No obstante contar con la decisión de un juez de tierras que certifica que, en efecto, fueron víctimas de despojo y que deben ser restituidos, los beneficiados con los fallos se enfrentan a la negativa de los ocupantes de entregar los predios, quienes recurren a toda clase de estrategias, incluso a destruir el inmueble y dañar los cultivos.
En el caso de Vidal González, la justicia determinó que se trató de un caso de despojo, pero la entrega material tardó por las acciones de hecho protagonizadas por los opositores, que incluyó la destrucción de la vivienda. Foto: Comisión Colombiana de Juristas.
Bastante tuvo que sufrir Vidal González para recuperar su predio, una finca de 13 hectáreas de la vereda Veracruz, municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño. Pese a que el Juez Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia sentenció, el pasado 19 de octubre, que su caso obedecía a un despojo de tierras y su predio debía restituírsele, las acciones de hecho protagonizadas por los opositores, que incluso derivaron en altercados con la Fuerza Pública, impidieron en más de una ocasión realizar la entrega material del inmueble.
Si bien los poseedores actuales del predio, quienes no lograron probar su buena fe exenta de culpa, entregaron la finca a su legítimo dueño gracias a la presión de las autoridades de Policía, lo hicieron en condiciones lamentables: prácticamente inhabitable, con las construcciones y los cultivos destruidos.
Se trata de la historia más reciente de un hecho que se viene repitiendo en la profundidad del Urabá antioqueño: opositores que son vencidos en juicio recurren a toda clase de estrategias, que incluyen la realización de mítines, masivas concentraciones y manifestaciones que en ocasiones terminan en violencia, para no entregar los predios.
Éxodo forzado
La tragedia de Vidal González comenzó en 1995. Para ese año, la guerra que se cocinaba en el Urabá antioqueño entre la guerrilla de las Farc y paramilitares al servicio de Carlos Castaño ya comenzaba a causar estragos. Un día de marzo, mientras asistía a una reunión de parceleros con funcionarios de la Umata Chigorodó, guerrilleros fuertemente armados irrumpieron en el lugar y acusaron a los presentes de colaboradores de los paramilitares. Cuando partieron, se llevaron a varios labriegos, entre ellos a Vidal, para que arriaran un hato de 300 cabezas de ganado hurtado horas antes por los insurgentes.
Vidal fue dejado en libertad 24 horas después, no sin antes ser advertido sobre las consecuencias que padecería si denunciaba los hechos ante cualquier autoridad. Sin pensarlo dos veces, decidió abandonar su parcela, la misma que el desaparecido Instituto de Reforma Agraria (Incora) le había adjudicado a él y su esposa, Nacy Judith Solera, el 24 de noviembre de 1994 mediante Resolución 2316. Su huida se convertiría en el inicio de una tragedia que se extendió por casi 20 años, con un final agridulce.
La pareja anduvo huyéndole a la violencia de guerrilleros y paramilitares por poco más de tres años. Cansados de vagar como ‘Siervo sin tierra’ por los más lejanos rincones del Urabá antioqueño, decidieron retornar a su parcela para enfrentar en su propia tierra los riesgos propios de una región en guerra. Al llegar, encontraron nuevos inquilinos allí instalados: Antonio Aguirre y Ana Benítez, quienes argumentaron que el Incora había anulado la adjudicación por abandono del predio y que ahora les pertenecía.
No valieron ruegos ni explicaciones. Los nuevos residentes se opusieron a devolver el predio y realizaron mejoras para dar por sentado su titularidad. Pese a acudir en diversas oportunidades al propio Incora, Vidal siempre recibió respuestas evasivas o, en el mejor de los casos, una escueta información donde le señalaban que “esa situación no se resuelva acá” o “usted ya perdió ese predio”.
Despojo administrativo
Asocampura es la organización que acoge a personas que no están de acuerdo con la política de restitución de tierras. De acuerdo con los representantes de la víctima, se trata de una organización sobre la que no se tenía noticia alguna. Foto: Comisión Colombiana de Juristas.Según consta en el expediente del proceso, en una reunión efectuada el 10 de junio de 1997 entre funcionarios del desaparecido Incora y parceleros de diferentes veredas, entre ellos, Veracruz de Chigorodó, se informó sobre el abandono de varios predios, entre ellos el de Vidal, por lo cual la entidad iniciaría el trámite de caducidad de adjudicación por abandono.
No obstante, tal como consignó el Juez Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia: “se advierte que los opositores (en este caso Antonio Aguirre y Ana Benítez) lograron instalarse audazmente en el bien desde noviembre 1995, contando con el beneplácito del líder de parceleros de la vereda Veracruz, quien a lo sumo tendría la potestad de postularlos al comité de escogencia de adjudicación (órgano creado en su época por el propio Incora para que los parceleros designaran quiénes podrían beneficiarse con la adjudicación), pero ninguna autoridad autorizó su ingreso a la parcela”.
