La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó ante la ONU un balance de la reforma agraria, destacando avances en titulación y acceso a la tierra. Aunque se reconocen progresos, persisten obstáculos estructurales como el acaparamiento ilegal y la debilidad institucional, que siguen frenando la transformación del campo colombiano.
La ANT presentó este miércoles 18 de junio su más reciente informe sobre los avances en la implementación de la reforma agraria contemplada en el Acuerdo de Paz, donde se destacan progresos significativos en el acceso y la formalización de la tierra. La presentación contó con la participación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, representantes de embajadas de varios países y líderes sociales que han logrado recuperar su derecho a la tierra.
El director de la entidad, Felipe Harman, afirmó: “Hemos avanzado en la entrega de aproximadamente 600.000 hectáreas. La meta es llegar al millón de hectáreas este año, apoyados en el decreto que permite transferir de forma expedita toda la tierra administrada por la SAE y que ya está en trámite en el Ministerio de Hacienda”.
Sin embargo, aunque la ONU reconoció estos avances, también advirtió sobre la necesidad de acelerar el proceso de entrega de tierras. Uno de los principales obstáculos, según explicó Harman, es la ausencia de un diseño institucional que permita ejecutar eficazmente esta política. “Este país no está diseñado para hacer la reforma agraria. Nos tocó reconstruir los procedimientos, los decretos, las vías administrativas de asignación, etc.”, puntualizó.
Nudos críticos de la reforma agraria
Uno de los principales retos, según reconoció la propia Agencia Nacional de Tierras, es recuperar la gran cantidad de tierras que hoy permanecen sin titularidad clara en distintas regiones del país. Se trata de baldíos, bienes fiscales en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y predios del Fondo de Reparación a Víctimas.
“Lo que he encontrado en el Magdalena Medio es aterrador, abismal y vergonzoso para este país. Hay fincas que son propiedad del Estado desde hace 20 años y nunca han pagado un sólo peso de arriendo; han sido usufructuadas de manera gratuita. Existen haciendas de 600 y hasta 2.000 hectáreas sin ningún registro ni reporte. Eso es lo que está ocurriendo con la tierra en Colombia: hay una estructura ilegal claramente consolidada sobre la base del despojo de tierras al Estado”, enfatizó Harman en diálogo con VerdadAbierta.com.
Su denuncia se enmarca en una problemática más amplia: más de 100.000 hectáreas estarían siendo ocupadas ilegalmente, no por campesinos que buscan un sustento ni por pequeños minifundistas, sino por diversos actores —incluidos grupos criminales y políticos— que acaparan y usufructúan tierras de propiedad de la Nación. De hecho, ya hay al menos nueve congresistas involucrados judicialmente en este tipo de procesos.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta situación se encuentra en los bienes entregados durante el proceso de paz con los grupos paramilitares, muchos de los cuales presentan graves irregularidades. Algunos de ellos fueron registrados como fincas de 100 hectáreas —como ocurrió con las entregadas por alias ‘Macaco’— y resultaron tener extensiones reales de 800, 900 o incluso 1.000 hectáreas. Además, muchas de estas propiedades no cuentan con contratos de arrendamiento y han sido usufructuadas gratuitamente durante años.
Al llegar a estos predios, las autoridades han encontrado hasta 2.000 o 2.500 cabezas de ganado por finca, lo que evidencia una explotación comercial a gran escala sin ningún tipo de control o pago al Estado. “Esa es la realidad de lo que ha ocurrido con la tierra en Colombia”, subrayó Harman.
Balance de la implementación de la reforma
De acuerdo con datos de la ANT, con corte al 13 de junio de 2025, el gobierno nacional ha gestionado 599.000 hectáreas en beneficio de familias campesinas, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. De ese total, 15.692 hectáreas han sido destinadas a procesos de reincorporación de firmantes de paz.
La Agencia Nacional de Tierras informó que se han constituido 14 Zonas de Reserva Campesina y titulado 1.588.221 hectáreas. Este avance fue destacado por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como un paso significativo en la implementación de la reforma rural integral.
Además, la entidad destacó el deslinde de 20.000 hectáreas de ciénagas y playones; la titulación de 937.570 hectáreas para comunidades indígenas; la constitución de 101 resguardos indígenas y la ampliación de otros 71. Igualmente, se han otorgado 50.510 hectáreas a comunidades negras, beneficiando a 67 consejos comunitarios.
Líderes sociales de distintas regiones también participaron en el encuentro, entre ellos Adelfo Rodríguez, de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (ASOCADAR) en el municipio de La Gloria, Cesar, quien por años ha luchado por el acceso de su comunidad a las tierras de la Hacienda La Bellacruz.
Rodríguez se mostró satisfecho con el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras, especialmente luego de que, a comienzos de este año, la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio intentará revertir las resoluciones de la ANT y la SAE que otorgaban a la comunidad la administración de un predio ubicado junto a la Bellacruz. (Leer más: Víctimas de la Bellacruz por poco quedan en limbo ante orden de la Fiscalía).
“Legalmente las tierras volvieron a la posesión nuestra y afortunadamente cambió nuestra actitud porque pensábamos que íbamos a ser desplazadas nuevamente”, afirmó Rodríguez a este portal.
Felipe Harman concluyó haciendo un llamado a la necesidad de avanzar en la implementación de la jurisdicción agraria, señalando que esta debe ser una prioridad en la agenda nacional.
