El conflicto armado y el desplazamiento forzado han tocado a sus puertas constantemente. La persecución contra la UP le arrebató a una hija de dos años y la llevó a huir por diferentes partes de Colombia, hasta que finalmente en Suiza le concedieron asilo político.
Por: Luciana Rodríguez Valderrama
“Es algo de lo que yo no me puedo desvincular”, afirma Renata Cabrales al referirse a Colombia. A pesar de estar separada por miles de kilómetros, esta defensora de derechos humanos mantiene en su cabeza la lucha que realizan diversas organizaciones sociales en su país natal. ¿La razón? Su historia de resistencia y la posibilidad de estar informada del acontecer nacional gracias a la bondades de la era digital.
Desde marzo del año pasado se encuentra radicada en la comuna Sainte-Croix, cantón de Vaud, en el occidente de Suiza, junto con su hijo, de 10 años de edad, debido a las amenazas de muerte que recibió por su activismo político con la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC).
Renata nació el 9 de enero de 1974. Creció en un hogar conformado por sus padres, dos hermanos y una hermana, en la ciudad de Montería, Córdoba. Recuerda sus primeros años con mucha alegría, cuando no tenía preocupaciones y sus energías las dedicaba a jugar con sus hermanos y sus amigos del barrio. A finales de 1985, la familia vivía en la casa de su abuela materna, hasta que ocurrió un hecho que, en sus palabras, es el primer desarraigo.
“La hermana menor de mi mamá, que vivió 20 años, más o menos, en Venezuela, apareció de repente con tres hijos exigiendo derechos: que la casa también le pertenecía a ella y llegó a vivir allí. Se metió así, como a la fuerza, con sus tres hijos”, recuerda.
La única solución a la ‘invasión’, como la sentía Renata, fue mudarse. Dejar el lugar en donde creció y construyó sus primeros lazos de amistad le generó un fuerte impacto negativo y hoy en día lo considera como el primero de los múltiples desplazamientos forzados que ha sufrido.
A pesar de andar de un lado para otro para preservar su vida e integridad, y de afrontar los continuos cambios que implican, la lucha por las causas sociales y su cercanía con la política han sido una constante en su vida.
Sus padres, René Cabrales y Ruby Cueto, siempre estuvieron ligados al activismo político. Ambos fueron miembros activos y fundadores de la UP en Córdoba. Ese partido nació en 1984 como resultado del proceso de paz que adelantaba el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) con la otrora guerrilla de las Farc.
Esa plataforma permitió la unión de militantes del Partido Comunista, de dirigentes de los sectores liberales independientes y de guerrilleros desmovilizados.
Genocidio ante los ojos de una niña
Aunque se esperaba que la UP fuera una ventana para que los desmovilizados de las Farc hicieran política, esa posibilidad se tiñó de sangre. Paramilitares, algunos miembros de la Fuerza Pública y otros funcionarios estatales, pusieron en la mira a sus militantes y ejecutaron una feroz persecución que derivó en el exterminio y el exilio de quienes depusieron las armas, así como en sus familias, colaboradores y simpatizantes.
Se estima que esa ola de violencia dejó más de 4 mil víctimas. Entre las décadas de los años ochenta y noventa existió un fuerte estigma hacia los miembros de la UP, quienes eran señalados de ser, supuestamente, una pieza más de la lucha armada de las Farc. Como respuesta, antiguos miembros de las Farc retomaron las armas y se desató un nuevo ciclo de violencia. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)
Gran parte de esos crímenes fue esclarecida un par de décadas después por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, responsable de procesar a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo los acuerdos de ese grupo armado ilegal que pactaron con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe (2002-2010). En ese escenario de justicia transicional se calificó esa matanza como un genocidio político. Cuatro años después, Juan Manuel Santos, en calidad de jefe de Estado, le pidió perdón a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político).
Para la época del Baile Rojo, como se le conoce a ese capítulo de la violencia política de Colombia, Renata rondaba los 12 años de edad y aún recuerda que andaba de la mano de su madre por las calles de Montería yendo de un funeral a otro “visitando a las viudas, a las personas que habían perdido un familiar por ser militante de la Unión Patriótica”.
