La muerte de Miguel Pérez, quien venía jalonando procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, desnuda las complejidades que enfrenta esta estrategia surgida tras los acuerdos de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional. Su implementación, en territorios controlados por estructuras de crimen organizado que hoy manejan buena parte de la cadena del narcotráfico, no será nada fácil.
El Cañón de Iglesias es un corredor estratégico para grupos armados ilegales, pues une al Bajo Cauca antioqueño con el Nudo del Paramillo. Foto: Juan Diego Restrepo E. y Marcha Patriótica.
Un manto de misterio cubre el asesinato de Miguel Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión, corregimiento Puerto Antioquia de Tarazá, ocurrido el pasado domingo, cuando, según las autoridades, un grupo de hombres arribó hasta su vivienda a eso de la una de la tarde en momentos en que se encontraba solo. Allí fue ultimado a puñaladas y disparos de revolver.
Pérez también integraba el capítulo regional de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); hacía parte de la Asociación Campesina del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac); era presidente de la subdirectiva Cañón de Iglesia de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc); y estaba adscrito al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
En los últimos meses, esté líder lideraba procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño. “No sabemos quién pudo haber cometido el hecho ni qué fue en realidad lo que pasó”, dijo William García, presidente de Asocbac.
En similares términos se expresaron funcionarios de la Alcaldía de Tarazá, quienes declararon a VerdadAbierta.com: “Hasta el momento no se tiene mayor información sobre este asesinato. Ni quién pudo haber cometido este hecho. Se desconoce también si tenía amenazas. Lo único que sabemos es que era un líder muy reconocido en su vereda y que era miembro de la Asocbac”.
La único cierto del caso es que, con el homicidio de Miguel Pérez, según el movimiento Marcha Patriótica, ya son 125 líderes sociales asesinados en Colombia este año. De ellos, se estima que por lo menos 17 se encontraban adelantando acciones relacionadas con la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), uno de los componentes del Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado con las Farc.
Si bien es el primer asesinato contra un líder cocalero que se registra en Tarazá, activistas consultados por VerdadAbierta.com aseguran que se trató de otra muerte que posiblemente pudo evitarse. “Los líderes venían denunciando que estaban amenazados, que venían recibiendo muchas presiones por parte de los grupos armados”. declaró Arnobis Zapata, miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzor), amplio conocedor de la problemática del Bajo Cauca antioqueño. “Lo que más nos preocupa es que, si no se hace algo, van a ocurrir muchas más muertes como esta. En este momento los principales dirigentes de la Asocbac están fuertemente amenazados”. (Ver: El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco)
En un comunicado difundido ayer por Asocbac reiteraron el estado de zozobra que viven las comunidades rurales: “Es preocupante que, a pesar de las alertas tempranas y denuncias públicas, que se han realizado por parte de la Asociación de campesinos del Bajo Cauca, sobre la problemática de actores armados en los territorios, hoy tengamos un desenlace fatal y tengamos que despedir de este mundo a uno de nuestros compañeros. Es de resaltar que ya se había denunciado y se había dado a conocer la problemática que tenía este sector”. (Ver comunicado)
Es de tal complejidad la alteración del orden público que se registra tanto en Tarazá, así como en los otros cinco municipios del Bajo Cauca antioqueño, que aún no está confirmada la participación de las comunidades campesinas de esta región en el paro nacional que inició este lunes 23 de octubre y que fue convocado por organizaciones sociales, entre las que se destacan el movimiento político Marcha Patriótica y la Coccam.
“Estamos evaluando la participación de los campesinos cocaleros del Bajo Cauca, tanto por la muerte de nuestro compañero como por otras situaciones que se están registrando allí. Lo que no queremos es que las peticiones legítimas del campesinado sean utilizadas por los grupos armados que operan allí para que luego se conviertan en una plataforma de peticiones de estos grupos”, aseveró Zapata.
PNIS en Tarazá: ¿bomba de tiempo?
