<pclass=”entradilla”>De la implementación del punto número dos del Acuerdo final dependerá, en gran medida, que no se vuelvan a usar los fusiles como excusa para hacer política. Reformas administrativas y la creación de varias entidades hacen parte de este nuevo escenario democrático, que no está exento de riesgos. Segunda entrega de cinco artículos de análisis sobre los puntos acordados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
El partido que surja en el transito de las Farc a la política legal en 2018 tendrá que disputarse los cargos de elección popular bajo las reglas del sistema político colombiano. Foto: María Clara Calle.La exigencia de las garantías para el ejercicio de la oposición política es un tema de vieja data en el país. Luego de la muerte del caudillo del partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, tanto movimientos políticos como guerrillas aseguraron que en el país no existían las condiciones necesarias para oponerse al statu quo sin temor a ser perseguidos judicialmente o, peor aún, asesinados.
El acuerdo “Apertura Democrática para Construir la Paz”, alcanzado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, pretende revertir la historia e impulsar la más amplia participación de sectores sociales y populares en la política. Lo acordado no solo establece el futuro del movimiento de este grupo subversivo, sino el empoderamiento de las comunidades en la contienda política y en el ejercicio cotidiano de sus actividades como fuerzas organizadas.
Para ello, el acuerdo propone, entre otros puntos, la creación de 16 circunscripciones electorales especiales de paz en las regiones más golpeada por el conflicto armado, la distribución equitativa de los recursos públicos destinados a partidos y movimientos políticos y la revisión integral del régimen electoral.
Una de las primeras tareas que demanda el acuerdo, ya puesta en marcha, es la creación de una comisión, integrada por partidos y movimientos sociales y políticos, entre ellos Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, y dos delegados de las Farc, que tendrá como objetivo entregar un informe con recomendaciones al gobierno nacional, para que éste presente el proyecto de ley ante el Congreso y así crear el Estatuto de Oposición que proteja la apertura a la democracia de diferentes facciones políticas, incluidas el partido o movimiento que surja tras la dejación de armas de la guerrilla y su reincorporación a la vida legal.
En diálogo con VerdadAbierta.com Sergio de Zubiría, académico y miembro del Partido Comunista, explicó que el proyecto adelantado por todos los partidos políticos y movimientos sociales, a excepción del Centro Democrático, cuenta ya con 17 puntos: “Son artículos consensuados con todos los artículos que de alguna manera abren la posibilidad de que inmediatamente gane el Sí uno de los proyectos que quede acordado sea el estatuto”.
Además, el acuerdo es claro en mencionar que las garantías para el ejercicio de la oposición se implementarán distinguiendo a quienes lo hacen dentro del sistema político de representación y a quienes lo ejercen en la vida diaria, es decir, a los movimientos sociales y populares. Para ello se dispondrá un mecanismo especial de seguridad con el fin de preservar la vida de sus líderes y voceros e investigar a todos aquellos que las organizaciones o individuos que atenten contra lo acordado.
“En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y así encauzar por los canales de la democracia la resolución de las diferencias y los conflictos, contribuyendo de manera decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación”, se lee en el documento del acuerdo final.
La amenaza latente del paramilitarismo es uno de los mayores miedos a nivel territorial para la implementación de los acuerdo. Las amenazas, asesinatos y estigmatización contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales ponen en entre dicho lo que quedó consignado en el acuerdo. Fuente: Somos Defensores, cifras de 2015.No obstante, uno de los grandes temores es que el acuerdo no trascienda del papel por la persistencia del fenómeno paramilitar y de las bandas criminales, actores armados que desde la ilegalidad pueden torpear la puesta en práctica de las reformas que se pretendan hacer para ampliar el espectro democrático. Lo que ha venido sucediendo este año, con el asesinato de defensores derechos humanos, líderes regionales y amenazas contra procesos colectivos, es una muestra de la resistencia que tendrá este punto del acuerdo.
En lo corrido del año, según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido asesinados alrededor de 51 líderes sociales en diversas regiones del país; la última de ellas fue Cecilia Coicué, líder campesina e integrante de Marcha Patriótica, quien fue atacada con arma blanca en zona ruraldel municipio de Corinto, Cauca.
El año menos violento, pero el de más agresiones a defensores de Derechos Humanos
En reiteradas ocasiones tanto la guerrilla como los movimientos sociales y políticos y las organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una política contundente contra ese fenómeno en el país. “De no acabarse el fenómeno paramilitar o, al menos, irlo diezmando, lo que se reforme y se cree se va a quedar ahí porque el miedo y la zozobra no van a dejar actuar a la gente, especialmente en región”, señaló el representante a la Cámara Alirio Uribe.
