El más reciente informe del Programa Somos Defensores registra que las agresiones contra los activistas aumentaron en el primer semestre de este año, respecto al de años anteriores. Si bien disminuyeron los asesinatos -más por cuestiones de azar que por garantías-, se incrementaron otro tipo de ataques, particularmente durante los meses de protesta.
El 28 de abril se dio un estallido social en Colombia. Su detonante fue la reforma tributaria que el gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República para recaudar 23 billones de pesos, dejando la mayor parte de la nueva carga impositiva sobre la clase trabajadora.
La indignación fue de tal magnitud que ni el miedo a infectarse del Covid-19, en medio de su tercera ola de contagios, evitó que miles de ciudadanos protestaran durante varias semanas en las principales capitales y bloquearan importantes vías departamentales
Por más de dos meses, la respuesta a la movilización social fue la represión por parte de agentes de la Policía Nacional y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que recurrieron al uso excesivo de la fuerza física, a las detenciones arbitrarias y al uso de armas de fuego. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)
Con ese suceso de fondo, Somos Defensores publica este martes su informe semestral titulado Resiste, en alusión al proceso de resistencia que evocaron durante semanas los manifestantes que se tomaron las calles del país, logrando revertir la reforma tributaria y exigiendo medidas para conjurar los efectos socioeconómicos que produjo la pandemia que azota al mundo desde comienzos de 2020.
En esta ocasión, fueron documentadas 524 agresiones durante los seis primeros meses del año. Una cantidad mayor respecto a las ocurridas en los primeros semestres de 2020 y de 2019, cuando ocurrieron 463 y 519, respectivamente.
El informe pone la lupa sobre el Paro Nacional, pues al menos 218 agresiones, equivalentes al 41,6 por ciento de los casos ocurridos entre enero y junio de 2021, están relacionadas con sus jornadas. A lo cual, el informe sostiene que esa “cantidad demuestra no solo una práctica represiva contra la protesta social, sino lo lejos que está el Estado de garantizar a la ciudadanía su pleno ejercicio”.
Al revisar los casos cronológicamente, se encuentra que mayo fue el mes con más agresiones, concentrando 160, seguido de abril con 102, enero con 87, marzo con 73 y febrero y junio, cada uno con 51. La cantidad de agresiones está relacionada con los meses de mayor intensidad de la movilización social.
Somos Defensores llama la atención sobre el aumento de ataques contra lideresas sociales, entre ellos la violencia sexual: “De los 484 liderazgos sociales afectados por los diferentes tipos de agresión entre enero y junio, 143 (29.5%) fueron mujeres y 341 (70.5%) hombres. Del anterior registro se encontró que, en medio de las acciones del Paro Nacional, las agresiones ocurrieron contra 68 mujeres y 115 hombres. Al comparar estos datos con el primer semestre de 2020, se encuentra un incremento del 14% (19 víctimas más) en las agresiones contra las mujeres y, además, se registraron 2 hechos de agresión sexual cometidos por miembros de la fuerza pública que ocurrieron en medio de las movilizaciones sociales”.
Que casi la tercera parte de las agresiones de 2021 las sufrieran mujeres, evidencia, según el informe, que las defensoras, además de ser atacadas por su ejercicio político y social, también lo son en razón del género. Sobre su rol en el Paro Nacional, indica que “el protagonismo de las mujeres jóvenes en las protestas sociales fue alto y, en correspondencia, la agresividad de los agentes policiales”.
Y prosigue: “Esto pone de relieve que las políticas e imaginarios machistas y patriarcales siguen muy presentes en la institución policial y son utilizadas de manera ilegal para generar miedo en las juventudes femeninas e impedir su participación política. De manera detallada, la CIDH relató en trece hallazgos las diferentes violencias basadas en género en el marco del Paro Nacional, recibidas durante su visita de trabajo a Colombia”.
Al discriminar las agresiones por tipo, se encuentra la positiva noticia de que los asesinatos mermaron, pues pasaron de 95 en el primer semestre de 2020, a 58 en 2021. Sin embargo, el que se haya roto esa tendencia al alza, dista mucho de un estado ideal, ya que no obedece a un ambiente ideal que permita la defensa de los derechos humanos, pues en ese mismo periodo de tiempo se cometieron 46 atentados, 13 más que en el mismo periodo de 2020.
Si los sicarios hubieran contado con mejor ‘suerte’ o puntería, los registros señalarían que más de 100 lideresas y líderes sociales fueron asesinados entre enero y junio del presente año. Así las cosas, las garantías para defender derechos humanos en Colombia siguen lejanas y obedecen más a cuestiones del azar.
El informe alerta por el aumento de amenazas, detenciones arbitrarias, robos de información y ataques de violencia sexual. Y destaca la reducción de judicializaciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
El impacto que tuvo la respuesta gubernamental al Paro Nacional, en la violencia que sufrieron los líderes sociales, también se ve reflejado en los presuntos responsables de las diversas agresiones ocurridas en los primeros seis meses de este año: hizo que, por primera vez, agentes de la Fuerza Pública encabecen ese escalafón.
