El esmeraldero Víctor Carranza y el narcotraficante Leonidas Vargas se convirtieron en los dos mayores terratenientes de Puerto Gaitán y Puerto López en la década de los noventa. Mientras Carranza mantuvo su imperio, Vargas fue asesinado y sus fincas fueron entregadas a desplazados por el gobierno Uribe.El proceso fracasó y los campesinos siguen sumidos en la pobreza y sin títulos.

¿Cómo fue el despojo? ¿QUIÉN SE QUEDÓ CON LA TIERRA? Una restitución fallada

En 2006, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe entregó cerca de ocho mil hectáreas a 585 campesinos en los límites entre los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta. Esas tierras, cuyo último dueño antes de que pasaran a manos del Estado había sido el narcotraficante Leonidas Vargas, tienen una larga de historia de despojos que comenzó hace más de medio siglo.

En la década de los cincuenta, los colonos que llegaron a Puerto López y Puerto Gaitán asesinaron a cientos de indígenas Guahibos (hoy Sicuani) para expulsarlos de sus tierrasy conformar grandes hatos ganaderos. Como si no se tratara de seres humanos, organizaban sin piedad cacerías humanas a las que llamaban con desprecio “guahibadas”, en las que perseguían a los indígenas aterrorizados a balazos.

A principios de los años ochenta, los esmeralderos que habían tomado el control de las minas del occidente de Boyacá, ya manejaban grandesfortunas y varios de ellos quisieron invertir su dinero en la compra de grandes haciendas.

Según el libro Víctor Carranza, alias ‘El Patrón’, de Iván Cepeda y Javier Giraldo, para esa época se comenzó a plantar palma aceitera en el país y Carranza vio una gran oportunidad de negocio, así que adquirió varias propiedades en la zona. “Era el momento oportuno para apropiarse de tierras que habían sido arrebatadas violentamente a los indígenas Guahíbos y poner en práctica proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva”, dice el libro.

También Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, compró una hacienda en San Martín y uno de sus lugartenientes, Leonidas Vargas, un narcotraficante venido del Caquetá, logró acumular cerca de 13 mil hectáreas en Puerto López, en tierras vecinas a las de Carranza. Aunque no fue la regla, si hubo casos en los que propietarios de pequeñas parcelas fueron obligados a vender bajo amenaza, según narra el libro Ceder es más terrible que la muerte, escrito por un grupo de organizaciones sociales en el año 1997.

“La gente que no le quiso vender a don Leonidas fue a parar a una fosa que está debajo del ‘torito’”, contó a VerdadAbierta.com un campesino de la zona. El torito al que se refiere el campesino es una escultura de un toro que el traficante instaló a la entrada de una de sus fincas sobre la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán.

Carranza y Vargas, y sus colaboradores más cercanos, se quedaron casi que literalmente con toda la tierra disponible en la región. Según un estudio del Centro Internacional de Agricultura Tropical, para 1999, apenas 340 fincas concentraban cerca de medio millón hectáreas, casi el 70 por ciento de todo Puerto López, uno de los municipios más grandes del país.

Aunque con tensiones, estos dos poderes de Carranza y el de Vargas y sus narcotraficantes convivieron en la región por una década, pero la paz se rompió con una guerra que comenzó a muchos kilómetros de Puerto López.

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Al finalizar la década de los ochenta, Rodríguez Gacha quien se había propuesto perseguir a las Farc en todo el territorio, ya había logrado controlar a las autodefensas antisubversivas del Magdalena Medio, pues era su principal auspiciador. Estas fuerzas militares ilegales tenían dominio de Puerto Boyacá sobre el río Magdalena hasta la zona esmeraldera de Muzo y Otanche.

En 1988, según ha contado el mismo Víctor Carranza en varias entrevistas, Rodríguez Gacha le exigió una participación en el negocio de las esmeraldas. Carranza se negó y el narcotraficante comenzó a atacar a sus hombres. En disputa no sólo estaba el negocio de las esmeraldas, sino, según aseguran Giraldo y Cepeda, también “el control militar del territorio y las rutas del narcotráfico que pasaban por Boyacá y Meta”.

