Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a víctimas que buscan la restitución de sus tierras, asegura que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están intentando poner en jaque la puesta en marcha de la ley. (Por Semana)
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| El presidente Juan Manuel Santos aseguró que hay “una mano negra” que está amenazando la restitución de tierras.Archivo Semana. |
Carmen Palencia se ha convertido en una de las voces más importantes de las víctimas que buscan la restitución de tierras. Ella es la presidenta de la Asociación Tierra y Vida (de Urabá) y fue una de las personas que se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para hablar de los obstáculos a la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
“No es solo una mano negra, son dos. Y nosotros, los que hacemos parte del movimiento nacional de víctimas, podemos dar fe de la forma cómo están actuando”, dice Carmen, quien se alista para viajar a Bruselas (Bélgica) para hablar justamente de tierras.
“No podré decir allá nada diferente de lo que está pasando en este momento en el país. Hemos documentado y denunciado que hay grupos, algunos de la extrema derecha y otros de la extrema izquierda, que están tratando de hacer cualquier cosa para que la ley fracase”, dice Palencia.
Ella habla de “unos” que “están comprando falsos testigos, preparando pruebas falsas (… ) testaferros que quieren hacerse pasar por personas de buena fe para no devolver las tierras, ahí están comerciantes, palmeros”.
También menciona a los “otros” que, según ella, “están metiéndole en la cabeza a los campesinos la idea de que la Ley de Víctimas no va funcionar y que lo único que va a pasar es que perderán lo poco que les queda. Son esos los que quieren que en realidad sea un fracaso para seguir justificando su lucha armada”.
Pero el riesgo, dice Carmen, no viene solo de esos grupos. Ella cuenta que una de las peticiones que hicieron las organizaciones de víctimas al presidente Santos en la reunión del pasado domingo fue pedir prudencia a sus funcionarios.
“El movimiento de víctimas en el país se está viendo afectado por apreciaciones apresuradas, que lo único que hacen es colgarles una lápida en el pecho a las víctimas”, dice Palencia, que cita como ejemplo las recientes declaraciones de la fiscal Viviane Morales sobre el caso de Las Pavas (Sur de Bolívar).
“No puedo decir que fue mal intencionado, pero uno esperaría que ese tipo de pronunciamientos se hagan luego de una investigación exhaustiva, profunda. Ojalá eso sirva de alerta para mostrar la fragilidad que existe en el sistema, sobre todo ahora que estamos cerca de que empiece la Ley de Víctimas”, advierte Palencia.
Según ella, los líderes pidieron al gobierno que cada vez que se haga una denuncia de ese tipo se le dé celeridad a las investigaciones y si es el caso se llegue a judicializaciones, para que así “no terminen pagando todas las víctimas por lo que hacen algunos malintencionados”.
Palencia es enfática en decir que para que el gobierno logre enfrentarse a los que se están oponiendo a la Ley de Víctimas, es necesario que se reciba el apoyo de las organizaciones que, según ella, “sí están interesadas” en la restitución.
Esta líder del Urabá antioqueño menciona también una movilización de campesinos en todo el país y unas pruebas piloto de la Ley de Víctimas en zonas con alto índice de conflicto para ver “cuáles son los principales riesgos y de qué forma pueden solucionarse”.
Para Carmen Palencia es tan importante la unión entre el Gobierno y las organizaciones de líderes como lograr que la justicia actúe a la par de esta nueva ley. “Si no hay celeridad en los procesos judiciales por casos de líderes asesinados o si no se investigan en realidad a las presuntas falsas víctimas que han ido apareciendo, el desafío para el Estado con la implementación de la Ley de Víctimas será mucho mayor”, advierte.
Publicado por Semana. Martes 6 Diciembre 2011
