El Proyecto de Ley radicado ante el Congreso de la República el pasado 20 de marzo por el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, para desarrollar el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca, marihuana y amapola, no cayó nada bien entre los cocaleros que ya participan de esta iniciativa y de aquellos que piensan suscribir acuerdos colectivos y señalan que no continuarán con la sustitución voluntaria si no se modifican puntos sustanciales de éste.
Buena parte del futuro del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), estrategia surgida del Acuerdo de Paz con las Farc para darle solución al problema de las drogas ilícitas, está en suspenso. Así quedó claro el pasado martes en Bogotá tras una reunión que sostuvieron todos los delegados regionales que integran la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), para definir si continúan participando de ese proceso o no.
“Nos declaramos en asamblea permanente y seguiremos adelantando un proceso de socialización sobre el estado de crisis que atraviesa el PNIS y realizando consultas regionales y nacionales para en el menor tiempo posible reunirnos nuevamente, para tomar definiciones frente a una eventual suspensión de nuestra participación en dicho programa en caso de que se mantengan los incumplimientos”, anunció la Coccam a través de un comunicado expedido ayer. (Leer comunicado)
La razón: la gran molestia que existe al interior de la Coccam e, incluso, entre los cultivadores de hoja de coca no organizados, por el Proyecto de Ley que radicó el pasado 20 de marzo el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, ante la Secretaría del Senado de la República, con mensaje de urgencia, por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores ilícitos.
Dicho Proyecto de Ley fue presentado ante el órgano legislativo en octubre del año pasado para que fuera tramitado bajo el mecanismo de Fast Track y como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, en particular con el Punto 4, relativo a la solución de las drogas ilícitas en Colombia. En él se proponía, básicamente, cesación de la acción penal para aquellos cultivadores que tuvieran un máximo de 3,8 hectáreas sembradas con hoja de coca, entre 18 y 84 metros cuadrados de marihuana y entre 0,8 y 3,8 metros cuadrados de amapola, así como un tratamiento penal especial para quienes han sido condenados por tener cultivos ilícitos, principalmente madres cabeza de familia.
Sin embargo, las fuertes críticas lanzadas a la iniciativa por parte del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sumado al bloqueo de muchos proyectos legislativos derivados del Acuerdo de Paz por parte de algunas bancadas del Congreso, hicieron que éste fuera archivado.
No obstante, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, volvió a presentar nuevamente el proyecto, pero con sustanciales cambios que despertaron la preocupación e indignación entre los cultivadores de hoja de coca y los miembros de la Farc que integran la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a los Acuerdos de Paz (CSIVI).
El más significativo de ellos es la reducción del área sembrada con cultivos ilícitos para acceder al tratamiento penal diferenciado; en otras palabras, con este proyecto de ley se pasó de considerar al pequeño cultivador como aquel que siembra un máximo de 3,8 hectáreas de hoja de coca para decir que es aquel que conserve y mantenga hasta un máximo de 1,78 hectáreas.
El Proyecto de Ley contempla, además, la renuncia de la acción penal y la extinción de la sanción penal a todos los pequeños cultivadores que sustituyan sus cultivos ilícitos y no resiembren dentro un periodo de verificación que puede ser hasta de dos años. Además, se reajusta la pena a imponer a los pequeños cultivadores que no se acojan al PNIS, pero cuyas áreas de cultivo no superen el umbral determinado para el pequeño cultivador.
Para la Coccam, este proyecto, además de excluir de todo beneficio a quien ya se acogió al PNIS, desconoce la caracterización y la información que ha recogido en terreno la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos que, dicen, definió en reuniones con campesinos cocaleros el área de 3.8 hectáreas como el mínimo de siembra de cultivos para que una familia pueda subsistir.
“La presentación de este proyecto constituye en una traición flagrante a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que pusieron su confianza en el proceso de paz al inscribirse en el programa (PNIS) y a las organizaciones en los territorios que han asumido al pie de la letra el Acuerdo Final para promover la implementación del Punto 4”, tal como consignó la Coccam en comunicado público.
