El Estado será condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de La Rochela, ocurrida en Santander en 1989.
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Una vez interceptadas por hombres armados, las víctimas fueron engañadas. Los paramilitares aseguraron que eran miembros de un frente de las Farc y convencieron a los investigadores de que querían protegerlos y ayudarles a esclarecer los hechos.Argumentaron que debían hacerse pasar por secuestrados y los desarmaron. Así quedaron indefensos.
“Comenzaron a amarrarnos y a subirnos a los carros a cada uno, con las manos atrás, con unas cuerdas… Nos llevaron en dos carros a una parte aproximadamente a unos tres kilómetros (…) inmediatamente comenzó la ráfaga de disparos”.
Según el sobreviviente, que se hizo pasar por muerto,”se oyó una voz que decía, bájelos y desátelos, y se oía ya después, muy seguido, un disparo continuo, así, continuo, eso por un minuto, …seguramente tiros de gracia, Cuando dijeron, ¡vámonos, vámonos! que ya están todos muertos. A mí me dejaron en el carro boca arriba con las manos atadas atrás y con la cabeza colgando”…
El sobreviviente describe que otros dos colegas suyos “pudieron hacerse pasar por muertos, pues les cayó masa encefálica de las otras víctimas ”
Relatos de esta naturaleza, confrontados al testimonio proporcionado por el principal perpetrador de la masacre, Alonso de Jesús Baquero, conocido como ‘el negro Vladimir’, permitieron establecer nuevas evidencias sobre los vínculos que sostuvieron, por décadas, militares, políticos y paramilitares, en la zona de Santander.
Para Michael Camerelli, abogado del Centro por la Justicia y el derecho internacional (Cejil), organización que junto al colectivo de abogados José Alvear Restrepo litigó la demanda, la sentencia que se hará oficial en los próximos días será “otro precedente contundente sobre la responsabilidad del Estado en la creación y el apoyo de grupos paramilitares”.
Cejil, en su demanda, recuerda que en sus confesiones, alias ‘Vladimir’ reveló nombres de generales del Ejército que colaboraban con su frente militar. Sólo Faruk Yanine Díaz debió dar explicaciones por presunto encubrimiento
“Lo que pasó fue que el general Farouk Yanine Díaz se había enterado en Bogotá de que por medio de la Presidencia de la República iban a montar un operativo para capturarme (…) Me mandó a decir que estuviera pendiente, que si él se enteraba de algo más exacto, él se comunicaba con el general Gil Colorado para que yo cambiara de zona de operación (testimonio de alias ‘Vladimir’).
Para los abogados, es desconcertante que sólo en 2005, 16 años después de la masacre, la Fiscalía se haya preocupado por establecer el rol de personas mencionadas por ‘Vladimir’ y otros testigos. Un capitán de apellido Díaz, un capitán Varón, un teniente Narváez y un capitán Zúñiga. Otros coroneles y generales fueron únicamente llamados a declarar sin ser investigados. Entre ellos Rodrigo Rojas Guerra, Vacca Perilla, coronel Eduardo Santos Quintero y el coronel Jaime Fajardo Cifuentes, y el general Manuel Jaime Guerrero.
La sentencia abre la esperanza de que familiares de las victimas sean recompensados “una de las reivindicaciones que espero haga el Estado es que nos ayude a salir de la situación sicológica en que nos encontramos, a fin de poder nosotros tres volver a formar esa familia” (habla el esposo de una investigadora asesinada que dejó dos hijos).
Dictaminará que el mea culpa del Estado hecho en 2005 por boca del vicepresidente Santos sobre la “responsabilidad por negligencia” no es suficiente. Según Camilleri, “si bien algunos paramilitares han sido procesados, ni militares, ni otros agentes del Estado, ni autores intelectuales han sido condenados”.
Entre estos figuran ‘Ernesto Báez’ y Ramón Isaza, quienes actualmente se benefician de la Ley de Justicia y Paz. “Para los familiares de las víctimas, penas de cinco a ocho años por los autores de hechos de esta gravedad resultan casi rrisibles”, concluye Camilleri.
Cejil celebra que el Estado se verá presionado a investigar y, si encuentra evidencia, a condenar a personajes que hasta ahora han pasado agachados. Entre ellos el ex senador Tiberio Villarreal.
“A raíz de la entrada de los jueces, el señor Tiberio Villarreal, por medio del mayor del Ejército Óscar de Jesús Echandía, informó que esa comisión judicial cargaba todo el expediente y comenzó a presionarnos para quematáramos a los jueces y les quitáramos el expediente” (Declaración rendida por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘Vladimir’, Fiscalía General de la Nación (30 de agosto de 1996).
El antecedente más relevante que tiene este fallo es la condena que en 2004 la Corte impuso al Estado colombiano, por la masacre de los 19 comerciantes de Barrancabermeja. El Estado fue condenado a desembolsar un promedio de seis millones de dólares para familiares de la víctimas. Otros casos de condenas al Estado colombiano por acción o por omisión están las de las masacres de Mapiripipán, Ituango y el caso de Pueblo Bello.
La masacre de la Rochela, por la coyuntura que atraviesa el país, es muy representativa para la comunidad internacional. Cuando la responsabilidad del Estado en la creación y el respaldo del paramilitarismo están bajo la lupa, la sentencia subraya que fue este hecho el que dio lugar a la suspensión de los Decretos 3398 de 1965 y de la Ley 48 del 68, los cuales amparaban los grupos de justicia privada. La Rochela inspiró los Decretos 813, 814 y 815 del 1989, que retiran la legalidad a estos grupos pero, sobre todo, según Camilleri, con los que “implícitamente el Estado reconoce su responsabilidad histórica en la creación del paramilitarismo”.
Dos claros mensajes deja la condena: si las confesiones hechas por los desmovilizados no llevan a investigaciones efectivas de los paramilitares y sus colaboradores, el Estado será el castigado por negligencia o encubrimiento, y la otra lección es que si ante la generosidad de la Ley de Justicia Paz a las víctimas de la violencia en Colombia les queda una esperanza: las Cortes internacionales. Sobre esas ningún Presidente puede negociar.
Publicado en semana.com 02/06/07
