Así lo estableció la Defensoría del Pueblo en un extenso informe emitido ayer. El departamento con más complicaciones extremas es Cauca. Por su parte, Antioquia tiene el mayor número de poblaciones afectadas. Esta agencia del Ministerio Público reconoce que hay una agudización de la violencia y que la movilización social impactará las elecciones legislativas.
Tres grupos armados ilegales concentran la mayor amenaza para las próximas elecciones a realizarse en los meses de marzo y mayo próximos. Se trata de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), la guerrilla del Eln y las disidencias de las antiguas Farc. Estas organizaciones criminales, más otras de menor impacto, están afectando 521 municipios de los 1.103 que tiene el país.
A la presencia de esos grupos se suman dos aspectos fundamentales que, según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), rodean el escenario de riesgo que gravita sobre la actual campaña electoral: en el primero de ellos se resalta “la desinstitucionalización del sistema de partidos a nivel regional y local, en contextos de conflicto, narcotráfico y situaciones de fraude electoral, que ha influido considerablemente en la posibilidad de que se permee sin mayores restricciones el sistema político”.
El segundo aspecto está referido al “aumento de los costos de las campañas electorales financiados por contratistas privados que después se presume exigen el retorno de su inversión a los candidatos, con una ausencia substancial de mecanismos de control a estas campañas”. Al respecto, se indicó en el informe de riesgo que, si bien no hay estudios recientes sobre el tema, “la delgada línea entre dineros lícitos e ilícitos hace que en la presente elección siga siendo un motivo de preocupación”.
Al tabular la información sobre los riesgos territoriales, el SAT los clasifica en cuatro categorías: extremo, alto, medio y bajo. De los 521 municipios en riesgo, por lo menos 79 afrontan riesgo extremo, siendo el departamento de Cauca con mayor cantidad de poblaciones alertadas, con 16 en total; seguido de Nariño, con 14; Chocó, con 9; Norte de Santander, con 8; y Antioquia, con 7 poblaciones.
Tal como se ha venido evidenciando en diversas regiones del país, la disputa electoral, que tendrá el próximo 13 de marzo su primera cita en las urnas para elegir Senadores y Representantes a la Cámara, así como las ciudadanas y ciudadanos que ocuparán las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y los candidatos presidenciales en las consultas internas, está mostrando algunas características que también alteran la cita democrática.
Resalta, en ese sentido, la persistencia de la violencia política contra líderes, lideresas y autoridades étnicas, así como a defensoras y defensores de derechos humanos, sus organizaciones sociales y los excombatientes de las antiguas Farc en proceso de reincorporación a la vida legal.
De acuerdo con la organización Indepaz, entre el 1 de enero y el 17 de febrero de este año fueron asesinados 24 líderes y lideresas sociales, así como tres excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, llegando así a 320 exmiembros de las antiguas Farc muertos de manera violenta desde la firma del Acuerdo en noviembre de 2016.
El SAT también destaca el reacomodo de varios grupos armados ilegales y la disputa por las economías legales e ilegales en varias regiones del país, especialmente agravado por la salida de cientos de guerrilleras y guerrilleros de los distintos bloques y frentes de las antiguas Farc que se comprometieron con el Acuerdo de Paz y que están en la vida legal.
Asimismo, se refiere, como factor de riesgo, a la “altísima polarización política generada por los cambios nacionales y territoriales con ocasión del Acuerdo de Paz”, lo que ha derivado en estigmatización y violencia contra sectores que no solo defendieron lo pactado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, sino su implementación integral, incluidos los excombatientes en proceso de reinserción.
Y advierte tres situaciones con respecto al sistema político electoral: el desconocimiento de las poblaciones y la insuficiente pedagogía al respecto; las barreras de acceso a puestos de votación y el déficit de cedulación en áreas rurales dispersas, incluidas las áreas no municipalizadas; y la necesidad urgente de realizar ajustes institucionales a ese sistema, que garantice la ampliación no sólo de la participación, sino de la representación política.
También es motivo de preocupación para el SAT el proceso de elección de 16 personas para ocupar curul en la Cámara de Representantes como parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, pactadas con las antiguas Farc y que están destinadas a las víctimas del conflicto armado. Si bien su adopción se bloqueó en el Congreso de la República en 2017, la Corte Constitucional las revivió en mayo pasado tras un intenso debate jurídico y, en agosto, la Presidencia de la República expidió el respectivo Acto Legislativo.
En síntesis, el SAT advierte que “las violaciones masivas a los derechos humanos y las infracciones al DIH que se materializan en los territorios, son un indicador de la posibilidad de riesgo de que los ciudadanos se vean restringidos en su posibilidad de elegir y ser elegidos”.
