PRUEBA HOME DE LOS TRES ARTÍCULOS DE RESISTENCIA DE GÉNERO

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8 de octubre de 2009
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En esa subregión de Antioquia, donde el 67 por ciento de sus habitantes son víctimas de la guerra, decenas de mujeres desplazadas han reconstruido sus vidas y las de sus hijos a punta de esfuerzo personal.

En ese camino, una fundación de religiosas fue clave en las últimas dos décadas del conflicto.

En enero de 1994, tras la masacre cometida por las Farc en el barrio La Chinita, de Apartadó, Antioquia, monseñor Isaías Duarte Cancino se convenció de que la ola de violencia que por entonces vivía Urabá requería medidas urgentes para atender a las víctimas.

Era la época de la arremetida militar que emprendieron las Farc contra los excombatientes del Ejército Popular de Liberación (Epl), así como del ingreso a la región de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

La compleja historia de violencia sociopolítica que vivieron el Urabá antioqueño y chocoano durante las décadas del noventa y dos mil dejó un saldo de más de medio millón de víctimas, según la Unidad para las Víctimas.

En los periódicos quedaron registrados los éxodos masivos emprendidos por familias y pueblos enteros, que recorrían las selvas de Antioquia y Chocó para escapar de los bombardeos, los combates y las masacres.

En medio de la guerra, en la que resultaron involucrados casi todos los actores de la región, monseñor Duarte impulsó la creación de un centro de atención a víctimas, llamado Fundación Compartir.

La institución, propiedad de la Diócesis de Apartadó y de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, abrió sus puertas el 7 de febrero de 1994, con el objetivo de “brindar apoyo y atención integral de manera permanente a mujeres viudas y niñas y niños huérfanos afectados por la violencia en el Urabá antioqueño y chocoano”.

Dirigida desde entonces por la hermana Carolina Agudelo, la Fundación asumió las tareas de atender psicológicamente a las mujeres víctimas y a sus hijos, así como de suministrarles ayuda humanitaria de emergencia, formación académica, vivienda, trabajo y espacios para el cuidado de los niños.

Tareas todas que le correspondían al Estado, incapaz de resolver el conflicto social, político y armado, y de garantizar los derechos de las miles de víctimas que por entonces dejaba la guerra.

En las historias de quienes pasaron por la Fundación, que está a punto de cumplir 25 años, es posible entender los profundos daños que causó la confrontación armada, los enormes esfuerzos que las víctimas tuvieron que emprender para garantizar su subsistencia y las deudas que tiene el Estado en materia de reparación.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_13 custom_title=»Resistencia en tres regiones» post_ids=»14196,15720,18753″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


Estos artículos hacen parte del proyecto «Seguridad para mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en regiones afectadas por el conflicto en Colombia», realizado entre la FIP (Fundación Ideas para la Paz) y el IDRC (International Development Research Centre).

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