Una audiencia en la que se devolverían 1.500 hectáreas a campesinos despojados por paramilitares en Antioquia fue aplazada indefinidamente porque el Magistrado de Justicia y Paz convocó a Raúl Hasbún y a ‘El Alemán’ antes de decidir si restituía o no los predios.
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| Los campesinos que adelantan sus reclamaciones esperan que la justicia esté de su lado y les restituyan sus predios. Foto VerdadAbierta.com |
El magistrado Álvaro Cerón Coral había tomado la decisión de aplazar esta audiencia y reanudarla el jueves próximo tras admitir el error de no haber notificado de la diligencia con la debida anticipación a dos ex jefes paramilitares, quienes reclamaron su presencia en ella por cuanto serían objeto de discusión bienes inmuebles que, según ellos, están a su nombre y ya han sido ofrecidos al Fondo de Reparación para las Víctimas, pero ante las dificultades de notificación decidió este martes suspender la diligencia indefinidamente.
“A la 1:45 de la tarde del pasado viernes se recibió un memorial del abogado José López Londoño en el que se decía que algunos de los bienes sobre los cuales se pretenden tomar medidas figuran a nombre de su defendido, el señor Raúl Hasbún Mendoza”, explicó el magistrado Cerón, y agregó que de manera verbal el mismo abogado le dijo que el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera se había expresado en el mismo sentido.
Ambos paramilitares operaron durante buena parte de las décadas del noventa y del 2000 en varios municipios del Urabá y el Occidente de Antioquia, donde justamente se encuentran la mayoría de los predios sobre los cuales se reclama su restitución.
Al considerar viable jurídicamente la petición de López Londoño, el Magistrado debió notificar a los ex jefes paramilitares para que asistieran a la audiencia, pero no lo hizo: “hubo una falla por parte nuestra de no haber convocado a los postulados y la doctrina de la Corte es muy clara en el sentido de que deben ser convocados, incluso, terceros que tengan interés en los bienes que van a hacer objeto de una decisión, bien sea medida cautelar o cancelación de los títulos. Eso me obliga a posponer la audiencia para reparar esa falla”.
La decisión de suspender la audiencia fue respaldada por los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, no así por la abogada que representa los intereses de los campesinos, quien insistentemente presentó argumentos para evitar su aplazamiento, que estaba programada para realizarse entre este lunes y el próximo viernes.
Doris Alicia Berrocal Cogollo, fiscal de la Unidad de Justicia y Paz delegada para esta audiencia, expresó su preocupación por la falta de notificación de los terceros interesados o afectados, e incluso reveló que antes de iniciar la diligencia iba a proponer la suspensión: “no se concibe la justicia sino dentro del marco del estado social de derecho y lo más lógico es que si ellos (los ex jefes paramilitares) van a resultar afectados con la medida deben estar aquí”.
Por su parte John Jairo Posada Orrego, representante de la Procuraduría General de la Nación, reivindicó el derecho que tienen Hasbún Mendoza y Rendón Herrera de asistir a la diligencia: “ellos tienen derecho a estar en esta audiencia para discutir su tenencia de buena fe”.
La representante de las víctimas, la abogada Jennifer Mujica Flórez, quien hace parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, rebatió los argumentos sobre el supuesto interés del ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza en esta reclamación, por cuanto ninguno de los bienes sobre los cuales se pidió la cancelación de títulos es de su propiedad: “es más, Hasbún no aparece como autor material ni como responsable del despojo de esos bienes, por lo tanto no debería dársele mayor consecuencia al escrito presentado por su defensor, por lo que sugiero que la audiencia no sea cancelada”.
No obstante la petición, el Magistrado de Control de Garantías insistió en la suspensión de la audiencia: “Mi interés es hacerla, pero debo evitar que sobre ella se decrete una nulidad, pues sería mucho más frustrante”.
En una intervención, la representante de los campesinos expuso que las normas de las Altas Cortes protegen a terceros cuando la posesión de los bienes es de buena fe, “asunto que en el caso de los ex jefes paramilitares Hasbún Mendoza y Rendón Herrera no sería aplicable”, insistió.
El Magistrado recriminó a la abogada Mujica Flórez aduciendo que hasta que no sean escuchados en esa audiencia “no se podrá calificarlos como poseedores de buena o de mala fe” a los ex comandantes paramilitares. “Hay que oírlos, punto, así no se les dé razón”, reiteró, y le recordó a la apoderada de las víctimas que justamente el papel de un juez de garantías es “garantizar que las partes sean oídas por lo menos”. Además, indicó que no permitiría que esa audiencia “se convirtiera en un show político”.
La solicitud de cancelación de títulos, la primera de estas características en el país, fue presentada en noviembre de 2009 y el proceso está siendo apoyado por la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia. Se trata de 1.570 hectáreas ubicadas en los municipios de Apartadó, Turbo, Mutatá, Necoclí, Sonsón y Sopetrán, de las que 94 personas fueron despojadas a través de diferentes mecanismos, como la venta forzada o la suplantación de los titulares para poder configurar la venta falsa o fraudulenta.
Entre las tierras reclamadas se encuentran las de un campesino del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, quien fue obligado a vender 125 hectáreas de su propiedad, las cuales, con el paso del tiempo, aparecieron adicionadas a un terreno de 409 hectáreas de las que ahora son dueñas Kenia Gómez Toro y Rosa María Castaño, la viuda e hija de Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Reacciones
Si bien Mujica Flórez se mostró en desacuerdo con la decisión de suspender la diligencia, se mostró confiada en que se pudieran notificar a los ex comandantes paramilitares y comparezcan ante la audiencia, “pues con ello tendrán que decir quiénes son sus testaferros”.
Según la documentación preparada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia para esta audiencia, algunos de los perpetradores de los despojos son los ex paramilitares Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’; Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’; y Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘Macguiver’.
También está Benjamín Alvarado Bracamonte, que está en la banda de ‘Los Traquetos’, contra quien hay orden de captura y es uno de los hombres más buscados en Urabá”, precisó la apoderada de los labriegos.
Albeiro Valdés, poblador del corregimiento El Totumo, de Necoclí, expresó su frustración por la suspensión de la audiencia, “pero hay que entender que esto no iba a ser fácil. Hay que seguir adelante para ver cómo podemos solucionar todo esto”. Este campesino está reclamando en este proceso 70 hectáreas que un paramilitar le quitó mediante amenazas a mediados de la década del noventa y que luego fueron vendidas a otras personas.
A su vez, Manuel Mercado, del corregimiento Tulapa, de Turbo, víctima de un desplazamiento masivo en 1995 por presión de grupos paramilitares fue obligado, al año siguiente, a vender 45 hectáreas por un precio irrisorio, “a 50 mil pesos la hectárea”, dijo. “Nosotros esperamosque nos restituyan esas tierras, las necesitamos para trabajar”, reiteró, y aseguró que el Magistrado “no cerró la puerta del todo, aún hay esperanza”.
Se espera que el Magistrado decida prontamente cuándo convocará la audiencia para que, de una vez por todas, dirimia el conflicto jurídico que tiene en ascuas a decenas de campesinos que esperan que la justicia esté de su lado para que sus bienes les sean restituidos.
