores de la pasta debían pagar para que la guerrilla los dejara comerciar.
Coincidió el año con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla a manos del narcotráfico, que llevó al gobierno a perseguir a estos comerciantes clandestinos hasta Tillavá. Un campesino recuerda que se vino una desbandada de propietarios huyendo del brazo de la ley.
Más adelante entró el Frente 39 de esa misma guerrilla, que no sólo regulaba el negocio de la droga sino también la vida diaria en esta zona de Puerto Gaitán.
El desplazamiento llegó en varias oportunidades. Primero fue por la presión de las Farc, después por la caída del precio de la coca y luego por las fumigaciones. “Se sofisticaron; (a las Farc), no se les podía decir nada. Pasaban revista en las fincas, verificaban cuánto producían y cuánto vendían. Si alguien mentía lo mataban o lo obligaban a irse”, recuerda otro campesino.
Los paramilitares también protagonizaron el destierro desde 1995. La primera incursión de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) fue al caserío La Picota, en donde asesinaron a cinco personas. Simultáneamente, entraron a La Loma y a Puerto Mosco y masacraron a 11 personas más, entre 1997 y 1998. El río Tillavá era la frontera de los guerreros: de un lado estaban los paramilitares y del otro, las Farc.
Durante casi dos décadas los campesinos vivieron de cultivar coca, bajo el arbitrio de las Farc, hasta que a la vuelta del siglo XXI, el gobierno de Álvaro Uribe llegó a fumigar los cultivos. Les prometieron títulos de su tierra para que pudieran desarrollar cultivos legales, pero sólo les cumplieron a unos pocos. La gente cree que no les reconocieron la propiedad de la tierra precisamente porque allí habían cultivado la coca.
Muchos salieron, pero también muchos se quedaron aferrados a sus fincas y aprendieron a sobrevivir bajo el poder de las armas. Esta historia, reconstruida en las sentencias de restitución de tierras de Tillavá, deja claro lo que tanto desplazados como resistentes, todos han sido víctimas del conflicto armado.
El difícil retorno
A pesar de los fallos de restitución a favor de unas víctimas, éstas no han podido recuperar sus tierras. El primer lío es que los campesinos a quienes la justicia ordenó desalojar los primeros 13 predios restituidos no reconocen la legitimidad del fallo. Unos no quieren desalojar, y otros dicen que lo harán si les pagan sus mejoras. Pero las sentencias mismas no permiten indemnización pues dictaminan que los actuales ocupantes se hicieron a las tierras de mala fe.
El juez de Villavicencio, Luis Carlos González, quien falló cinco de estos casos, cree que esta situación se sale de la órbita de la Ley de Víctimas, porque si bien a la justicia de tierras le corresponde restablecer los derechos de los despojados, esta no contempla zona grises. Los jueces sólo pueden determinar si hubo buena o mala fe en la actual ocupación, y como los ocupantes de hoy – según los fallos- compraron o se metieron en los predios de la mano de la guerrilla, son por definición de mala fe.
No obstante, como dice el juez, son campesinos auténticos que no tenían mucha opción sino acatar las órdenes de la guerrilla, que seguramente había reclutado sus hijos y buscaba cimentar su dominio en la zona con familias afines. “El Estado debería mirar a esas personas que están sacando y compensarlas. Son estigmatizadas y podrían generar un nuevo conflicto”, explicó González.
Los campesinos que entrevistó VerdadAbierta.com en la zona contaron que los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras les prometieron que nadie saldría desplazado, y la gente se confió. Pero a la postre, resultaron perjudicados por haber comprado mejoras, según los cánones de la guerrilla.
Raúl*, uno de los perjudicados que debe desalojar su tierra por orden judicial, asegura que llegó a la región en 1985 como raspachín y que ocupó baldíos que no eran de nadie. Pero la justicia determinó en su caso que esos baldíos habían sido ocupados antes por un campesino que había sido forzado a desalojar por las Farc, y por eso no le reconoce su propiedad.
“Todas las fincas tenían coca y ahora la gente que las está pidiendo dice que eran ganaderos o agricultores”, dice Pedro*, otro campesino que hoy ocupa las tierras en disputa.
La compleja historia de esta zona, cruzada por el violento mundo del narcotráfico, hace difícil verificar las aseveraciones de unos y de otros, y por eso las sentencias de restitución allí han removido las aguas turbias del conflicto y tienen enfrentados a unos campesinos con otros.
