El incremento de las matanzas en Colombia es muy preocupante. La tendencia muestra que 2010 cerrará con los mismos registros de 2006. La Comisión de Reparación denuncia la reincidencia de los desmovilizados. ¿Qué está pasando?
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A las dos de la madrugada del lunes 15 de noviembre, ocho campesinos fueron asesinados en la vereda de San Francisco del Rayo, en el municipio de Montelíbano, Córdoba. Foto Semana |
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, le pidió al país que pusiera atención a lo que está pasando. Las masacres han vuelto. ¿Por qué lo dice? En San Francisco del Rayo, un pueblo perdido en las sabanas de Córdoba, el domingo pasado, después de las peleas de gallos, como de costumbre, los campesinos se quedaron tomando cerveza en la plaza principal. A la medianoche, hombres que llegaron a caballo mataron a seis personas. Entre ellas, un maestro, un agricultor, un ayudante de bus y un mototaxista.
Casi a la misma hora, en un barrio popular de Barranquilla, en medio de una fiesta callejera cuatro sicarios hicieron llover plomo y mataron a un niño de cinco años, a dos vendedores ambulantes y a una persona más.
Dos días antes, en el otro extremo del país, el turno fue para Llorente. Los sicarios llegaron a una finca, en esa zona rural de Tumaco, y acribillaron a una mujer y a sus tres hijos, dos de ellos niños.
También en otro fin de semana de este noviembre mataron a cuatro indígenas awás en Barbacoas, Nariño, y en otra finca, en la vía que de Cúcuta conduce a Puerto Santander, hombres encapuchados interrumpieron un juego de cartas y mataron a tres hermanos -uno de 13 años- y a un sobrino de 4 años.
Esas son tan solo cinco de las ocho matanzas de las que habló el Defensor del Pueblo. Todas ocurrieron en una semana. Y al día siguiente de que Vólmar Pérez prendió las alarmas, se produjo otra masacre; en la carretera que de La Paz conduce a Valledupar asesinaron a rafagazos a cuatro personas que viajaban en una camioneta: la esposa de un comerciante, su hija y dos escoltas.
Más allá de la tragedia que se esconde detrás de cada una de estas historias, las alarmas se han disparado por la manera como se han incrementado las estadísticas de las masacres en Colombia. En lo que va corrido del año se ha dado una matanza cada dos días. Y como van las cosas, al final del año se llegará a los niveles de 2006 o más atrás. Mientras el año pasado para octubre se habían dado 119, este año ya van 153. Es decir, un incremento de casi el 25 por ciento. Y hay meses críticos, como julio, cuando en promedio se dio una masacre por día.
¿Qué está pasando? No existe un único patrón de conducta. En Medellín, por ejemplo, matan a jóvenes en discotecas y, en el sur, a los indígenas. Y en Atlántico y Cesar, a los testaferros de narcotraficantes les están arrebatando bienes y tierras a plomo. Pero la mayoría de los asesinatos masivos son producto de la guerra entre bandas emergentes que buscan sacar de su territorio a otros grupos armados ilegales.
Eso es evidente en Córdoba, por ejemplo, donde se han dado 10 masacres este año: “En 20 de los 32 municipios del departamento están Los Urabeños y Las Águilas Negras; en los otros 12, Los Paisas y Los Rastrojos. Las masacres son una manera de sembrar terror y asentarse para dominar las rutas”, dice un experto de la zona que pide no ser identificado, pero tiene un mapa exacto de lo que está ocurriendo.
Las bandas emergentes no son nuevas. Pero el problema es que el incremento de estadísticas como estas es un síntoma de que esos grupos siguen en ascenso.
En ese sentido, hace poco la Comisión Nacional de Reparación, en una descarnada radiografía del proceso de desmovilización, dio a conocer una denuncia preocupante: el 15,5 por ciento del total de desmovilizados (8.100 en cifras) ha reincidido en delitos. El dato puede ser mucho mayor porque solo se están contando los desmovilizados capturados en flagrancia o que fueron abaleados en circunstancias irregulares. Es decir, no se incluyen los que pueden estar delinquiendo y no han sido detenidos.
Y lo importante es que este porcentaje deja sin piso las explicaciones que hasta ahora había dado el gobierno para defender el proceso de desmovilización. Altos funcionario como Frank Pearl, quien hizo un trabajo serio para tratar de ponerle rumbo al proceso de los desmovilizados, y el presidente de la Comisión de Reparación, Eduardo Pizarro, dieron un parte de tranquilidad pues sostenían que el número de desmovilizados que recaía en el delito, para entonces cerca del 10 por ciento, era similar al promedio visto en otras partes del mundo. Pero el problema es que este nuevo porcentaje, de 15,5 por ciento, supera notablemente ese margen “normal” de reincidencia.
Es un hecho que el país está ante un nuevo fenómeno de violencia que va más allá de la coyuntura. El gobierno es consciente de ello y por eso el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, anunció una ofensiva para el año 2010 “en contra de las bandas criminales (presentes) en 159 municipios”. Pero el Estado también sabe que tiene que actuar de otra manera. En una cumbre de gobierno esta semana, en la que estuvieron ministros, altos mandos, presidentes de altas Cortes y el Fiscal General, comenzaron a debatir el problema.
La palabra masacre tiene un significado muy particular en el diccionario de los colombianos. La Masacre de las Bananeras, en los años 30, marcó una era. Medio siglo después, las de La Mejor Esquina y de Segovia, en 1988, anunciaron la racha de sangre que se venía con los paramilitares. ¿Qué respuestas hay para las masacres de ahora?
Publicado en Semana el 21/11/2010