Rememora que ese ambiente de duelo prolongado marcó profundamente su infancia. Por la corta edad que tenía, su padre nunca se detuvo a explicarle lo que sucedía con sus compañeros de partido; sin embargo, ella ya lo intuía y se hacía una idea de lo que estaba sucediendo porque cuando se fundó la UP en Córdoba, se encargaba de leer la bienvenida a los militantes del partido y así, desde pequeña, dio sus primeros pasos en el mundo de la política.
Además, escuchaba las conversaciones entre sus padres, por lo que no era ajena al peligro constante al que estaban expuestos. Esto hacía que le doliera saber que sus “camaradas”, como los evoca, fueran asesinados, perseguidos o se desplazaran de Montería llenos de miedo y en búsqueda de su salvación.
En 1986 las amenazas contra su padre aumentaron y las enfrentaron cambiando de lugar de residencia en Montería en varias ocasiones. Por ello, el miedo y una sensación de inseguridad constante invadían a Renata de día y de noche: “Recuerdo que todas las noches me dormía con muchos nervios. Cuando ya me estaba quedando dormida, sentía que el ventilador era como un helicóptero”.
A la persecución de los miembros de la UP, se le sumaron dos momentos dramáticos ese mismo año: la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por un comando de la guerrilla del M-19, y la tragedia de Armero, un desastre natural ocasionado por la erupción del volcán Nevado del Ruíz que dejó miles de víctimas. Por todo ello, Renata siente que perdió su infancia de una manera abrupta.
Como si ese sombrío panorama fuera poco, su padre tuvo que separarse de la familia: “Se fue a Cuba por muy poco tiempo, en realidad, ni siquiera fue un año, para protegerse. Recuerdo que mi mamá emocionalmente no estaba muy bien”.
A finales de los años ochenta, las amenazas hacia su padre habían disminuido y continuó ligado a la política. Él era empleado de la Universidad de Córdoba y su madre administraba una librería, cuyo propietario era un miembro de la UP que tuvo que abandonar Montería.
Sin embargo, a principios de los noventa, esa tensa calma se rompió. El padre de Renata comenzó a organizar el sindicato de trabajadores de la Universidad de Córdoba y, posteriormente, ocupó su presidencia.
Alianza para realizar atentados
En 1994, Renata estaba terminando el bachillerato y quedó embarazada de su primer novio y nació su hija, Alejandra. Dos años después, la tragedia tocó a su puerta, por ello el 10 de junio de 1996, es un recuerdo triste.
Aunque ella habla a través de una pantalla, las dudas y la nostalgia se perciben cuando quita la mirada de la cámara. Ese día estaba en el centro de Montería con su pequeña hija y tomó un taxi para regresar a casa, en el barrio La Pradera. En el trayecto notó que era seguida por dos hombres que se movilizaban en una camioneta blanca.
Los sicarios esperaron a que ingresara a la residencia y pocos minutos después los dos hombres, armados, entraron a la vivienda preguntando a gritos por su padre, quien para ese año se desempeñaba como auxiliar de laboratorio del Departamento de Biología de la Universidad de Córdoba y activista sindical.
El lugar se convirtió en un escenario de fuego cruzado, pues instintivamente el líder sindical disparó para salvar su vida e intentar proteger a su familia. Los desconocidos fueron repelidos a un alto costo: Alina, hermana de Renata resultó herida; su padre recibió un tiro en el hombro; y una bala perdida le arrebató la vida a Alejandra, cuando apenas tenía dos años de edad.
La familia considera que fueron víctimas de un atentado perpetrado por paramilitares, en el que hay serios interrogantes sobre la responsabilidad de agentes estatales. “Estaban el Ejército y la Policía cerrando la entrada principal para que no entraran carros y no entrara nada, y los paramilitares pudieran hacer su trabajo”, comenta con un tono seco y pausado.
Para ese momento el departamento de Córdoba estaba bajo la influencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), organización que fue el eje articulador que permitió la creación, a mediados de 1997, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), al federar varios grupos de autodefensa de diversas regiones del país que tuvieron a Carlos Castaño Gil, como su jefe y vocero principal. (Leer más en: La expansión: el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (1997-2002)).
