La brutal masacre de diez campesinos en Santa Rosa de Osos demuestra una vez más el nivel de intimidación que puede alcanzar un grupo armado ilegal en su propósito de dominar un territorio. Por Juan Diego Restrepo E.
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| Los Rastrojos asesinaron a diez campesinos en Santa Rosa de Osos. Foto: VerdadAbierta.com |
En toda la historia de Santa Rosa de Osos la masacre de diez campesinos, ocurrida en la tarde del miércoles, es la primera crisis de violencia que vive el municipio y al parecer detrás de ella estaría el grupo armado conocido como ‘Los Rastrojos’, que pretende hacerse al dominio de una rica región agroindustrial ubicada en el norte de Antioquia y corredor para el tráfico de estupefacientes.
Así lo cuentan sus habitantes, quienes, consternados, salieron a la plaza del pueblo en la mañana del jueves a enterarse de las últimas noticias por boca de los jornaleros que se vieron obligados a abandonar las fincas de varias veredas cercanas al corregimiento San Isidro tras conocer no sólo muerte de los labriegos sino la orden que le impartieron a los administradores de los predios para que desalojaran la zona.
“Nunca había pasado aquí algo tan macabro como esta masacre”, dijo Héctor, un conductor que presta sus servicios a las zonas veredales. “Nosotros vivíamos en paz hasta hace unos meses, cuando comenzamos a ver gente armada en algunas veredas”.
La incursión que tiene conmocionado a ese municipio, caracterizado por su religiosidad y conservadurismo, ocurrió al atardecer del miércoles al final de la jornada de trabajo en la finca La Española Tres. Hasta el lugar llegaron tres hombres y tras requerir a los campesinos que en ese momento estaban guardando sus herramientas en la casa conocida como ‘mayoría’, los abalearon y sobre sus cuerpos les tiraron una granada de fragmentación.
Uno de los médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que trabaja en la inspección de los cuerpos, le dijo a VerdadAbierta.com que algunos de ellos habían llegado mutilados y descartó que se hubiesen hecho tiros de gracia. Los labriegos muertos fueron identificados como William Alberto Espinosa, su padre Soel Espinosa Olaya, Fernando Arley Viana, Pompilio Gómez, Enrique Duque, Cesar Taborda Vanegas, Víctor Alfonso Correa Gómez, Manuel Baena Fernández, Alberto Uribe Barrientos y su esposa Gloria Chavarría Posada.
El norte de Antioquia es el límite de varias zonas conflictivas: de un lado, está el Nudo de Paramillo, donde se siembra hoja de coca y produce base; y del otro, áreas selváticas que conducen al Nordeste y Magdalena Medio, donde se han instalado laboratorios para la cristalización de la cocaína. Además, se vienen desarrollando varios proyectos de gran envergadura, como la hidroeléctrica de Ituango, es una zona potencial minera y de explotación lechera y agrícola a nivel industrial.
Un funcionario de la Alcaldía, que pidió la reserva del nombre, aclaró que la situación en la zona rural de Santa Rosa de Osos se viene deteriorando desde comienzos del 2011, cuando agricultores y productores de leche comenzaron a escuchar que los iban a empezar a extorsionar, sin que trascendiera qué grupo se lucraría de esa actividad ilegal.
“Nadie precisa el nombre del grupo, pero los cobros comenzaron a hacerse y la gente, angustiada, a pagar”, indicó el funcionario. “A muchos lecheros les toca pagar el valor de cinco litros diarios de leche por 20 producidos, lo que equivale a cancelar una suma de 4.000 pesos por día”, precisó.
Por su parte Albeiro, uno de los tantos jornaleros que se vieron obligados a salir de varias veredas del corregimiento San Isidro, área donde fueron masacrados los diez campesinos, denunció que el grupo armado que estaba incursionando en la zona estaba reclutando gente.
“Desde hace unos meses comenzaron a bajar la finca donde yo trabajo, que se llama La Esperanza, y nos decían que nosotros ganábamos muy poquito ‘jornaliando’, y nos invitaban a irnos a trabajar con ellos y nos ofrecían un millón de pesos mensuales”, narró el campesino, venido de San Marcos, Sucre, y quien gana 160 mil pesos quincenales en labores del campo.
Según este labriego, los hombres bajaban a la finca vestidos de civil y portando armas de fuego, particularmente revólveres, pistolas y subametralladoras: “A mí me insistieron mucho, tal vez porque se dieron cuenta que había prestado servicio militar, pero yo siempre les dije que lo iba a pensar y nunca dije más. Ahora espero regresarme a San Marcos, donde tengo mi familia”.
