Así lo estableció la Fundación Paz y Reconciliación en una de sus más recientes investigaciones. Estos territorios son claves para determinar la solidez de los acuerdos que se puedan alcanzar con las guerrillas de las Farc y el Eln.
foto: archivo Semana.
La violencia guerrillera se ha vivido con diferente intensidad a lo largo y ancho de Colombia y los factores estructurales que la hacen posible varían en la geografía nacional. En esa perspectiva, un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación muestra que por lo menos 281 municipios serían vulnerables al resurgimiento de expresiones de violencia en un eventual escenario de posconflicto.
A juicio de esta fundación, dirigida por León Valencia, el posconflicto plantea numerosos retos a nivel nacional y regional, y de ejecución en el corto, mediano y largo plazo. “Los temas nacionales son mayúsculos, van desde una gran estrategia de reconciliación nacional, hasta la lucha por mitigar los efectos de factores estructurales que promovieron la violencia”, señala el documento Retos Nacionales y territoriales del postconflicto.
En tanto los retos regionales en algunos territorios específicos son trascendentales según Paz y Reconciliación, por cuanto en ellos se reproduce la economía que creó la guerra y de no controlarse traería nuevas olas de violencia. “En los conflictos armados prolongados la guerra crea una economía de la cual sobrevive, y esta se desarrolla generalmente en los territorios excluidos, marginados y donde hicieron presencia los grupos armados ilegales. Cultivos de coca, minería criminal, redes de extorsión son solo un ejemplo”, advierte esta organización no gubernamental.
Uno de los aspectos que exigirá una rápida intervención del gobierno nacional ante un escenario de posconflicto es la posible permanencia de los guerrilleros desmovilizados en aquellas zonas donde hicieron presencia armada. Según las hipótesis planteadas por esta fundación, “a diferencia de procesos de paz anteriores, los hombres y mujeres que salgan de los grupos guerrilleros no se dirigirán a las ciudades a estructurar y crear una nueva vida […] se quedarán y realizarán su reinserción en las zonas donde operaban”. Eso significa que, por lo menos inicialmente, “las dinámicas de postconflicto no se vivirán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, sino en municipios como Puerto Asís, La Macarena en el Meta o San Vicente del Caguán”.
Cruzando información sobre sobre dónde han hecho presencia armada y ejercido una labor de regulación social las guerrillas de las Farc y el Eln en los últimos 30 años, la Fundación Paz y Reconciliación determinó que son por lo menos 281 municipios donde deberán hacerse esfuerzos importantes para consolidar los acuerdos de paz que se alcancen, en un futuro, con esas organizaciones armadas ilegales. A ello se suman unos 300 municipios en los que predominan actividades económicas ilegales y se tiene conocimiento de presencia y dominio de grupos surgidos desde mediados de 2006, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). “Si bien estos 300 municipios no son foco fundamental del postconflicto, deberá pensarse un tratamiento especial para ellos, para lograr construir una sociedad pacífica y democrática a futuro.
El resultado de la investigación quedó plasmado en el siguiente mapa en el que se registran las regiones en las que, con diferentes niveles de vulnerabilidad, necesitarían cambios de fondo para que, en caso de establecerse un acuerdo de paz, se concreten los puntos que se pacten en la mesa de negociaciones.
De acuerdo con Paz y Reconciliación, la guerrilla de las Farc hace presencia en 242 municipios de 14 regiones del país, donde vive por lo menos el 12% de la población colombiana, y en por lo menos 112 tienen “una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social”. En relación con el Eln, afirma que opera en 99 municipios, ubicados en 7 regiones del país, con una capacidad de injerencia importante en 4 de estas zonas. Un análisis detallado de estas regiones muestra que en un amplio porcentaje hay actividades económicas ilegales y se sitúan en zonas de fronteras agrícolas marginalizadas de los circuitos económicos centrales de país.
Esta investigación tuvo en cuenta cuatro factores adicionales a los de la presencia efectiva de las guerrillas para determinar el potencial riesgo de vulnerabilidades en un escenario de posconflicto: presencia institucional (número de hospitales, juzgados, oficinas bancarias, etc), factores de violencia (cultivos de coca y explotación minera), componente geográfico (índice de ruralidad y cobertura de vías terciarias) y el índice de necesidades básicas insatisfechas. El siguiente cuadro muestra los diez municipios más vulnerables.
Para atender estos 281 municipios en el eventual periodo de posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación propuso un plan de choque que debería implementarse durante el primer año de acuerdos, al que llamó “Victorias tempranas de la paz”, y que definió como “un conjunto de actuaciones concretas en un cortísimo período de tiempo, en territorios claramente focalizados; las acciones deben tener una posibilidad de realización rápida y un alto nivel de visibilidad, de tal manera que rindan un saldo medible no sólo en el impacto directo de la acción, sino también en el nivel de confianza que puede crear la misma en la población respecto del proceso de paz”.
Lo que pretende esta propuesta es que esas actuaciones contribuyan a una valoración positiva del proceso de paz, legitimen el conjunto de acciones que son necesarias para lograr las transformaciones estructurales que el país demanda en el largo plazo.
Para concretar esas acciones, Paz y Reconciliación propuso una “institucionalidad de transición que garantice su identificación e implementación de manera rápida y participativa”, similar a experiencias nacionales del pasado como el Plan Nacional de Rehabilitación o el modelo de Colombia Humanitaria. Adicional a ello, planteó la creación de un marco jurídico de contratación transitorio para estos 281 municipios con una asignación presupuestal específica para ellos.
“Estas victorias tempranas para la paz no se pueden hacer al estilo de la Ley 80, se requiere una respuesta rápida, una consulta expedita y participativa con la comunidad y una asignación presupuestal independiente”, plantea esta fundación y reitera que “los recursos asignados por el ‘ente’ encargado de las acciones de victorias tempranas, no pueden cumplir los requisitos ordinarios de contratación y selección de ejecutores”.
Finalmente propuso el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones comunitarias para lograr una ejecución rápida, siguiendo modelos con algunos elementos que formaron parte de la política para la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de finales del siglo pasado.
