Cuatro años después de la desmovilización de los ‘paras’, ha sido muy poco lo que ha llegado al Fondo para Reparación de Víctimas. Aunque los ex paramilitares no se han comprometido lo suficiente, víctimas y víctimarios se quejan del mal manejo de Acción Social.
Tres camionetas Toyota, siete motos, una volqueta y 28 millones de pesos. Ese es el magro botín que tiene el Fondo para Reparación de Víctimas para los 8 mil víctimas hasta ahora registradas que dejó el Bloque Norte en la Costa, grupo que se apoderó de rutas de narcotráfico, de miles de hectáreas de tierra productiva, de millones de pesos en contratos municipales y que fue el responsable de algunas de las peores masacres en la historia de Colombia.
Con seguridad los ex jefes paramilitares y mandos medios que se enriquecieron con la guerra no han aportado lo suficiente para reparar a sus víctimas. Pero hay un claro malestar entre víctimas, desmovilizados e incluso fiscales por el presunto mal manejo que Acción Social le está dando al Fondo para Reparación de las Víctimas, la estructura estatal que recoge el dinero y los bienes que aportan los ex ‘paras’ para todas las víctimas que dejaron.
Un abogado de víctimas del Bloque Catatumbo le dijo a VerdadAbierta.com que “Acción Social tiene miles de hectáreas, negocios y dinero de los ‘paras’ en sus manos y no hace nada para acelerar el proceso de reparación” (Ver todos los bienes y el dinero que hay en el Fondo para Reparación de las Víctimas).
Uno de los últimos episodios que muestra el malestar con Acción Social se presentó con bienes que eran de Salvatore Mancuso, ex jefe Bloque Catatumbo y del Bloque Norte. Según las actas del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Mancuso, uno de los mayores terratenientes de la Costa, sólo ha entregado cuatro fincas en Santa Fe de Ralito, Córdoba, cuatro en Tierralta, Córdoba y cinco en El Guamo, Bolívar (Ver la relación de los bienes entregados por Mancuso: San José, El Escondido, Villa Rosa, Providencia, Vizcaya, La Esperanza 2, La Esperanza 1, Mi Refugio).
Sin embargo, desde mayo de 2007 ,Mancuso quiere entregar nueve haciendas más y dos negocios: la Enoteca del Atlántico y la empresa Sociedad Inclusol, bienes que los abogados del ex ‘para’ calculan en varios miles de millonesde pesos. Pero Acción Social no los quiere recibir porque dice que no son apropiados para la reparación de las víctimas. Hace un año Mancuso se había quejado que “Acción Social y el Fondo de Reparación de Víctimas me han puesto
muchísimas trabas para recibir los bienes, yo prefiero hacerlo
coordinando la entrega a través del Gobierno de E.U.”
Ante los inconvenientes, el 19 de marzo pasado, después de que la defensa de Mancuso demandara a Acción Social por no recibir los bienes, el Tribunal Superior de Barranquilla le ordenó al ente gubernamental recibir todos los bienes del ex paramilitar y consideró que no es competencia de Acción Social determinar si los bienes sirven para la reparación o no de las víctimas, sino que es el magistrado de conocimiento quien en su momento lo determinará.
Pero los problemas de Acción Social no paran allí. La agencia presidencial, además de recibir los bienes de los desmovilizados, también tiene que mantener y conservar los que ya están en el Fondo de Víctimas.
Pero, según los abogados de Mancuso, la agencia del gobierno ni siquiera se ha ocupado de las haciendas que ya están en sus manos. “Las fincas que entregó Mancuso están invadidas por desconocidos, en mal estado, no sabemos quién va a responder por eso”, le dijo a VerdadAbierta.com el abogado de unas víctimas del antiguo jefe paramilitar.
Por eso los defensores de víctimas y del ex paramilitar le solicitaron a la Procuraduría y la Contraloría que abrieran una investigación contra Acción Social para lo que consideran ya son irregularidades del ente gubernamental.
Estas quejas, sin embargo, no son las únicas que se han hecho dentro del proceso de reparación contra Acción Social. En una entrevista con VeradadAbierta.com Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’ dijo que entregó lotes y bienes que fueron rematados a precios por debajo de su valor comercial. “Entregué un novillo de 800 mil pesos y Acción Social lo remató en 400 mil”. ‘Pirata’, ex jefe del Bloque Centauros, añadió que ahora prefiere vender él mismo los bienes y entregarle a Acción Social el dinero en efectivo.
En una versión libre del 27 de enero de 2010 José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, también protestó contra la gestión de Acción Social. El ex jefe de las Autodefensas del Meta y Vichada dijo que en julio de 2007 entregó para repara la hacienda Lusitania de 400 hectáreas ubicada en San Martín, Meta. En gran parte del lote había una plantación de palma africana, uno de los cultivos más rentables en la actualidad.
Según ‘Guillermo Torres’ después de entregar la finca, Acción Social no le hizo mantenimiento a la plantación y todas las palmas se echaron a perder. El desmovilizado dijo: “Le metí más de 800 millones al cultivo y sólo lo avaluaron en 37. Un señor interesado en comprar el predio pasó a ‘Villavo’ y me dijo que el cultivo estaba mal” (Ver relación del bien).
VerdadAbierta.com trató varias veces de contactar a Marlene Mesa, subdirectora del programa de atención a víctimas de Acción Social, pero fue imposible hacerlo. Mesa sin embargo declaró en una entrevista reciente con El Espectador que la Corte Constitucional estableció que el Estado tiene el deber de reparar a las víctimas, con o sin el aporte de los desmovilizados, pero que lo más importante no es que se entreguen propiedades, sino que éstos tengan vocación de reparar.
Mesa le dijo además a El Espectador que “no podemos recibir propiedades cuyos impuestos valgan más que el inmueble mismo, que estén endeudadas, embargadas o que presenten problemas de titularidad”.
“Con Mancuso y algunos otros ex jefes paramilitares hemos tenido muchos problemas. Ellos quieren que les aceptemos cualquier cosa y nosotros no podemos hacerlo”, señaló Mesa.
El problema es que si Acción Social no acelera el proceso para recibir bienes de los desmovilizados no habrá suficiente dinero para reparar las víctimas. Un abogado de víctimas le dijo a VerdadAbierta.com que en base al Código Penal esperan que cada víctima perciba hasta mil salarios mínimos, más de 500 millones de pesos.
Con más de 250 mil víctimas del paramilitarismo registradas, es evidente que Acción Social necesita encontrar un mecanismo para que entren al Fondo de Reparación de Víctimas dinero y bienes de forma masiva. De lo contrario muchas organizaciones que representan a las víctimas no dudarán en llevar al Estado colombiano ante la justicia internacional.
Y ya no serán 500 losmillones al que cada víctima pueda pretender sino miles de millones de pesos. Y que, ante los ojos del mundo, el Estado colombiano muestre su incapacidad para compensar a las víctimas de las peores atrocidades de la historia reciente del conflicto armado.
