El Observatorio de Paz Integral, OPI, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM, le presentó al relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, un documento en el que denuncia 47 casos de posibles falsos positivos entre enero 2006 y diciembre de 2008.
Con información del OPI especial para Verdad Abierta
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Varias madres de personas presentadas como falsos positivos le expusieron sus casos al Relator especial de Naciones Unidas para este tipo de delitos. Foto Semana |
Según el OPI, en el Magdalena Medio, las organizaciones de derechos humanos han registrado un incremento de los llamados ‘falsos positivos’ entre enero de 2006 a diciembre de 2008, que coincide con la etapa de recuperación de territorios controlados por las Auc por parte de la Fuerza Pública.
En el informe el Observatorio señala además que, en ese mismo periodo, aumentaron de amenazas colectivas e individuales, desplazamientos, utilización de civiles como escudos humanos, pillaje, destrucción de bienes civiles, detenciones arbitrarias y las temibles ejecuciones extrajudiciales por cuenta del Ejército Nacional.
Una de las cifras más preocupantes de este informe, es que entre enero de 2006 y diciembre de 2008, el OPI ha registrado 165 casos de violación de DDHH por cuenta del Ejército Nacional y 47 ejecuciones a civiles presentados como combatientes.
Según la denuncia, en el Magdalena Medio se han visto involucrados y han sido destituidos militares de diversos rangos en los Batallones Bombona, Calibio, Rafael Reyes, y la brigada XV.
El OPI explica que el incremento de violaciones de Derechos Humanos y en especial las ejecuciones extrajudiciales empezó a partir de enero de 2006 con la ‘Operación Faraón’ que buscaba ocupar los territorios dominados hasta ese momento por las Auc.
En el caso del Magdalena Medio, las ejecuciones se han registrado en zonas rurales de municipios en los cuales se desarrollan operaciones militares y en zonas en las que históricamente no ha existido una presencia permanente de la fuerza pública.
La victimas por lo general son campesinos ubicados en zonas rurales de difícil acceso, lideres comunitarios que avanzan en procesos sociales alternativos y jóvenes que se dejan seducir con promesas de trabajo en lugares distantes de su residencia.
En la mayoría de los casos las victimas fueron señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla o de pertenecer a grupos guerrilleros, por informantes que acompañan a la tropa, algunas veces uniformados, encapuchados y portando armamento. Estos informantes generalmente son desmovilizados de grupos armados o pobladores de la zona, reconocidos por los habitantes como ladrones o personas que han tenido antecedentes conflictivos en las comunidades
Ejecución extrajudicial es un homicidio fuera de combate u homicidio imputable a agentes del estado. Constituye un crimen humanitario de guerra como un crimen de lesa humanidad, así lo disponen los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
“En este periodo se desarrollaron operaciones militares en las que el gobierno buscaba la “retoma del territorio” ocupado por los grupos paramilitares en proceso de desmovilización”, dice el documento presentado por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos al relator Philip Alston.
El OPI planteó una serie de recomendaciones para acabar con los casos de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares muertos en combate, entre las que se encuentra la eliminación de las normas legales que premian por resultados positivos a los agentes de la Fuerza Pública en operaciones militares, un mayor apoyo en recursos humanos y logísticos a las defensorías regionales del pueblo para que tengan una mayor cobertura en protección y prevención de violaciones a los Derechos Humanos; y la creación de políticas nacionales para el fortalecimiento de procesos sociales de desarrollo en el territorio Regional y nacional.
Durante el desarrollo del encuentro cada una de las organizaciones y familiares de las víctimas que llegaron procedentes de Arauca, Norte de Santander, y Santander; al igual de regiones muy golpeadas por este tipo casos como lo son el Magdalena Medio y Sur de Bolívar, le expresaron al relator su interés para que las recomendaciones planteadas desde la zona Nororiental de Colombia, sean tenidas en cuenta y los casos fueran incluidos en la investigación, con la idea que sean esclarecidos y se conozca la verdad.
El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philp Alston, estuvo el pasado domingo en la ciudad de Bucaramanga, donde se reunió con organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública de Colombia, en la región Nororiental del país, que comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y el Magdalena Medio Colombiano.
El Observatorio de paz integral considera que en Colombia, antes que el fortalecimiento de Batallones Militares, se debe avanzar en la creación de políticas nacionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de procesos sociales de desarrollo en el territorio Regional y nacional
Algunos familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales le contaron personalmente sus casos al relator especial de la ONU.
Las organizaciones pidieron al Relato que interceda ante el Gobierno para que implemente las medidas y así se evite la práctica de ejecuciones extrajudiciales y sean reparadas las victimas de estos hechos.
Alston señaló que se reunirá con funcionarios gubernamentales de alto nivel, con víctimas y testigos, y con los representantes de la sociedad civil que representan los intereses de las personas que han sido asesinados.
El relator especial de la ONU presentará un informe al Gobierno colombiano sobre este tipo de crímenes que muy seguramente contendrá recomendaciones para evitar que este tipo de crímenes continúen sucediendo.