“A su vez -agrega esta dependencia- impactan los derechos políticos y de participación ante la posibilidad de amenazas, homicidios selectivos, ataques indiscriminados a candidatos o sedes políticas, constreñimientos al sufragante (que pueden ser promovidos por los grupos armados), restricciones a candidatos, electores o integrantes de movimientos políticos entre otros”.
Este informe de riesgo se emitió de manera paralela al pronunciamiento público difundido por representantes de la comunidad internacional que operan en Colombia. A través de un breve mensaje, instaron a “todos los grupos armados en Colombia a declarar un cese al fuego y de hostilidades y a respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil. En este contexto, manifestamos la importancia de que Colombia pueda conducir sus elecciones de forma libre e inclusiva, en un ambiente sin violencia”.
Votos bajo fuego
Para el SAT, el mayor factor de amenaza que pone en riesgo el proceso electoral es la “agudización de la violencia generalizada” en el país y sustenta esa afirmación en el incremento de homicidios y masacres, las cuales, a su juicio, ocasionan una percepción negativa sobre las dinámicas de seguridad: “A pesar de los esfuerzos institucionales en la materia, el deterioro de la seguridad […] fue evidente y genera un marco de zozobra en el que las elecciones son un ejercicio que demandará de las entidades del Estado, todo el compromiso y diligencia para su realización”.
Además, advierte de “una exacerbación del conflicto armado en zonas focalizadas”, en algunas de las cuales se han incrementado “las acciones violentas y su consecuente afectación a la población civil, o un sostenimiento de dicho escenario de riesgo y afectación; lo anterior asociado a una alta volatilidad del conflicto y de los actores que se encuentran en contienda”.
Y aclara el SAT que no es una violencia desconocida por las autoridades locales, regionales y nacionales, puesto que entre 2019 y 2021 emitió 139 alertas tempranas, de inminencia y estructurales, para 487 municipios en 32 departamentos del país.
Como expresión de esa agudización y exacerbación, el SAT reporta en este nuevo informe de riesgo, el cuarto emitido este año, la ocurrencia de 190 conductas vulneratorias entre el 1 de enero de 2021 y el 10 de febrero de 2022 que afectan, de alguna manera, los derechos de los ciudadanos en el proceso electoral. Lo que viene ocurriendo es motivo de preocupación por cuanto 51 de esos hechos se han registrado en los primeros 40 días de este año, y de continuar esa tendencia podrían superar en corto tiempo los 139 ocurridos en 2021.
Hechos recientes demuestran esa crítica situación y ejemplo de ello es el departamento de Arauca, donde grupos armados ilegales libran una cruenta confrontación en la que han perdido por lo menos 70 personas asesinadas en 47 días y se han desplazado decenas de familias para proteger sus vidas. (Leer más en: Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)
También la guerra actual sacude los departamentos de Chocó y Norte de Santander, donde las acciones criminales afectan a la población civil, que siempre queda en medio del fuego y sin una eficaz e integral protección del Estado. (Leer más en: En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)
Es por ello que el SAT no duda en sumar a los factores de riesgo electoral “la continuidad del conflicto armado interno y otras violencias conexas, con una fuerte influencia del narcotráfico”.
Los análisis y la recopilación de información le permiten a la Defensoría establecer que en lo que va corrido de este año, y a medida que se ha intensificado la campaña electoral, la violencia se ha venido focalizando e incrementando en “zonas de presencia, acción y disputa de grupos armados ilegales”, afectando en mayor medida departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
“El escenario de riesgo -explica el SAT- está determinado por el control social y territorial de grupos armados ilegales que tienen como propósito principal el desarrollo de economías ilegales como: tráfico ilegal (de narcotráficos y tráfico de armas), venta local de sustancias ilegales (microtráfico), extorsión, préstamos a tasas de usura (pagadiarios o gota a gota), abigeato, contrabando (gasolina, minerales y madera) y, en temas de género, prostitución forzada, turismo sexual y trata de personas”.
Pero tras ese propósito económico se impone un orden social que, sin duda, pretende regular la vida cotidiana de las comunidades donde los grupos armados ilegales tienen presencia y hegemonía armada. La situación se agrava, plantea el SAT, en aquellas regiones donde la presencia institucional es deficiente o inexistente.
Ese vacío estatal abre el espacio para que los grupos criminales administren “justicia” bajo sus propias reglas, impongan normas sociales, controlen el acceso a bienes y servicios y regulen la movilidad de los pobladores, aspectos que “comportan violaciones a los derechos de la población civil”.
