Óscar José Ospina, alias Tolemaida; Edgar Fierro, alias Don Antonio; Jairo Revelo, alias John 70; Carlos Romero, alias Montería; John Jairo Esquivel, alias El Tigre; Eduardo Mangones Lugo, alias Tijeras, son los jefes paramilitares que tendrán que responder por 1897 hechos que dejaron 8500 víctimas.
Entre los casos connotados que imputará la Fiscalía están el asesinato de 7 investigadores del CTI en Astrea; las masacres de Santa Cecilia, Nueva Venecia, El Salado y Bahía Portete; la muerte del registrador de Becerril Héctor Gamarray de Balmore Locarno y Víctor Orcasita; y la desaparición del personero de Villanueva, Jose Alberto Pareja, entre otros.
La masacre de La Holanda
Los siete miembros del CTI de la Fiscalía*, un odontólogo forense, 5 técnicos y un director, partieron de Valledupar y Codazzi a un lugar rural entre Minguillo y Verdecia con una misión judicial: exhumar el cadáver de Tiburcio Rivera, un vendedor de paletas asesinado por los paramilitares. Era el 9 de marzo de 2000, fecha desde la cual nunca más se volvió a saber de ellos.
Al mes de su desaparición se encontró una de sus camionetas, enterrada debajo de rastrojos. Se supo de la otra un año después. Estaba incinerada y enterrada en la finca La Holanda. Héctor Roca, hermano de Israel, uno de los desaparecidos, especialista en dactiloscopia, cuenta que inicialmente se pensó que era un secuestro. “No había amenazas contra mi hermano, era una persona muy seria y honesta. Ese día empezó una especie de tragedia.
No se sabía bien qué había pasado ni que grupo los tenía, se hacían todo tipo de averiguaciones. Se rumoraba que era un secuestro por parte del Bloque que operaba en Codazzi, al sur del Cesar. No se sabía nada, era una incertidumbre muy grande”.
La suerte de estos siete trabajadores judiciales pareció despejarse con las versiones libres de los ex paramilitares del Bloque Norte que participaron en la matanza. Alcides Manuel Mattos Tabares, alias “El Samario”, preso en la Cárcel Judicial de Valledupar, asintió que en Sabana Alta, Cesar, recibió los sacos con los supuestos restos de los investigadores, y los tiró a un río.
Los cuerpos habrían sido entregados por alias ‘El Guajiro’, desaparecido por órdenes de sus propios jefes. Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ también aceptó, en su versión libre, haber participado en estos crímenes por orden de Carlos Castaño. De igual forma, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’ también reconoció su intervención en los hechos.
Sin embargo, estas versiones se contradicen con lo que aseguran los familiares de los funcionarios del CTI. En una entrevista de las familias con Carlos Castaño que tuvo lugar el 14 de junio de 2000, el jefe de las AUC afirmó no saber nada de este suceso.
‘El Tigre’, por su parte, dio señas para ubicar las fosas donde estarían enterrados, pero después de más de 100 excavaciones, no los encontraron. “La esposa de mi hermano ha estado en varias exhumaciones y han rescatado algunos cuerpos, pero no han sido los de los muchachos”, señala Roca.
Los funcionarios asesinados fueron: Edilberto Linares Corres, Danilo Javier Carrera Aguancha, Carlos Arturo Ibarra Bernal, Hugo Alberto Quintero Solano, Israel Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle.
(Haga clic en la imagen para volver al especial sobre la priorización en Justicia y Paz)
