En un foro sobre violencia sexual, expertos alertaron sobre la impunidad y la falta de atención que tienen estos casos en la justicia colombiana.
En el marco de la campaña “Violaciones y otra violencia: Saquen mi cuerpo de la Guerra” liderada Oxfam, la casa de la mujer y la Ruta Pacífica de las mujeres, se evaluaron las acciones del gobierno de Juan Manuel Santos frente al tratamiento de los delitos de violencia sexual, de los cuales, la tercera parte, son cometidos en medio del conflicto.
“Es escalofriante el diagnóstico de la situación y las respuestas del gobierno son lamentables. Antes se pedía que el gobierno pasara de las palabras a los hechos, pero ahora es mejor que se mantenga en las palabras, porque los hechos que presenta son terribles”, aseguró el Representante Iván Cepeda al referirse a los resultados del informe y a la propuesta del gobierno de ampliar el fuero militar.
A pesar de que no existen cifras consolidadas sobre los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto colombiano, Oxfam, Unifem, la Corte Constitucional en Colombia y el programa de “Saquen mi Cuerpo de la guerra” presentan alarmantes estadísticas sobre el problema.
De 489.687 casos registrados de violencia sexual el 20% corresponde a violaciones, seguidas por las presiones y regulaciones de la vida social, los servicios domésticos forzados y las prácticas de acoso sexual, cometidas en su mayoría por paramilitares.
La paradoja es que, según datos de Amnistía Internacional, a pesar de que en los procesos de Justicia y Paz los miembros de las autodefensas han confesado la autoría de más de 57.000 crímenes, solo 86 corresponden a delitos de violencia sexual. Hasta la fecha no se ha condenado a ningún paramilitar aunque existen pruebas y denuncias como en el caso de alias “el oso”, quien es señalado de violar a varias niñas en San Onofre, Sucre.
Testimonio blanquita
En 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía a investigar 183 casos de crímenes sexuales en el marco del conflicto, de los cuales el 46 por ciento correspondían a paramilitares, el 19, 4 a miembros de las fuerzas armadas y el 8,5 a guerrilleros. Hasta septiembre de 2010, solo cinco de estos casos fueron sentenciados y el único de esos cinco casos adjudicado a un paramilitar, fue absuelto.
“Falta de coordinación, de voluntad y de responsabilidad política”
Tanto Iván Cepeda como la representante Ángela María Robledo han liderado un control político sobre las acciones emprendidas por las instituciones, sin embargo, a pesar de que se han creado marcos normativos y organismos como la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de Género, estos no son suficientes, y además de todo, no están coordinados.
De acuerdo a las declaraciones de Pilar Rueda Jiménez, Defensora Delegada para los Derechos de la niñez, la juventud y la mujer, “es imposible realizar la tarea si no se cuenta con el presupuesto y las personas indicadas, dentro del equipo de la defensoría solo hay 4 personas que deben encargarse del 90% de los casos a nivel nacional”
De hecho, el presupuesto aprobado para el 2.012 por el Congreso, destinará solo 1, 5% a la reparación de la víctimas, es decir 3, 8 billones de pesos para implementar la Ley de Víctimas en su totalidad. “Esto es realmente vergonzoso. Es imposible hacer una reparación integral, más en el caso de las mujeres víctimas, con esta cantidad. En vez de avanzar, el gobierno asume disposiciones e iniciativas que son claramente contrarios a los intereses y a los derechos, no solamente a las mujeres sino a la sociedad en general”, dijo Cepeda.
Ampliar el fuero militar aumentaría la impunidad de casos de violencia sexual.
Actualmente los militares implicados en delitos de violencia sexual son juzgados por la justicia ordinaria, sin embrago, de aprobarse la propuesta del Ministerio de Defesa de incluir en la reforma a la justicia una ampliación del fuero militar, los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes en contra de las mujeres, serán juzgados por la justicia penal militar.
“Los hechos de violencia sexual serán tratados como si fuesen parte y resultado del propio servicio militar, generando mayor tolerancia a esta clase de delitos y por tanto un aumento de la impunidad. El juzgado termina siendo su propio juez” dijo Cepeda.