Funcionarios del desaparecido Incoder (que reemplazó al Incora) que testificaron en el proceso, señalaron que no existe ningún documento que certifique que esta entidad haya adjudicado predio alguno a Antonio Aguirre y Ana Benítez; por el contrario, esta pareja sería tenida en cuenta para la adjudicación una vez surtiera trámite la caducidad de adjudicación por abandono contra Vidal González.
Al respecto, el Juez Tercero cuestionó el trámite administrativo adelantado por los ya desaparecidos Incora e Incoder sobre este caso particular, pues si bien la primera entidad profirió la Resolución 007 del 26 de enero de 1998, mediante la cual se comenzó el trámite de la caducidad de adjudicación, sólo hasta 2009 el Incoder resolvió archivar el tema mediante Resolución 2928, argumentando que los titulares habían renunciado al predio en agosto de 2000.
Para el Juez Tercero, son varios los aspectos que resultan llamativos: el primero de ellos, que el labriego no haya sido notificado del proceso administrativo toda vez que intentó recuperar su finca por todos los medios; el segundo: que en el expediente del Incora figure que Vidal González y su esposa renunciaron al predio mediante documento escrito cuando ellos afirman todo lo contrario y; tercero, que se haya iniciado un trámite de caducidad de adjudicación por abandono cuando las razones que motivaron la salida del predio de los campesinos obedecieron al conflicto armado.
Con estas consideraciones, el funcionario judicial ordenó restituir el predio a Vidal González y su esposa, además de declarar “impróspera la oposición formulada por Antonio Aguirre y Ana Benítez” así como su solicitud de compensación, tras no poder probar su buena fe exenta de culpa.
Líos en la entrega
No es el primer caso de este tipo que se registra en el Urabá antioqueño, donde los opositores vencidos en juicio se oponen a la entrega material del predio mediante diversas acciones de hecho. Foto: Comisión Colombiana de Juristas.
“Fue algo muy sorprendente, pues durante el proceso el opositor siempre se mostró en los mejores términos y manifestó su aceptación con la decisión, pero cuando acudimos a la diligencia de entrega material, la historia fue totalmente distinta” declara Jhenifer Mojica, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, quien acompañó a Vidal durante el litigio.
De acuerdo con Mojica, el pasado 23 de noviembre, día programado para la entrega material del predio, un grupo aproximado de 50 personas se apostó en la finca junto con el opositor. En la entada instalaron una enorme pancarta en la que se leía: “somos propietarios y compramos de buena fe, no violentamos, no desplazamos, no despojamos. Asociación de Campesinos de Urabá –Asocampura”. Los presentes lanzaron arengas contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, insultaron a funcionarios presentes y amedrentaron a Vidal.
“La verdad no sabemos nada acerca de esta organización”, asevera Mojica. “Lo único que pudimos observar es que se trata de una organización que dice que la Ley de Restitución de Tierras está afectando a personas de bien, con un discurso bastante politizado”.
La diligencia fue suspendida y reprogramada para el pasado 5 de diciembre. Pero la situación no cambió mucho. Nuevamente un grupo aproximado de 20 personas se agolpó en la finca con la férrea intención de no permitir la entrega del predio, situación en la que no faltaron los improperios, los señalamientos y hasta las intimidaciones.
“Lo que pudimos comprobar es que los manifestantes no son campesinos de la zona, que incluso a algunos les pagan para que vayan a las fincas que serán restituidas para evitar la entregar”, advierte la abogada. A su juicio, “la finca venía siendo utilizada como sitio de recreo por parte del opositor, lo que hace más cuestionable toda esta negativa de entregarla”.
No es la primera vez que se registra un incidente de este tipo en el Urabá antioqueño, una de las regiones del país donde la guerra entre guerrilla y paramilitares fue aprovechada por ganaderos, terratenientes y agroempresarios para usurpar miles de hectáreas de tierra mediante negocios espurios. Desde el extremo norte, en Necoclí, hasta en Mutatá, que constituye puerta de entrada a la región agroindustrial, los reclamantes que han sido favorecidos con los fallos de jueces de tierras han manifestado la misma preocupación: la negativa de poseedores vencidos en juicio para entregar los predios.
Según conoció VerdadAbierta.com, situación similar se vive en la vereda Paquemás, de Turbo. Pese a que en los últimos dos años los jueces de tierras han proferido 22 sentencias mediantes las cuales se han restituido 380 hectáreas, el retorno de los campesinos ha sido traumático por cuanto los opositores, vencidos en juicio, aún viven en la región, lo que ha generado serios problemas de convivencia por temas como el derribamiento de linderos, envenenamiento de animales domésticos y ganado, entre otros.
Para Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Urabá, “se trata de una situación que se nos ha presentado, aunque no sabría decir cuántos casos. Lo cierto es que sí se presentan”. Sobre Asocampura, el funcionario señaló que “así como hay organizaciones que representan a las víctimas, también hay en la región otro tipo de organizaciones que se oponen a esta política, que dicen que es lesiva. Es lo único que puedo decir”.
Lo cierto del caso es que en el Urabá antioqueño, la tenencia de la tierra continúa siendo una fuente inagotable de conflictos donde las soluciones por las vías de hecho o, peor, mediante la violencia, siguen siendo la vía para resolverlos.
