A mediados de los noventas, a la par del fortalecimiento de los grupos guerrilleros y la crisis institucional del gobierno de Ernesto Samper, surgió un movimiento social por la paz que convocó a millones de personas a manifestar su rechazo a la violencia y apoyo a la solución negociada del conflicto y desembocó en dos mandatos ciudadanos por la paz.
Manuel Marulanda y Andrés Pastrana en el Caguán. Foto Semana. |
Tras estas manifestaciones, el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana retomó las banderas de este Mandato y buscó un acercamiento con el grupo guerrillero de las Farc, enviando primero a una cita en las selvas del sur del país a su entonces asesor político Víctor G. Ricardo y después reuniéndose con el entonces comandante Manuel Marulanda, con quien se comprometió, de ganar las elecciones presidenciales de 1998, a adelantar un proceso de paz.
A partir de su elección como Presidente, Pastrana lanzó una propuesta de gobierno sobre la base de una política de negociación y paz con los grupos guerrilleros.
Según Álvaro Villarraga, “su programa fue una síntesis de los consensos y propuestas nacionales existentes, en el que planteó priorizar la búsqueda de la paz en la agenda pública, pero de forma que se visibilizara de inmediato el proceso a través de hechos decisivos ”.
Para este experto, en contraste con gobiernos anteriores, y como consecuencia de la búsqueda de hechos de paz concretos, no existió una “elaboración política y programática” que le diera coherencia y dirección a la política de paz planteada, entre otras cosas, “porque inicialmente no estaba presupuestada como aspecto central de su gobierno y luego porque se asumió como hecho político para posicionar la campaña electoral ”.
De acuerdo con Víctor G. Ricardo, ex comisionado de Paz, una vez el candidato Pastrana fue elegido, hicieron “una reunión con la guerrilla a la cual asistió como presidente electo, donde se aclararon y acordaron determinados puntos. El primero, crear una zona de diálogos que estuviera desmilitarizada… El segundo fue establecer un calendario para decretar la zona de distensión en los primeros noventas días; luego en los segundos noventas días se haría la verificación y después otros noventas días se podía asumir el diálogo… Con respecto al tercer punto, el Presidente manifestó su decisión de combatir el paramilitarismo como una fuerza alzada en armas… ”.
A la par con el nombramiento del alto comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz, Víctor G. Ricardo (a través de Decreto 1642 de 1998), el gobierno puso a andar nuevamente el Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz.
El gobierno Pastrana pactó con las Farc la desmilitarización de un territorio de 140 mil kilómetros correspondiente a cinco municipios de Meta y Caquetá y que entró en vigencia a partir del 7 de noviembre de 1998. Además estableció una Mesa de Diálogo y Negociación y el Comité Temático Nacional.
En enero de 1999, el gobierno nombró además de Víctor G. Ricardo, a María Emma Mejía, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo y Rodolfo Espinoza como voceros del gobierno en la Mesa de Diálogo mientras Néstor Humberto Martínez, Miguel Pinedo, Armando Pomárico, Ana Teresa Bernal, entre otros, como representantes gubernamentales en el Comité Temático .
Durante el día de instalación de la Zona, el entonces alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, señaló que ambas partes verificarían en su momento la desmilitarización de la zona para iniciar las negociaciones.
La principal resistencia a la desmilitarización de este territorio provino de las Fuerzas Militares. El principal episodio se registró con la retirada del Batallón Cazadores del Ejército de la zona. En principio el gobierno tenía lista su comisión de verificación de la Zona de Despeje, integrada entre otros por Darío Barberena, de la Oficina del alto comisionado para la Paz y por Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali.
Para finales de diciembre de 1998 y con ocasión de la organización de la Mesa de Negociación, el gobierno confirmó la finalización con éxito de la verificación del despeje del Batallón Cazadores. Acompañados por el Alto Comisionado para la Paz, delegados de la Iglesia Católica y funcionarios del Sena, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, ingresaron al Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán para constatar su despeje por parte del Ejército Nacional.
Tras superar este impasse gobierno y guerrilla instalaron la mesa de diálogos.