Voceros de organizaciones campesinas, sindicales e indígenas de esta región del país han sido amenazados por su apoyo al proceso de paz. En la más reciente amenaza se ofrecen cinco millones de pesos por elasesinato de cada uno de ellos. El fenómeno se ha extendido a varios departamentos del país. ¿Qué ocurre?
En el departamento quedan ubicadas dos zonas donde se concentrarán las Farc para la dejar las armas, una de ellas se ubica en el extremo sur del departamento, en el corregimiento de Gaitania, Planadas. Foto: VerdadAbierta.com.La oleada de amenazas y asesinatos presentada a finales de 2016 en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales parece no haberse detenido. En lo que va corrido del año se han registrado por lo menos 20 acciones, entre atentados, desplazamientos forzados y asesinatos; los afectados, en su mayoría, son integrantes del movimiento social y político Marcha Patriótica.
El sur de Tolima no ha sido la excepción, es el quinto territorio, luego de Cauca, Meta, Córdoba y Antioquia, en el que las organizaciones sociales han denunciado intimidaciones en contra de la vida de sus representantes.
Tensión en el Paramillo por avance gaitanista
“Le informamos a la comunidad en general del departamento del Tolima que hoy más que nunca hacemos presencia en este territorio liberándolo de guerrilleros y comunistas, por eso ofrecemos cinco millones de pesos por la cabeza de los guerrilleros, terroristas y comunistas que le han hecho tanto daño al Tolima y a nuestro país con el cuento de la paz”, se lee en el comunicado firmado supuestamente por un grupo que se hace llamar Autodefensas Unidas de Colombia.
Según relatan los campesinos del municipio de Planadas, el panfleto llegó a la capital, Ibagué, el día 6 de enero, pero que sólo una semana más tarde se empezó a conocer en el sur del departamento. “Como decimos acá,fuimos amenazados 14 blancos y 3 indígenas, todos de la organización, pero de diferentes procesos. Se demoró en llegar el papel físicamente por la lejanía, pero por los correos y las redes sociales nos vinimos enterando, no es algo nuevo, pero no por ello deja de importar, menos ahora que esta zona del departamento está concentrada en la construcción de paz”, afirmó un líder de la región.
Son reiteradas las amenazas que han recibido los integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (Acit) y los voceros de las Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) en Tolima. En años pasados, los panfletos han tenido el sello de las llamadas ‘Águilas Negras’ o de grupos de ‘limpieza social’.
En esta oportunidad, según los representantes de las distintas colectividades, la retaliación de los grupos armados se debe al apoyo incondicional que han realizado a la construcción de paz en los territorios y al apoyo que como organización política han dado al proceso de paz, con la realización de jornadas pedagógicas del Acuerdo Final y la preparación de los territorios para la puesta en marcha de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una ubicada en el municipio de Icononzo y la otra en Planadas.
“Nos están matando y es por cumplirle a la paz. La semana pasada fue asesinado el compañero Yimer Cartagenaen el Urabá antioqueño, hoy podemos ser cualquiera de otros departamentos. Es un fenómeno a nivel nacional y es contra la Marcha Patriótica. Lo más preocupante es que las autoridades lo quieren negar diciendo que no hay paramilitarismo y que no hay ataques sistemáticos en nuestra contra”, declaró un vocero de la colectividad a VerdadAbierta.com, quien pidió la reserva del nombre.
De igual manera, otra de las personas amenazadas en el panfleto aseguró que las intimidaciones también responden a unos intereses económicos de los dueños de las grandes extensiones de tierras en el norte del departamento, quienes se han opuesto desde hace años a la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Tolima.
ZRC del Tolima: ¿tierra para el posconflicto?
“Hay que decirlo, a ellos les molesta que vayamos a ser más competitivos, que le demos uso a la tierra y que reclamemos lo que por Ley nos corresponde como campesinos. Mucha de la tierra que estamos reclamando hace parte de predios que están en títulos para exploración y explotación minera y algunos otros ya están concesionados a multinacionales”, enfatizó el líder campesino consultado.
Desde mediados del año pasado, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), viene advirtiendo que las amenazas a líderes sociales del departamento han sido reiteradas y que se requiere de una pronta respuesta por parte de las autoridades, hecho que se ha repetido en otros departamentos y que no ha tenido respuesta por parte de los entes competentes.
2016: letal para los líderes sociales
A ello se suma el documento entregado por Marcha Patriótica a la Fiscalía, en noviembre del añopasado, en cual arguyen que en el país se está presentando un nuevo genocidio político. Para la fecha, habían sido asesinados 124 de sus integrantes, hoy van 129 desde la creación de la organización en 2010, cifra que puede ascender tras las amenazas que han recibido los militantes de este movimiento en algunos departamentos.
¿Regreso al pasado?
Ante la oleada de asesinatos, organizaciones sociales, académicos y ONG defensoras de derechos humanos han reabierto el debate sobre la existencia del fenómenos paramilitar en el país. Foto: archivo Semana.Uno de los temores más latentes de la comunidad es que el departamento vuelva a sufrir la oleada de violencia que se desató con la llegada de los paramilitares a finales de la década del noventa. Si bien aseguran que las condiciones actuales de los grupos armados ilegales que operan en la región no son las mismas a las que en su momento tuvieron los paramilitares de las Auc, hay algunos patrones que se vienen repitiendo como las amenazas, los desplazamientos forzados y las desapariciones.
