Veinte familias campesinas expulsadas por paramilitares en los noventa, fueron vueltas a desalojar a la fuerza por un vecino palmicultor.
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| Las familias protestaron por el desalojo ante las autoridades departamentales del Cesar, las que le dieron su respaldo, pero hasta el día de hoy, no han conseguido soluciones. Foto: VerdadAbierta |
Pitalito es una vereda del municipio de Chimichagua, que colinda con la población de Curumaní, centro del Cesar, muy cerca de la Ciénaga de Zapatosa. Desde 1996, llegaron allí a colonizar veinte familias que lograron organizarse como comunidad, con Junta de Acción Comunal reconocida jurídicamente, escuela y puesto de salud. Llevaban una vida comunitaria normal hasta 2000, cuando grupos paramilitares los desplazados a la fuerza, después de asesinar a una decena de personas.
La vereda entera se asentaba en un predio que, en 1960, fue adjudicado por el antiguo Incora a los esposos Amelia y Aristedes Chacón, quienes finalmente no se fueron a vivir allí a trabajar la tierra. Por tanto la finca quedó sola y desde 1985 empezaron a llegar campesinos sin tierra a colonizar. Esos vendieron a otros, o heredaron y para 1996 había veinte familias en posesión de esas tierras. Éstas fueron las desplazadas por la violencia, y hoy reclaman ante la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura que se les devuelva y se les titulen esas tierras que abandonaron cuando huyeron para salvar sus vidas de la arremetida paramilitar.
Luego, entre 2003 y 2004, decidieron volver a sus fincas, decididos a retomar su buena vida agrícola y comunitaria. Y así lo consiguieron hasta hace poco. En 2009 incluso tuvieron buenas noticias. El nieto de los dueños originarios de Pitalito, los esposos Chacón, les informó que su familia había vendido la hacienda al Incoder. Así que los campesinos se fueron a gestionar ante esta entidad la titulación de sus tierras, pero la respuesta que obtuvieron fue que dicho predio no se podía titular porque era una reserva forestal. ¿Cómo pudo el Incoder comprar un predio que no servía para titularle a los campesinos? ¿Cuánto pagó?
El 16 de enero de 2010 las cosas empeoraron. Un vecino de la comunidad de Palmito, un cultivador de palma africana llamado Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, oriundo del Magdalena, les vino a decir que él era el propietario legítimo de las tierras que habitaban. (Ver denuncias de los campesinos).
El palmicultor figura entre las 15 familias que recibieron más recursos del Programa Agro Ingreso Seguro en el departamento. Según los registros del AIS, Fernández de Castro aparece como representante de Alberto Lacouture Pinedo en la solicitud de un subsidio, y figura personalmente como beneficiario de otro subsidio. Por este mecanismo de créditos subsidiados del Estado recibió entre 2007 y 2008 más de 900 millones de pesos.
Fernández de Castro ofreció a los campesinos de Palmito comprarles las mejoras de sus parcelas. Según una de las mujeres de la comunidad, les ofreció poco dinero, pero aún así algunas familias se sintieron presionadas y firmaron papeles en blanco y se fueron. No obstante, 14 familias se negaron a vender y se quedaron.
Cuenta esta mujer que ha sufrido presiones para desalojar su tierra desde 1998. “Yo he sido tres veces desplazada porque después de que me fui de Pitalito a una vereda cercana, Santa Lucía, el jefe paramilitar ‘Cely’ llegó y mató a cinco campesinos y amenazó al resto. Nos tocó irnos otra vez. Pero aún así regresamos y volvieron a sacarnos, hasta el 2004 cuando volvimos otra vez a Pitalito”. Hoy dice que a ella y a sus cuatro hijos “el miedo y el pánico nunca los abandona”.
