Varios ex jefes paramilitares aseguraron que no colaborarán más con la justicia colombiana mientras el Gobierno no resuelva varias inquietudes sobre sus procesos, entre ellas la lentitud de sus procesos. Otros desmovilizados se les han sumado y han paralizado cientos de investigaciones judiciales en todo el país.
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Varios paramilitares han suspendido su colaboración con la justicia colombiana.  – Bloque Élmer Cárdenas no volverá más a Justicia y paz |
La decisión de Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘el Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso) de no colaborar con la justicia ordinaria y con Justicia y Paz, ha sido seguida por otros desmovilizados en varias regiones del país y tiene en vilo varios procesos judiciales en los que venían colaborando.
En una carta del 14 de octubre de 2010, los ex jefes paramilitares Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘El Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso), indican en siete puntos “los tropiezos” de la Ley. Entre ellos, que hay un limbo jurídico para quienes se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, que el proceso judicial es lento y que por eso “la pena alternativa (de 5 a 8 años de prisión) es una expectativa cada vez más improbable”.Además rechazaron las condiciones de “reclusión, hacinamiento y seguridad de una gran mayoría de desmovilizados presos”.
Desde que la carta fue emitida los cronogramas de Justicia y Paz se han ido alterando. Según Hernando Aníbal García, procurador nacional delegado para la Justicia y Paz, algunos ex paramilitares recluidos en las cárceles de Palmira, Ibagué, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta se han negado varias veces a participar de las diligencias judiciales.
El pasado 8 de octubre alias ‘el Alemán’ había anunciado su decisión de no colaborar más con la justicia colombiana señalando entre sus razones que no había claridad jurídica, las condiciones carcelarias, las restricciones al trabajo de recopilación de hechos perpetrados durante las operaciones contrainsurgentes y las amenazas e intimidaciones lo llevaron a anunciar que él y los hombres no volverán a las versiones libres ante Justicia y Paz ni ante la justicia ordinaria.
“Hoy es a la última versión que estos hombres y yo venimos”, le dijo alias ‘el Alemán’ al Fiscal Delegado 48 para la Justicia y la Paz durante una diligencia conjunta de versión libre realizada el miércoles 6 de octubre en Medellín, en la que participaron Juan Pablo López Quintero, alias ‘Gabriel’; Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Mazo’; Bernardo Díaz Alegre, alias ‘el Burro’; Libardo Alonso Calle Calle, alias ‘Cumbamba’; Javier Morales Estrada; Diego Vélez Trujillo, alias ‘el Tío’; y Javier Ocaris Correa Alzate, alias ‘Fredy’, quienes respaldaron la decisión de Rendón Herrera.
“Llevamos cuatro años y hemos hecho un trabajo durante este tiempo que muestra avances, pero hoy nos toca decir que hay que hacer un alto en el camino porque el Estado colombiano no nos está posibilitando nada e incumple todo lo acordado”, afirmó alias ‘el Alemán’, quien anunció, además, que otros miembros de bloques paramilitares tomarán en próximos días la misma decisión.
Uno de los motivos de esta decisión fue la restricción impuesta al parecer por el Gobierno Nacional a determinadas visitas y encuentros con personas que les están ayudando a recopilar información de los doce años del Bloque Élmer Cárdenas en una vasta región del Urabá, tanto antioqueño como chocoano, así como en Cundinamarca.
El viceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo, después de que el Ministerio del Interior y de Justicia fuera informado que varios ex paramilitares se han negado a participar de las versiones libres de Justicia y Paz, y a declarar en juicios contra políticos dijo que el Gobierno les responderá a los paramilitares inconformes. “Ya nos reunimos y tomamos la decisión de darle respuesta a sus inconformidades”, dijo Robledo.
Mientras que Miguel Samper, director de Justicia Transicional, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, indicó que crearon una mesa de concertación técnica, que buscará salidas jurídicas a las inquietudes planteadas por los ex paramilitares. “Estamos trabajando con la Alta Consejería para la Reinserción para darles una respuesta lo más pronto posible”, dijo.
Por esta razón, su despacho radicó el pasado 4 de noviembre de 2010 un informe ante la Procuraduría General. “Si bien consideramos que se les debe escuchar y atender este tipo de debates, rechazamos que los postulados generen una especie de chantaje con el Gobierno porque su responsabilidad es con las víctimas, la sociedad y el Estado. Es una medida extrema que paralicen el proceso de Justicia y Paz”, indicó el Procurador.
Verdad Abierta.com consultó sobre la situación al jefe de la Unidadde Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, pero el funcionario afirmó que no podía pronunciarse hasta tanto no conocer la postura del fiscal General, Guillermo Mendoza Diago.