Cañón de Iglesias, de donde era Miguel Pérez, históricamente ha sido una zona de cultivos de uso ilícito, sin que haya habido una atención adecuada del Estado. Foto: Juan Diego Restrepo E.El más reciente informe de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre cultivos ilícitos en el país en 2016, registró 8.855 hectáreas de hoja de coca sólo en los municipios de Tarazá, Valdivia y Cáceres, lo que representa el 68 por ciento de los sembradíos presentes en todo Antioquia y un aumento del 250 por ciento con relación a las hectáreas detectadas en estas poblaciones en 2015.
“Los cultivos de coca están asociados principalmente a los centros poblados de (corregimientos) Barro Blanco, Raudal Viejo, La Caucana y El Doce, en Tarazá; y Puerto Valdivia en (municipio) Valdivia”, afirma el informe de UNODC en uno de sus apartes.
Precisamente, líderes y campesinos de estos corregimientos taraceños han denunciado presiones e intimidaciones por parte de los grupos armados contra quienes han manifestado su voluntad de participar en los planes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que actualmente realiza seguimiento a la implementación del PNIS y que próximamente presentará un informe sobre los avances y dificultades de esta iniciativa en todo el país, hasta el momento han suscrito acuerdos individuales para sustituir voluntariamente sus sembradíos de hoja de coca unas 1.900 familias de los corregimientos El Guaimaro, La Caucana y Puerto Antioquia.
Sin embargo, advierten en la FIP que la presencia en estos corregimientos de miembros de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’, podría generar que muchas de esas familias no sustituyan sus cultivos por su propia cuenta dadas las amenazas e intimidaciones que supuestamente ha lanzado este grupo armado ilegal contra los campesinos cocaleros que quieran acogerse a la iniciativa gubernamental.
“Claramente, en Tarazá hay una fuerte resistencia a la implementación del PNIS. Hay municipios del país donde los grupos armados no se resisten abiertamente al proceso, pero en Tarazá sí”, explicó Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP. “Se sabía que Tarazá no era zona fácil. Los campesinos han dicho que ellos no erradican porque no cuentan con las condiciones de seguridad. Ya se registraron amenazas contra funcionarios del PNIS y ahora se registra el asesinato de un líder. Son condiciones muy frágiles de seguridad”.
En efecto, según pudo establecer Verdadabierta.com con campesinos cocaleros que pidieron no ser identificados, las intimidaciones han llegado al punto de impedir las acciones de funcionarios del PNIS, tal como ocurrió en el corregimiento El Doce, a principios del mes de octubre. “Estaban realizando las labores de registro en la casa cural del centro poblado del corregimiento y al segundo día los ‘gaitanistas’ les dieron orden de que se tenían que ir”, aseveró uno de los labriegos consultados.
Actualmente, tal como lo explicaron campesinos consultados, las localidades de Valdivia, Tarazá y Cáceres tiene un peso importante en la producción de clorhidrato de cocaína, negocio que hoy controlan herederos de los jefes paramilitares Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, así como nuevos narcos provenientes del Valle de Aburrá: “Una gente controla (corregimientos) Barro Blanco y El Doce; otra gente controla La (corregimientos) Caucana y ya llegaron a Puerto Antioquia, que era territorio de Farc. Pero esos narcos trabajan a su vez con el ‘Clan del Golfo”.
Dicha situación, tal como lo han venido advirtiendo organizaciones como Asocbac y el movimiento Marcha Patriótica, incrementó los niveles de riesgo para las comunidades campesinas y en particular para los miembros de las organizaciones sociales. El Asesinato de Miguel Pérez constituye un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales que lideran la implementación del PNIS.
“Por eso vamos a solicitarle una reunión urgente a Rafael Pardo, ministro del Postconflicto, para construir con él medidas que ayuden a proteger a nuestros líderes”, manifestó Zapata, quien pese al oscuro panorama fue enfático en afirmar que “el PNIS no puede pararse; antes, por el contrario, hay que darle más duro, mostrar más resultados, porque este es el camino”.
