El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo alertó nuevamente sobre el recrudecimiento de la violencia contra defensores de derechos humanos de la región de la Serranía del Perijá, así como contra integrantes y defensores de derechos de la población Lgtbi en Valledupar.
En Cesar las organizaciones sociales están en alerta. El pasado 21 de agosto hombres armados llegaron hasta la finca El Porvenir, en la vereda Dos Brazos, del municipio de Chimichagua y dispararon indiscriminadamente contra una familia campesina. En el lugar murió Luis Henry Vera Gamboa y Óscar Emilio Carvajalino, y resultó gravamente herida Diosa María López Pérez, esposa de Vera. Su hija, de 13 años de edad, logró esconderse hasta que los victimarios huyeron.
Según relata la comunidad, Vera Gamboa era reconocido por su liderazgo social como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Desengaño, del municipio El Carmen, en Norte de Santander, de donde había sido desplazado. Además, era el enlace dinamizador de la Mesa Regional Campesina del Perijá (MRPC) en esta zona, una organización social que ha impulsado la sustracción de reserva forestal de 74 mil 947 hectáreas de la Serranía del Perijá para la constitución de la Zona de Reserva Campesina de esa región.
Vera y su familia llegaron a Chimichagua en condición de desplazamiento, tras huir de cruentos combates entre el Frente Camilo Torres Restrepo del Eln y el Frente Elisenio Torres Villalba del Epl en zona rural de El Carmen.
Desde comienzo de este año, el SAT de la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo sobre el riesgo de confrontación entre estos dos grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, una situación que recrudeció y se ha prolongado durante estos meses. (Leer más en: En Cesar y Norte de Santander temen confrontación entre el Eln y el Epl y La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)
Los Vera sobrevivían en Chimichagua por invitación de Rosa María García de la Rosa, presidenta de la MRPC, quien les brindó una mano dada su situación, pues ella también ha sido víctima de desplazamiento en el Perijá. La comunidad relata que días antes del asesinato en la finca El Porvenir varios hombres estuvieron preguntando por los campesinos.
Seis días después de los crímenes contra Vera Gamboa y Carvajalino, Dormelina Romero, también líder del MRCP y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), fue desplazada del municipio de Pailitas por riesgo de ser asesinada presuntamente por miembros del Epl, una antigua facción armada ilegal que decidió no desmovilizarse bajo los acuerdos alcanzados con el gobierno nacional en febrero de 1991.
Romero tuvo que ser escoltada por la policía hasta el casco urbano, tras su expulsión de la vereda Raya Grande, donde hombres armados buscaban para matarla.
Informes recientes del SAT aluden a rumores en la región que indican que existe una lista con los nombres de los líderes y lideresas del MRCP que estarían en la mira de grupos armados ilegales que se disputan el Perijá, principalmente el Eln y el Epl, que ven en esta región una zona estratégica para sus intereses criminales.
Para esta agencia del Ministerio Público, los integrantes de la organización campesina sobreviven entre la zozobra, el temor y el desánimo que les produjo la suspensión de la creación de la Zona de Reserva Campesina del Perijá ordenada por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-052 de febrero de 2017 tras un reclamo de la comunidad indígena Motilón-Barí, que exigió la consulta previa.
La creación de zonas de reserva campesina, como un mecanismo de estabilización y consolidación de la economía rural, está contemplada en la Ley 160 de 1994 y hasta el momento se han constituido seis, situadas en los departamentos de Cundinamarca, Putumayo, Bolívar, Guaviare, Caquetá y una compartida por Antioquia y Bolívar. (Ver mapa)
Aunque el primer punto del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc promete una reforma rural integral que busca consolidar esta figura, las organizaciones campesinas, varios congresistas y académicos han advertido que sigue siendo una promesa de papel, por cuanto existe la proyección de ampliar el uso de los baldíos, o tierras de la Nación, para iniciativas de minería, agroindustria e infraestructura, declarándolos, además, de utilidad pública e interés social. (Lea: Proyecto de ley sobre tierras es lesivo para comunidades rurales vulnerables)
La posibilidad de una zona de reserva campesina en el Perijá también sería una “piedra en el zapato” para los actores armados ilegales que se disputan la zona, pues la región es un ‘botín’ que buscan el control de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, así como de los eslabones para la producción y comercialización del clorhidrato de cocaína, que es su principal fuente de financiación.
Las alertas de los últimos meses han insistido en la vulnerabilidad de los líderes de la Serranía del Perijá en jurisdicción de los municipios Pelaya, Pailitas, Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná, donde los labriegos exigen la prometida zona de reserva campesina, pero también el reconocimiento como territorios campesinos agroalimentarios.
Violencia constante
Otra de las preocupaciones que alerta el SAT es el asesinato y amenaza contra líderes y defensores de los derechos de las Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Ltbi) en Valledupar, capital de Cesar. Según reportes recientes, desde hace varios meses circulan panfletos que amenazan con una “limpieza social” contra mujeres trans que ejerzan la prostitución.
Y al parecer se pasó de la amenaza a la acción. El pasado 15 de agosto fue asesinada Lily Chirinos Carrillo, de 30 años, una mujer trans venezolana, cuyo cuerpo fue encontrado frente a las mallas que circundan el aeropuerto Alfonso López Pumarejo. Según los relatos de vecinos, días atrás varios hombres habían llegado al sector, realizando varios disparos al aire. (Ver panfletos)
En febrero pasado, el SAT también alertó sobre la circulación de un panfleto de presunta autoría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. En el panfleto, que circuló en el corregimiento de La Mesa-Azúcarbuena y en los barrios La Nevada, Don Alberto, Los Milagros y Las Torres, de Valledupar, amenazan a 18 defensoras y defensores de derechos humanos, y líderes sociales del departamento. (Leer más en: Líderes sociales en Cesar, bajo grave riesgo)
Al parecer los intimidados participaron en una reunión de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar y la Red de Embajadores, con participación de los embajadores de Alemania y el Reino de los Países Bajos, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Undas para los Derechos Humanos, realizada el 23 de enero en Valledupar.
Entre el listado fueron amenazados líderes del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, la Corporación Defensora de Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar (Asocamtice); la Fundación Manos Unidas de Colombia (Fmuc), y la Asociación de Víctimas del Río de Oro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviario, Comercializadores, Transportadoras, afines y similares del sector (Sintraime).
También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética (Sintraminiergética), el Comité Clasista del Corredor Minero, la Confederación Indígena Tayrona (CIT); PAX Colombia, el Comité de Impulso de la Reperación Colectiva de la Universidad Popular del Cesar, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), La Plena, prensa alternativa y popular del Caribe; la Asociación Coombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), la Fundación Lazos de Dignidad (FLD), Identidad Estudiantil Cesar; la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierras del Cesar (Asocamtice) y la Comunidad Afrodescendiente de Boquerón.
En sus llamados a diversas entidades estatales, el SAT solicita que se hagan las gestiones necesarias para que se estudie el riesgo que persiste sobre estos líderes, así como la posibilidad de implementar medidas colectivas de protección que garanticen la vida de la comunidad.
El Sistema de Alertas Tempranas, que monitorea de forma permanente la situación de los líderes sociales, asegura que entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018 han sido asesinados 343 defensores de derechos humanos. En Cesar, en este mismo periodo, han sido asesinados siete líderes sociales, de los cuales dos han ocurrido este año: Yoiner Yesid Velásquez Rodríguez, el 17 de junio, en Pailitas; y Luis Henry Vera, el 21 de agosto, en Chimichagua.
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