Se trata de una política pública en la que destacan la creación del Ministerio de Paz y la Reconciliación; un plan de choque para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz; la reanudación de diálogos con la guerrilla del Eln; la búsqueda de salidas jurídicas a las disidencias de las antiguas Farc; el sometimiento de estructuras del narcotráfico; reformas a la Policía y las Fuerzas Militares; y un cambio de paradigma en la política antidrogas.
“Para avanzar en la justicia social se tienen que cerrar los diques de la violencia”, afirma Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y una curtida defensora de derechos humanos, al referirse a las expectativas que tiene sobre el futuro de la paz en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que arrancará el próximo 7 de agosto.
Y para lograr ese cierre que propone Sánchez, un equipo de trabajo está concluyendo un documento que contiene los principales lineamientos de la política pública que se conocerá como Paz Total. Se trata de una hoja de ruta que, como la describe el senador Iván Cépeda, ofrecerá “una nueva visión de los problemas de la paz en el país y de su solución”.
Esa propuesta contempla la adopción de por lo menos diez estrategias, que contempla la creación del Ministerio de Paz y la Reconciliación, cuyos objetivos y funciones están en proceso de definición, y la adopción de un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende lograr la pacificación del país de manera integral, con perspectiva territorial y fortaleciendo la seguridad humana.
Una de las ventajas de esta política es el origen de quienes serán la cabeza del gobierno: de un lado, está Petro, quien desde su militancia en el movimiento guerrillero M-19, ha creído firmemente en la búsqueda de la solución política al conflicto armado, así como ir más allá del silenciamiento de las armas y trabajar por la justicia social.
Y del otro lado está Márquez, una mujer negra que construyó su liderazgo al lado de las comunidades del norte de Cauca y quien, poco a poco, aún a riesgo de perder su vida, fue posicionando temas en la agenda nacional como la defensa del agua y de los territorios de comunidades étnicas. “Ella no será una vicepresidenta común y silvestre”, plantea Sánchez. (Leer más en: “¿Para qué sirve que me maten?”)
“Ella arrastrará a unos movimientos sociales y territoriales que harán que el gobierno tenga esa composición desde los territorios y desde movimientos sociales de afros, indígenas y campesinos”, agrega la defensora de derechos humanos. “Eso le genera una particularidad y un sello distinto a la Vicepresidencia” que, tradicionalmente, ha sido ocupada por personas que representan acuerdos con sectores políticos tradicionales.
¿Qué es?
La Paz Total, como política pública integral, pretende romper lo que el senador Cepeda llama la “fórmula fragmentaria y consecutiva” que se ha aplicado en el pasado en el país para resolver el conflicto armado con los grupos alzados en armas.
“El problema de esa fórmula fragmentaria y consecutiva —explica Cepeda— es que genera una especie de círculo vicioso. Por muy exitoso que sea el proceso de paz, siempre quedan disidencias, el Estado no cumple parcialmente el acuerdo y en los territorios se generan nuevas condiciones para la violencia, y entonces volvemos al ciclo: ya no es con el grupo que se desmovilizó, con el que se hizo los acuerdos, sino con los sucesores”. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)
Experiencias de negociaciones y desmovilizaciones de décadas atrás, como con las del M-19, el Ejército Popular de Liberación (Epl), disidencias del Eln y milicias urbanas de distintas tendencias, así como el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y otras estructuras paramilitares, son ejemplos claros de esa fórmula que plantea Cepeda.
De acuerdo con este congresista, quien hace parte de la bancada del Pacto Histórico, movimiento que apoyó a Petro y Márquez, la Paz Total que se pretende adoptar “es un proceso de paz global, simultáneo e integral, que resuelva en una sola etapa todos los problemas y factores de violencia y que, en su especificidad, porque cada proceso es distinto, encuentra una salida articulada a todo el problema”.
Esa ambiciosa política pública, que busca aplicar el artículo 22 de la Constitución Política (“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”), se propone partir de un Acuerdo Nacional. Se trata de una estrategia necesaria porque, en palabras de Cepeda, para que “haya un proceso de paz exitoso se requiere que las distintas fuerzas políticas, sociales y gremiales del país, estén de acuerdo de alguna manera en abordar esa solución, para evitar lo que ocurrió en el proceso de paz con las Farc”.
