Radiografía de una paz inconclusa: ¿qué ha pasado con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?

Cuando se acerca el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad presenta un panorama preocupante.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados por el acuerdo que puso fin al conflicto entre las extintas Farc y el Gobierno para transformar los 170 municipios de Colombia más afectados por la pobreza, el conflicto armado y las economías ilícitas. 

Pero según el quinto informe del Comité de Verificación y Seguimiento los municipios priorizados como PDET concentraron el 60 por ciento de los desplazamientos en el país y el 65 por ciento de los confinamientos en 2025 . 

“Esta realidad plantea una paradoja estructural: se intenta construir la paz precisamente en los territorios donde la guerra no ha terminado”, asegura el informe. 

“El informe nos está mostrando una gran realidad que tenemos en nuestro país y es cómo, en la medida en que avanzan procesos de transformación con la política pública, en este caso los PDET, se intensifica la violencia en los territorios”, dijo Julia Cogollo, presidenta del Comité de Verificación y Seguimiento. 

“Y esto tiene mucho que ver con el traslape que hay entre las zonas PDET y las zonas de conflicto armado fuerte, por un lado, y, por otro, con la desprotección institucional, que aunque intenta llegar, con un vacío institucional de tantos años no alcanza a cubrir todos los entornos”, dijo.

Al mismo tiempo, sin embargo, el informe reconoce que hubo un aceleramiento normativo e institucional a los PDET entre 2022 y 2025.

Para llegar a estas conclusiones, el comité cruzó 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad con más de 33.000 iniciativas de los PDET. Además, el equipo trianguló información de entidades estatales con las voces de 279 liderazgos territoriales en 16 subregiones.

La transformación rural avanza, pero en medio de una crisis humanitaria

Durante los últimos años, los grupos armados no estatales han tomado el control de regiones como el Catatumbo y el Chocó, en donde, según el informe, la violencia sexual continúa utilizándose como una herramienta de control territorial y comunitario.

A esto se suma un fenómeno silencioso pero letal: la crisis de salud mental. El informe revela que, en las zonas PDET, la tasa de intentos de suicidio en jóvenes de 15 a 19 años es casi tres veces superior al promedio nacional, un síntoma del asfixiante entorno de zozobra que impide a las nuevas generaciones proyectar un futuro lejos de la violencia.

Según la Fundación Ideas para la Paz, 2025 fue el año con más disputas armadas en la última década. Actualmente, hay al menos 13 zonas del país en disputa activa. El recrudecimiento, además, ha traído nuevas dinámicas. El informe asegura que entre 2016 y 2025 se registraron al menos 1.865 líderes asesinados y que, de los 19 departamentos PDET, 17 están en la lista con la mayor cantidad de casos registrados. Los municipios con mayores registros fueron Tumaco, Corinto, Caloto y Tibú.

Pese a esto, el informe del CSM destaca un avance sustancial en el acceso y la formalización de la propiedad. con un impulso sin precedentes en la gestión de tierras en los municipios PDET. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) reportó la adjudicación de 40.000 hectáreas destinadas exclusivamente a familias campesinas y comunidades étnicas en estas zonas priorizadas.

Además, en términos de condiciones de vida, la pobreza multidimensional en estos municipios cayó del 39,8 por ciento al 23,7 por ciento en el último quinquenio, logrando que la brecha con el resto del país se reduzca significativamente. Asimismo, la conectividad (internet y electricidad) rural ya alcanza un 90 por ciento y la electrificación un 75 por ciento.

La paz hoy se sostiene gracias a la resistencia comunitaria

En medio de ese panorama, las comunidades de los territorios PDET siguen firmes con la implementación del Acuerdo de Paz, según el informe. Las comunidades han erigido sistemas de autoprotección colectiva que hoy son el principal muro de contención contra la violencia. Las guardias étnicas y campesinas son destacadas como experiencias civiles ejemplares que, sin el uso de las armas, logran salvaguardar la integridad de los habitantes y defender la autonomía de sus resguardos y consejos comunitarios.

“La paz hoy se sostiene gracias a la resiliencia comunitaria”, aseguró Cogollo. 