El palmicultor siguió yendo a presionar a las familias que no habían querido irse. Ellos le propusieron que presentara su propuesta de compra de mejoras a la Junta de Acción Comunal, pero Fernández no quiso y dijo que negociaría con cada uno. Les ofreció entre tres millones y trece millones, conminándolos a aceptar su oferta porque si no los sacaría a la fuerza. Un día de febrero de 2010 se pusieron violentos. Llegaron unos hombres armados a quienes la gente llamó “guajiros” porque parecían oriundos de ese departamento, acompañados de miembros de la fuerza pública, según denunciaron varios testigos. Tumbaron las casas de las familias, dejando solo dos viviendas y el colegio. Aún así las 14 familias se resistieron a irse. Se quedaron hacinados en una sola vivienda, mientras que la maestra de la escuela continuaba dando clases en el colegio a más de 20 niños.
El caso se volvió centro de atención en Cesar porque muchas organizaciones sociales salieron a la defensa de las víctimas. Acompañaron a las familias a denunciar estos hechos ante la Personería y la Alcaldía del municipio de Curumaní, pero sus peticiones no fueron escuchadas, pues estas autoridades aseguraban que Pitalito no era de su jurisdicción, sino de Chimichagua. Igual recorrido hicieron en este municipio, pero allí tampoco hubo reacción. Caso contrario ocurría con Fernández, quien pidió a la Inspección de Policía de Chimigagua que enviaran unos agentes a expulsar a los campesinos que según él habían invadido sus tierras. Su solicitud se hizo efectiva el 24 de junio del 2010. (Ver oposición querella final 2013).
Ese día un teniente de la policía les dio cinco minutos para salir. “Los obligaron a subir a un camión de la Policía, les destruyeron los cambuches y sacaron sus pertenencias, y dejaron a las 14 familias en la última finca de la vereda Calichoza, a cinco minutos de Curumaní”, contó un testigo. El grupo despojado estaba conformado por 30 niños, 10 mujeres, dos ellas embarazadas. Los hombres armados ilegalmente llegaron a intimidar luego, echando tiros al aire y matando a los perros.
Piden restitución
Sin respuesta de la autoridades locales, la comunidad de Pitalito acudió entonces ante la Unidad de Restitución de Tierras de Valledupar, dependiente del Ministerio de Agricultura, en enero de este 2013. Le solicitaron formalmente iniciar un proceso que les restituyera las tierras despojadas. Además se registraron por primera vez como víctimas del conflicto armado.
Sintiéndose respaldadas porque ya iniciaron un proceso formal para que les regresen las tierras que han trabajado por tantos años, las familias que habían dejado Pitalito para vivir hacinadas en un asentamiento llamado Villa Andrés, cerca a Curumaní, regresaron a sus tierras el pasado 21 de mayo. Encontraron que sólo queda en pie la escuela.
“Nosotros lo que queremos es que nos devuelvan la tierra legalmente, lo único que sabemos hacer es trabajar en el campo y nos ha tocado sufrir mucho de un lado a otro”, dice una madre de Pitalito durante un encuentro de líderes de restitución de tierras en Valledupar.
Los campesinos también han iniciado un proceso judicial para oponerse a las pretensiones de Fernández de Castro. Argumentan que lo que busca el palmicultor con el desalojo es ampliar los canales de riego que hay en las quebradas Pitalito y La Esmeralda, de donde se surten de agua sus cultivos de palma en su finca, vecina a la vereda. La ampliación le permitiría, dicen, tener riego, aún en tiempos de verano, cuando los actuales canales se secan.
El pasado 13 de junio, el palmicultor magdalenense –residente en Santa Marta- denunció penalmente ante la directora seccional de Fiscalías en el Cesar, Luisa Pinto, a la profesora Esther Carívien Martínez Ramírez y otras 15 personas, y las organizaciones PBI, el Movimiento de Víctimas de Crimines de Estado, Internacional, el Peace Observatory y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por los delitos de concierto para delinquir, invasión de predio rural e injuria y calumnia. VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Fernández de Castro, para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible.
La justicia aún no ha fallado el caso, y la Unidad de Tierras está investigando la tradición y límites de los predios para poder documentar el caso de los campesinos de Pitalito ante un juez de tierras.