“Lo que la gente asegura es un rumor hay que darlo por hecho. Grupos paramilitares se están organizando acá en el sur del departamento, los hechos muestran una realidad que ya no se puede negar. Pareciera que se estuviera repitiendo la historia de hacealgunos años, no nos han empezado a matar, pero si no nos ponen cuidado, va ocurrir”, aseveró un vocero campesino del corregimiento de Gaitania, Planadas.
El temor de los campesinos no es infundado, desde que comenzaron los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc, las amenazas volvieron a aparecer en el sur del departamento, grafitis alusivos a las Auc se volvieron a ver en algunas veredas y gente “extraña”, como aseguran los labriegos, se volvieron a ver en la región. “Volvieron los encapuchados”, es la expresión que se usa de nuevo en algunos municipios luego de iniciado el proceso de paz.
Pese a ello, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró durante una rueda de prensa realizada la semana pasada que no se puede hablar de paramilitarismo porque sería darle un reconocimiento político a las bandas criminales que operan en algunas regiones del país y a las cuales el Estado está combatiendo de manera efectiva con operaciones militares.
Declaraciones que contrastan con el informe mundial para el año 2016 de la organización estadounidense Human Rights Watch, el cual establece que en Colombia hay grupos armados sucesores del paramilitarismo. “Los grupos sucesores, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y actos de violencia sexual”, señala el documento y, además, plantea que en muchos casos dichos grupos se han beneficiado de la tolerancia y la connivencia de agentes estatales.
Lo cierto es que, para los campesinos del sur de Tolima, la amenaza está latente y la respuesta institucional ha sido poca pese a los insistentes reclamos de organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a través de un comunicado, se sumó a las peticiones para mejorar las condiciones de seguridad de los líderes sociales tras el reajuste que se planteó desde presidencia para los servidores públicos. “Los líderes y defensores de DD.HH. hoy en día se encuentran expuestos a un riesgo inusitado por cuenta de la violencia que atemoriza los territorios más vulnerables del país, pero a su vez son los más comprometidos con la paz y la reconciliación nacional”, sostuvo el funcionario.
Por si fuera poco, en varios de los municipios del sur de Tolima los campesinos han sido señalados y estigmatizados de ser colaboradores de la guerrilla, situación que los ha llevado a vivir doblemente perseguidos, por los actores armados y por el Estado, que a través de montajes judiciales a encarcelado a varios líderes, quienes al cabo de un tiempo privados de la libertad salen por vencimiento de términos.
“A las amenazas hay que sumarle que acá estar en desacuerdo con el gobierno es un complique. Vea no más todo lo que se ha dicho desde la Gobernación y Alcaldía sobre los procesos cercanos, que somos guerrilleros, que los proyectos son para la guerrilla y así más cosas. El estigma crece y eso lo pagamos es nosotros, nos lo cobran los actores armados o el Estado”, señaló un vocero de Astracatol, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.
La zozobra que ronda por planadas
Garantías más allá de esquemas de seguridad
Desde en lanzamiento del movimiento político y social Marcha Patriótica han sido asesinados 129 de sus militantes. La organización ha denunciado estar frente a un nuevo caso de genocidio político. Foto: archivo Semana.Según cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP), actualmente hay más de 6 mil personas con medidas de protección en todo el país (2 mil menos que en años pasados), donde cerca de 1.600 cuentan con un esquema de seguridad “fuerte”, es decir con carros blindados y escoltas. Según la entidad, la reducción en las cifras va a permitir evaluar más casos que requieran atención inmediata, entre ellas la de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“La UNP nos ha ofrecido sacarnos del país por más de seis meses, que nos dan un subsidio y nos ayudan a ubicarnos. Pero para nosotros eso es una carajada que no nos sirve. Si nos sacan es para callarnos y eso es lo que los violentos quieren. Lo que pedimos es una investigación a fondo del problema, lo que se ha pedido desde hace años y no solo acá sino en el país”, dijo un líder tolimense.
Por las condiciones de algunos de los municipios los labriegos consideran que tener un carro con escoltas es una pérdida de dinero y de tiempo, que lo usarían en casos extremos, pero no por ahora. Creen que el problema no se va a acabar hasta que en realidad se ataque la raíz de la génesis de esta nueva escalada en contra de los movimientos sociales, que a su juicio se sustenta en el rearme paramilitar a nivel nacional.
Ahora bien, el conjunto de procesos sociales y políticos del sur de Tolima considera que los grandes avances que propone el Acuerdo Final logrado con la guerrilla de las Farc, y actualmente en fase de implementación, en materia de investigación y desmantelamiento de los grupos armados ilegales se debe poner en ejecución antes que un nuevo genocidio político como el de la Unión Patriótica (UP) vuelva a ocurrir.
“Nos toca actuar ya, no podemos esperar a que las autoridades cumplan con lo contenido en el Acuerdo Final. Debemos seguir avanzando con las denuncias y con la presión a las instituciones para que en realidad investiguen y den resultados de ello. Insisto en que si nos quedamos esperando nos van a hacer daño, hay que denunciar y seguir trabajando, no quieren la paz, nosotros sí”, concluyó un vocero de Marcha Patriótica.
Bandas criminales: ¿simples criminales o tercera generación de ‘paras’?
Por ahora, El debate a nivel nacional sobre la existencia de estructuras paramilitares o neo-paramilitares se ha vuelto a abrir tras la reciente escalada de asesinatos en contra de líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos. Mientras el gobierno se empecina a decir que no existe este tipo de actor armado, el panorama regional ha empeorado y son pocos los resultados que la Fiscalía ha entregado sobre los implicados en los asesinatos.