Garantías de seguridad: la deuda histórica
Desde 1986 hasta 1990 la UP se mantuvo entre las tres primeras fuerzas políticas del país. Tras el asesinato de más de 5.000 militantes desaparecieron de la arena política. Foto: archivo Semana.El ejemplo más diciente sobre los fracasos de construcción y ampliación del espectro democrático en el país ocurrió tras la creación de la Unión Patriótica (UP), movimiento que emergió en 1984 como resultado de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc. La intolerancia política lo acabó en menos de 10 años. Cerca de 3.600 de sus militantes,simpatizantes y colaboradores, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios, fueron asesinados en un complot entre algunas instituciones del Estado y grupos paramilitares.
La colectividad, que alcanzó a obtener nueve curules en Senado y cinco en Cámara en 1986, no contó con el respaldo estatal tras su exterminio, quedándose en el año 2002 sin personería jurídica y con cerca de 6 mil víctimas, entre asesinadas, desplazadas y exiliadas.
Por ahora, lo que se definió para el inicio del tránsito de las Farc a la política legal es que tengan tres voceros en Cámara y tres en Senado únicamente con voz, que acompañarán los trámites de los proyectos del ‘fast track’, que permitirán la implementación de los acuerdos. Para 2018, el nuevo partido que surja entrará a disputarse las elecciones bajo las reglas del sistema político actual, con una salvedad: si no superan el umbral electoral tendrán garantizadas diez curules en el Congreso solamente por dos periodos electorales.
Si bien hay sectores políticos alarmados por esa decisión, las cifras son bajas si se comparan con otros procesos de paz en el mundo tras acuerdos de paz: en Angola, por ejemplo, 70 curules de 220 fueron para el grupo que dejó las armas; en Nepal 83 de 330; y en Sudán, 126 de 450, ello sin contar lo ministerios y viceministerios entregados.
Para superar los vacíos en la protección de la vida y la libertad de pensamiento y opinión, el acuerdo propone crear un Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, a cargo de la Presidencia de la República, que establecerá mecanismos de interlocución con los movimientos sociales y partidos, incluyendo el que constituyan las Farc en el escenario de la legalidad.
“Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación. La instancia procurará la interlocución efectiva con las mujeres”, precisa el texto del acuerdo, resaltando que la protección para los líderes y voceros será con enfoque diferencial y de género, con presencia territorial y nacional.
Dicho sistema estará acompañado por un Programa de Atención Integral para los integrantes del nuevo movimiento o partido político de la guerrilla, en el que cada uno de sus militantes estará amparado por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la cual se encargará, en compañía de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de garantizar el respeto de la vida y las actividades políticas del conjunto del grupo de civiles que integren la colectividad. Ello con el fin de evitar lo ocurrido con la UP.
“La nueva oportunidad que nos brinda el acuerdo se hará realidad en la medida que la creación de los sistemas y mecanismos funcionen, de lo contrario se quedará en el papel y volveremos a lo de antes, con el temor que sea peor. Que funcionen va a depender de la voluntad del Estado, pero de la veeduría que los ciudadanos hagamos”, comentó Aida Avella, presidente de la UP y quien tuvo que vivir en el exilio por varios años.
Aún así, el panorama no es alentador: las denuncias de los defensores de derechos humanos y líderes sociales son reiteradas contra la UNP por varios factores: falta de presupuesto para la gasolina del carro, no se encuentran escoltas disponibles o, simplemente, no hay un esquema de seguridad que la entidad pueda brindar para salvaguardar sus vidas.
Amenazas: primer obstáculo de la “paz territorial”
A ello se suma la poca efectividad en materia de investigación y judicialización de los responsables de las amenazas y los asesinatos en contra de los militantes de los movimientos políticos y sociales, así como de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Un ejemplo es la no identificación de los patrones de persecución y asesinato de los cerca de 116 integrantes de Marcha Patriótica en los seis años de existencia del movimiento.
“Es preocupante que a la fecha no se haya emitido una sola condena por los más de 100 crímenes en contra del movimiento. El sistema judicial no tiene la misma eficacia y eficiencia cuando se trata de investigar y judicializar a quienes están en contra del pensamiento crítico”, cuestionó Piedad Córdoba, vocera nacional de Marcha Patriótica.
Para evitar la repetición de los hechos, el acuerdo propone, de la mano del punto tres sobre el fin del conflicto, la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales que atenten contra la implementación de los acuerdos. Además, supone la creación de una Unidad Especial de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, encargada de perseguir y acusara las organizaciones responsables de masacres, homicidios, violencia de género y demás delitos contra la integridad de los movimientos sociales y la sociedad civil.
No obstante, un ejemplo reciente de cómo la justicia no operó de forma adecuada fue durante el desarrollo del proceso de Justicia y Paz, a través del cual se juzgó a los paramilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): se remitieron 15.669 compulsas de copias a la justicia ordinaria, que quedaron repartidas por todo el país pendientes de investigación y que comprometen a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron grupos armados ilegales.