El SAT también referencia como factor de riesgo electoral las constantes disputas entre grupos armados ilegales por el dominio de corredores estratégicos de movilidad, que se incrementaron con la salida de las antiguas Farc de territorios históricos para reincorporarse a la vida legal. Esas confrontaciones “agudizan los riesgos de las comunidades, particularmente para ejercer el derecho al voto y para el desarrollo de las campañas electorales”.
En medio del fuego cruzado han quedado líderes, lideresas, autoridades étnicas, defensoras y defensores de derechos humanos, y sus organizaciones de base. Muestra de ello fue el ataque dinamitero perpetrado por disidencias de las Farc a una sede social en Saravena, Arauca, hace unas semanas.
“Los grupos armados ilegales buscan incidir en las bases sociales y en las autoridades locales para intervenir en el proceso electoral, esto con el fin de continuar y fortalecer el control poblacional y territorial”, afirma el SAT en el nuevo informe de riesgo. En ese sentido, el SAT identifica dos modos de acción de los grupos armados ilegales en la contienda política.
“Si un grupo armado ilegal ya cuenta con control hegemónico del territorio, genera mensajes intimidantes para intervenir en la elección o dinero para apoyar candidaturas (Antioquia, Córdoba, Montes de María entre otras), pero si es una zona en disputa se activan repertorios de violencia para coartar o cooptar poblaciones (Nariño, Cauca, Arauca, Chocó, entre otras)”.
Es por ello que esta agencia del Ministerio Público plantea que las situaciones de riesgo en el actual proceso electoral en algunas zonas del país “obedecen a prácticas de maquinarias políticas tradicionales que se asocian con grupos armados ilegales y constriñen o afectan el libre derecho al voto. De igual forma se generan amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses”.
Intereses armados
Con respecto a las estructuras armadas ilegales, el SAT detalla en su informe de riesgo las características de los tres principales grupos que están alterando el orden público, afectando la campaña electoral y, por tanto, socavando la posibilidad de unas justas democráticas en paz.
Con respecto a las Agc, llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, asevera que pretende consolidar el control territorial en el bajo Cauca antioqueño, sur cordobés y Chocó, zonas donde ha tenido una presencia desde su conformación, a mediados de 2006, justo cuando finalizó el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como parte de los acuerdos con el Estado colombiano a través del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Una de las acciones más contundentes contra las Agc fue la detención en octubre del año pasado de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, su máximo jefe y a quien buscaron por cielo y tierra durante cinco años. Pese a ello, dice el SAT, “este grupo está en proceso de recomposición de fuerzas y busca fortalecer sus bases sociales y expandirse mediante alianzas locales con otros grupos o enfrentándolos con acciones de baja intensidad”.
De acuerdo con las cifras de la Defensoría, las Agc se identifican como fuente de amenaza en 253 municipios del país; de ellos, 32 se identifican en riesgo extremo, 111 en riesgo alto, 75 en riesgo medio y 35 en riesgo bajo.
El SAT advierte sobre “la posibilidad de realización de movilización de población civil de manera forzada por parte de las AGC, para el apoyo a determinados candidatos e igualmente la imposición de medidas restrictivas a la movilidad y/o proselitismo político, así como la generación de panfletos e intimidaciones a la población civil”.
Sobre las disidencias de las antiguas Farc, que se marginaron del Acuerdo de Paz, el informe de riesgo asevera que tiene presencia en 230 municipios, aunque es importante diferenciar los dos grupos fundacionales: de un lado está el Comando Coordinador de Occidente, que responde al mando de alias ‘Gentil Duarte’; y del otro está el Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia, que comanda ‘Iván Márquez’.
Ambas estructuras “han venido en proceso de consolidación, expansión y recuperación de las antiguas zonas de injerencia de este grupo armado”, plantea el SAT. No obstante, se identifican características distintas en sus maneras de operar militarmente. Las comandadas por ‘Gentil Duarte’ tienen mayor presencia armada en los territorios bajo su dominio y chocan con frecuencia con las Agc y la guerrilla del Eln, así como la ‘Segunda Marquetalia’.
Con respecto al Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia, los análisis defensoriales plantean que, si bien es un grupo de menor tamaño y presencia territorial, se ha venido expandiendo, aunque “determinadas ocasiones, parece limitarse a la emisión de amenazas panfletarias con capacidad de generar intimidación y otras vulneraciones a los derechos de la población”.
La ‘Segunda Marquetalia’ sostiene confrontaciones armadas con las estructuras de ‘Gentil Duarte’ y de acuerdo con registros del SAT “se presumen aliadas en algunos territorios al ELN”.