Producto del ataque, el líder sindical estuvo hospitalizado durante un mes y, posteriormente, con ayuda de la Cruz Roja, viajó a Cuba, en donde recibió tratamiento de recuperación. Hoy en día carga con secuelas y la movilidad de su brazo derecho está reducida.
Renata optó por abandonar Montería y se radicó en Bogotá bajo el amparo de uno de sus hermanos, que estaba viviendo en la capital de la República. Sin embargo, regresó a Córdoba en las vacaciones de diciembre de 1996 para apoyar a su madre y a su otro hermano que siguieron recibiendo amenazas de muerte. También, para limpiar el nombre de su padre, pues los señalamientos de ser supuesto integrante de las Farc no cesaban y le atribuían acciones con esa guerrilla a pesar de estar en Cuba recibiendo cuidados médicos.
“Fue una doble victimización. A nosotros nos hicieron un atentado, mataron a mi hija, la familia se dispersó totalmente y encima nos culpan de una atentado cuando mi papá ni siquiera estaba en el país”, enfatiza Renata.
En 1997 toda la familia optó por irse a Bogotá, René llegó directamente de Cuba a la capital para reencontrarse con su familia. Fue un momento difícil. Aunque no les faltó nada, estar un clima muy frío, opuesto al que estaban acostumbrados en el Caribe, fue tan sólo uno de los choques que tuvieron que enfrentar.
En ese mismo año, Renata comenzó una nueva vida con otra pareja: Hernando Quevedo, un sincelejano que viajó a la capital para realizar sus estudios universitarios. “Yo llegué a Bogotá muy vulnerable, muy triste porque tenía como… sentía mi vida muy vacía. Había perdido todo prácticamente, había perdido a mi hija. Sin él hubiera sido muy difícil para mí”, recuerda. Tras un año de relación, decidieron vivir juntos y conformar una familia.
En el segundo semestre de 1997 retomó su carrera en Licenciatura en Lenguas Modernas, la cual había abandonado por el desplazamiento forzado. Ingresó a la Universidad Incca de Colombia, en donde tuvo que empezar desde cero, porque los tres semestre que había cursado en Córdoba no le fueron homologados.
En 1998 nació Sofía, su segunda hija; dos años tuvo a Gabriela. En 2004 se casó por lo civil con Hernando y al año siguiente nació su último hijo, Lucas.
Aunque el panorama parecía mejorar para los Cabrales, el pasado de Montería les volvió a acosar. El 10 de junio de 1999, tras declarar contra Salvaore Mancuso por el atentado que sufrió René, las amenazas de muerte se reactivaron de manera más intensa, tildándolo de guerrillero sindicalista. Por esa razón, en diciembre de 2004, con el apoyo de la Corporación Reiniciar, él y su esposa fueron arropados con asilo en Suiza. Una vez más la familia se fragmentó a causa del conflicto armado.
Los años siguientes Renata se alejó de la política y las amenazas siguieron vigentes, a su juicio, por el proceso judicial que se abrió contra Salvatore Mancuso, al que también fue vinculado Fidel Castaño a pesar de estar muerto, por el ataque de 1996.
Ese capítulo se esclareció el 26 de marzo de 2008, cuando el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Montería, condenó a 40 años de prisión Mancuso y a Castaño, como coautores del asesinato de su Alejandra y de la tentativa de tentativa de homicidio que sufrieron su hermana y su padre. Una de las decisiones que se tomaron en el juzgado fue el de trasladar el proceso a Justicia y Paz debido a que Mancuso estaba inscrito en esta. (Ver sentencia).
Mancuso se encontraba extraditado en Estados Unidos y en su tercer día de versión libre en noviembre de 2008, confesó acerca de los atentados y asesinatos selectivos ocurridos en la Universidad de Córdoba. Ese centro de estudios fue cooptado por las Acc, que llegó a definir el nombramiento de cargos y asesinó y llevó al exilio a estudiantes y trabajadores que se oponían a sus intereses. (Leer más en: La toma de la Universidad de Córdoba y Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba)
Salvatore Mancuso, quien era uno de los pocos hombres de confianza de los Castaño Gil y considerado como el tercero al mando de las Auc, confesó el crimen. “Nuestro caso lo asumió Justicia y Paz. Nosotros hicimos nuestra declaración; también escuchamos la declaración pública de Mancuso”, menciona Renata.
