Ayer quedaron en libertad seis de los 12 campesinos capturados en marzo pasado tras ser sindicados de pertenecer a las redes de apoyo de la guerrilla del Eln. Luego de ocho meses privados de la libertad, el Juzgado Primero Penal de Cartagena decidió revocar la medida de aseguramiento al no encontrar material probatorio que sustentara la captura. Abogados defensores esperan que en el trascurso del mes se orden la libertad de los restantes.
La participación dentro de la emisora comunitaria llevó a que Milena Quiroz fuera amenazadas por los grupos paramilitares y señalada por las autoridades locales de pertenecer a la insurgencia del Eln. Foto: Cortesía: Congreso de los Pueblos.Los municipios de Morales, Tiquisio, Arenal y Norosi, en el sur de Bolívar, históricamente han sido golpeados por el conflicto armado y con el supuesto objetivo de contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales, tropas conjuntas del Ejército y la Policía, capturaron líderes sociales, defensores de derechos humanos, entre ellos algunos integrantes del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, y campesinos de a pie de la región, sindicados de los delitos de rebelión y concierto para delinquir. (Leer más: El conflicto y el abandono del sur de Bolívar)
Tras la masiva captura, el general Gonzalo Londoño, comandante de la Regional 8 de la Policía Nacional, aseguró que la operación era un golpe certero para el Eln luego de diez meses de inteligencia realizada por miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. La acción, dijo, logró desarticular una banda dedicada al cobro de extorsiones, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.
Hoy, ocho meses después la detención, el Juzgado Primero de Conocimiento de Cartagena revocó la medida de aseguramiento que había solicitado la entonces fiscal tercera María Bernarda Puente López, quien, paradójicamente, está siendo procesada por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y concusión, luego de que se advirtiera que al parecer hacía parte de una red de funcionarios judiciales al servicio del crimen organizado que opera en la costa Atlántica. (Leer más: ¿Qué hay detrás de la captura de defensores de derechos humanos del Sur de Bolívar?)
De acuerdo con la decisión, los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía no eran suficientes para realizar la imputación de cargos contra los líderes campesinos porque las pruebas no eran suficiente sólidas para demostrar que sí eran miembros de la guerrilla. “Si tiene la noticia de que una persona está vinculada con una organización subversiva, ese sólo dicho no puede tenerse como inferencia si no hay un mayor respaldo probatorio”, aseguró el Juez y agregó que el operativo y las capturas apuntaban más a un resultado mediático que judicial.
La medida de excarcelación benefició a Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Nubia Gómez Jaime, José David Jaime, Manuel Francisco Zabaleta y Félix Muñoz, quienes, a pesar de la libertad, seguirán vinculados al proceso.
No es la primera vez que ocurre un caso como estos contra integrantes del Congreso de los Pueblos. En junio de 2015 fueron capturados y procesados por los delitos de rebelión y terrorismo 12 personas, señaladas de participar en los atentados contra las sedes de Porvenir en la ciudad de Bogotá. Un año más adelante fueron dejados en libertad al no comprobarse la autoría de los mismos en los hechos que estremecieron la capital de la República. (Leer más: ¿El Congreso de los pueblos: un movimiento bajo sospecha?)
¿Persecución y estigmatización?
Seis de los 12 campesinos capturados en el mes de marzo continúan en prisión a la espera que se resuelva su situación jurídica, al igual de quienes quedaron en libertad todos hacen parte de organizaciones sociales. Foto: archivo Semana.En diálogo con este portal, Jorge Molano, uno de los abogados apoderados de la defensa, aseguró que las pruebas nunca fueron suficientes para validar ni soportar la medida de aseguramiento y que, tras la decisión del juez, se evidenció que, por el contrario, contra sus clientes hubo un concierto de delinquir entre la Fiscalía y la Policía con el fin de perseguir el ejercicio del libre pensamiento y manifestación en Colombia.
“En ningún momento la Fiscalía acreditó que los testigos fueran desmovilizados de la guerrilla, tampoco se les logró dar respaldo o soporte probatorio. La Fiscalía lo que aportó fueron declaraciones o testimonios clonados, en donde a personas que se les escuchaba en junio nuevamente se les volvía escuchar en septiembre y repetían todo con los mismos errores de ortografía y gramática durante las diligencias”, detalló el abogado.
Milena, Isidro y Francisco son integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y miembros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), de la cual la mujer es vocera hace varios años.