Justo sobre los mecanismos de violencia de ambas disidencias, el informe de riesgo plantea que “cuentan con repertorios violentos que denotan una importante agresividad en las zonas en donde intenta construir bases y generar control”. Y agrega que “despliegan repertorios de violencia de forma mucho más explícita contra la población civil y las autoridades, buscando con ello mostrar capacidad bélica, de expansión y control de territorios, así como combatir la persecución del Estado”.
En cuanto a la guerrilla del Eln, el informe de la Defensoría destaca la configuración más horizontal en la toma de decisiones, un rasgo histórico de este grupo alzado en armas, por lo que sus mandos regionales tienen una mayor capacidad de injerencia en las ejecuciones de los planes y acciones.
Su presencia sigue siendo notoria en aquellas zonas donde ha tenido una presencia histórica y se viene fortaleciendo militarmente ante la amenaza que generan las facciones disidentes de las antiguas Farc por cuanto “quiere conservar el control hegemónico obtenido y en los que no tiene la aparente amenaza, busca profundizar dicha hegemonía”.
El SAT viene advirtiendo desde el 2017 a través de los informes de riesgo el proceso de expansión del Eln, trazando una línea territorial que va desde las costas chocoanas sobre el océano Pacífico hasta la vecina República Bolivariana de Venezuela. No obstante, esa proyección se ha visto truncada por la contención que le hacen las disidencias de las Farc, las Agc y, en menor medida, el Epl. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)
Las acciones armadas perpetradas por el Eln en los últimos años pretenden mostrar una gran capacidad de fuego con miras a posicionarse como un actor político con el cual es necesario sentarse a la mesa para buscar una salida negociada a la confrontación con el Estado de más de 50 años. Hasta el momento, ese objetivo no se ha cumplido, pese a múltiples esfuerzos de gobiernos pasados. Su presencia, según el SAT, se registra en 189 municipios del país.
De acuerdo con lo consignado en el informe de riesgo, la presencia de grupos armados ilegales en casi el 50% de los municipios del país generan “escepticismo e incertidumbre entre diversos sectores políticos y sociales sobre la existencia de garantías efectivas para la participación y realización de las próximas elecciones”.
Y agrega que “en razón a la falta de mecanismos efectivos para la regulación de las alianzas políticas que, en el caso de las elecciones regionales son la nota predominante, además de los costos sin control de las campañas políticas”, son “factores que podrían ser aprovechados por los grupos armados ilegales en los próximos comicios”.
Circunscripciones de paz
El informe de riesgo del SAT de la Defensoría le dedicó especial atención a los factores de riesgo y vulnerabilidades que rodean las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), que le darán representación a las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes a través de 16 curules, elegidas en 167 municipios de 19 departamentos del país.
Será la primera vez que, en territorios golpeados por la guerra de más de 50 años, sus pobladores asistan a las urnas para elegir congresistas para el periodo 2022-2026 bajo ese nuevo concepto con el fin de tener mayor representatividad y voz en el escenario legislativo. De acuerdo con la Registraduría, las 16 curules de las CTEP se las están disputando 401 candidatas y candidatos, de diversos orígenes y tendencias políticas.
Por ser un proceso especial, esta agencia del Ministerio Público le da especial relevancia y expone varios factores de riesgo que padecen candidatos, militantes de movimientos sociales y simpatizantes que podrían pueden obstaculizar el propósito de este proceso electoral atípico en los 167 municipios seleccionados para tal fin.
El SAT reitera que en el 97.6% del total de municipios pertenecientes a las CTEP “se identificó algún tipo de riesgo”, y en el en el 82% de las poblaciones existe un riesgo alto o extremo, generado, entre otras razones por la presencia de las disidencias de las Farc (104 municipios); Agc (86 municipios); y Eln (69 municipios).
La situación ha sido tan compleja que para los 167 municipios donde se realizarán elecciones a las CTEP, el SAT ha emitido desde diciembre de 2017, por lo menos 117 alertas tempranas, lo que refleja el alto nivel de conflicto aún padecen estas poblaciones, golpeadas históricamente por la guerra y que parecen vivir en una rueda sin fin.
Pero no sólo la presencia de grupos armados ilegales afecta este proceso electoral. La Defensoría destaca otras vulnerabilidades, como las dificultades pedagógicas, logísticas y técnicas para la realización de las campañas políticas, y la potencial politización o cooptación de esas curules por parte de partidos políticos tradicionales, lo que se “convierte en un desafío importante para el país garantizar la participación efectiva de las víctimas”.