El senador hace referencia al Plebiscito por la Paz, convocado el 2 de octubre de 2016 para refrendar el Acuerdo de Paz alcanzado con las extintas Farc y cuyos resultados en las urnas no fueron favorables a las pretensiones de quienes apoyaban el Sí. (Leer más en: El veredicto final fue No)
A ese Acuerdo Nacional se sumará un plan de choque para fortalecer la implementación plena del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las Farc. Cepeda tiene claro que si no se atiende este asunto de manera rápida “será muy difícil que los grupos que no han transitado el proceso de paz se vean reflejados en un proceso que no ha sido exitoso y, por lo tanto, sientan desconfianza”. (Leer más en: El tortuoso camino de la implementación)
Datos al respecto respaldan la percepción del senador. Según el más reciente informe del Instituto Kroc, que le hace seguimiento periódico a la implementación del Acuerdo de Paz, su ejecución no se ha detenido, no obstante reconoce que “este proceso experimentó y continúa afrontando serios obstáculos tanto internos como externos” y planteó que “el ritmo de implementación aún no ha entrado, según las mismas mediciones, en una senda que garantice que una mayoría significativa de las disposiciones se completarán dentro del periodo de 15 años previsto por el Acuerdo Final”.
Y esa urgencia de construir confianza a partir de una efectiva implementación del Acuerdo de Paz se requiere en esta hoja de ruta de Paz Total para reanudar los diálogos con la guerrilla del Eln, que han tenido fluctuaciones desde febrero de 2017 cuando se instaló una mesa de conversaciones en Quito, Ecuador, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Esos diálogos fueron suspendidos en enero de 2018 tras un ataque armado en la ciudad de Barranquilla, restablecidos dos meses después en La Habana, Cuba, y cancelados en enero de 2019 tras el ataque dinamitero a la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)
Cepeda plantea que la reanudación de los diálogos con este grupo alzado en armas debe aprovechar “el punto en el que quedaron truncos e intentar a la mayor brevedad resolverlos” y seguir desarrollando la agenda a la que se había llegado durante el gobierno de Santos.
Entre las acciones a adoptar se reconocerán las actuales vocerías del Eln, radicadas en La Habana, se nombrará una delegación del gobierno nacional y se acordarán los garantes y acompañantes del proceso; además, se ambientará el proceso a partir de una política humanitaria y de desescalamiento, y activar dinámicas que lleven a acuerdos humanitarios regionales, especialmente en departamentos como Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde este grupo armado tienen gran dominio territorial. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)
Una efectiva implementación del Acuerdo de Paz buscará atraer a quienes integran las disidencias de las Farc, que se marginaron de lo pactado con el Estado colombiano, y pretende encontrar soluciones jurídicas al desmantelamiento y sometimiento de organizaciones armadas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las llamadas oficinas del narcotráfico.
Al respecto de estas últimas estructuras armadas ilegales, Cepeda aclara que “no se trata de un diálogo en una mesa de negociación, ni de un acuerdo de paz, se trata de un proceso de sometimiento o acogimiento a la justicia bajo la premisa de la experiencia que se ha acumulado en estas materias”.
La propuesta de Paz Total también incluye reformas a la Policía y a las Fuerzas Militares, así como cambios en la política antidrogas y el fortalecimiento de la normatividad que respalda la atención a víctimas. Estos temas están en proceso de perfeccionamiento para ser presentados ante el país en próximos días.
Con mirada optimista
Líderes y Lideresas sociales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, analistas y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación a la vida legal tienen grandes expectativas con las propuestas en temas de paz que adoptará el gobierno de Petro y Márquez.
Hermes Quiñones, coordinador del equipo asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos (IEANPE) del Acuerdo de Paz, sostiene que el nuevo presidente colombiano “no tiene que llegar a improvisar o a plantear temas estructurales como una Reforma Rural Integral porque eso ya está en el Acuerdo”.
Y agrega que será la población afro e indígena la que liderará esta nueva fase de la implementación del Acuerdo de Paz: “Eso nunca había pasado. La paz siempre era el tema de los señores”.