Además, el 17 de marzo de 2011 se realizó la diligencia de aceptación de cargos con fines de sentencia anticipada por parte de Mancuso sobre el homicidio agravado de Alejandra y tentativa de homicidio contra el padre y la hermana de Renata. (Ver la formulación de cargos)
Maternidad que se superpone con la política
En 2007 inició una maestría en Literatura Hispanoamericana. Durante estos años se desligó de la vida política con la que creció, tras ser parte de organizaciones de mujeres desplazadas e integrar el grupo de teatro liderado por Patricia Ariza, quien se ha dedicado a trabajar con víctimas para sanar a través del arte. Ese distanciamiento de la política se dio porque su esposo no estaba de acuerdo con esa labor por miedo a posibles retaliaciones, como ocurrió años atrás.
Dos años después volvió la persecución. Renata comenzó a recibir llamadas, desconocidos iban a su casa y preguntaban por ella y por Lucas. “Duré mucho tiempo mientras mis hijos estaban pequeños y sin militar mucho. Por miedo y por muchas cosas… Era mamá de tres hijos, me tocaba estudiar… Entonces sí hubo un tiempo en que estuve desvinculada del tema de derechos humanos y de militancia política”, recuerda.
En 2011 se separó de Hernando y lo recuerda como un momento difícil. El matrimonio se acabó por la violencia psicológica en contra de ella y sus hijas. Se mudó con sus hijos, estaba terminando la tesis de la maestría y tuvo que conseguir trabajo para sostener a su familia, fragmentada nuevamente.
En ese mismo año retomó su militancia con el PCC y su activismo con la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS). Luego, en el 2014, se postuló como representante a la Cámara con la UP y tuvo que hacer campaña en compañía de su hijo porque era muy pequeño para dejarlo solo. Sin embargo, en las votaciones la UP no consiguió ninguna curul dentro de la Cámara de Representantes: apenas alcanzó 2.785 votos, y el partido que logró la última curul del departamento fue el Conservador, con 101.718.
Con esa postulación, las amenazas, por medio de panfletos en la sede del partido y por vía telefónica, aumentaron. Además, comenzó a trabajar en el departamento de Mujeres del Semanario Voz como periodista enfocada en el feminismo. “Me incliné sobre todo por el feminismo, por el tema de género. Entonces es mi especialidad, lo que más me interesa dentro de la militancia es el feminismo”, cuenta.
Cuando estuvo vinculada a la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) tuvo la oportunidad de hacer un seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. “Con la FDIM viajamos al ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de César. Allí estuvimos con las mujeres, no solamente las combatientes, sino con mujeres de organizaciones campesinas de toda esa región. Ellas trabajaban allí en convivencia con proyectos productivos junto con las mujeres excombatientes”, explica.
Al regresar a Bogotá después de su viaje a Cesar, en el año 2019, volvió a recibir llamadas telefónicas y amenazas. El miedo y el dolor por el asesinato de su hija en 1996 retumbaron en el presente y tomó la decisión de exiliarse a Suiza, como sus padres.
“Decido dejar el país porque ya estaba muy asustada por mis hijos. En una de esas llamadas me mencionaron a Lucas. Entonces, fue muy duro para mí porque ya no quería volver a vivir eso”, explica.
De las pocas veces que acudió a las autoridades pidiendo protección, en 2014, de la mano de la UP, se la negaron. En esa ocasión, en la Unidad Nacional de Protección (UNP) le dijeron que las amenazas recibidas vía telefónica no son razón suficiente para implementar un esquema de seguridad. Por ese antecedente, no estaba dispuesta a esperar que el Estado le proporcionara protección ante la inminencia de un ataque a su hijo menor.
Último desarraigo
Debido al tipo de amenazas que recibía, a que la persona más expuesta era su hijo Lucas y a que Gabriela se encontraba en Cuba estudiando Medicina por medio de un programa del gobierno de ese país del Caribe destinado a víctimas del conflicto armado y Sofía estaba por terminar su carrera de Cine en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en marzo de este año viajó a Suiza con Lucas.