La incursión afectó específicamente los predios de propiedad de Antonio Lopera, un productor de tomate de árbol para exportación, quien es propietario, según lo confirmaron las autoridades, de 17 fincas en la región y en las que emplea por lo menos 1.500 jornaleros, provenientes de la región y de otras fuera del departamento, como Córdoba y Sucre.
Las autoridades son conscientes de los graves problemas que padece buena parte del norte de Antioquia. Uno de ellos es el general José David Guzmán, comandante de la Regional Seis de la Policía Nacional, quien reconoce la presencia de ‘Los Rastrojos’ cerca a Santa Rosa de Osos y la existencia de cristalizaderos de cocaína, dos de los cuales han sido localizados y destruidos en los últimos meses. Sin embargo, ante la masacre perpetrada contra los diez campesinos no se atreve a afirmar qué grupo la cometió.
“Estamos trabajando sobre varias hipótesis; tenemos una información importante que nos ha suministrado la comunidad, pero no me atrevería a casarme con ninguna hipótesis, para no cometer imprecisiones”, indicó el oficial. “Esperemos que con el apoyo que viene de la Dijin de Bogotá podamos esclarecer rápidamente este crimen y capturar a los responsables para que respondan ante la autoridad competente”.
Santiago Londoño, secretario de Gobierno departamental, reconoció que la mayor amenaza para la seguridad de Antioquia son las llamadas “bandas criminales”. A su juicio, “son los grupos que más están creciendo, obteniendo mayores recursos y demostrado barbarie, sevicia y agresividad en la búsqueda de sus fines”. Parte de ese crecimiento se debe, según el funcionario, a que carecen de estructura política e ideológica, y no dependen de la movilización social y política.
“Las bandas criminales siempre se mueven detrás de las rentas ilegales, no tienen un objetivo distinto a buscar, proteger e incrementar sus rentas”, agregó Londoño. “Todas sus acciones, coyunturales o estratégicas, tienden a esos objetivos”. Una de esas rentas es justamente la extorsión, asunto que viene siendo monitoreado y dado que su incremento ha causado alarma no solo en Santa Rosa de Osos sino en toda la región, se creó hace tres meses una oficina del Gaula en el municipio de Yarumal, con lo que se pretende contrarrestar este delito.
Para el Secretario de Gobierno Departamental este tipo de fenómenos delictivos se ven favorecidos con la ausencia del Estado en algunas regiones: “en estos diez meses de gobierno hemos visto que nuestros problemas surgen de la ausencia del Estado, no es que tengamos que recuperar esa presencia, sino que hay que llevarlo por primera vez”.
Al respecto, explicó que con el general Nicasio Martínez, comandante de la IV Brigada del Ejército, están analizando diversas estrategias para copar el territorio: “hay algunas veredas que han sido más complejas que otras y que ya están identificadas, entonces vamos a llevar tropa allí”.
El funcionario anunció que le recordarán al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien visitará este viernes Santa Rosa de Osos, algunas de las peticiones que le han hecho con anterioridad, entre ellas fortalecer la Fiscalía Seccional de Antioquia, que cuenta con 207 vacantes, de ellas 100 fiscales, tienen presupuesto, pero no se han nombrado sus titulares; llevar fiscalías a varios municipios que carecen de ella; especializar a algunos funcionarios judiciales en el tema de bandas criminales y trabajar en la presencia de la Fuerza Pública en ciertas zonas del país.
Por último, Londoño aseguró que se tiene que llegar al fondo de lo sucedido: “hay que determinar qué fue lo que pasó, quién la ordenó y la ejecutó, y cuál era el objetivo”.
Por su parte, la Diócesis de Santa Rosa de Osos, a través de un comunicado firmado por el obispo Alberto Ossa Soto, lamentó lo sucedido e hicieron un llamado a las autoridades “para que con los medios legítimos, protejan y tutelen el bien, los derechos humanos y la vida de los ciudadanos. Asimismo, espera que estos hechos de barbarie no queden en la impunidad”.
Mientras las autoridades revisan sus estrategias de seguridad y diversos sectores reclaman justicia, los jornaleros que se vieron obligados a salir de los extensos cultivos de tomate de árbol esperan en el casco urbano de Santa Rosa de Osos ayuda de las autoridades para volver a sus lugares de trabajo o a sus municipios de origen.
