En la capital de Valle del Cauca se registraron otra vez disparos por parte de hombres vestidos de civil en medio de refriegas durante una nueva jornada del Paro Nacional, resguardados o en connivencia con integrantes de la Policía Nacional. ¿Aviva esa violencia la negación de la moción de censura al Ministro de Defensa por los excesos de las fuerzas del orden en medio de las manifestaciones callejeras?

Justo cuando las manifestaciones del Paro Nacional cumplían un mes, y 19 días después de que en Cali se vivieran varias balaceras en el barrio Ciudad Jardín, en las que civiles dispararon contra miembros de la Guardia Indígena proveniente de Cauca, en medio de agentes policiales que no reaccionaron para contener dichas acciones ni realizaron capturas, se repitieron las mismas escenas.

Ocurrieron este viernes hacia las cuatro de la tarde en inmediaciones al Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía ubicado sobre la Calle 16, una de las vías de acceso que conducen hacia ese exclusivo sector de la capital vallecaucana.

Videos de manifestantes grabados con celulares y otros de cámaras de seguridad de establecimientos comerciales, muestran a hombres accionar pistolas y fusiles sin pudor. Nuevamente, no hubo reacción de los uniformados ni capturas.

Esas acciones se dieron en medio de una nueva jornada de protesta social por parte de jóvenes que se habían concentrado en los alrededores de la Universidad del Valle. Algunos testimonios señalan que las acciones de los manifestantes derivaron en actos vandálicos, pues fue destruida la estación Universidades del sistema de transporte masivo de la ciudad, conocido como el MÍO, y apedreadas decenas de establecimientos comerciales. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)

Ese video del diario El País, el de mayor circulación en Valle del Cauca, recopila varias grabaciones realizadas por residentes de Ciudad Jardín. En la primera de ellas, un hombre narra que es necesaria la ayuda de los vecinos del sector para respaldar a la Policía, pues manifestantes o infiltrados, dependiendo de la versión que rinda cualquiera de las partes interesadas en el Paro Nacional, están haciendo destrozos y atacando a la Policía.

Y, en el minuto 4:04, se muestra el video de residentes de un segundo piso ubicado al frente del CAI, que graban cómo un grupo de encapuchados y hombres vestidos con trajes de bioseguridad con el logo de anarquía a sus espaldas, lanzan piedras contra ese edificio policial.

Esos hechos se dieron luego de la decisión del alcalde Jorge Iván Ospina de no sacar a las calles al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía para evitar choques con las manifestaciones convocadas para conmemorar el primer mes del Paro Nacional.

Vecinos del sector cuentan que ante el ingreso de una turba violenta y la ausencia del ESMAD que la dispersara, reaccionaron para evitar que ingresaran al barrio y causaran más destrozos.

Muchas preguntas

Ese incidente genera varios cuestionamientos a su alrededor que muestra otra cara sobre los hechos conocidos por redes sociales.

¿Por qué, si la protesta se estaba realizando de manera de pacífica en las inmediaciones de la estación del MÍO y de la Universidad del Valle, en el cruce de dos vías principales como son la Calle 16 y la Carrera 100, un grupo de encapuchados avanzó varias cuadras atacando lo que se encontraba a su paso en Ciudad Jardín? ¿Quiénes realizaron esas acciones? ¿Los ataques iniciaron por parte de manifestantes, vándalos o infiltrados del Estado? ¿Por qué en los videos grabados por manifestantes dicen que estaban protestando de manera pacífica, pero hay destrozos en el barrio?

Esas acciones no justifican ni dan vía libre para que civiles hagan disparos protegidos por agentes de la Policía, ni mucho menos para que no sean capturados. Sin embargo, son el reflejo de la degradación o del río revuelto en el que diferentes actores pretenden pescar valiéndose de las justas reclamaciones que derivaron en un Paro Nacional que se ha sostenido durante más de cuatro semanas de manera ininterrumpida.