Al respecto, Yolvi Padilla, consultora independiente en temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, confía en que el presidente electo hará todo el trabajo de paz “entendiendo también las dinámicas territoriales” y expone por lo menos un reto fundamental en esta labor: “Mirar a los diferentes actores que están generando dificultades en los territorios y que están afectando de alguna manera la implementación, no solamente por los actores armados que hacen presencia en los territorios, sino también por las necesidades y la situación económica para la implementación”.
Para esas tareas, Padilla guarda esperanzas en que el próximo gobierno cuente con “el apoyo, acompañamiento, verificación y observancia que ha hecho la comunidad internacional. Esto va a ser muy importante para poder avanzar y concluir por lo menos con algunos de los puntos del Acuerdo de Paz”.
“Estamos en un momento histórico”, dice, por su parte, Pablo Cala, defensor de derechos humanos y vocero de la Fundación Hasta Encontrarlos. “Por primera vez en el país se llega a la Presidencia de la República desde un proceso distinto al poder que siempre han ostentado las familias poderosas de este país. Se hace desde un proceso distinto, popular, social, interétnico, interpolítico, intersocial que le da la posibilidad de pensarnos algo distinto”.
Cala confía en que la reconstrucción del Estado Social de Derecho permita avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, recuperar el tiempo perdido y, con base en ello, generar las bases para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y respaldar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“Petro mencionó más de tres ocasiones en su primera alocución como Presidente (el pasado 19 de junio) a las personas desaparecidas, así que consideramos que no solamente está en su discurso, sino también en su corazón y que va a haber frente a ellos una respuesta muy a la altura de lo que merecen los familiares de las víctimas de desaparición forzada y es hacer todo lo posible por encontrarlas”.
Jhoe Nilson Sauca, consejero del pueblo Coconuco del departamento de Cauca, asentado los municipios de Puracé, Sotará, Totoró, El Tambo y Popayán, expresa también sus expectativas ante el próximo gobierno, especialmente en temas agrarios.
“Siempre hemos planteado algo que hasta el momento no se ha cumplido: la reforma agraria. Tiene que ver con todos los puntos de la tenencia de la tierra, pero también con las posibilidades de vida digna en el campo, el asunto ambiental, la parte de garantías para reivindicar el campo colombiano”, dice este líder indígena.
Asimismo, sugiere que se impulse el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, “que desarrolló una generalidad en términos de derechos territoriales, económicos y culturales, que hemos planteado como pueblos indígenas”, y es uno de los temas con menos cumplimiento de la implementación. (Leer más en: El Capítulo Étnico está confinado en papel)
Con relación a los posibles diálogos con la guerrilla del Eln, Sauca también espera que se cierre el ciclo con ese grupo alzado en armas y, además, se encuentren caminos adecuados para lograr “la desmovilización de los grupos que resurgieron de las Farc y de las Auc, para dar un paso definitivo a la paz por medio del diálogo y de la capacidad de tener trabajo en las comunidades”.
Asimismo, considera “muy importante establecer los diálogos territoriales regionales y la administración de los territorios, ya que allí se han planteado reivindicaciones como los derechos del campesinado como un mecanismo de reconocimiento de sujetos de derecho colectivo. Antesala a eso, tenemos que establecer en esos diálogos un camino para no chocar entre comunidades por límites territoriales como zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y títulos coloniales”.
Un nuevo comienzo
Representantes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y de representación de víctimas también han valorado lo que significa la propuesta del nuevo gobierno en términos de paz e implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos César Santoyo, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
“La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez es, sin duda alguna, un nuevo comienzo para el Acuerdo de Paz y su implementación”, afirma Santoyo. “Se abre un camino bastante próspero e interesante en el que no solamente la alternancia, sino la profundización de ejercicios democráticos, van a permitir que haya una oportunidad mayor para que esas poblaciones se hagan mucho más diversas, mucho más amplias, mucho más informadas porque pues algo que queda claro con esta elección es que hoy tenemos un debate público y político bastante arraigado en la base electoral colombiana”.
