Los ex paramilitares extraditados, ‘Don Berna’, ‘Macaco’ y ‘Gordolindo’, rechazaron la reforma de Justicia y Paz y dicen que la misma pone en riesgo su participación en el proceso.
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| Macaco, Gordolindo y Don Berna aseguraron que la reforma pone en riesgo su participación en Justicia y Paz. Foto Semana |
Tres narcotraficantes que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) rechazaron la reforma a la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, aprobada en octubre pasado por el Congreso de la República y que endurece los requisitos para obtener beneficios judiciales.
El rechazo fue expuesto a través de una carta firmada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’; y Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, y enviada a las autoridades colombianas desde una cárcel de la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde están recluidos desde mayo de 2008.
Los tres exparamilitares, quienes afrontan procesos por delitos asociados al tráfico de estupefacientes en ese país, sostienen en elcomunicado que con la reforma “nos es imposible cumplir con las modificaciones hechas a la ley de Justicia y Paz”.
Una de las razones de fondo que exponen es su reclusión en centros carcelarios de Estados Unidos. Según ellos, esa condición dificulta su participación en el proceso de justicia transicional, que los juzga por las acciones criminales cometidas durante su pertenencia a las Auc; además, aseguran que esa situación no fue tenida en cuenta en la reforma.
A los tres exparamilitares, quienes se desmovilizaron en el 2005 bajo los acuerdos del Estado Mayor de las Auc con el Gobierno nacional, les preocupa que esas dificultades sean interpretadas como una falta de compromiso con la Ley de Justicia y Paz, que exige verdad, justicia y reparación, y sean excluidos de los beneficios, lo que significa que sus procesos serían enviados a la justicia ordinaria, donde podrían ser condenados a penas que podrían llegar a los 60 años.
La inquietud de los tres exparamilitares se basa en la exigencia que hace la reforma: quienes no participen de las versiones libres, quienes den confesiones incompletas y quienes reincidan en cualquier delito serán excluidos del proceso de justicia transicional.
La reforma aprobada en octubre de este año por el Senado de la República, y que está para sanción presidencial, introduce cambios significativos en el juzgamiento de los postulados a la Ley 975, sean exparamilitares o exguerrilleros, entre ellos la reducción y concentración de las audiencias para hacer más ágil el proceso.
Pero el cambio que más inquieta a los exjefes paramilitares que firman el comunicado es la priorización de casos de violencia que tengan alto impacto y de acuerdo con su gravedad y trascendencia; además, se tratará de investigar no ya hechos individuales, sino aquellos que hagan parte de un patrón de macro-criminalidad, lo que introducirá investigaciones por bloques de las Auc y audiencias colectivas.
Sin embargo, tales cambios fueron cuestionados por los tres exparamilitares. Según ellos, en esta manera de abordar el proceso de juzgamiento “nosotros seremos los máximos responsables sin que podamos hacernos cargo de manera oportuna de las imputaciones, sin que podamos hacer un relato coherente de los hechos y sin que en definitiva pueda saberse todo el panorama de lo acontecido”.
Por último, tanto Murillo Bejarano como Jiménez Naranjo y Zuluaga Lindo le solicitaron a la Corte Constitucional, encargada de hacerle los controles respectivos de exequibilidad de las normas aprobadas, que tengan en cuenta sus razones expuestas para que se les garantice la continuidad en el proceso de Justicia y Paz.