El informe estableció que, “de las 524 agresiones, el 35.1% sería responsabilidad de la fuerza pública, el 32.2% a autores desconocidos, el 18.7% de grupos paramilitares, el 11.1% de las disidencias de las FARC, el 2.1% del ELN y el 0.8% de la Fiscalía como parte de la administración de justicia”. (Leer más en: Brutalidad policial pone en riesgo cooperación internacional en temas de seguridad)
Al respecto, indica que ese “comportamiento evidencia una variación que pone a la fuerza pública en el primer lugar como presunto agresor, desplazando a los autores desconocidos y a los paramilitares que durante los años anteriores se identificaron con el mayor número de agresiones. En este caso el incremento fue del 241% (130 hechos más) respecto a los 54 registrados en el mismo período de 2020. La explicación radica en el comportamiento de la fuerza pública durante el Paro Nacional”.
Y se les atribuye presunta responsabilidad en 125 amenazas, 28 detenciones arbitrarias, 16 atentados, siete casos de robos de información, cuatro asesinatos, dos judicializaciones arbitrarias y dos casos de violencia sexual. (Leer más en: Policía Nacional, objeto de disputa entre el Estado colombiano y la CIDH)
Por otro lado, en cuanto a la noticia positiva del informe, la reducción de asesinatos de líderes sociales, Somos Defensores considera tres posibles factores.
El primero es el Paro Nacional, pues debido a su duración y a la cantidad de sectores que participaron en él, concentró la atención de todos los actores: “Se pasó de una violencia selectiva en la que se inscriben las agresiones a las personas defensoras de DD.HH. a una violencia generalizada en el marco del Paro Nacional dado su impacto para todo tipo de intereses legales e ilegales”.
Como segundo factor considera el fin de las restricciones de movilidad para mermar la propagación del coronavirus, dado que el año pasado se convirtieron en ‘aliadas’ de los sicarios, pues facilitaron la ubicación y el asesinato de sus víctimas. Gran parte de los homicidios de líderes sociales de 2020 ocurrieron en sus sitios de vivienda durante los periodos de cuarentena y el aumento de atentados del primer semestre de este año podría encontrar explicación en fin de esas ‘facilidades’ pandémicas.
Y, por último, estima que la consolidación del poder territorial de algunos grupos armados, que se encontraban inmersos en disputas con otros, haya surtido impacto en la reducción de asesinatos. Bajo esas condiciones, Somos Defensores ha identificado que los grupos armados aumentan las amenazas y disminuyen los homicidios.
Otra novedad que identificó al analizar el primer periodo de este año, es el que el departamento de Cauca dejó ser el más violento del país. Desde hace más cinco años siempre había ocupado el primer lugar, y en esta ocasión fue desplazado al tercero: su monitoreo arrojó que 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Antioquia, 10 en Valle del Cauca, siete en Cauca y seis en Nariño.
Al respecto, el informe plantea que esos “registros evidencian posibles cambios en la forma de control territorial y social en el Cauca, en los que se pasa de los asesinatos a las amenazas, y un fuerte incremento de la disputa por el control territorial en Antioquia que afecta a las comunidades y a sus defensoras y defensores principalmente en el Bajo Cauca y en el Norte del departamento”.
Además de analizar las agresiones que sufrieron líderes, lideresas y autoridades étnicas entre enero y junio de este año, Somos Defensores realizó un ensayo sobre la triste celebración de los 30 años de la Constitución Política, la cual se vio empañada por la represión que sufrieron las personas que salieron a las calles a reclamar los derechos que les reconoció la carta magna de 1991; también reseñó los impactos de la movilización social y sus distintas iniciativas; y valoró el papel de solidaridad y monitoreo de la comunidad internacional durante los últimos meses.
Sobre el agrio aniversario de la Constitución, Somos Defensores señala que, en el escenario actual, cada vez es más claro que muchos de sus preceptos se quedaron en el papel y que el cierre de la democracia es inevitable: “Es imposible hablar de democracia mientras en todo el país ocurre una eliminación selectiva de personas que buscan el bienestar de sus comunidades y le apuestan a la construcción de la paz”. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)
Y concluye: “Los principios fundamentales de la Constitución están rotos y, lo peor de todo, es que se caen cada vez en más pedazos, especialmente en los últimos 3 años. Desde 2018, con el gobierno de Iván Duque, se ha concretado un escenario desfavorable para el país: autoritarismo, gobierno de minorías, política militarista, irrespeto de la separación de poderes, cooptación de órganos de control, violación del Acuerdo de Paz. Un escenario funesto, en el que la democracia se marchita cada día, en vivo y en directo”.
