Tras cumplirse los primeros cinco años de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, agencia estatal y organizaciones no gubernamentales entregan balances diferentes sobre lo que ha sido el proceso en esta región de Antioquia.
Reclamantes de tierras despojadas durante la marcha del 11 de febrero del 2012 en Necoclí. Foto: archivo Semana.Mientras desde Bogotá el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, rendía informes en los que exponía las bondades que dejan cinco años de aplicación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, muy lejos de allí, en la vereda Guacamayas de Turbo, varias familias campesinas eran amenazadas y expulsadas de predios que alegan les fueron arrebatados violentamente y sobre los cuales la justicia aún no pronuncia su veredicto.
Pinto*, un habitante de Guacamayas testigo de los hechos, le relató a VerdadAbierta.com que al caer la tarde del martes 7 de junio un grupo de hombres armados ingresó a la vereda en varios vehículos anunciando que iban en nombre de los llamados ‘Gaitanistas’, estructura que tiene una fuerte presencia armada en esta región del Urabá antioqueño. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?)
“Luego fueron a varias fincas donde tenían ganado y se lo llevaron, y a las familias que estaban allí les dijeron que ellos iban a volver y que si los veían los mataban. Y a todos los quitaron los celulares para dejarlos incomunicados”, narró Pinto y agregó que el incidente fue puesto inmediatamente en conocimiento de las autoridades civiles y de Policía, quienes garantizaron a los campesinos acompañamiento y protección.
Sin embargo, de acuerdo con este labriego, las palabras de los funcionarios no logran calmar el pánico de las comunidades que, ante esos hechos, que han sido reiterados en los últimos meses, piensan seriamente en abandonar la región y, de paso, desistir de su lucha por reclamar una tierra que alegan les fue despojada durante los años de violencia paramilitar.
“La Ley (Policía) está un rato y se va. Y usted sabe que el bandido eso es lo que espera, que se vaya la Ley para ellos hacer de las suyas. La verdad estamos con mucho miedo porque nos sentimos muy solos”, manifestó Pinto, quien lanzó una frase aún más lacónica: “yo tengo ganado y estoy pensando en entregarlo e irme de aquí. Y dejar de reclamar este pedazo de tierra, ¿para qué? ¿Para qué me maten? No señor, esto no funcionó y lo mejor es encomendarme a Dios”.
Su enojo es más que entendible. Pinto hace parte de las 30 familias que, cansados de esperar resultados por parte de la justicia, decidieron retornar en 2012 por su propia cuenta y riesgo, y sin que mediara ningún tipo de decisión judicial a lo que consideran como propio. Allí reconstruyeron lo que el paso del tiempo y la acción del hombre derrumbó, volvieron a labrar la tierra y algunos como él se dedicaron nuevamente a lo que mejor saben hacer: la ganadería.
Desde entonces, no cesan las dificultades y las denuncias sobre atropellos contra los campesinos por parte de los terratenientes, actuales dueños de la tierra en Guacamayas, varios de los cuales son señalados como despojadores de tierras en todo el Urabá antioqueño.
Las historias de estos despojos surgieron a mediados de la década del 90, cuando esta vereda y otros sectores aledaños, como Blanquicet, Barranquillita y Nuevo Oriente, se convirtieron en un teatro de guerra. Los paramilitares del Frente Arlex Hurtado de las Auc se disputaron el territorio con la guerrilla de las Farc. El fuego cruzado entre ambos bandos generó el éxodo masivo de campesinos quienes alegan que pocos años más tarde fueron localizados y contactados por comisionistas cercanos a los ‘paras’, quienes los presionaron para que malvendieran sus tierras.
“Se ha avanzado”
Para el caso del Urabá antioqueño, la URT Territorial Antoquia ha presentando 974 solicitudes ante los jueces de restitución, siendo la región de Antioquia con más solicitudes presentadas ante los jueces. Foto: archivo Semana.Turbo, donde se encuentra la vereda Guacamayas, es el municipio con mayor número de solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Antioquia. De un total 17.773 solicitudes recibidas por esta unidad a la fecha, 2.095 corresponden a esta población del Urabá antioqueño; es decir, cerca del 38% de solicitudes de restitución de toda esta región, cuya cifra ascienda a las 5.470.
Asimismo, según cifras de la URT Territorial Antioquia, en estos cinco años de implementación de la ley, se han presentado 2.151 solicitudes ante los jueces especializados de restitución, quienes han proferido 213 sentencias a través de las cuales han resuelto 531 casos. Esos fallos suman 7.023 hectáreas restituidas, de las cuales 3.865 a Antioquia y 3.157 corresponden a los municipios chocoanos de Acandí, Carmen del Darién, Riosucio y Ungía.
