En esta región de Magdalena los campesinos advierten que el Estado sigue en mora de cumplir la sentencia que ordenó reconstruir su pueblo; además, víctimas en este departamento cuestionan la demora del Tribunal de Cartagena en resolver sus casos.
Arelis Camargo Crespo expresa la angustia de sobrevivir en un rancho de tablas, plásticos y sacos. Hace tres meses, ella y cinco familias del arrasado pueblo de Salaminita, en Magdalena, decidieron instalarse en los lotes que el Estado les restituyó hace más de un año mediante sentencia, pero donde no hay todavía viviendas, ni agua potable, electricidad, escuela, puesto de salud ni proyectos productivos.
“Llevamos 19 años de desplazamiento y seguimos en las mismas condiciones”, asegura Camargo, quien trata de sostener su hogar con la venta de galletas y bollos de yuca.
Desde el 16 de diciembre de 2016, cuando Tribunal de Restitución de Antioquia ordenó la reconstrucción de este pueblo de Pivijay y la reparación integral a las primeras 37 familias despojadas del casco urbano, la restitución se quedó en la entrega material y títulos de propiedad de los lotes. Así lo advierte Lesa Daza, líder de la comunidad organizada en Asorenacer, quien expresa decepción de la respuesta del Gobierno: “Salió la sentencia y las instituciones se olvidaron de nosotros. No hay un retorno efectivo porque no hay condiciones para vivir en Salaminita”. (Lea: A Salaminita aún no llega la llave prometida por el gobierno nacional)
El pasado 23 marzo, la Presidencia de la República les respondió una carta que los dejó en las mismas: “Les informamos que se ha dado traslado a su petición al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Trabajo, al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional y a la Gobernación del Magdalena, teniendo en cuenta que son estas entidades las legalmente competentes para estudiar y responder de fondo su requerimiento”. La misiva está firmada por Diana Acosta Escalante, asesora de la Secretaría Privada de Presidencia.
Paula Villa, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización no gubernamental que acompaña jurídicamente a varias víctimas de Salamita, explica los traspiés del cumplimiento de esta la sentencia de restitución. Según indica, la Comisión solicitó algunas correcciones a las órdenes del fallo porque por tratarse de una sentencia en zona urbana, la competencia de las instituciones cambia. Por ejemplo, el desarrollo del proyecto de vivienda no es responsabilidad en este caso del Banco Agrario sino del Ministerio de Vivienda y el de proyectos productivos no corresponde a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) sino al DPS.
Sin embargo, Villa aclara que estas correcciones no son excusa para que las instituciones competentes actúen, pues desde hace varios meses están informadas sobre su responsabilidad. La abogada detalla que, pese a los múltiples derechos de petición, no hay respuestas ni acciones contundentes. “Creemos que la única forma para que tomen en serio el fallo, es que haya una audiencia de seguimiento. Hemos solicitado esa audiencia al Tribunal de Cartagena desde diciembre, también a la espera de una respuesta”, dice.
La petición la hacen ante el Tribunal Cartagena, y no al de Antioquia, pues la demanda fue radicada en el primero, aunque haya sido resuelta por descongestión en el segundo.
En Salaminita, la preocupación se extiende a las demás víctimas de esta comunidad campesina que no tienen sentencia. Lesa Daza indica que el primer fallo no incluyó a otras 15 familias del centro poblado, que también perdieron sus casas en medio de la violencia paramilitar. “Pero, además, falta todo el proceso de restitución del área rural, el de las veredas El Jardín y La Suiza, donde las familias fueron despojadas”, reitera.
Como quedó documentado en la primera sentencia, entre 1999 y 2000 paramilitares del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’, asesinaron a tres campesinos y destruyeron el pueblo con un buldócer. Las veredas quedaron desoladas. (Lea: Salaminita, un pueblo que desapareció en Magdalena)
Miriam Araque Gutiérrez es la hija de Antonio Araque Bolaños y Eloisa María Gutiérrez Crespo, dos campesinos asesinados el 23 de agosto de 2000 en la vereda El Jardín. “La guerra nos quitó todo, a nuestros padres y proyecto de vida. En El Jardín somos 21 parceleros que queremos volver. La restitución nos ha generado muchas ilusiones y hay campesinos que se han muerto esperando”, narra la mujer con la voz entrecortada, refiriéndose a Sebastián Gutiérrez y Nohora Bonet, dos de sus vecinos también reclamantes, quienes fallecieron hace poco por causas naturales.
En esto coincide Edinson Gutiérrez, reclamante de la misma vereda: “Han sido muchos años tratando de sobrevivir. No tenemos razón de cómo va el proceso rural… y mire cómo está la situación del casco urbano, la gente viviendo en esas condiciones tan difíciles. Yo anhelo volver al campo y trabajar la tierra”, comenta.