El trasegar de esta líder con las comunidades campesinas y afrodescendientes la llevó a asumir la vocería en escenarios locales y nacionales, así como la representación legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela y de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A su vez, se desempeña como periodista de la emisora comunitaria La Negrita, del municipio de Arenal, desde la cual ha denunciado las afectaciones por el conflicto armado, el daño medioambiental por la presencia de multinacionales mineras y el abandono de la región por parte del Estado.
Lo mismo ocurre con Isidro, quien es líder local del Proceso Ciudadano, donde representa los intereses de la vereda Micoahumado, del municipio de Morales. Francisco Zabaleta, por su parte, desde hace años trabajaba para la comunidad del municipio de Norosí y es su vocero en la CISBCSC.
“Es urgente que el gobierno nacional comprenda que la paz sólo es posible si se brindan garantías a los territorios y quienes los habitan, si se cumplen los acuerdos firmados con las comunidades y organizaciones populares, si se escucha la voz de la comunidad y se prioriza el diálogo y sobre la fuerza y la criminalización”, aseguró el senador Alberto Castilla en un comunicado publicado en su página de internet.
“Persecución contra el movimiento social”
No es la primera vez que integrantes del Congreso de los Pueblos son señalados de pertenecer o tener vínculos con la guerrilla del Eln. En los demás procesos adelantados no se ha comprobado el acervo probatorio de la Fiscalía. Foto: Cortesía: Congreso de los Pueblos.VerdadAbierta.com habló con Milena Quiroz, quien aseguró que el proceso se dilató por parte del Ente Acusador para buscar razones de la captura donde nunca las hubo. A su juicio, desde hace seis meses se hubiera podido dar la libertad porque fueron los mismos argumentos y las mismas pruebas que presentó la Fiscalía a lo largo del proceso.
“Lo que aconteció fue un montaje judicial donde querían mostrar resultados con su aparato militar, pero se encontraron con la realidad que teníamos: un proceso social consolidado, donde la comunidad se movió, denunció y gritó por cada uno de sus líderes. Desde el comienzo tenía la certeza y la tranquilidad que era inocente, no sé en qué momento les dio por vincularme con el conflicto social y armado que padece el país”, aseveró Quiroz.
Para Quiroz eran inexistentes los argumentos con valor jurídico, por el contrario, cree que lo que movió la captura fueron intereses políticos detrás del procesos para dañar la imagen de las organizaciones sociales a las que representan: “mi detención tuvo que ver con el desarrollo de la Zona de Reserva Campesina de Arenal y Morales; desde hace años veníamos liderado e proceso y justo en el momento que se genera expectativa por la implementación de lo acordado en La Habana, se despertaron distintos intereses sobre la zona que quisieron sacarnos del territorio”.
Ese destierro se evidencia, según su abogado, en la medida ordenada el 5 de abril de este año por la Fiscalía de trasladarla de la estación de Policía de Chambacú, Cartagena, a ciudad de Bogotá. “A los capturados se les violó la presunción de inocencia, el caso de Milena, la aplicación del destierro es una figura jurídica de la legislación de 1980, es inadmisible que existiendo la constitución de 1991 se aplique una norma ya derogada”, dijo Molano.
Pese a la distancia, Quiroz continuó al frente de la coordinación de la emisora comunitaria y de la cooperativa apoyada por sus compañeros que quedaron en la región. “Las actuaciones son las que hablan y no tanto la retórica; la experiencia en los territorios muestra otra realidad diferente a la paz. Hay percusión contra el movimiento social porque somos quienes nos hemos puesto al frente contra las amenazas de los actores armados y los intereses de las multinacionales”, señaló.
Afirma Quiroz que, aunque hay que saludar la actual coyuntura de implementación de lo acordado en La Habana y el avance de los diálogos con la guerrilla del Eln, el único mensaje que calará en las comunidades es cuando las dejen participar como víctimas del conflicto armado, “tenemos derecho a manifestar lo que hemos sentido pero también a proponer insumos”, concluyó.
Sobre los seis campesinos que continúan recluidos se espera que los argumentos de la defensa de quienes quedaron en libertad les sirva para salir de reclusión. “Dado el contexto y situación que se ha presentado, en la que las pruebas ha sido abiertamente demeritadas, y se ha cuestionado la seriedad, la integridad y la idoneidad de la investigación, así como la falta de un análisis objetivo de las pruebas existentes, lo que procedería con las personas privadas de la libertad es la revocatoria de la medida de aseguramiento”, aseguró Molano.