Adicional a ello, el SAT resalta las posibles dificultades de participación en este proceso electoral que podrían tener víctimas de la guerra, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinos en las poblaciones donde se realizará este novedoso proceso electoral.
Por tales circunstancias, la agencia del Ministerio Público precisa que este informe de riesgo “está orientado a impulsar, por parte del Estado, la adopción de todas las medidas a su alcance para asegurar el desarrollo de las elecciones […] con las garantías de derechos posibles y así prevenir la ocurrencia de violaciones a los DD HH e infracciones al DIH”.
“Bajo ninguna circunstancia -agrega- la emisión de la presente Alerta se debe entender como concepto para suspender el desarrollo de las elecciones en mención (acción que, por demás, no se corresponde con el deber preventivo que le asiste a esta Entidad); antes bien, se espera que, con ella, las instituciones del Estado adecúen su gestión para evitar hechos de violencia, salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas que participarán o acompañarán dicho proceso y asegurar el ejercicio de la participación con plenas garantías”.
Movilización social
En el informe de riesgo, el SAT hizo varias alusiones a la movilización social que presenció el país desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020 y cuyas expresiones se también se vivieron con fuerza en septiembre de ese mismo año y entre abril y junio de 2021. Sus efectos, más allá de los daños materiales, revelaron “una creciente polarización, estigmatización y reducción de legitimidad de las instituciones del Estado, crisis de representación y baja filiación política a partidos e incremento de movimientos significativos de ciudadanos”.
La Defensoría considera que, en el actual contexto político, especialmente para las próximas elecciones del 13 de marzo, se convierten en un reto lo que calificó de “coletazos del paro nacional” por cuanto “en algunas regiones, hay un impulso a los cambios de legisladores y/o representantes del poder popular”, lo que generaría “un impulso mayor de participación política” y “un potencial incremento de caudal electoral”.
Esos “coletazos” han creado, según el SAT, dos situaciones: de un lado, hay un esfuerzo grande de los partidos políticos, especialmente los tradicionales, “por conservar sus aliados territoriales y profundizar en conectar con nuevos electores”; y de otro, se observan “ejercicios de estigmatización contra sectores emergentes”, entre los que destaca “partidos integrados por miembros de comunidades étnicas, personas racializadas, así como campesinas, campesinos y el partido Comunes (creado por exmiembros de las antiguas Farc) y demás colectividades políticas conformadas por excombatientes”.
Con respecto a la estigmatización, el SAT eleva ese comportamiento a riesgo potencial en este proceso electoral por cuanto constituye una vulnerabilidad para candidaturas y colectividades políticas, así como para las comunidades y el electorado en su conjunto.
Se trata de un factor que incrementa la desventaja y exposición de diversos grupos sociales como mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, excombatientes de las antiguas Farc, comunidades campesinas y étnicas, movimientos alternativos y personas defensoras de derechos humanos.
Buena parte de las acciones colectivas pasan por los actuales mecanismos de comunicación digital, que tienen en las aplicaciones de mensajería instantánea la mejor herramienta para propagar campañas de desprestigio basadas en estigmatización, polarización y discursos de odio contra candidatos y movimientos políticos de unas u otras tendencias.
Esta situación, afirma el SAT, “pone una seria debilidad a la participación en la campaña (tanto de candidatos, militantes y votantes) en condiciones de igualdad y equidad y genera un ambiente tenso para la participación de las mismas”.
Por ello, esta agencia del Ministerio Público califica la estigmatización como “un importante motivador de la violencia que ejercen los grupos ilegales en zonas de disputa armada o control hegemónico”, y, en ese sentido, considera que “las medidas preventivas que ejecute el Estado de cara al proceso electoral de 2022 deberían necesariamente atacar las formas de estigmatización existentes en los territorios focalizados en la presente Alerta”.
Recogiendo ese panorama nacional, la Defensoría del Pueblo concluye que “a pesar del claro escenario de recrudecimiento de la violencia generalizada, la crisis social y económica, así como la focalización, incremento y sostenimiento de la confrontación armada [se ha] podido evidenciar como hay un clima de impulso a la participación ciudadana en las presentes elecciones”.
Y resalta de todo ello la participación del movimiento social y de defensoras y defensores de derechos humanos que “tanto en lo local como en lo nacional, está volcado a acompañar y ser parte de las elecciones como mecanismo democrático auténtico para la generación de las transformaciones sociales exigidas en el estallido social y paro nacional”, especialmente en aquellos municipios donde se elegirán las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
Aquí puede descargar la Alerta Temprana AT N° 004-2022 Riesgo Electoral