¿Se perdió la oportunidad de juzgar a colaboradores del paramilitarismo
Inclusión territorial
Serán un total de 16 circunscripciones otorgadas a nivel territorial para movimientos y organizaciones sociales donde la guerra fue más cruenta. Sus representantes serán elegidos por la misma comunidad a nivel territorial. Foto: archivo Semana.Uno de los fundamentos esenciales del acuerdo es el empoderamiento de las comunidades en sus territorios y la dotación de autonomía para fortalecer su participación en la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales.
Con ello, la puesta en marcha de la llamada “paz territorial” se manifiesta en la ampliación y conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, contenidos en la Ley 152 de 1994, los cuales tienen la función de garantizar la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas a nivel territorial.
Según el acuerdo, se debe ampliar la participación de la ciudadanía en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación; fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales y promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa.
De igual manera, para garantizar el pluralismo y la representatividad de los partidos y movimientos políticos, se prevé desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación del umbral en elecciones para Congreso. Adicionalmente, se estipuló un régimen de transición por ocho años en el cual el gobierno financiará la creación de nuevos partidos y movimientos políticos que irrumpan en el escenario político.
Ello quiere decir que las organizaciones asentadas en los territorios como las campesinas, indígenas y de afros que quieran desligarse de alguna colectividad más grande para afrontar el escenario político de manera autónoma, lo podrán hacer con apoyo del gobierno nacional. Situación que al menos durante los ocho años del régimen de transición puede revertir la composición de las minorías en el Congreso, que actualmente son dos para las comunidades afro, una para los indígenas y una para las minorías políticas.
A lo anterior se suman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes, las cuales funcionarán por dos periodos electorales y serán ocupadas por representantes de organizaciones campesinas o comunidades desplazadas en proceso de retorno a los territorios, elegidos por los mismos ciudadanos de las regiones.
“Para nosotros como Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima es un logro poderoso el hecho de poder entrar a la contienda por una de las 16 circunscripciones. De quedar en una de ellas vamos a poder materializar todo el acumulado político y organizativo que hemos trabajado”, aseguró Ernesto Soto, vocero de la colectividad.
Para este campesino del sur del Tolima, una región golpeada por el conflicto armado, una de las grades apuestas sería la consolidación de los mercados campesinos y la economía solidaria dentro de los territorios como política de la gobernación, para lo cual cree indispensable ocupar una de las circunscripciones de la Cámara de Representantes.
Democratizar el espectro de comunicación
Pese a no conocer su nombre aún, el Movimiento Bolivariano es una de las organizaciones clandestinas de las Farc bajo las cuales han realizado política a nivel nacional: Foto Andrés Celis.En este acuerdo quedó establecido que el gobierno nacional se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica divulguen sus agendas políticas y sus plataformas ideológicas. De igual manera, este medio servirá para que las organizaciones sociales puedan promover una cultura democrática de paz y reconciliación.
A la fecha, los únicos canales que han funcionado como plataformas de difusión han sido los que cada partido ha tenido, casi siempre todos de manera virtual, por lo cual, el nuevo espacio se configura como otra de las novedades del acuerdo alcanzado en La Habana.
A ello se suma la puesta en marcha de la apertura de canales institucionales y emisoras comunitarias en las regiones más apartadas y golpeadas por el conflicto con el fin de que contribuyan al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica y reconciliación.
Soraya Bayuelo, líder comunitaria de los Montes de María, aseguró que la participación de la ciudadanía en programas radiales y televisivos será fundamental para la ampliación de la democracia y la inclusión de los territorios en la agenda del orden nacional.
“Quienes hemos tenido medios comunitarios sabemos lo difícil que es llegarle a la gente que no hace parte de los procesos o que no es de la región. Con la capacitación técnica y la apertura de los espacios en emisoras y canales institucionales, contenidos en el acuerdo, se van a generar nuevas oportunidades de procesos comunitarios que afiancen el trabajo en el territorio y que potencien la región al país contribuyendo a la integración nacional”, explicó Bayuelo.
Finalmente uno de los elementos transversales a todo el acuerdo es la promoción y participación política y ciudadana de la mujer en los diferentes escenarios de elección popular o de trabajo organizativo. El acuerdo aboga porque haya una participación equilibrada dentro de las organizaciones entre hombres y mujeres y que el protagonismo también sea plural.
De ganar el Sí en el Plebiscito, el próximo domingo, la implementación del acuerdo de participación política entraría en vigencia con la puesta en marcha del documento de aportes para el Estatuto de la Oposición y la representación con voz en Cámara y Senado de tres miembros del grupo guerrillero para acompañar la ejecución de los proyectos del ‘fast track’. De no ser así, quedará en el limbo este nuevo intento de democratizar la política y dejando de nuevo todo el poder político a las grandes ciudades y excluyendo de la toma de decisiones a los territorios donde se fraguo la guerra.