La guerra no tardó en trasladarse a los Llanos, donde narcotraficantes y esmeralderos tenían sus grandes haciendas. Así, Gilberto Molina, otro negociante en esmeraldas que poseía grandes haciendas en Meta, fue asesinado Sasaima, Cundinamarca, juntos con sus hombres, cuando celebraba su cumpleaños. Con la muerte del ‘Mexicano’, en un operativo de la Policía, en diciembre de 1989, su aliado Vargas continúo la guerra contra Carranza.

El ‘zar de las esmeraldas’ siempre ha negado su confrontación conVargas. Ha insistido en que el entonces narcotraficante tuvo problemas con conocidos suyos, pero que nunca tuvo que ver con los asesinatos que se dieron durante la década de los noventa. Vargas siempre lo acusó de ser el responsable del secuestro, violación y asesinato de su hija, así como el de varios hombres cercanos como su contador y su abogado. En Puerto López eran permanentes los asesinatos de hombres relacionados con uno y otro bando.

En 1993 Vargas fue capturado por la Policía y pagó siete años de cárcel por narcotráfico. Luego salió del país y fue detenido en España por el mismo delito. Allí fue asesinado en 2009 mientras se recuperaba de una enfermedad en un hospital de Madrid. Carranza se quedó como gran terrateniente desde Puerto López hasta Puerto Gaitán. Y su imperio coincide con la aparición del grupo paramilitar los Carranceros en esa región, estratégica también para sacar pasta de cocaína hacia Venezuela. Aunque a Carranza se le han abierto varias investigaciones judiciales, sin embargo, la justicia no ha confirmado sus posibles vínculos con el grupo paramilitar que llevó su nombre, ni con el tráfico de estupefacientes. (ver perfil de Carranza en este especial).

Los paramilitares usurparon las tierras de Vargas mientras éste se encontraba en la cárcel. El ex narcotraficante salió de prisión en 2001 y dos años después le entregó sus tierras al gobierno. Una parte la asumió el Incoder para repartirla a campesinos pobres de la región y a desplazados. La otra, pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

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El gobierno de Álvaro Uribe le ofreció en 2006 una parcela de las fincas que fueron de Leonidas Vargas a Josué Aguirre, un desplazado que terminó como vendedor ambulante de peces de acuario en Villavicencio y Acacías. Él viajó ilusionado con su esposa y sus tres hijos a Puerto López, Meta. Venían huyéndole a la violencia y a la pobreza, y la perspectiva de comenzar de nuevo los llenaba de emoción. Encontraron sí la tierra prometida, pero aún, hoy ocho años después aún no tienen títulos legales que los acrediten como sus propietarios.

Josué fue desplazado por paramilitares y guerrilleros de Calamar, Guaviare. Recibió del gobierno un título colectivo, en común y proindiviso, en esas tierras que fueron de Vargas entre Puerto López y Puerto Gaitán. Son 773 hectáreas de la finca El Rodeo, cuya propiedad comparten 28 familias. Las haciendas Caballeros, Leonas y Delicias, también las repartieron a campesinos con títulos colectivos.

Ni siquiera pasaron unos meses de la adjudicación de estas propiedades colectivas, cuando comenzaron los problemas entre propietarios que tenían poco en común. Provenían de diferentes lugares del país y algunos habían sido campesinos toda su vida, otros eran desplazados de zonas urbanas y nunca habían cultivado la tierra. Varios levantaron cercas delimitando terrenos “propios”. “Por un lado había gente muy joven; por el otro, abuelitos. Gente que en su vida había cogido un azadón No sé cómo hicieron la selección y agrupación para cada predio”, cuenta Josué.

Las tensiones entre los nuevos dueños llegaron inclusive a las agresiones físicas. Entre ellos se acusaron de ser comerciantes adinerados que querían aprovecharse de la buena fe del Estado. Ante las quejas, la Procuraduría señaló a varios propietarios del predio las Leonas de tener otras propiedades y por ende, de no tener derecho a las tierras, que eran exclusivas para los campesinos más pobres o para desplazados por la violencia. En los medios, se habló incluso de que entre algunos de los nuevos dueños eran testaferros del antiguo propietario, Vargas.

