Según el Consejo de Estado, el Ejército Nacional no actuó en contra de la población civil, pero tampoco la protegió. Esto no implica que la guerrilla no debe responder por los hechos.
Foto: archivo Semana.
Es la segunda vez que el Consejo de Estado condena patrimonialmente a la Nación por los daños causados a algunas de las víctimas de la toma violenta que perpetró la guerrilla de las Farc a la capital del Vaupés. Por eso ordenó al Ministerio de Defensa que las repare económicamente. (Ver fallo)
La toma, que es recordada como una de las más sangrientas emprendida por las Farc, ocurrió entre el 1 y 3 de noviembre de 1998, cuando 1.200 guerrilleros del Bloque Oriental, al mando del fallecido Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, atacaron la estación de Policía de Mitú con cientos de cilindros bombas y dejaron a la mitad del pueblo en ruinas.
Después de destruir el puesto de Policía, el hospital, la pista del aeropuerto y la Gobernación, los guerrilleros sacaron a la fuerza a civiles de su casa y asesinaron a 11 de ellos. Mataron a 30 miembros de la Fuerza Pública, hirieron a 47 y secuestraron a 61. Todo sucedió una semana antes de que se creara la zona de despeje de San Vicente del Caguán, donde tuvieron lugar los fallidos diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
María Beatriz Tovar fue una de pobladoras asesinada por las Farc. Cinco meses después de la toma, sus familiares demandaron al Estado ante el Tribunal Administrativo del Meta, argumentando que la población de Mitú y el departamento de Policía de Vaupés ya sabían del ataque y por eso solicitaron refuerzos, pero nunca llegaron.
El Ministerio de Defensa dijo en su momento que debía ser eximido de cualquier responsabilidad porque quien asesinó a María Beatriz Tovar fueron las Farc y agregó que como no se trata de una institución “omnipotente y omnipresente” no se le puede culpar de los daños causados por grupos armados al margen de la Ley. En diciembre de 2006, el Tribunal le dio la razón al Estado argumentando que no hubo una falla en el servicio de los uniformados.
Sin embargo, el pasado 27 de mayo, el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal y aseguró que la Nación si tenía responsabilidad en los hechos. ¿Por qué el Estado debe responder por un crimen cometido por las Farc?
Para el magistrado ponente Hernán Andrade Rincón es claro que la guerrilla es directa responsable del ataque, pero acude a la teoría del daño especial para argumentar la responsabilidad del Estado. De acuerdo con el fallo, aunque la Fuerza Pública actuó de forma legítima durante la toma, descuidaron a la población civil. Agrega que la responsabilidad no se deriva de quién cometió el delito, sino de que se incumplió el deber de protección que tiene el Estado con las víctimas.
Esta es la segunda sentencia que condena patrimonialmente al Ministerio de Defensa por estos hechos. El 26 de febrero de 2015 ordenó indemnizar a la familia de dos menores de edad que murieron en el ataque.
Tampoco es la primera vez que el Consejo de Estado condena a la Nación por ataques de tomas guerrilleras: en agosto de 2008 le ordenó pagar más de 3 mil millones de pesos a la población civil por no prever la toma de Miraflores, Guaviare, ocurrida en agosto de 1998; en mayo de 2011 dijo que la toma a Las Delicias, en Putumayo, hubo serias fallas del Ejército y pidió indemnizar a tres soldados heridos; y en 2014 aseguró que el ataque a las unidades militares de Billar, Caquetá, fue propiciado en parte por la negligencia del Ejército que arriesgo a sus propios hombres.
Esta condena no significa que los miembros de las Farc no deban responder por este ataque; de hecho, la toma de Mitú hace parte de los hechos documentados por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía – antes Unidad de Justicia y Paz – que lleva los casos de los exguerrilleros del Bloque Oriental que están postulados a dicha ley.
El ataque ya fue confesado e imputado a Helí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, exjefe guerrillero del Bloque Oriental que fue capturado en 2008 y luego postulado a la ley de Justicia y Paz. Las víctimas ya también fueron dentro de este proceso judicial. (Ver: ‘Martín Sombra’ será procesado por secuestros y tomas de las Farc)