Este defensor de derechos humanos cree que, con el alto nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, “se van a organizar sendas agendas que permitan al país desarrollar diálogos regionales, permitir y profundizar el pedido de paz, construir diálogos o por qué no negociaciones, que articulen y estimulen la realidad de cada uno de estos territorios”.
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), considera que la paz fue la ganadora de la contienda electoral que llevó a Petro y a Márquez a la Casa de Nariño. Son varias las razones que expone para sustentar esa afirmación.
Una de ellas hace referencia a la coalición bastante amplia, que representa el Pacto Histórico, más todas las alianzas que han llegado en la última semana, y que tienen un fuerte compromiso con el Acuerdo de Paz. “Creo que, desde ese punto de vista, se abre camino una segunda etapa de implementación del Acuerdo de Paz en la medida en que este gobierno pueda lograr una buena coalición en el Congreso”, apunta Romero.
En ese escenario por ahora favorable, se podrán discutir de manera amplia asuntos como la reforma política, la jurisdicción agraria, la implementación de la reforma rural y los desarrollos de lo que es actualmente el sistema integral para la paz.
Todo ello, según este defensor de derechos humanos, genera un ambiente favorable para retomar a fondo la implementación del Acuerdo de Paz y la adopción de las recomendaciones que presentará este martes la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en su Informe Final sobre lo ocurrido en más de 50 años de guerra.
Otra de las razones de Romero está relacionada con la prioridad de este nuevo gobierno de desactivar aquellas dinámicas de guerra que persisten en el país, entre ellas ponerle fin a la confrontación con la guerrilla del Eln y de aquellos grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y los grupos herederos del paramilitarismo, así como cambiar el paradigma con el cual se han las economías ilegales.
“Creo que ahí también se abre una segunda oportunidad de hacer entendimientos humanitarios en el corto plazo, de búsqueda de una salida política con otros grupos armados, que permitan cerrar estos ciclos complejos de violencia, que muchas veces en la historia larga del país han terminado ahogando los resultados de acuerdo anteriores”, expone el director de Codhes.
Al igual que Sánchez, de Minga, Romero valora la presencia de la vicepresidenta Márquez en este nuevo gobierno: “Es determinante porque esta ha sido una nación que no ha reconocido los pueblos que la conforman y tenemos problemas de discriminación estructural que se empiezan a resolver en la medida en que el pueblo afrodescendiente y los pueblos indígenas, las mujeres van empoderándose”.
En ese sentido, este activista considera que en las garantías no repetición que consigna el Acuerdo de paz es fundamental que sectores sociales diversos tengan capacidad de representación, de participación, de hacer valer sus intereses en la agenda pública; además, “que haya mecanismos de negociación eficientes, que el Estado empiece a cumplir lo que firma y lo que promete, y que haya entendimientos de diálogo social conducentes a lograr esos caminos de reconciliación”.
“Obviamente, existirán grandes dificultades —reconoce Romero— y seguramente habrá sectores que mantengan una oposición a toda costa, pero creo que, aun así, se avecina un periodo muy importante y una gran oportunidad para consolidar la paz de Colombia”.
Camilo González Posso, director de Indepaz, propone garantizar la continuidad de aquellos programas que han sido eficaces en la implementación del Acuerdo de Paz y darle fuerza a los que están débiles, así como preparar con carácter de urgencia el Plan Nacional de Desarrollo y un paquete legislativo que incorporen el Acuerdo de Paz y una sólida política de construcción de paz.
Con respecto a reanudar las conversaciones con la guerrilla del Eln y con otros grupos armados ilegales, González plantea que con el primero “debe adelantarse una negociación política y con los segundos, conversaciones de subordinación a la justicia”.
Además, sugiere definir rápidamente la política de seguridad: “El gobierno de Iván Duque mantuvo una seguridad sobre el supuesto de situación de guerra y es fundamental una estrategia de seguridad humana, con un componente territorial muy importante en todo el país”.
Con respecto a posibles diálogos regionales, este activista considera que “es una estrategia muy importante para convocar a la gente y desarticular grupos macrocriminales” y espera que estén acompañados de inversiones con el objetivo de desactivar las causas de la violencia. “En ese sentido, el papel de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe ser clave”, agrega.