Ante los señalamientos, el Incoder les quitó los derechos a varios campesinos y se los entregó a otros nuevos. “Nos pusieron en peligro”, cuenta Ninfa Daza, una de las campesinas excluidas del título. “Yo tenía un lote muy pequeño en Puerto López y por eso me señalaron de ser una mujer rica que no merecía la tierra que nos dieron. En la prensa apareció mi nombre sugiriendo que podíamos ser testaferros de narcotraficantes, cuando apenas tenía para vivir”.

Con el tiempo el Estado tuvo que reconocer el error. Les quitó los derechos de propiedad a campesinos pobres por tener pequeños lotes cuyo valor no superaba en la mayoría de los casos los dos millones de pesos. Con esto el propio Estado, en lugar de resolverle un problema a campesinos desterrados, lo empeoró. A aquellos a los que les quitaron los derechos, nunca se fueron de la tierra, y los que los recibieron, nunca pudieron ocuparla.

Las ayudas que ofreció el Ministerio de Agricultura para que los campesinos comenzaran sus proyectos tampoco prosperaron. Josué cuenta que no los asesoraron para cultivar la tierra y lo único que les entregaron fueron dos vacas y un subsidio para construir. “Me tocó ponerme a cultivar maíz por mi cuenta y casi fracaso. No le conocía los resabios a la tierra y nadie me ayudó. Muchos prefirieron arrendar la tierra, o simplemente abandonarla”, cuenta Josué.

Ante los problemas las comunidades optaron por pedirle al Incoder que dividiera la tierra y les diera préstamos de forma individual, hipotecando sus predios para poder cultivar, pero no era una solución fácil.

Para dividir la tierra, se necesitaba el consenso de todos, sobre las medidas de cada parcela. El Incoder envió un grupo de topógrafos para delimitar los terrenos y alcanzó a emitir algunos títulos, con los cuales campesinos como Josué pidieron préstamos en el banco, pero el proceso volvió a fallar. La distribución de la tierra quedó mal hecha y algunos campesinos quedaron con predios más pequeños que los de sus vecinos. El Incoder tuvo que rectificar los títulos que había entregado, pero los propietarios se llenaron de desconfianza.

En la región se regó el rumor de que el gobierno ahora quiere modificar los títulos para favorecer a las grandes empresas agroindustriales de la zona, como la productora de alimentos La Fazenda o la cultivadora de caña Bioenergy. En la actualidad la propiedad está bajo el llamado “régimen parcelario” que sanciona al campesino con la pérdida del subsidio si no trabaja la tierra o si la arrienda o la vende. “Ahora con el nuevo régimen vienen y si ellos no consideran que uno está trabajando la tierra se la quitan y viene el problema con el banco que me dio el préstamo. Después les va a quedar fácil entregársela a La Fazenda o a Bioenergy”, dice Josué.

Funcionarios del Incoder, consultados por VerdadAbierta.com, dijeron que lo que se quiere hacer es rectificar los errores cometidos en el pasado para poder entregar los títulos de la manera correcta. Agregaron que estuvo mal entregarles las propiedades con el “régimen parcelario”, porque este sólo se utiliza cuando un predio pasa de manos de un particular a otro y no cuando es el Estado el que lo otorga.

“No deben sentir desconfianza. El Incoder ha capacitado a las comunidades para aprovechen las ayudas que les da el gobierno en el desarrollo de proyectos productivos. No queremos quitarles la tierra ni estamos favoreciendo ningún tipo de interés de terceros”, dijo un funcionario del Incoder que lleva el caso.

Pero después de tantos ires y venires, la gente ya no cree en las explicaciones. “Cómo podemos creerles si han venido prometiendo cosas y siempre las incumplen. ¿Quién nos garantiza que ahora si van a hacer bien las cosas y podremos vivir tranquilos en tierra propia?”, dijo Josué.

No ha sido el único proceso de entrega de tierras lleno problemas. En 2007, en San Martín, el gobierno entregó mil hectáreas decomisadas al narcotráfico a 50 campesinos, en las fincas Buenos Aires, La Argentina y Guadualito. Al igual que en Puerto López no les dio apoyo para producir y hoy la mayoría vive en la pobreza, según lo cuenta un informe del Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos.

Por eso el gobierno actual tiene el desafío de ganarse de nuevo la confianza de la gente y garantizar que ahora sí cumplirá sus compromisos con estos sufridos campesinos.

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