Un juez criticó la decisión del desaparecido Incora de adjudicar a terceros tierras que pertenecían a campesinos víctimas del despojo paramilitar.
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| Dos familias recuperara sus tierras que perdieron porla violencia paramilitar. Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
Después de 15 años de haber sido despojados por paramilitares del Bloque Norte al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, dos familias del Cesar podrán recuperar sus tierras gracias al primer fallo de restitución emitido por el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena.
Además de ordenar que las tierras sean devueltas a sus dueños originales, el fallo anuló la resolución en la que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, le readjudicó las tierras de las víctimas a terceras personas.
Precisamente, en el fallo el juez explicó que estas adjudicaciones se hicieron teniendo pleno conocmiento de la imposibilidad de los campesinos de volver a sus tierras, hecho por el cual se hacen fuertes críticas a la actuación de esta desaparecida institución.
Esta es la primera vez que en el departamento del Cesar, un juez de tierras ordena la restitución de 26 hectáreas a dos familias que fueron desplazadas por la violencia paramilitar de los años 90.
El viacrucis de estas familias comenzó en 1997 cuando al mando de Jhon Jairo Esquivel alias ‘El Tigre’, las autodefensas incursionaron a la parcelación ‘El Toco’ ubicada en el corregimiento Los Brasiles del municipio de San Diego, Cesar.
Durante la arremetida de los paramilitares fueron asesinadas al menos trece personas, hecho que obligó a 85 familias de El Toco a desplazarse por miedo de correr la misma suerte. Luego de abandonadas, las propiedades fueron ocupadas por Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido jefe paramilitar, quien empezó a explotarlas económicamente mediante la cría de ganado.
Además de devolver las tierras a sus dueños originales, la decisión exoneró a las familias del pago de impuesto predial y las incluyó en los recursos destinados para subsidios de vivienda rural. Así mismo ordenó un acceso prioritario a programas de formación técnica.
Finalmente, el fallo ordena realizar de manera conjunta un operativo entre la Unidad de Restitución de Tierras de Valledupar, el Ejército y la Policía, para garantizar el retorno voluntario que les permita la explotación productiva de los predios.
Cabe recordar que según los registros de la Unidad de Tierras, en el departamento del Cesar se han presentado más de 1.700 solicitudes de restitución sobre 167 mil hectáreas de tierras. De estas solicitudes, 119 corresponden al municipio de San Diego y representan cerca de seis mil hectáreas que fueron despojadas por los violentos. (Ver informe completo)
La historia del despojo
Desde principios de 1997 los paramilitares incursionaron en el municipio de San Diego cometiendo a su paso asesinatos selectivos, masacres, hurtos y desplazamientos. Estos hechos fueron cometidos entre abril y mayo por miembros de las autodefensas.
Según lo narra el fallo, el 22 de abril de 1997 un grupo de hombres armados llegaron al predio ‘El Toco’ en el corregimiento Los Brasiles con una lista de supuestos colaboradores de la guerrilla. Cuando encontraron a sus víctimas, que eran miembros de una asociación de campesinos, procedieron a asesinarlas.
Estos hechos fueron corroborados por Francisco Gaviria alias ‘Mario’, quien aseguró que ‘Jorge 40’ les había dado la orden de matar a cinco personas que aparecían en una lista. Según ‘Mario’, los habitantes de El Toco fueron sacados de sus casas y reunidos en una cancha. Luego de asesinar a dos hombres, el resto de la población fue dejada en libertad con la advertencia de que necesitaban que desocuparan las tierras. “Necesitamos que nos desocupen esta zona, esa es la orden”, dijo ‘Mario’.
Misma suerte corrieron ocho pobladores de Las Brasiles un mes después, cuando el mismo grupo de paramilitares llegó con lista en mano buscando a supuestos simpatizantes de la subversión.
De acuerdo a la versión libre realizada por Jhon Jairo Esquivel alias ‘El Tigre’, el 19 de mayo de 1997, un grupo aproximado de 14 personas llegó en tres camionetas al corregimiento de Los Brasiles, donde tocaron puerta por puerta, sacaron de sus casas a las personas que eran señaladas por un guía para luego ser asesinadas. En total ocho personas murieron en esta incursión armada, perpetrada por las Auc.
Según el fallo del juez de tierras, en esa época, las órdenes eran impartidas directamente por Salvatore Mancuso, quien estableció que las personas asesinadas por ser señaladas de ser miembros de la guerrilla, se les incautaban sus bienes.
El miedo generalizado que se apoderó de la población hizo que los campesinos no quisieran retornar y por el contrario renunciaran a las parcelas asignadas por el INCORA en 1999, institución que procedió a vender las mejoras a terceros.
En medio del abandono de los predios, Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido jefe paramilitar, terminó apropiándose de las tierras para explotarlas económicamente a travésde la cría de ganado vacúno.
Reproches al Incora
El fallo analiza la actuación del Incora y reprocha el hecho de que haya vendido estos derechos de las víctimas de la violencia a terceros, teniendo conocimiento de la difícil situación de orden público que se presentaba en la región.
El negocio jurídico, celebrado en el predio El Toco y el corregimiento de Los Brasiles no puede ser asumido de buena fe, ya que los compradores conocían el contexto de violencia en el que se realizó, dice el fallo.
Por tal motivo, según el fallo, es reprochable la actitud del INCORA, al recomendar como beneficiarias al subsidio de tierras a personas externas al predio.
“Acepta sin miramiento alguno la renuncia al subsidio de personas que por temor a sus vidas se veían en la obligación de desplazarse a diferentes partes del país y más grave aún, acepta la celebración de negocios jurídicos realizados por los beneficiarios del subsidio con otras personas, cuando al tenor del artículo 69 de la Ley 160 de 1994, “…la ocupación anterior distinta al peticionario no es transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso; no hay rastros de que el señor Ubeth Murgas Leal, quien fuera ocupante del predio con anterioridad a la venta de la parcela”, dice el fallo.
Con información de El Pilón