Esta instancia interinstitucional fue incluida en el Acuerdo de Paz y creada mediante el Decreto 154 del 3 de febrero de 2017. Su objetivo fundamental era diseñar y hacerle seguimiento “a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata el citado Acuerdo que amenacen la implementación del mismo y la construcción de la paz”.
En esa Comisión tienen asiento el Fiscal y la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, las Fuerzas Armadas y el gobierno, acompañados de representantes de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil.
Su propósito de generar consensos no fue tenido en cuenta por el gobierno del presidente Duque, quien, al margen de ese mandato, estructuró su propia política de seguridad y defensa, basada en la lucha contra las drogas, a pesar de que hace tres años se le presentaron documentos con propuestas para darle un nuevo enfoque a esa política y lograr el desmonte de todas las dinámicas de violencia.
“Creo que será una buena oportunidad con la administración de Gustavo Petro de darle vida a esas instancias, que son de Estado, pero que deben ser dirigidas por el propio Presidente de la República. Esperamos darle vida con la posesión del nuevo gobierno. Hemos preparado unos documentos para que sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de garantías de seguridad”, explica González Posso, quien hace parte de esa Comisión, como representante de la sociedad civil.
¿Y los reincorporados de las Farc?
Pastor Alape, exjefe de la antigua guerrilla de las Farc y quien lidera el proceso de reincorporación de cerca de 12 mil excombatientes, considera que el gobierno de Petro y de Márquez “es el gobierno de la paz y la cosecha del Acuerdo de Paz de La Habana y, por tanto, esperamos que potencie el Acuerdo en su integralidad y realice los ajustes institucionales normativos que no se han podido implementar”.
Este exmiembro del Secretariado le propone varios énfasis a la administración que comenzará el próximo 7 de agosto en su plan de adelantar una implementación integral del Acuerdo de paz, entre los que se destacan garantizar el funcionamiento de algunas instancias pactadas en La Habana, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), integrada por exmiembros de las antiguas Farc y funcionarios del gobierno nacional; el Consejo Nacional de Reincorporación; la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección adscrita a la Unidad Nacional de Protección; y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Además, plantea la necesidad de garantizar la constitución del programa especial de acceso a la tierra para los proyectos productivos, colectivos e individuales, de los reincorporados, y de vivienda rural y urbana en los Espacios Transitorios de Concentración y Reincorporación (ETCR) y centros poblados, así como en las nuevas áreas de reincorporación, para la sostenibilidad del proceso de reintegración a la vida legal.
Y sugiere “hacer los ajustes presupuestales y financieros para la estabilización de los 118 proyectos productivos colectivos que hemos aprobado en el Consejo Nacional de Reincorporación y que suman 3.873 firmantes asociados para su estabilización. Al día de hoy ninguno garantiza sostenibilidad porque la mayoría son de enfoque agropecuario y la tierra está en arriendo”.
Por último, Alape le pide al nuevo Presidente de la República implementar todas las acciones que contenidas en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el 27 de enero de este año el estado de cosas inconstitucional en relación con las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, 312 de los cuales han sido asesinados desde noviembre de 2016.
El alto tribunal respaldó su decisión en “el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes”. (Leer más en: La deuda letal con los integrantes de las Farc que le apostaron a la paz)
Las excombatientes de las extintas Farc también expresan su optimismo por el inicio de un gobierno de izquierda en el país. “Pensamos que nos puede ayudar mucho en la implementación del Acuerdo de Paz y a que nos cumplan. Petro fue guerrillero, también se desmovilizó y conoce todos los incumplimientos que este tipo de procesos genera”, indica María Noelba Quiróz, conocida en las filas del extinto Frente 18 como ‘Sorangie’
Esta mujer en proceso de reincorporación valora la presencia de Francia Márquez en la Vicepresidencia de la República y asegura que ella también las representará a quienes, en el pasado, tomaron las armas: “La vemos con optimismo y sabemos que ya estamos empoderadas, hemos dado pasos gigantes, y ahora necesitamos ayudar a muchas más que no han podido dar esos pasos. Sabemos que con Francia nos vamos a seguir empoderando aún más”.
¿Negociar con quiénes?
