Los hechos que acabaron con la vida de Carlos Jimmy Prado Gallardo ocurrieron anoche en la cabecera urbana, conocida como Bocas de Satinga, de este municipio de Nariño. Su vida estaba en riesgo desde hace más de un año.
A las 10:45 de la noche de ayer, y mientras dialogaba con varios amigos y amigas, a este representante de las comunidades afro se le acercó un sicario a pie, solo, y le propinó un disparó en la cabeza. Pese a que de inmediato fue conducido a un centro asistencial del pueblo, llegó allí sin signos vitales.
Prado Gallardo fungía como directivo de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico territoriales en Nariño (Asocoednar), que aglutina a 45 consejos comunitarios del departamento; también era representante legal de Satinga Joven y delegado al espacio nacional de consulta previa por las comunidades negras, palenqueras y raizales del pacifico nariñense.
VerdadAbierta.com se comunicó con diversas fuentes en Olaya Herrera para establecer lo ocurrido y estableció este crimen ha generado un profundo temor entre los líderes y lideresas locales, y grandes preocupaciones por el alto nivel de riesgo en el que se encuentran.
Este homicidio se suma al ocurrido el pasado 8 de mayo, cuando fue asesinado Luis Salaz Aragonés, enlace de víctimas entre las comunidades y el gobierno nacional.
Tras conocerse este crimen, ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenaron lo ocurrido: “Una vez más registramos las graves consecuencias de un contexto de amenazas y falta de garantías para líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias en diversas regiones del país, siendo Nariño uno de los departamentos más afectados”. (Descargar comunicado)
¿Qué pasó?
Las fuentes consultadas, quienes hablaron de manera confidencial con este portal y por tal razón solicitaron la reserva de sus identidades, precisaron algunos detalles previos al homicidio de Prado Gallardo.
“Él llegaba de la ciudad de Cali, donde asistió, el pasado viernes, a una reunión del espacio de consulta previa. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, salió hacia su municipio”, contó alguien cercano.
Otro más indicó que a eso de las 10:30 de la noche pasaba por la casa de una de sus compañeras de labores y en el anden estaban departiendo varias personas y hablando de una reunión que tenían pendiente: “Jimmy se quedó allí y quince minutos después pasó a pie un sicario, se le acercó lo suficiente y le hizo un disparo a la cabeza, y siguió caminando sin que nadie pudiera hacer nada. De inmediato lo llevaron al hospital, pero ya estaba muerto”.
Lo que destacan amigos y compañeros de activismo de Prado Gallardo es la frialdad del criminal para ejecutar esta acción: “Es un sicario con experiencia, porque no cualquiera hace ese tipo de acciones”.
Las fuentes consultadas le informaron a VerdadAbierta.com que el defensor de derechos humanos y líder social asesinado había recibido amenazas de muerte desde hace varios meses, razón por la cual se había desplazado del municipio para proteger su vida. “Estuvo por fuera un año, pero regresó hace seis meses porque le habían dicho que ya no había tanto riesgo”, dijo un allegado.
Prado Gallardo denunció varias veces las amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin que tuviesen efecto alguno. “Hace dos meses volvió a Fiscalía a exponer la situación que estaba viviendo y la UNP había iniciado un proceso de estudio para su protección, pero lentos como siempre. Nadie esperaba que pasara este tipo de cosas”, afirmó uno de sus amigos.
Una fuente cercana a Prado Gallardo aseveró a este portal que el líder social “había venido haciendo ciertas denuncias sobre ciertas cosas en las regiones, y debido a todas esas denuncias surgieron esas amenazas”, por tal razón sugirió que es “la Fiscalía la que tiene el conocimiento de lo que le venía pasando y sabe con quién era el problema porque él denunció todo”.
Pese a que el crimen ocurrió en una zona central del pueblo, no hubo una reacción efectiva de la Fuerza Pública destacada allí, entre otras razones, según cuentan los pobladores, porque “los agentes se guardan donde tienen el batallón y la estación de policía y de noche difícilmente salen a hacer un patrullaje”.
Alto riesgo
En Olaya Herrera, y en su cabecera Bocas de Satinga, se acumulan todos los males que azotan a la costa nariñense: hacen presencia las disidencias de las Farc y organizaciones del narcotráfico. La región es un enclave de actividades ilegales por su ubicación estratégica de cara al océano Pacífico y a la producción de clorhidrato de cocaína que luego se embarca y se envía a los mercados internacionales. (Leer más en: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto)
El municipio es bañado por las aguas de los ríos Patía, Satinga y Sanquianga, por donde se movilizan grandes cantidades de alijos de clorhidrato de cocaína y también armas e insumos para la producción de esta sustancia ilegal.
Se estima que en este municipio hay cerca de 3 mil hectáreas de hoja de coca sembradas y no hay por el momento programas de sustitución de cultivos, sino de erradicación forzada. La fuerte presencia del narcotráfico y la confrontación por el dominio de este negocio son factores de riesgo para quienes trabajan por sus comunidades.
De acuerdo con conocedores de la zona, en este municipio operan células de la organización conocida como ‘La Gente del Orden’, liderada por Víctor David Segura Palacios, alias ‘David’, un exguerrillero de las Farc que no se acogió al proceso de paz firmado entre ese grupo insurgente y el gobierno nacional.
“La presencia de estos grupos armados ha ocasionado el confinamiento de las comunidades y desplazamiento intraurbano en el casco urbano, de hecho, hay personas en algunos barrios que pasan la noche en otros lugares para no correr riesgos”, detalló una fuente consultada por este portal.
En reacción al asesinato de Prada Gallardo, las directivas de Asocoednar emitieron un comunicado en el cual le informaron a entidades estales y organismos nacionales e internacionales que las comunidades y sus líderes y lideresas sobre las constantes situaciones de riesgo que padecen quienes “defendemos los derechos humanos y étnicos y que se concretan en muchos casos en asesinatos considerados como etnocidios”.
Por tal razón, le exigieron al gobierno nacional “garantías reales de protección individual a la vida de líderes y lideresas, y de protección colectiva a nuestras comunidades negras radicadas en los territorios colectivos y ancestrales del departamento de Nariño”.