Y también muestran falencias en la política de seguridad de la ciudad y la falta de garantías para los manifestantes y para quienes no hacen parte de las protestas. ¿Cómo es posible que vecinos armados tengan que salir a “proteger” su barrio y a la Policía? ¿Las armas que portan son legales y sus portadores cumplen la reglamentación para usarlas? En caso de haber desmanes en las protestas, ¿cómo se pretendía proteger la infraestructura pública y los bienes privados si el ESMAD iba estar acuartelado? ¿Cómo debían responder los uniformados de los CAI para disipar una posible turba sin accionar sus armas de dotación?

Al caer la noche, nuevamente el gobierno nacional se reunió con los residentes de Ciudad Jardín, un gesto que, sin lugar a dudas, legitima las balaceras provocadas por los civiles. Hace 19 días, y también en la noche, los visitó el ministro de Defensa, Diego Molano, pero en esta ocasión fue el propio jefe de Estado, Iván Duque Márquez, quien acudió a dialogar con ellos y les estrechó la mano efusivamente.

Lo paradójico es que tras un mes de protestas ni el Presidente de la República ni el Ministro de Defensa han acudido al llamado de los jóvenes de los barrios populares de la capital del Valle del Cauca para dialogar con ellos y escuchar las razones de su inconformidad.

Que en menos de tres semanas ocurrieran sendas balaceras a plena luz del día y en medio de agentes de la Policía Nacional, sin que existan las más mínimas consecuencias para los pistoleros vestidos de civil, ha despertado una ola de indignación entre diversos sectores sociales y políticos, detrás de la cual hay un fuerte debate sobre un posible resurgimiento del paramilitarismo en el país, con algunas variaciones respecto de lo vivido durante las décadas de los ochentas, noventas y comienzos del dos mil.

¿Estamos realmente ante un fenómeno de paramilitar o parapolicial en el que ciudadanos por fuera de las fuerzas del orden se alían con ellas para hacer su trabajo sucio? ¿Se trata de unidades de policía que, por labores de inteligencia, se mimetizan con los ciudadanos y están desestabilizando la protesta social? ¿Hay una rueda suelta de la Fuerza Pública accionando sus armas de dotación contra la población civil? ¿Esas acciones son amparadas por las autoridades de investigación y judiciales, puesto que no hay registros ni anuncios de capturas? Son pocas las respuestas.

Los pasados lunes y martes, el ministro Molano enfrentó dos debates de censura, uno en el Senado y el otro en la Cámara de Representantes. En ambos escenarios desestimó las fragantes violaciones de derechos humanos y excesos cometidos por uniformados en medio del Paro Nacional que han quedado registradas en cámaras de seguridad y videos de ciudadanos.

Además, el funcionario le restó importancia a las cifras de organizaciones no gubernamentales que han registrado cientos de desapariciones forzadas y más de 40 asesinatos. Finalmente, salió bien librado de ese escenario porque 69 senadores votaron para que continuara en su cargo. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

Esa decisión que tomó el pasado jueves el órgano legislativo, dominado por partidos políticos afines al gobierno nacional, aumentó la indignación y diferentes sectores de la opinión pública la interpretaron como un espaldarazo a los abusos policiales, la represión y el caos que están sembrando civiles con sus armas, pues constantemente se registran noticias de personas disparando desde vehículos particulares.

Uno de los casos más representativos de ese tipo de actuaciones es el ataque contra Lucas Villa, ocurrido el pasado 6 de mayo en el viaducto César Gaviria, en la ciudad de Pereira, al concluir una jornada de protesta. Este activista, quien murió varios días después, recibió múltiples disparos desde un vehículo en el que se desplazaban varios hombres vestidos de civil.

