Mientras el gobierno nacional sigue apostándole al plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos, varios sectores sociales y políticos se han sumado a esta idea para la refrendación e implementación de lo pactado en La Habana, ¿qué tan viable es convocarla?
Foto: archivo Semana.La idea de una Asamblea Nacional Constituyente no está clausurada como mecanismo para refrendar los acuerdos definitivos que alcancen los negociadores del gobierno nacional y de la guerrilla de las Farc. Diversos sectores, incluida la insurgencia misma, aún piensan en esa alternativa, que rechaza de plano el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de trabajo para jugársela por el Plebiscito para la Paz, actualmente en examen de la Corte Constitucional.
Por ahora, mientras avanza la discusión entre los magistrados y también en La Habana, tanto el Centro Democrático como la Marcha Patriótica vienen apostándole, desde orillas opuestas, a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Por un lado, para utilizarla como mecanismo de refrendación y, por el otro, para apostarle a la construcción de un nuevo marco constitucional a partir de lo que se acuerde con las Farc.
A juicio de varios juristas, la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos más complejos que hay a nivel constitucional. Para convocarla se debe cumplir con varios requisitos establecidos en la Constitución Política, entre ellos la votación de 11 o 12 millones de personas para su aprobación, el tramite en el Congreso donde se diga cuáles son los temas a introducir y, finalmente, la votación directa de los ciudadanos.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Carlos Holmes Trujillo, director de asuntos internacionales del Centro Democrático, explicó que la apuesta de su partido por la Constituyente va encaminada a que sea de elección popular, sin facultades ni competencias limitadas, deliberante y con decisión en el contenido de todo el acuerdo.
“La Asamblea Nacional Constituyente es un acuerdo nacional que tendría dos escenarios: el primero, un acuerdo político y de Estado; y el segundo, un mecanismo de deliberación de los acuerdos, para que los colombianos puedan decidir sobre lo que se va a implementar del acuerdo”
Posición respaldada Francisco Barbosa, experto en Derecho Público de la Universidad de Nantes, Francia, y profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien afirma que la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser parte del proceso de paz, sino que tiene que ser un acuerdo nacional: “La Constituyente no es una alternativa para resolver la paz de nadie, ni siquiera la del 91 lo fue. Es para reorganizar el país y las deudas enormes que hay, por ejemplo, frente a los territorios”.
Por su parte, la Marcha Patriótica ha manifestado que la Constituyente es necesaria para construir un nuevo país luego de la firma del acuerdo final con las Farc. Sus voceros han señalado que la Constitución de 1991 quedó obsoleta por las contrarreformas y actos legislativos que le han hecho desde entonces, estando en contravía de garantizar los derechos y respetar las libertades democráticas.
“Las demandas de los colombianos no son posibles de ser subsanadas como está la actual Constitución, no hay un acceso real a los derechos sociales y fundamentales como la educación, la salud y la vivienda. Al día de hoy no se han podido materializar para el conjunto de la sociedad” aseguró David Flores, vocero de ese colectivo.
A su juicio, uno de los mayores ejemplos que explica el retroceso de la Carta Política son los esfuerzos que han hecho las comunidades campesinas e indígenas para oponerse a la mega-minería que, a su juicio, se han perdido porque “las reformas que se hicieron otorgaron la facultad de decidir al ejecutivo sobre el suelo, hecho que es contradictorio con la situación de desplazamientos, masivos y la invasión de territorios por la explotación de níquel, coltán y oro que han tenido que padecer las comunidades”.
¿Una nueva Constitución?
Como movimiento político, la Marcha Patriótica, impulsa desde hace cuatro años, junto a otras organizaciones sociales, las llamadas “Constituyentes por la Paz con Justicia Social”, que consisten en asambleas regionales en las que las comunidades formulan ideas y planteamientos para una nueva Constitución Política a raíz de la discusión de los problemas más sentidos en cada uno de los territorios.
Andrés Gil, uno de los voceros de la Cumbre Agraria, que hace parte de esa iniciativa, explicó que los espacios regionales constituyentes han servido para hacer evidente las falencias de la actual Constitución. “Las cosas hablan por si solas: las comunidades más alejadas, las de la periferia, son las que más han sufrido las reformas del 91. Los pobladores del Cauca, Catatumbo y Chocó, por mencionar algunos, plantean una política minera y ambiental acorde con la comunidad, que se limite esta actividad, que sea soberana, que genere ingresos al erario público. Cosa que ahora no tenemos”
Por su parte, el experto Barbosa consideró que la Constitución del 91 murió, entre otras razones, por la cantidad de ajustes que se le han hecho: “Hay temas que se han constituido en deudas históricas como la administración de justicia, el tema electoral, la organización regional, la manera en la que se ha construido la centralidad colombiana. Eso amerita reflexión y es a través de la constituyente porque el pacto del 91 no alcanza en el país que tenemos”. De acuerdo con este docente universitario e investigador, la Constituyente es una de las etapas finales de los procesos de diálogo con todos los grupos armados.
Desde la Habana, los voceros de las Farc consideran que las instituciones actuales han estado pensadas en la lógica de la guerra, que tiene que cambiar en el proceso de reconciliación que se va a adelantar tras la firma. “La construcción de un nuevo país también pasa por un nuevo marco constitucional. De esta manera los puntos discutidos en La Habana a juicio necesariamente van a pasar por hacer reformas institucionales importantes, tal como ocurrió como el proceso de las del M-19 y la Constitución del 91”, aseguró Enrique Santiago, asesor jurídico de este grupo alzado en armas.
Es importante pensar, ante los avances logrados en La Habana, en los mecanismos no solo de refrendación, sino de implementación, de los preacuerdos hasta ahora alcanzados sobre asuntos como la reforma agraria, la participación política y el acuerdo de víctimas. Alrededor de ellos gira una pregunta esencial: ¿es compatible o no la Constitución de 1991 para adoptar esas decisiones? El debate está abierto.
