ONU alerta por persistencia de violencia contra personas defensoras de DD.HH.

Reciente informe de Naciones Unidas plantea que la violencia contra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en Colombia es estructural: se concentra en zonas con presencia de actores armados, afecta de manera particular a comunidades rurales y evidencia fallas en la respuesta estatal.

El 12 de marzo, el cuerpo de Wilmer Benítez, líder deportivo y comunitario del corregimiento de Margento, en Caucasia, fue encontrado en el río Cauca. Su asesinato se suma a una cifra que no deja de crecer. Entre 2022 y 2025, al menos 410 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas que advierte sobre la persistencia de esta violencia.

El documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que estos crímenes se concentran en territorios donde grupos armados disputan el control de economías ilegales. En regiones como el Bajo Cauca antioqueño, donde fue asesinado Benítez, estas dinámicas siguen poniendo en riesgo a quienes lideran procesos comunitarios.

Según el informe, de los 410 casos documentados, el 73 por ciento son atribuibles a actores armados no estatales, el 8 por ciento a organizaciones criminales, 4 por ciento a particulares, 4 por ciento a grupos de poder económico y político locales y en el 11 por ciento no se pudo identificar a los presuntos responsables.

ONU Derechos Humanos asegura que la violencia también está relacionada con otros factores estructurales, como el involucramiento de actores armados y organizaciones criminales en economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal; la débil presencia de las instituciones del Estado; los altos niveles de impunidad; la estigmatización de personas defensoras por parte de funcionarios públicos; la corrupción; y la falta de mecanismos efectivos para resolver los conflictos de tierras y socioambientales.

Una violencia que persiste en el tiempo

La violencia contra líderes sociales no es reciente. Durante la última década se ha consolidado como un fenómeno persistente y estructural con antecedentes incluso anteriores a la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

Entre 2016 y 2025, la oficina de la ONU documentó 972 homicidios de personas defensoras. La cifra pasó de 61 casos en 2016 a 115 en 2018, se mantuvo alrededor de 100 casos anuales entre 2019 y 2021, y alcanzó su punto más alto en 2022, con 117 asesinatos. Aunque en los años siguientes se registró una leve disminución, la tendencia volvió a repuntar en 2025, con 99 casos.

Según el informe, estas variaciones responden, en parte, a coyunturas como los procesos electorales en los que históricamente aumenta la violencia y a cambios en las dinámicas de los grupos armados para disputar el control de territorios y economías ilícitas. 

“Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ONU Derechos Humanos identificó un aumento progresivo en el número de homicidios de personas defensoras relacionado particularmente con disputas por parte de actores armados no estatales en aquellos territorios que fueron dejados por la antigua guerrilla de las Farc-EP y en los que el Estado no logró sostener una presencia integral para proteger a las comunidades e impulsar un desarrollo equitativo e inclusivo”, afirman en el documento.

Concentración territorial de los casos

Los datos del informe muestran que la mayoría de los asesinatos se concentran en unos pocos departamentos, especialmente en Cauca (84 casos), Valle del Cauca (37), Nariño (36), Arauca (36), Putumayo (34), Norte de Santander (21), Antioquia (19), Bolívar (15), Chocó (14) y Guaviare (14).

“Regiones como el norte del Cauca, el cañón del Micay, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el nordeste antioqueño, Arauca, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur del Putumayo y el Magdalena Medio ilustran cómo la disputa por el control territorial de grupos armados no estatales se traduce en ataques sistemáticos contra liderazgos comunitarios y personas defensoras. En estos contextos, los grupos ejercen violencia para imponer sus normas y control social, con el objetivo de asegurar economías ilícitas y corredores estratégicos”, señala el informe.

De acuerdo con la ONU, uno de los patrones más significativos es que gran parte de los homicidios se concentran en zonas rurales, caracterizadas por una limitada presencia estatal y por la disputa entre actores armados no estatales por economías ilícitas y el control de corredores estratégicos. También se presentan en regiones con economías extractivas que generan conflictividad ambiental y social. 

Sin embargo, el informe advierte una tendencia creciente a que la violencia se extienda a contextos urbanos, en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cali, Medellín, Cúcuta y Bogotá.

Las comunidades más afectadas

Los datos muestran que la violencia contra personas defensoras recae de manera desproporcionada sobre comunidades rurales y étnicas. Campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes concentran la mayoría de las víctimas, lo que refleja las condiciones de vulnerabilidad en territorios atravesados por disputas armadas y economías ilegales.

