Los integrantes de la banda criminal que se entregaron al Ejército no irán a Justicia y Paz ni serán indultados. Aún así, su única salida es dejar las armas.
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| Estos son los integrantes de la banda los Rastrojos que decidieron someterse a las tropas de la Brigada XVII del Ejército en el Urabá chocoano. Su rendición vino a compañada de un poderoso arsenal que incluía 145 fusiles. |
Hace una semana en las instalaciones de la Brigada XVII, con sede en Carepa, Antioquia, los medios registraron una escena particular. Ciento ocho miembros de la temida banda de los Rastrojos se sometieron a la fuerza pública luciendo camuflados, varios de ellos acompañados de sus familias y con un poderoso arsenal que incluía 145 fusiles y 214 granadas.
En un primer momento se rumoró que se trataría de una desmovilización, pero la verdad es que no habrá ninguna “fórmula jurídica especial” para ellos. La claridad frente al tema es importante, pues darle un tratamiento jurídico preferencial a este tipo de bandas abriría una peligrosa puerta.
Hace seis años, cuando el gobierno decidió adelantar un proceso de paz con los paramilitares, creó la Ley 782, que permite negociar y acordar beneficios jurídicos con grupos irregulares distintos a la guerrilla. El gobierno declaró a los bloques paramilitares objeto de esta ley y así se logró su desmovilización; más adelante se creó la Ley de Justicia y Paz para resolver -con beneficios jurídicos- las deudas pendientes de los paras con la justicia.
Tras la desmovilización de los paramilitares surgieron las denominadas bandas criminales emergentes (Bacrim), que son una mixtura entre remanentes de paras y grupos al servicio del narcotráfico. Los Rastrojos son un ejército privado que creó el asesinado capo del norte del Valle Wílber Varela, alias ‘Jabón’, para proteger todos los eslabones de su negocio. De todas las Bacrim, esta es la más fuerte, con unos 800 hombres fuertemente armados e influencia en Valle, Nariño, Cauca y Chocó. Es claro que no tienen motivación política, que ahora funcionan como una franquicia que usan diversos narcotraficantes, y que su estatus es de delincuentes comunes. Por eso su tratamiento no será diferente al de cualquier otra persona que hatransgredido la ley y debe afrontar el Código Penal.
Esto no quiere decir que los Rastrojos que claudicaron no lograrán beneficios jurídicos o carcelarios si colaboran con la justicia. Un grupo de fiscales y agentes del CTI se desplazó a Carepa para entrevistar a cada uno de ellos, ver sus antecedentes y definir los cargos a los que deben enfrentarse. Luego la Fiscalía los acusará ante un juez.
Lo primero que tendrán que establecer las autoridades es si todos los sometidos son realmente Rastrojos o si algunos se presentaron bajo amenazas o engaños. Luis Córdoba, el personero de Nuquí, Chocó, denunció que unos 60 sujetos armados recorrieron el caserío y se llevaron consigo a un grupo de jóvenes prometiéndoles que “mientras más personas se entregaran, más beneficios recibirían del gobierno”. Córdoba aclara: “Nunca he dicho que se trate de un falso positivo del Ejército. Creo que la fuerza pública fue asaltada en su buena fe”.
El ‘Médico’, uno de los líderes de los Rastrojos que se entregaron, le dijo SEMANA en medio de su emoción: “Cuando vimos el helicóptero del Ejército nos sentimos como cuando llegan a liberar secuestrados por televisión”. Según él, lo que más los motivó a la entrega fueron las condiciones difíciles en las que estaban. Llevaban una semana sin recibir víveres para la alimentación, y tres meses sin el pago mensual, que solía ser en promedio de 600.000 pesos.
Lo único que tenían era un celular por medio del cual se comenzaron a comunicar con el comandante de la Brigada XVII, con quien acordaron el sometimiento. Como temían por sus vidas y las de sus allegados, pidieron que con ellos fueran trasladadas 36 de sus familias que se encontraban en precarias condiciones económicas. Hay varios niños y mujeres embarazadas que esperan la atención de la oficina de Acción Social.
Aunque no recibirán trato preferencial e irán a la cárcel, por lo menos han logrado salvar sus vidas. Algo que podría servir de ejemplo para otras bandas que siguen azotando las regiones más pobres y apartadas del país. Esta desmovilización es una señal de que estos grupos -que tienen en jaque la seguridad democrática- pueden estar resquebrajándose. Por eso, aunque el gobierno manda un mensaje de coherencia al reafirmar que no convertirá los tribunales de Justicia y Paz en una puerta giratoria, sí es importante que les brinde garantías a quienes quieran dejar las armas.
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