Para el caso del Urabá antioqueño, los jueces ya han adoptado 47 decisiones judiciales con las que se ha logrado resolver 117 casos que a su vez representa un total de 2.586 hectáreas restituidas o compensadas. Lo anterior, según Paola Cadavid, directora la URT Territorial Antioquia, muestra un avance en la aplicación de esta normatividad, toda vez que la Ley ha tenido que enfrentarse con problemas históricos sobre la tenencia de la tierra que ha tenido Colombia casi desde su formación como República.
“Es cierto que tenemos municipios que para esta Unidad representan mayores retos como Segovia, Remedios, Cáceres y Tarazá, pero hemos avanzado”, señaló la funcionaria, quien recordó que para el caso de Urabá se han obtenido importantes logros como la evacuación de todas las solicitudes formuladas sobre la vereda La California de Turbo, así como la microfocalización del corregimiento Blanquicet, también de este municipio, donde se espera recuperar cerca de 1.200 hectáreas presuntamente despojadas.
“Ha sido un fracaso”
Tanto los responsables de la restitución de tierras a campesinos como las organizaciones no gubernamentales coinciden en afirmar que la firma de la paz con las Farc brindará nuevas oportunidades para enrutar este proceso. Foto: Juan Diego Restrepo E.Sin embargo, a juicio de organizaciones no gubernamentales como Forjando Futuros, que brinda asesoría y acompañamiento jurídico a campesinos víctimas de despojo, la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra en todo el territorio nacional ha sido un fracaso, por lo menos durante estos cinco primeros años.
El caso de Guacamayas es particular, pues la acción de la justicia ha generado más sombras que luces. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que se niega la solicitud de restitución sobre doce predios ubicados en esta vereda que realizaron siete familias campesinas. (Leer más en: En Guacamayas no habrá restitución de predios)
Lo paradójico es que los jueces de restitución han proferido nueve sentencias donde se reconoce la condición de víctimas de despojo de los campesinos, pero ordena medidas de compensación, pues, basados en conceptos técnicos, señalan que esas tierras no son aptas para la ocupación humana, lo que ha generado desconcierto entre los reclamantes.
De ahí que Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, señale enfáticamente que “es un fracaso completo que, cinco años después, solo se hayan restituido dos mil hectáreas para el caso Urabá, y que se hayan resuelto apenas tres mil casos. A la gente no le dice nada que la URT haya recibido 17 mil solicitudes, que más de dos mil estén ante los jueces. A la gente lo que le importa es cuánta tierra les han restituido”.
Análisis realizados por esta organización a procesos de retornos de campesinos a partir de decisiones adoptadas por jueces de restitución en cuatro regiones del país (Montes de María, César, Oriente antioqueño y Urabá) arrojaron que, excepto el Oriente antioqueño, los labriegos beneficiados con decisiones judiciales no han contado con apoyo estatalpara reconstrucción de viviendas, mejoramiento de vías terciarias e instalación de servicios públicos domiciliarios.
“La gente quiere retornar, pero el gobierno con sus programas no ha podido cumplirle a la gente para que regrese en condiciones dignas: cero vivienda en Cesar, cero vivienda en Urabá”, afirmó Vega, quien señaló que las entidades públicas que más incumplen las decisiones de los jueces son aquellas adscritas al Ministerio de Agricultura, entre ellas el Banco Agrario y el desaparecido Incoder.
A eso suma que, en el 25% de todos los casos analizados, los campesinos favorecidos con los fallos han sufrido acciones de sabotaje o violencia para impedir su retorno. “Amenazas, destrucción y envenenamiento de cultivos, toma de ganados, daño de cercos. Y a eso se suma que van 17 muertos en la región de Urabá y 64 a nivel nacional”, enfatizó Vega.
Según Paola Cadavid, en Antioquia solo se han presentado tres situaciones donde hubo incidentes de sabotajes por parte de personas que se oponían a los fallos. Dichos casos tuvieron lugar en la vereda Vale Pava de Necoclí, Urabá antioqueño.
La funcionaria también reconoce que, para que la política de restitución de tierras sea exitosa, se requiere que sea sostenible y ello solo será posible si se acompaña a los campesinos con recursos y proyectos productivos. “Hasta la fecha hemos invertido unos 5.700 millones de pesos en formulación, acompañamiento e implementación que ayude a la reactivación del campo”.
Para la funcionaria, el reto para los siguientes cinco años es evacuar las 90.395 solicitudes recibidas por la URT a la fecha. Gerardo Vega, por su parte, estima que un acuerdo final con la guerrilla de las Farc para que cese su confrontación contra el Estado abre una oportunidad de oro de recomponer un camino que, a su juicio, ha estado bastante embolatado.