La CCJ indica que la demanda de restitución de predios rurales de Salaminita data de 2014, pero que los opositores, quienes explotan los predios en ganadería, demandaron a los campesinos por fraude procesal. Desde entonces comenzó una ‘batalla jurídica’ porque el Juzgado de Restitución que admitió los casos detuvo el proceso acatando una orden del Juez Promiscuo de Aracataca.
La organización no gubernamental tuteló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y este alto tribunal no les dio razón, pero en revisión la Corte Constitucional concluyó que la justicia ordinaria no puede suspender un proceso de la justicia transicional (Lea T-666 de 2015). Sólo hasta el pasado 12 enero la demanda de predios rurales ingresó al Tribunal de Cartagena. “Le pedimos al Tribunal que priorice este caso, que ha tenido todo tipo de dilaciones. Se trata de una comunidad mayoritariamente de la tercera edad”, apunta Villa.
Sentencias en cola
Las preocupaciones de reclamantes de tierras no sólo corresponden a la falta de integración y voluntad de las instituciones para cumplir con las órdenes de las sentencias, como ocurre en Salaminita, sino al tiempo de espera para que la justicia especial tome decisiones.
En el departamento del Magdalena, reclamantes de las parcelaciones Bejuco Prieto y El Encanto, en Chibolo, y las Franciscas I y II, en Zona Bananera, siguen a la espera que el Tribunal de Cartagena se pronuncie. El caso de Las Franciscas, por ejemplo, fue presentado a este Tribunal desde marzo de 2015.
En diciembre pasado, una comitiva de líderes viajó a la capital de Bolívar a solicitar mayor celeridad en las decisiones. Durante los últimos tres meses los campesinos se han dado a la tarea de llamar casi semanalmente a los despachos, todavía a la expectativa de las sentencias. (Lea: Ante tribunal de Cartagena, reclamantes de tierras piden agilizar sus procesos)
“Nos responden que falta poco, que pronto habrá decisión. No quiero morirme sin tener el gozo de volver a mi tierra. Chibolo fue uno de los primeros casos que entró a restitución y mire, los procesos de nuestras fincas siguen sin resolverse”, afirma Rosa Salas, una de las reclamantes.
En lista de espera en este Tribunal también está la restitución del predio Las Nubes, en Valledupar, Cesar. “Nos preocupa tanta demora. Sabemos que en un momento el Tribunal devolvió el proceso al Juzgado porque encontró que faltaba practicar una prueba. Ya eso se resolvió y el caso regresó a Cartagena. Esperamos que el Tribunal decida lo más pronto”, expresa uno de los reclamantes de esta finca arrocera, de 351 hectáreas (Lea: El Cacique de la Junta y el ‘tierrero’ en Las Nubes).
La Comisión Colombiana de Juristas señala que esta misma situación ocurre con otros procesos como los de las comunidades El Guamito, Bolívar; Pichilín, Sucre; y Tamalameque, Cesar, cuyas demandas ingresaron al Tribunal de Cartagena en 2016.
La magistrada Ada Lallemand Abramuck, una de las tres togadas del Tribunal de Cartagena, reconoce las demoras, aclarando que comprende la preocupación de las víctimas y que trabajan “con toda la voluntad y diligencia para lograr sentencias sólidas”. Según explica, en la actualidad el Tribunal cuenta con nueve funcionarios para atender más de 600 procesos, incluidos los que están en trámite de sentencia y seguimiento a posfallo.
Lallemand indica que cada día deben resolver tutelas, incidentes de desacatos, y correcciones, y que se han encontrado con vacíos jurídicos en varias demandas, teniendo que devolver los procesos a los juzgados para practicar más pruebas. La magistrada menciona también la dificultad de acceder a bases de datos del Estado, incluida la información catastral. Sin embargo, “estamos radicando entre 12 y 15 sentencias mensuales”.
Sobre los procesos de Chibolo y Las Franciscas, explica que desde enero están proyectadas las sentencias, pendientes solo de las firmas. “Esperamos que de uno de esos fallos quedé radicado esta semana”, afirma.
A las víctimas les preocupa la transición de Gobierno, en un panorama de incertidumbre a menos de dos meses de las próximas elecciones presidenciales. Si en seis años de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sus casos siguen sin resolverse, temen que en cuatro años, cuando finaliza la vigencia de la norma transicional, haya menos garantías para su reparación integral.
El siguiente documental ‘Salaminita: voces de un renacer’, fue realizado por el grupo de investigación Oraloteca, de la Universidad del Magdalena.