De las 410 víctimas documentadas fueron en su mayoría hombres (354), seguidos de 49 mujeres y siete personas LGBTIQ+ (cuatro mujeres trans, dos hombres gays y una persona no binaria). En cuanto a su pertenencia social y étnica, 171 eran campesinas, 95 indígenas y 42 afrodescendientes.

ONU Derechos Humanos identifica que los perfiles más expuestos a vulneraciones son aquellos con un rol activo en la organización comunitaria. Entre ellos se encuentran autoridades y sabedores ancestrales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, liderazgos campesinos, miembros de juntas de acción comunal, personas defensoras del medio ambiente, mujeres defensoras, personas LGBTIQ+, así como quienes trabajan por los derechos de la niñez, personeros municipales y líderes políticos.

Además, el informe enfatiza que los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales ejercen una violencia diferenciada contra las autoridades indígenas con el fin de debilitar sus procesos organizativos y afectar sus estrategias de resistencia. Esto se manifiesta no sólo en la violencia letal, sino también en la coerción, la imposición de normas de conducta, la apropiación de territorios y la imposición de economías ilícitas como el cultivo de coca y marihuana, la minería ilegal y la tala de bosques.

“Esta estrategia tiene como finalidad o consecuencia el exterminio cultural de algunos pueblos indígenas, particularmente cuando se suma al reclutamiento de niñas y niños, el despojo del territorio o la cooptación de las formas de autogobierno y justicia propios. (…) La violencia en contra de autoridades y guardias indígenas se explica en parte en relación con su ejercicio de defensa del territorio y cómo parte las estrategias de autoprotección que han adoptado los propios pueblos indígenas en acciones vitales como la recuperación/protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento”, asegura el informe. 

Respuestas del Estado y desafíos pendientes

La agencia de la ONU destaca como un avance que el Gobierno actual haya reconocido y priorizado la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. También resalta la apertura al diálogo con organizaciones sociales, la promoción de acciones de prevención y respuesta inmediata, y los esfuerzos por articular una política integral de garantías.

Sin embargo, el informe advierte que estos avances no han sido suficientes para revertir las tendencias de violencia contra los defensores de derechos humanos ni para superar los obstáculos estructurales que impiden garantizar una protección efectiva y sostenida.

Uno de los principales problemas, señala la ONU, es la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado. Las respuestas en materia de prevención y protección siguen siendo fragmentadas, con una débil coordinación entre el nivel nacional, departamental y municipal, dice. En particular, los municipios continúan siendo el eslabón más frágil, con capacidades técnicas y financieras limitadas.

A esto se suma que las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo no siempre se traducen en acciones concretas de protección, y que los mecanismos de control frente a fallas institucionales siguen siendo insuficientes, especialmente en los contextos más vulnerables, señala.

El informe también cuestiona el modelo actual de protección, centrado en medidas individuales y fuertemente dependiente de la Unidad Nacional de Protección. Según la ONU, este enfoque resulta insuficiente frente a la diversidad de riesgos y plantea la necesidad de avanzar hacia estrategias más integrales, con énfasis en la protección colectiva y con enfoques territoriales, étnicos y de género.

“Ante los enormes riesgos de seguridad que viven las personas defensoras y la limitada respuesta integral de instituciones con mandatos de prevención y protección, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, y las alcaldías y gobernaciones, la responsabilidad de brindar protección a las personas defensoras ha recaído casi de manera exclusiva y desproporcionada la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior”, asegura el informe. 

La oficina de la ONU denuncia por ejemplo, que en en 2025, la Unidad recibió un total de 43.103 solicitudes individuales de protección, de las cuales se realizó un estudio de riesgo 11.678 casos y sometió ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas 6,924 casos, determinando que el 49 por ciento de los casos como en riesgo ordinario y 51 por ciento en riesgo extraordinario. Al 31 de octubre de 2025, la UNP otorgaba protección individual a 10,330 personas y 495 colectivos.

En materia de justicia, aunque se reconocen avances en la investigación de homicidios, los niveles de impunidad siguen siendo altos. Por ello, el documento insiste en la necesidad de fortalecer la acción de la Fiscalía en los territorios y avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales responsables.

El informe concluye que garantizar su protección no depende sólo de medidas de seguridad, sino de una presencia integral del Estado en los territorios, capaz de responder a las causas que alimentan el conflicto y de fortalecer las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos en Colombia.