Al punto de que, como le contó a VerdadAbierta.com una de las campesinas beneficiarias, a ella le tocó darle tres millones de pesos al ocupante de la tierra que le devolvieron para que se fuera y la dejara de amenazar.
Para la directora de la Unidad de Restitución en Meta, Andrea Lizcano, la resistencia a desalojar de los actuales propietarios es injusta. Es como si quisieran deslegitimarlas a ellas, dice, aprovechándose de que son viudas. “Ellos pensaron que las mujeres nunca iban a volver a reclamar sus derechos”, dijo a VerdadAbierta.com.
El personero de Puerto Gaitán, Luis Fernando Barrios no duda que se deben cumplir con las sentencias. Pero teme que los campesinos opositores de los reclamantes fueron mal asesorados y no supieron cómo defenderse.
Lasituación de hostilidades entre reclamantes y opositores ha escalado a tal punto que la comunidad, que al principio se había mostrado receptiva e incluso estaba dispuesta a devolver los predios, se está resistiendo a la restitución. En un caso, por ejemplo, donde era evidente que el actual ocupante había utilizado a las Farc para que la viuda vendiera, ahora no quiere salir del predio y exige que le paguen las mejoras con dos hectáreas de cacao y otras tantas de pastos.
Este conflicto enrarece el ambiente, y más aún, cuando allí aún hoy se siguen moviendo los hombres armados. Desde que empezaron a salir los fallos de restitución, nueve reclamantes han sido amenazados y hoy el gobierno ha tenido que darles protección especial. Según conoció VerdadAbierta.com, desde hace tres meses, el retorno de las familias campesinas, en su mayoría de viudas y mujeres solas que ganaron las demandas de restitución, está congelado.
Tras El Dorado Petrolero
Esta conflictiva historia de restitución tiene un trasfondo que la complica aún más. El gobierno Santos resolvió restituir en medio del conflicto, pero la ley le ordena restituir prioritariamente en aquellas regiones donde hay garantías de que el proceso será exitoso; es decir, donde hay mayor tranquilidad, acceso a los mercados para venta de los productos y facilidades de crédito. Por eso resulta extraño que el gobierno haya incluido en su lista prioritaria el Alto Tillavá, un rincón tan inseguro como aislado, en medio de la nada.
Los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo han venido alertando sobre la presencia de grupos armados como el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, dos bandas que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas de Meta y Vichada, y del Erpac, así como de los frentes 39, 16 y de manera esporádica el 44 de las Farc.
La respuesta a esta inquietud podría estar en las actas del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras que se reunió dos veces en 2012 para discutir la priorización de la región del Tillavá.
Según conoció VerdadAbierta.com, hubo una primera reunión de este Comité, el 5 de junio de 2012, a la que asistieron el Procurador delegado de Restitución, la Defensoría del Pueblo en Meta, la Personería de Puerto Gaitán, así como oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y la Policía. Allí, el comité tenía que definir si había o no condiciones de seguridad para iniciar el proceso de restitución en el Alto Tillavá.
Según las actas de la reunión, el director en ese momento de la Unidad de Restitución, Rubén Revelo, pidió a las autoridades “alguna posible intervención, porque (Tillavá) era una prioridad del gobierno ya que (las tierras) están ubicadas en la altillanura, pero esta zona presenta presencia de grupos armados ilegales…”.
El personero de Puerto Gaitán, Luis Fernando Barrios, se opuso a intervenir en el Tillavá precisamente porque la seguridad no era la mejor. Un oficial del Ejército le respondió que “el Tillavá es un corredor de movilidad (de droga y grupos armados) por la cercanía con Venezuela, ya que este grupo (las Farc) como estrategia pretende asumir el dispositivo con la estructura armada hacia Cundinamarca”. Otro oficial de la Policía dijo que la institución acompañaría la restitución para cumplir con la ley, pero que “lo ideal es una estación en la zona para garantizar la presencia permanente”.
Finalmente en esa reunión no se tomó la decisión de iniciar allí un proceso de restitución precisamente por los problemas de seguridad que presentaba, pero se acordó hacerle un seguimiento y revaluar si se podría o no hacerlo, un mes después.
El segundo encuentro de evaluación fue el 5 de julio de 2012, con la presencia de los comandantes de la IV División del Ejército, el general Jairo Salguero, y el comandante de la regional VII de Policía, brigadier general Gabriel Parada, además de la delegada de la Procuraduría y el director de Tierras, Revelo.
