El fin de las Zonas Veredales de Transición y Normalización y Puntos Transitorios de Normalización sembró más dudas que certezas durante la primera fase de implementación de los acuerdos. Desde hoy, estos sitios se convertirán en lugares para el desarrollo económico y social. ¿Qué tan preparadas están las autoridades?
En el Sitio Tansitorio de Normalización de Pondores, en La Guajira, la Misión Política de la ONU extrajo el conjunto de armas que las Farc le entregó semanas atrás. Foto: Misión ONU.
Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación serán el epicentro de la reincorporación a la vida legal de por lo menos 10 mil excombatientes, entre guerrilleros y milicianos de las Farc. Allí se dará el paso final para la transformación del grupo insurgente a un movimiento político y social.
A diferencia de cómo se establecieron las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios, en estos espacios no existirán las fronteras entre los excombatientes y la Fuerza Pública, tanto el Ejército como la Policía van a poder moverse por los distintos territorios. Allí se instalarán las denominadas “Carpas azules”, lugares donde se concentrarán los principales servicios del Estado para el uso de la comunidad y servirán de enlace entre los que exguerrilleros y la población circundante.
El segundo cambio, y uno de los más importantes dentro el proceso de reincorporación, será la interacción entre excombatientes y pobladores, pues estos espacios podrán ser usados por diferentes organizaciones sociales de la región para el desarrollo social y comunitario. Aunque ya venían teniendo acceso a algunos servicios básicos, como la salud, ahora podrán compartir espacios como el deporte y la cultura con los excombatientes.
La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) asegura que estos territorios “servirán para capacitar a los integrantes de las Farc para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas en un modelo de reincorporación comunitaria”.
Según los datos arrojados en el censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional, el 77 por ciento de los excombatientes no tiene un lugar donde habitar y el 60 por ciento tiene interés en actividades agropecuarias integrales, lo que indica que son cientos los que harán su vida alrededor de los Espacios Territoriales.
Pese a no tener la certeza de la fecha hasta la que irán estos espacios, Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales, en diálogo con VerdadAbierta.com, aseguró que el gobierno nacional extendió los contratos de arrendamiento de los predios donde funcionan los Espacios Territoriales hasta final de año, una vez concluya este periodo, gobierno nacional y dirigencia de las Farc se sentarán a revisar, caso por caso, para determinar en cuántos de ellos existe una vocación de permanencia a largo plazo.
Para el senador Iván Cepeda, co-presidente de la Comisión de Paz del Senado y quien en un ejercicio de veeduría ciudadana recorrió once Zonas Veredales, recalcó la importancia de este suceso para la democracia: “con estos espacios se ha generado un modelo de convivencia que sirve para la construcción de la paz”.
Sin embargo, el panorama genera más dudas que certezas para lo que se viene en esta nueva etapa, debido a la falta de claridad, la seguridad de los excombatientes y el desarrollo normativo, que no avanza en el Congreso de la República con la rapidez que se requiere.
La incertidumbre
Después de dejar las armas, las Farc seguirá su proceso de reincorporación y consolidación como movimiento político y social. Foto: María Clara Calle.Además de los problemas de seguridad, los miembros de las Farc también manifiestan dudas con respecto a los programas de reincorporación; aseguran que poseen poca información por parte del gobierno nacional; y no tienen claros los tiempos y tiempos de desarrollo y cumplimiento de los programas sociales.
“Hay mucha incertidumbre en medio de todo lo que se ha avanzado. Hasta ayer estuvieron las zonas como entes jurídicos por así decirlo, pero aún no hay claridad en los protocolos de cómo va a ser este funcionamiento de los nuevos espacios”, aseveró Victoria Sandino, uno de los tres miembros de las Farc en la CSIVI.
Del mismo modo, Jairo Quintero, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación, expresó un diagnóstico reservado en cuanto a lo que viene: “lo básico para el desarrollo de procesos productivos es la tierra y hasta el día de hoy no ha habidopor parte del gobierno una respuesta y una solución concreta frente a esta necesidad de la población fariana”.
Para los excombatientes hay un vacío legal, pues no se ha concretado el marco que dé inicio al plan general de la paz que pueda garantizar los recursos a partir del siguiente Plan Nacional de Desarrollo. “Seguiremos insistiendo porque en el Congreso se tomen la normatividad y se cumpla con lo pactado frente a la adecuación institucional”, afirmó Sandino.
Es importante recordar que la financiación de estos territorios, por parte del Fondo para la Paz, solamente estará vigente hasta el 15 de octubre, fecha a partir del cual entrarán a regir los fondos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
A partir de hoy, los excombatientes tendrán que comenzar a hacer uso de los ingresos individuales acordados, uno de 2 millones de pesos que recibirá cada uno una vez finalizadas las Zonas Veredales (asignación única de normalización), y otra renta básica durante 24 meses que equivale al 90 por cierto de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, desde que no tengan otros ingresos.
Y justamente, el factor de la financiación genera una gran incertidumbre entre los exguerrilleros, pues aún no tiene claro a quién le corresponde la manutención de los nuevos espacios y el plan de suministros.
“Con la renta básica, de acuerdo a las condiciones de la canasta familiar, no son recursos suficientes para sostener a la gente y menos para el desarrollo de las actividades de formación y de educación”, enfatizó Quintero.