Este proceso organizativo no solo es defensivo, sino también propositivo. El documento resalta el papel de las redes de mujeres buscadoras de personas desaparecidas y de los docentes rurales, quienes han transformado las escuelas en laboratorios de paz. A través de pedagogías de reconciliación, estos actores están logrando tramitar los traumas del conflicto y reconstruir el tejido social allí donde la guerra ha dejado cicatrices profundas. Es en estas aulas y asambleas comunitarias donde se está gestando un nuevo modelo de democracia territorial, liderado cada vez más por jóvenes que exigen una voz directa en los escenarios de decisión nacional e internacional.

El informe también exalta la movilización en defensa de la naturaleza como una forma de construcción de paz. Las comunidades en zonas PDET se han convertido en las principales guardianas del medio ambiente, enfrentándose a la expansión desmedida de monocultivos y actividades extractivas que amenazan su pervivencia. Para el CSM, esta “resistencia de dignidad” demuestra que, aunque la presencia del Estado sea intermitente o deficiente, la voluntad de paz en los territorios es una fuerza viva, organizada y capaz de proponer soluciones.

Justicia en el territorio, dudas en el presupuesto

Para el Comité, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) han cumplido con territorializar sus funciones. La JEP ha vinculado a 3.764 víctimas de zonas PDET en diligencias judiciales de los macrocasos, mientras que la UBPD ha puesto en marcha 37 planes regionales de búsqueda, incluyendo estrategias de búsqueda fluvial en el río Magdalena iniciadas en octubre de 2025. El comité resalta que esta presencia institucional es la que permite que las sanciones a los comparecientes se traduzcan en obras de reparación directa para las comunidades afectadas.

Pese a los esfuerzos y logros reportados por las entidades responsables de la implementación del Acuerdo de Paz, el informe advierte de manera reiterada sobre la falta de claridad en los rubros presupuestales destinados a los PDET. En particular, señala inconsistencias en las cifras de ejecución de recursos públicos.

Según el documento, una de las principales alertas proviene de la discrepancia entre los datos oficiales. Mientras la Agencia de Renovación del Territorio (ART) informó, en respuesta a un derecho de petición presentado por el Comité de Seguimiento, que se han ejecutado 43 billones de pesos, la información disponible en la Central de Información PDET, plataforma oficial de la misma entidad, reporta una ejecución cercana a los 32 billones de pesos.

La diferencia, que supera los 11 billones de pesos, plantea interrogantes sobre la consistencia de los reportes, la transparencia en el manejo de los recursos y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas, en un componente clave del Acuerdo de Paz.

A esto se suma que hay una brecha en la implementación en los puntos más críticos para la transformación territorial: el punto sobre las víctimas alcanza apenas el 36 por ciento de implementación; el de participación política, el 37 por ciento; y el de reforma rural, el 49 por ciento, asegura el Comité.

“tampoco hay claridad entre las instituciones sobre cómo articularse para evitar que las cifras se dupliquen o se invaliden. Ese es uno de los grandes retos que tiene el Gobierno colombiano: mejorar su nivel estadístico para que las cifras den cuenta real de lo que se implementa en este país en términos de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, dijo Cogollo.

Los enfoques diferenciales: una deuda histórica

La implementación de la paz en los territorios no ha logrado ser el espejo de la diversidad que prometió el Acuerdo Final. El informe del CSM es contundente al señalar que los enfoques diferenciales no están puestos como el eje estructural de la transformación regional. Esta omisión no es solo técnica; es la prolongación de una deuda histórica que mantiene a las poblaciones más vulneradas en la periferia de la reparación estatal.

En el ámbito de los pueblos étnicos, la brecha entre el papel y el territorio es alarmante. De las más de ocho mil iniciativas PDET que cuentan con un marcador étnico, apenas el 15,7 por ciento ha logrado ejecutarse. Esta parálisis, según el informe, no solo frena el desarrollo material, sino que ignora la autonomía de las autoridades tradicionales y debilita los sistemas de justicia propia. Al ritmo actual, el informe proyecta que la finalización de los llamados Planes Integrales de Reparación Colectiva para estas comunidades podría tardar casi tres décadas más.