“El criterio de seguridad que se maneja debe ser el inicio de las condiciones para que la Unidad entre a hacer los trámites, con el fin de enviar un mensaje a los grupos armados ilegales sobre la legalización de los predios a favor de sus verdaderos ocupantes o propietarios, y se quiere es que las personas regresen y este retorno se inicia con la restitución jurídica y material”, se lee en un aparte del acta.
El criterio parece haber cambiado, y en lugar de verificar que la zona estuviera tranquila para poder restituir, se decidió restituir como una medida estratégica para debilitar a los grupos ilegales que usan la zona de corredor. Quizás no calcularon que con esa decisión, los restituidos quedarían como carne de cañón.
Un punto adicional que se discutió en esa reunión de julio da luces de por qué el cambio de criterio. Revelo dijo que era importante la intervención en Puerto Gaitán y Puerto López, ya que estas zonas son “de expansión agrícola y de exploración petrolera, lo cual requiere que los campesinos que salieron desplazados regresen y hagan parte del desarrollo, que es un objetivo de la ley de víctimas y la reparación transformadora”.
Esta mención al pasar del desarrollo petrolero, es un indicio de una teoría que esbozaron algunos de los entrevistados para este trabajo, y es que la verdadera razón por la cual se inició allí un proceso de restitución de tierras, a pesar del aislamiento y de la inseguridad, es para regularizar la propiedad de la tierra a campesinos vulnerables que seguramente tendrán que vender muy pronto, y así las petroleras vecinas podrán comprar legamente los terrenos aledaños a sus exploraciones.
Otro hecho que pone en duda los motivos reales de esta compleja restitución es que ésta parece ir en contravía de la ley 160 de 1994 que establece la prohibición de adjudicar “baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros” alrededor de los pozos petroleros de hidrocarburos y de los minas de carbón y otros minerales.
Según pudo establecer VerdadAbierta.com, el 98 por ciento del territorio de Puerto Gaitán está concesionado para exploración petrolera y minera, y en el 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos entregó a Pacific Rubiales un bloque exploratorio –un contrato de nueva generación llamado CPE6- que atraviesa las fincas en disputa del Tillavá. Incluso, este medio pudo verificar que en varias fincas se ven los surcos de las líneas de sísmica que hacen las petroleras para identificar si hay yacimientos, por los que incluso, pagaron servidumbre a algunos campesinos.
Los jueces y magistrados de restitución les han preguntado a las petroleras si tienen intereses en la zona y hasta ahora les han respondido que poseen contratos de exploración pero que todavía no han empezado a explotar.
Para curarse en salud, el Tribunal de Tierras de Bogotá, en su primer fallo de mayo de 2013, le solicitó al comité de Justicia Transicional de Meta que determinara si la tierra que iba a ser restituida tenía vocación minera o agrícola. Meses después en una audiencia de seguimiento en Villavicencio un comité de expertos determinó que era aprovechable para agricultura y por eso los jueces y magistrados han pedido la titulación de los baldíos a los campesinos.
En todo caso, lo que sí está comprobado es que la cercanía a las concesiones petroleras de los terrenos restituidos ha complicado la restitución. La resistencia a cumplir la orden de los jueces de desalojar de varios ocupantes se origina en la convicción de que los quieren sacar, para una vez titulados los predios a los antiguos dueños, éstos puedan negociar con las petroleras después de que se venza la restricción de venta, que es de dos años. Esta tesis podría confirmarse con el hecho de que algunas compañías se han negado a negociar tierras con los campesinos que no tengan títulos.
Las autoridades ahora aseguran que, desde que se explota petróleo allí, la zona del Alto Tillavá ya está más segura, y que por eso la restitución podrá seguir adelante. En diálogo con VerdadAbierta.com, el hoy comandante de la VII División, el general Emilio Torres Ariza, aseguró que hoy en la zona hay desplegados dos batallones que cuidan la infraestructura petrolera, en especial de Campo Rubiales, y que decidieron apoyar el proceso de restitución en Tillavá porque el efecto de la violencia “no está tan marcado”, aunque reconoció que “hay presencia cerca de pequeñas estructuras”.
La pregunta que queda a la postre es si los campesinos recién restituidos, como lo previó el ex director de la Unidad de Tierras, Revelo, se beneficiarán del desarrollo y la seguridad que trae el petróleo a la región o si, más bien, la restitución es una forma rápida de formalizar la tierra para que las petroleras puedan comprársela pronto a los restituidos y expandir sus explotaciones con tranquilidad.
* Nombre cambiado.