Los miembros de la Farc que integran la CSIVI también manifestaron su rechazo al Proyecto de Ley. Mediante comunicado público señalaron que esta iniciativa desconoce, entre otros, el enfoque territorial del Acuerdo de Paz, deja por fuera de todo beneficio a todo un grupo de campesinos que, si bien no siembran, sí hacen parte de la cadena de transformación primario de la hoja de coca (raspachines, arrieros, entre otros), no cuenta con enfoque diferencial para mujeres, en especial madres cabeza de familia, condenadas por delitos relacionados con drogas, pero no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales. (Ver más en: Coca: un negocio familiar que marca a la mujer)
“No incorpora el enfoque étnico, desconociendo los usos ancestrales y medicinales que hacen algunos pueblos indígenas como parte de su identidad cultural. En ese sentido, se niega a distinguir estos usos de los fines de la producción, estigmatizando tácitamente dichas prácticas (…) reiteramos nuestro compromiso con la paz, pero recordamos que la existencia de los cultivos está ligada a la persistencia de condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en las zonas rurales”, señaló la Farc en su comunicado.
Explicaciones
Al ser consultados sobre el tema, funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho reiteraron que la aplicación exitosa del tratamiento penal diferenciado al pequeño cultivador redundará en la reducción del número de hectáreas sembradas con hoja de coca en el país, además de vincular a esta población a legalidad y, con ello, a las ofertas estatales para la superación de la pobreza.
Además, de acuerdo con Martha Paredes Rosero, Subdirectora Estratégica y de Análisis de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, la determinación de reducir de 3,8 ha a 1,78 hectáreas el área cultivada para un pequeño cultivador se basó en una metodología diseñada por un equipo interdisciplinario, a fin de contar con todas las perspectivas de análisis posibles.
“Se estimó las áreas requeridas en cultivos de coca para satisfacer las condiciones de ingreso bajo el umbral de dos salarios mínimos mensuales promedio, de acuerdo con parámetros definidos por estudios previos de rendimiento, precios y tamaños promedios de lotes de coca realizados por Unodc-Simci en colaboración con el Ministerio de Justicia y del Derecho”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con Paredes Rosero, “el umbral de aplicación de 1,78 hectáreas para el cultivo de coca se calcula con base en el promedio de todas las regiones y cubre la mayor proporción de cultivadores. Asimismo, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos del Simci-Unodc, la tendencia del tamaño promedio de lotes de coca en Colombia se ha mantenido inferior a una hectárea durante más de siete años”.
La funcionaria agregó que tanto la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, como las entidades que tienen competencia en este tema, participaron activamente en la construcción de este Proyecto de Ley, y desestimó las críticas formuladas por la Coccam según las cuales, el Proyecto de Ley radicado en el Congreso por parte de Ministro de Justicia y del Derecho excluya a quienes ya son beneficiarios del PNIS.
“El proyecto de Ley no excluye del beneficio judicial a quienes ya se acogieron al PNIS. El artículo 2 de dicho proyecto establece que una vez los posibles beneficiarios del tratamiento judicial diferenciado realicen la suscripción del acuerdo colectivo, se tendrá un año para suscribir el acta de compromiso individual o el documento que haga sus veces, razón por la cual, desde la entrada en vigencia de la ley o desde la suscripción de acuerdos colectivos de sustitución se tendrá un año para suscribir acta individual de compromiso y a partir de allí acceder al tratamiento penal diferenciado, lo que implica que cualquier persona en ese lapso de tiempo se pueda acoger a dicho tratamiento penal”, indicó Rosero.
No obstante, la funcionaria manifestó que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en el informe de ponencia, recomendará un régimen de transición para las personas que hayan suscrito compromiso con el Pnis y cuyas áreas de cultivo superen a las determinadas para el pequeño cultivador, honrando su buena fe y su compromiso con la sustitución voluntaria de cultivos.