“La implementación étnica no puede seguir siendo un indicador de ‘gestión’ en un Excel; es una obligación de pervivencia para pueblos que están al borde del exterminio”, asegura el documento.

Cogollo identificó tres factores críticos que frenan la ejecución de las políticas de paz en territorios indígenas y afrodescendientes. En primer lugar, la persistencia de una exclusión que va más allá de los trámites administrativos, señalando que la discriminación estructural, ha estancado el avance de los PDET en estos pueblos.

A este componente histórico se suma una barrera geográfica y de seguridad. La presidenta del comité expresó que existe un traslape entre los asentamientos étnicos y las zonas donde el conflicto armado es más agudo, como el Pacífico, el Caribe y el Cauca. Esta ubicación “impide muchas veces que la institucionalidad pueda llegar a estos territorios a implementar las iniciativas de paz”.

Finalmente, apunta a una deficiencia en la capacidad del Estado para entender y aplicar las particularidades de estas comunidades. Se describe una situación de “desprotección institucional y falta de claridad de los enfoques por parte de los funcionarios públicos”. Ante esta realidad, Cogollo hizo énfasis en que el aparato estatal requiere un fortalecimiento técnico urgente, advirtiendo que “el país tiene que avanzar mucho más en formación, en los enfoques diferenciales y, para este caso, en los enfoques étnicos”.

La situación para la población LGBTIQ+ es igualmente crítica, marcada por una invisibilización que el CSM califica como sistemática. En la ruralidad, la discriminación institucional se manifiesta en barreras de acceso a derechos fundamentales. Esta exclusión se agrava por un entorno de seguridad hostil, donde el temor a las represalias de los grupos armados y el estigma social generan un subregistro masivo de las violencias sufridas, dejando a estas personas en indefensión jurídica y psicosocial.

Finalmente, en cuanto al enfoque de género, se presentan cifras positivas, ya que ha sido el punto con mayor porcentaje de implementación. Sin embargo, el informe advierte que este enfoque ha sido reducido, en muchos casos, a una participación formal de las mujeres en espacios de planeación, sin que esto se traduzca en una autonomía económica real. La sobrecarga de labores de cuidado y la falta de garantías de seguridad para las lideresas territoriales impiden que su incidencia sea efectiva. 

“Las iniciativas para mujeres rurales son las de mayor implementación, lo que no implica transformación. Porque el patriarcado y el machismo hacen que, aunque las mujeres sean quienes están recibiendo las iniciativas, las transformaciones no se vean porque muchas son controladas también por los hombres”, explicó Cogollo.

Los llamados a la acción

El comité propone una hoja de ruta que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, puede mejorar la implementación de los PDET y de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, demanda una reestructuración técnica y financiera que unifique las cifras de inversión y alinee los planes territoriales. Esta hoja de ruta exige que alcaldes y gobernadores sincronicen sus planes de desarrollo con los compromisos del Acuerdo, garantizando que el presupuesto se ejecute con transparencia y bajo mecanismos de evaluación donde la comunidad tenga una incidencia real en la toma de decisiones.

Uno de los principales llamados del comité es la implementación de una ‘paz grande’. “Creo que la paz grande es la gran posibilidad para la no repetición en este país y para que con esto paremos la violencia política”, dijo Cogollo.

En el plano social, el informe urge a priorizar a las poblaciones más rezagadas, exigiendo un marcador presupuestal específico para los pueblos étnicos y una política de juventud rural que atienda la crisis de salud mental. Asimismo, se requiere que el Estado garantice la autonomía económica de las mujeres y la inclusión efectiva de la población LGBTIQ+, pasando de una participación formal en los espacios de planeación a una transformación tangible en sus condiciones de vida.

Finalmente, el comité condiciona la viabilidad de la paz a la seguridad jurídica y la protección territorial. El llamado incluye la aprobación urgente de la Jurisdicción Agraria y una aceleración de la reparación colectiva que, al ritmo actual, tardaría 26 años adicionales en completarse. 

“La arquitectura de la paz está diseñada y las comunidades están listas para habitarla, pero sin una voluntad política que priorice la vida y respete la diversidad territorial, el horizonte de 2034 seguirá viéndose como una promesa lejana”, concluye el Comité.