Pero esa no es la única preocupación. Una inquietud adicional la generan la falta de acondicionamiento de algunos Espacios Territoriales, circunstancia que fue motivo de debate durante la constitución de las Zonas Veredales y que se va a prolongar en esta nueva fase del proceso con las Farc por cuanto persisten los atrasos. Según el último informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del pasado7 de julio, son varias las zonas con problemas graves de adecuación, entre ellas las ubicadas en los municipios de Mesetas (Meta), Policarpa (Nariño) y Caldono (Cauca), cuyo avance de construcción tiene un promedio de avance solo del 10 por ciento.
¿Qué viene?
La entrega de suministros sufrió dificultades durante la existencia de las ZVTN. El panorama no es claro con los nuevos espacios. Foto: Misión de Política de la ONU en Colombia.Parte de la complejidad de esta nueva etapa para la guerrilla de las Farc radica en los problemas sociales que padecen las zonas circundantes a los nuevos Espacios Territoriales. Por ejemplo, mientras que, en la región Caribe, que comprende las zonas ubicadas en La Guajira y Cesar, el principal problema es la concentración de la tierra, en otras regiones como la de Cauca, radica en el temor por parte de las comunidades indígenas de que otros grupos armados ilegales les arrebaten sus territorios.
La propuesta que han planteado diversos sectores sociales es que se trabaje con un enfoque regional, que apunte a que los entes territoriales empiecen a subsanar las demandas locales para luego, en conjunto, trabajar por las soluciones nacionales.
Pero hay un agravante que complica el panorama: la confluencia de diferentes grupos armados ilegales que rondas estos Espacios Territoriales, que van desde la guerrilla del Eln, pasando por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), hasta disidencias de las Farc y organizaciones criminalesligadas al narcotráfico, que desde hace varios meses se disputan los territorios dejados por las Farc. (Leer más en: No paran las amenazas contra los reclamantes de tierras de Urabá)
A ello se suma la violencia que se ha concentrado en contra de los integrantes de las Farc. A inicios de semana, en menos de 12 horas fueron asesinados dos excombatientes, uno en el municipio de Ituango, Antioquia, y el otro en El Tarra, Norte de Santander. Ambos estaban en el proceso de reintegración. Con ellos, ya suman nueve los casos de homicidios registrados contra los miembros de las Farc desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre del año pasado, sin contar a los familiares de algunos de ellos, como ocurrió en Tarazá, Antioquia, el pasado 23 de abril.
Estos hechos han puesto en entredicho la capacidad de las autoridades para implementar las garantías de seguridad contenidas dentro del Acuerdo, que no solo se restringe para los excombatientes sino a la sociedad en su conjunto. Ante el oscuro panorama en materia de seguridad, tanto exguerrilleros, familiares y comunidades coinciden en resaltar que el avance en lo pactado dependerá de la voluntad del gobierno nacional para avanzar en soluciones eficaces a todos estos problemas.
Fin del desarme, agridulce
En algunos ETCR, como el ubicado en Tumaco, continúan las obras de adecuación. Foto: Juan Diegro Restrepo E.Con la entrada en vigor de los Espacios Territoriales, las Farc hicieron entrega del restante grupo de 50 menores de edad que tenían en su poder, quienes fueron recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que luego, en coordinación con el ICBF, los asignó al programa de incorporación estatal Camino Diferencial de Vida.
Aún así, según el ministro del interior, Guillermo Rivera, sigue habiendo ungrupo indeterminado de menores que no quisieron acogerse al plan de reincorporación especial, sino que harán el proceso regular como sus compañeros mayores de edad, tal como lo pudo constatar este portal durante los viajes a las distintas Zonas Veredales.
Paralelo a ello, en el Punto Transitorio de Normalización de Pondores, en el corregimiento de Fonseca, La Guajira, se cerró el último conteiner de armas. “Hoy efectivamente es el último suspiro de este conflicto”, anunció el presidente Juan Manuel Santos desde ese lugar.
Según cifras de la Misión Política de la ONU en Colombia, se recolectaron 8,112 armas y hasta el momento se han encontrado 510 caletas de 873 existentes. Las armas y municiones se fundirán para la elaboración de los tres monumentos, que serán ubicados en la sede de la ONU en New York, en La Habana, Cuba, y en Bogotá.
Pese a las positivas cifras del proceso en cuanto al desarme real de las Farc, la realidad en las regiones es una muy distinta a la de un país que puso punto final a una confrontación armada con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica: se disparó el número de desplazamientos, los asesinatos selectivos van en aumento y las amenazas contra líderes y víctimas persiste. (Leer, por ejemplo, Desplazamiento forzado no cede en Colombia; Impunidad acecha homicidios de defensores de derechos humanos en Antioquia y No paran las amenazas contra los reclamantes de tierras de Urabá)
“Nosotros esperamos que la puesta en marcha de estos territorios permita armonizarnos más con la paz, entre las regiones, las ciudades principales y las distintas comunidades. Ello no va a ser posible sin que el Estado erradique la violencia de cualquier forma de hacer política. No queremos morir intentando la paz”, aseguró ‘Solís Almeida’, excomandante del Frente 19 de las Farc.
Bajo estas circunstancias tan complejas, la dirigencia insurgente continúa trabajando en la constitución de su partido político. En declaraciones a la prensa, ‘Iván Márquez’, uno de sus jefes más representativos, anunció que dentro de pocos días “estaremos realizando el congreso fundacional del nuevo partido político, que seguramente se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. No queremos romper los vínculos con nuestro pasado, hemos sido y seguiremos siendo una fuerza revolucionaria”.