Durante más de tres décadas, distintos gobiernos han intentado adelantar procesos de diálogo con la guerrilla del Eln con el fin de alcanzar una solución negociada a la confrontación armada sin resultados concretos. Ahora se abre una nueva ventana con el nuevo gobierno de Petro y Márquez a partir de su concepto de Paz Total. De hecho, una vez conocidos los resultados en las urnas del pasado 19 de junio, este grupo alzado en armas anunció su “plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017”.
Pero, ¿qué tan factible que se abra un nuevo ciclo de conversaciones que conduzcan a una solución negociada? Eduardo Álvarez Vanegas, investigador en temas de conflicto y paz, mira con optimismo estas nuevas intenciones, no obstante, dice que no será un proceso fácil.
“Con el Eln hay una tensión que parece que el país no ha comprendido y es la tensión entre diálogos y negociación. El Eln jamás ha negociado con el Estado colombiano y con ningún gobierno. Ha mantenido diálogos desde la década de los años noventa con diferentes gobiernos”, aclara.
Y agrega que la demanda de continuar el modelo de los diálogos que comenzaron en Quito en febrero de 2017 “supone inmensos retos en términos de avanzar eficazmente como lo ha dicho Petro en diferentes momentos” y desde su perspectiva, no cree que el nuevo gobierno “vaya a desgastarse en unos diálogos eternos con otro grupo armado” pues, a su juicio, tiene un gran capital político “que no echará en una sola bolsa de diálogos con alta incertidumbre de si se transforman en negociaciones cuando hay presión para mostrar victorias tempranas y las agendas y propuestas que se dieron durante la campaña están referidas a temas estructurales como la corrupción, la pobreza, el desempleo, la salud”.
En las conversaciones en Quito, por lo menos en 2017, se lograron varios avances importantes, como el de la participación de la sociedad civil en el proceso, ceses al fuego temporales y una agenda de trabajo, pero todo se fue al traste con ataques de ese grupo guerrillero a la Fuerza Pública en 2018 y 2019. (Leer más en: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)
Frente a esta nueva ventana que se abre, Álvarez Vanegas tiene varias inquietudes al respecto, entre ellas si los órganos directivos del Eln aceptarán la propuesta del nuevo gobierno y “ya con un sentido de pragmatismo político frente al Eln, ¿está todo el Eln dispuesto a eso o lo que se viene es negociar con los Eln que sí quieran negociar y tratar al resto de la organización de una forma diferente? Eso es una situación que me genera muchas preguntas. Hay un gran optimismo frente a esto, pero a la hora de la realidad política no sabemos muy bien, en términos de la unidad de mando, si todo el Eln se sumaría a unos diálogos y, en consecuencia, negociaciones”.
Con respecto a otras organizaciones armadas ilegales, sobre las cuales la propuesta de Paz Total aborda con la perspectiva de desmantelamiento y sometimiento, Álvarez Vanegas dice que es clave que el próximo gobierno quiera avanzar rápido en ese tema: “No se les da estatus político, pero se les reconoce como un problema político y, por tanto, requieren decisiones políticas”.
Para lograr avances concretos, se van a requerir reformas normativas porque lo que se necesita hacer, y lo ha sugerido el presidente electo en varios de sus discursos, “es que el sometimiento de estas organizaciones multicrimen, como las llama él, no se limita al desmantelamiento del aparato armado, sino justamente el sometimiento y desmantelamiento de todos sus vínculos políticos, sociales y económicos del país”.
Esas modificaciones normativas deberán incluir, sugiere el analista consultado, garantías de seguridad para quienes se sometan a la justicia y, más allá de eso, “para que puedan hablar y contar bajo principios de vedad y colaboración de la justicia de esos vínculos”.
Por ahora la política integral de Paz Total está en el papel, pero sus cimientos tendrán que comenzar a quedar sólidos desde el próximo 7 de agosto. No transitará por caminos apacibles, por el contrario, enfrentará dificultades y tropiezos, pero los esfuerzos deberán apuntar a satisfacer las expectativas de quienes confiaron en Petro y Márquez. Sólo el tiempo dirá si cumplieron a cabalidad lo propuesto.