La exclusión, una posibilidad
Pese a la cancelación de varias versiones libres, algunos fiscales comentaron que el paro no es general, porque los postulados a la Ley de Justicia y Paz saben que pueden ser excluidos del proceso. Una de las causales para perder el beneficio de la pena alternativa, que es de 5 a 8 años de prisión, es precisamente no colaborar con la justicia en la reconstrucción de la verdad. Ese es el ejemplo de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ y Luis Arnulfo Tuberquia alias ‘Memín’, que ahora son juzgados por la justicia ordinaria que impone penas de hasta 40 años.
El 15 de septiembre de 2010, por ejemplo, 27 ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), a cargo del entonces jefe paramilitar Ramón Isaza, fueron citados a una audiencia en Bogotá para imputarles 555 crímenes. Al segundo día, menos de la mitad asistieron a la diligencia argumentando inconformidad “con los tratos del Inpec”. Sin embargo, en la actualidad los postulados de este grupo paramilitar seguirán participando del proceso, según algunos de sus abogados.
“Estuve en La Picota hablando con algunos ex integrantes de las Acmm y sus apoderados, y los desmovilizados de este grupo no están solidarizados con el paro. Según lo que expresaron, ellos no quieren entorpecer el proceso porque ya están citadas las víctimas”, dijo Omar Lemus, abogado de Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’. Lo mismo aseguró Mario Díaz, abogado de Oliverio Isaza alias ‘Terror’. “Creo que la situación de las Acmm es diferente. El proceso va a avanzado. La nueva a audiencia de imputación parcial de cargos comenzará en ocho días”, comentó Díaz.
Cosa muy distinta sucede con algunos ex jefes paramilitares como alias ‘Julián Bolívar’, del Bloque Central Bolívar, que según información publicada por El Espectador.com, expresaron que no declararán en el juicio contra Luis Alberto Gil Quintero, investigado por parapolítica. “Esto es grave porque puede afectar todo el cronograma de este juicio y de los procesos que se llevan contra políticos”, dijo Ramón Ballesteros, abogado del ex senador y fundador del movimiento Convergencia Ciudadana.
Defensores de víctimas como Félix Orlando Vargas rechazaron la postura de los desmovilizados e hicieron un llamado de responsabilidad sobre el proceso de reconstrucción de la verdad. “Desde el punto de vista de las víctimas, los postulados a la Ley de Justicia y Paz no pueden estar exigiéndole nada al Gobierno. Si bien están cobijadas por una Ley, tiene una responsabilidad es con los colombianos”, dijo el defensor.
Los cuestionamientos
Para otros defensores víctimas y organizaciones de derechos humanos la carta elaborada por algunos ex jefes paramilitares es sólo un punto de la inconformidad que hay frente al proceso de Justicia y Paz. Según ellos, las víctimas también han expresado desesperanza frente a la puesta en marcha de la Ley, que ya cumplió 5 años.
“A veces pareciera que este proceso no es penal sino más administrativo. Para los defensores es cada más complicada nuestra situación con las víctimas, porque ellas cada vez son más apáticas al proceso. A la fecha no hay una condena en firme y muchas ni siquiera sienten que han conocido la verdad”, comentó Álvaro Ballesteros, abogado de víctimas en los Llanos.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), indicó que a su juicio, lo anterior demuestra que “la Ley de Justicia y Paz no sólo fracasó sino que agotó la posibilidad de reivindicar la verdad y de hacer justicia. De los 31.600 paramilitares que se desmovilizaron, 28.000 quedaron por fuera del cualquier proceso y no sabemos qué pasó con ellos. Los otros 2.500 se sometieron a la Ley y varios de ellos están expresando todos estos problemas. Es una vergüenza que el gobierno presente ante la comunidad internacional una Ley, que no ha dado una sola sentencia en firme”.
Otro de las preguntas que están por resolver es qué sucederá jurídicamente con los ex paramilitares que dentro de dos años cumple los ocho años de prisión. Algunos abogados aseguran que el tiempo de la pena cuenta desde el momento en que fueron recluidos en una cárcel, mientras otros consideran que ésta cuenta desde el momento en que comienza la etapa de imputación. La Corte Suprema de Justicia será la que tenga la última palabra en este tema.
Según Justicia Transicional, el Gobierno Nacional postuló a 4.205 ex paramilitares a la Ley de Justicia y Paz. A la fecha, sólo 2.800 de ellos están activos en el proceso, 434 de ellos renunciaron a los beneficios de la Ley de forma voluntaria y dos de ellos, alias ‘Ernesto Báez’ y alias ‘Memín’, fueron excluidos por seguir delinquiendo desde los sitios donde estaban presos.