Ese tipo de acciones ha dirigido los reflectores sobre la Fiscalía General de la Nación por la falta de medidas contra los civiles que están atacando a los manifestantes con armas de corto y largo alcance, y contra los uniformados que los están protegiendo. Es poco lo que el titular de esa entidad, Francisco Barbosa, ha expresado públicamente.

Su silencio contrasta con la enérgica lucha que ha desplegado contra las acciones vandálicas que se han producido durante el mes que ya ajusta el Paro Nacional. La estrategia ha sido la de publicar carteles con imágenes de los supuestos responsables de saqueos; realizar capturas de presuntos vándalos; recuperar la caja fuerte de un cajero automático hurtada en Cali; y extinguir el dominio de dos vehículos de la Guardia Indígena del pueblo Nasa que al parecer fueron usados para ingresar a un condominio en la zona de Pance, donde se presentó, días atrás, el primer ataque a plena luz del día de civiles contra los indígenas, dejando doce de ellos heridos.

Y en Cali, como si fuera poco el ambiente enrarecido sobre paramilitarismo o guerra sucia estatal, ayer se añadió un delicado ingrediente, al descubrirse que un hombre vestido de civil, que asesinó con disparos de arma de fuego a dos jóvenes manifestantes en uno de los bloqueos del sector de La Luna en horas del mediodía, resultó ser un funcionario activo de la Fiscalía General de la Nación.

En respuesta a ese ataque, el hombre fue perseguido y asesinado a golpes por una turba enardecida, que encontró documentos que lo identificaron como integrante del ente acusador.

Horas después de ese cruento ataque, el fiscal Barbosa se solidarizó con las familias de las dos víctimas y reconoció que, efectivamente, Jorge Bermúdez Ortiz, pertenecía al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de esa entidad, pero indicó que en ese trágico día “estaba de descanso”.

Ese hecho avivó las preguntas sobre los pistoleros civiles que atacan a manifestantes. ¿Se trata de funcionarios estatales que se camuflan sin sus uniformes para desestabilizar las protestas o son labores legítimas de inteligencia que han salido mal al ser descubiertas?

Es una duda que crece al tener presente otro antecedente ocurrido en Cali el pasado 7 de mayo, cuando agentes de la Policía que vestían de civil y se movilizaban en un camión, dispararon de manera indiscriminada contra manifestantes que habían instalado un punto de bloqueo en el sector de El Ancla, en el occidente de la ciudad.

Mientras tanto, la última respuesta por parte del gobierno nacional, impartida ayer, fue la misma que ha dado, en dos ocasiones anteriores: desplegar en Cali la mayor capacidad de Fuerza Pública en sus calles para levantar los más de once puestos de bloqueo permanentes en vías principales y decenas de retenes ilegales que pululan por la ciudad.

En esta ocasión, el presidente Duque fue más allá de las órdenes verbales y expidió el Decreto 575 de 2021, en el que ordena a los gobernadores de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y a los alcaldes de 13 municipios, entre ellos Cali, que coordinen con las autoridades militares y de policía la asistencia militar, para afrontar la grave alteración de seguridad y levantar los bloqueos internos que se presentan en sus jurisdicciones.

Adicionalmente, les ordenó “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos”; así como mantener informada a la opinión pública nacional e internacional sobre los avances en el control del orden público.

Y lo decretado por el gobierno nacional contiene una amenaza: “Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones que haya lugar”.

Conocido el decreto, diversos sectores sociales comenzaron a pronunciarse en contra de esas órdenes por cuanto consideran que es inconstitucional y viola el derecho a la protesta, además de señalar que es una medida de fuerza sobre la cual los mandatarios locales y regionales deberían pronunciarse y cuestionarlo pues, a juicio de los críticos, va en contravía del orden constitucional.

Por lo pronto, las calles de la capital del Valle del Cauca son un territorio de nadie, donde parece suspendido, de facto, el Estado Social de Derecho y los muertos no cesan. Ayer se registraron diez casos, según la Secretaría de Gobierno caleña. ¿Hasta cuándo?

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