Sofía también ha sido víctima de hostigamientos, en su mayoría vía telefónica: “Ella recibió un par de llamadas, no recuerdo bien la fecha, pero también un tipo que la persiguió en dos ocasiones. En la primera vez le gritó algo como: ‘Saludos a su mamá de parte de las Águilas Negras’ o algo así, una cosa horrible”, cuenta Renata. Esta es la única pista que tiene sobre los posibles responsables de las amenazas.
Una vez en Suiza, llegaron a la zona francesa, a un campo de acogida para refugiados junto con personas de otros países que por diversas situaciones también se han exiliado. Las habitaciones eran grandes y las compartían entre varios migrantes. “Uno llega primero a dormir con otras personas. Pero claro que ahí tienen en cuenta el tema de género. Por ser mamá, a mí no me podían meter con otros hombres en la habitación, sino por ejemplo, nosotros compartíamos con otras señoras que también tenían un hijo”, cuenta Renata acerca de cómo fue la primera habitación que el estado suizo le brindó.
En un principio fue difícil adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma y, aunque están en el mismo país que sus padres, ellos se encuentran en la zona alemana. Renata considera que en este cambio “es muy difícil el choque cultural. Eso también es lo que uno sufre también con el desarraigo, ¿no?”. Sin embargo, los problemas de comunicación se vieron disminuidos al dominar el inglés.
Tan pronto llegó a territorio suizo realizó la solicitud de asilo pero esta fue rechazada: “La respuesta en nuestra primera negativa fue porque supuestamente Colombia ya es un país con un Acuerdo de Paz. Entonces que no está pasando nada, lo más seguro es que el gobierno pueda proteger a sus ciudadanos”.
De manera inmediata, Renata, junto con su abogado, quien trabaja en Cáritas, organización humanitaria de la Iglesia Católica, realizó una primera apelación que fue rechazada. Mientras realizaban la segunda, se encontraba viviendo en pequeños apartamentos en el pueblo de Sainte-Croix. Allí su hijo tiene la obligación de asistir al colegio puesto que todos tienen el derecho a una educación básica gratuita. El gobierno les brinda un subsidio para cubrir las necesidades básicas como alimentación y asisten a clases de francés.
“Afortunadamente acá no te puedo decir que el trato es inhumano ni mucho menos. Acá uno conoce gente que le tiende a uno mucho la mano”, cuenta Renata sobre la atención brindada por el gobierno suizo. En la segunda apelación realizada tuvo un acompañamiento cercano de su abogado: “Él puso todo su empeño porque sabía que había recibido amenazas por Twitter y también el periódico”.
Ella intentó denunciar de manera virtual, pero la Fiscalía no le respondió. Al revisar esta nueva situación, el pasado 11 de octubre, el gobierno Suizo decidió brindarle asilo político a Renata y su hijo Lucas. “Nos dejaron esperando varios meses, sin decir palabras y fue una sorpresa. Me llamaron y me dijeron que me habían dado el permiso. Estamos bastante felices y tranquilos”, menciona Renata con una sonrisa.
Toda la vida de Cabrales ha estado inmersa en la vida política y en la lucha de derechos, es por esto que no se ha desvinculado de las organizaciones a las que estuvo vinculada en Colombia ni del Semanario Voz, a pesar de la distancia. “Es algo que no puedo dejar de hacer por militancia política, por compromiso sobre todo con una página de mujeres que no fue fácil sostener”, asegura.
Ahora, está a la espera de que su hija Sofía la pueda visitar, ya que su viaje ha sido aplazado en varias ocasiones debido a la pandemia. Aunque celebra la situación de asilo que le brindaron a ella y a su hijo, teme por la vida de su hija Sofía y piensa que lo mejor es que, lo más pronto posible, abandone Colombia y migre a Suiza para reunir a la familia. También considera que, por el momento, no hay posibilidad de regresar al país, pues no se siente segura.
Renata continúa emanando alegría a pesar de los duros momentos por los que ha atravesado, se ríe al recordar algunas de sus vivencias de activista. Es la prueba de que ser líder social en Colombia es exponer su seguridad por una causa mayor.