En una carta los ex jefes paramilitares recluídos en La Picota y en Itagui le piden al gobierno reformas a la Ley de Justicia y Paz, y proponen la convocatoria de un ‘Referendo por la Paz’ y una Constituyente.
 Salvatore Mancuso ha sido uno de los pocos jefes paramilitares que han decidido colaborar con la Justicia colombiana. Foto Semana. Foto: archivo Semana.
– NuevoReglamento para justicia y Paz (INPEC, 27/04/2009) – Comunicado de los desmovilizados de las AUC recluidos en Itagui (04/05/2009)
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A mes y medio de que la mayoría de ex jefes paramilitares suspendieran las diligencias de versión libre programadas por la Fiscalía (ver artículo), se conoce una carta dirigida al gobierno, en la que critican la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y proponen la convocatoria de un ‘Referendo por la Paz’ y una Constituyente (leer la carta).
La carta es firmada por Ramon Isaza, ‘Diego Vecino’, ‘Guillermo Torres’, ‘El Águila’, ‘Pirata’, ‘Terror’, ‘MacGuiver’, ‘El Pájaro’, ‘Daniel’, quienes están recluídos en La Picota (Bogotá), y también por los ex comandantes presos en la cárcel de Itagui (Antioquia).
Los paramilitares consideran que, luego de los fallos de la Corte Constitucional (sentencia C-370 de 2006) y de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 11 de julio de 2007), la Ley de Justicia y Paz ha quedado “sin aplicación alguna, llena de vacios, incongruencias, inexactitudes, imprecisiones, ente otros, lo que motivó nuestra decisión de no asistir a nuevas diligencias judiciales”.
Estas dos sentencias precisaron los alcances de la Ley 975 y pusieron en cintura a los paramilitares para que no evadieran la verdad. En el caso de la sentencia de la Corte Constitucional, además declaró inexequible el artículo 71 que asimilaba las acciones de los paramilitares al delito de sedición. Por su parte la Corte Suprema fue más allá y determinó que la condición de pertenencia a un grupo paramilitar nunca puede ser asimilable a la comisión de un delito político, decisión que en julio de 2007 generó un gran debate en el país y que actualmente sigue vigente, y tiene en un limbo jurídico a cerca de 19.000 desmovilizados de las Auc.
Los ex comandantes proponen varias reformas a la Ley 975. Por un lado, que la postulación a la misma no dependa del gobierno nacional, sino que sea la autoridad judicial la que determine su inclusión dentro del listado de posibles beneficiarios. Con respecto al requisito de elegibilidad que condiciona la no creación del grupo armado para fines de narcotráfico, los firmantes proponen que “todas la actividades ilegales cometidas por el desmovilizado sean cobijadas por ese nuevo marco de justicia y paz”.
Así mismo, en materia de reparación los ex cabecillas proponen que “se preacuerde con el versionado, para que declare previamente sobre su estado financiero, se le exija un porcentaje para el fondo de reparación y el restante valor, ingrese a formar parte de su capital, lo que lo obliga a ser sujeto fiscal, tributario, asegurando que en el futuro habrá liquidez, amparo a su familia y desde luego el estado se fortalece, como sucede con los preacuerdos en la jurisdicción penal en los Estados Unidos”.
En la carta los ex Auc se manifiestan de acuerdo con el proyecto de ley que radicó el gobierno en abril pasado (ver artículo) y que permite ampliar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz de manera permanente y sin importar la fecha de la comisión de los delitos por parte de los desmovilizados de grupos armados que voluntariamente se acojan a ella, y siempre que dichos delitos se cometan antes de la desmovilización.
En la carta también proponen que los ajustes que la Corte Constitucional hizo en materia de la omisión de delitos durante la versión libre, la cual originaría su exclusión de Justicia y Paz, sean modificados. Es decir, que exista la posibilidad de que a la sentencia de Justicia y Paz, se le puedan acumular otros fallos posteriores por hechos no confesados. Así mismo, el grupo de desmovilizados propone la creación de centros especiales de reclusión de mínima seguridad, y que, al contrario de lo que dice la actual Ley, a la condena de Justicia y Paz -de máximo 8 años de prisión- se le puedan aplicar rebajas por trabajo o estudio.
Finalmente proponen la realización de un ‘Referendo por la Paz’ para que sea “el pueblo quien con su firma avale un nuevo marco político, constitucional y jurídico, para parar la guerra y buscar la paz con todos los actores del conflicto”. Y la convocatoria de una Constituyente para darle seguridad jurídica a este nuevo marco normativo.