La posibilidad de este tratamiento preferencia para los miembros de la fuerza pública, según Cepeda, “haría que el principio de tolerancia cero en el uso de la violencia sexual como arma del conflicto se convirtiera entolerancia del 100 por ciento con relación a esta prácticas”.
Foto ministro de defensa
Los cuatro puntos críticos para las instituciones y programas del gobierno
Al hecho de que solo el 9% de las mujeres víctimas de violencia sexual denuncian públicamente el crimen, se suma una falla en la sistematización y seguimiento de los casos que se traduce en la inexistencia de un registro unificado. “No existen datos desagregados por lugar geográfico, edades, victimarios, es necesario que se responsabilice a una institución de la recolección, estandarización y análisis de la información para poder prevenir y atender adecuadamente los casos”, afirmó Amanda Camilo líder del movimiento Ruta Pacifica de las Mujeres.
Limitaciones en el acceso a la justicia ya que no existe un sistema de protección para las mujeres víctimas durante los procesos judiciales. La falta de garantías y protección hace que las mujeres no denuncien y la impunidad prevalezca.
No existe una vía clara a nivel local para proceder luego de un delito de violencia sexual. “Hace dos semanas se denunció en el municipio Valle del Guamez en Putumayo, la violación de una niña de 8 años, pero en el municipio no existe una ruta de atención. Los familiares prefirieron pasar al ecuador para que atendieran a la niña, la niña no resistió y murió”. Del total de las víctimas más del 80% corresponde a niñas menores de 18 años, población vulnerable que exige más atención del gobierno y de las instituciones.
En la atención y seguimiento no hay una obligación a las entidades restadoras de salud de garantizar los servicios de habitación, alimentación y atención psicosocial a víctimas de la violencia sexual.
Foto niña
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| El 29 por ciento de los crímenes de violencia sexual son cometidos por actores del conflicto. Fotomontaje VerdadAbierta |
La paradoja es que, según datos de Amnistía Internacional, a pesar de que en los procesos de Justicia y Paz los miembros de las autodefensas han confesado la autoría de más de 57.000 crímenes, solo 86 corresponden a delitos de violencia sexual. Hasta la fecha no se ha condenado a ningún paramilitar aunque existen pruebas y denuncias como en el caso de Marco Tulio Pérez alias “El Oso”, quien es señalado de violar a varias niñas en San Onofre, Sucre.
“A mi hija la violaron y torturaron los paramilitares de ‘Jorge 40′” relata Blanca Díaz madre de Irina Carmen Villero Díaz, niña wayúu de 15 años que fue asesinada en mayo de 2001. “Son miles los casos que permanecen en la impunidad porque a las víctimas les da miedo denunciar, yo doy mi testimonio para conseguir la verdad, la reparación integral y sobre todo para que no se repitan estos hechos de violencia” agregó Blanca.
En 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía a investigar 183 casos de crímenes sexuales en medio del conflicto, de los cuales el 46 por ciento correspondían a paramilitares, el 19, 4 a miembros de las fuerzas armadas y el 8,5 a guerrilleros. Hasta septiembre de 2010, solo cinco de estos casos fueron sentenciados y el único de esos cinco casos adjudicado a un paramilitar, fue absuelto.
“Son lamentables las respuestas del gobierno ante escalofriante diagnóstico de la situación. Antes se pedía que el gobierno pasara de las palabras a los hechos, pero ahora es mejor que se mantenga en las palabras, porque los hechos que presenta son terribles”, aseguró el Representante Iván Cepeda al referirse a los resultados del informe y a la propuesta del gobierno de ampliar el fuero militar.
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| Testimonio de Blanca Díaz, madre de Irene Carmen Villero, niña wayúu abusada sexualmente por miembros del Bloque Norte de las Auc. |
“Falta de coordinación, de voluntad y de responsabilidad política”
Tanto Cepeda como la representante Ángela María Robledo han liderado un control político sobre las acciones emprendidas por las instituciones, sin embargo, a pesar de que se han creado normas y organismos como la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de Género, no han sido suficientes para enfrentar este tipo de delitos.
De acuerdo a Pilar Rueda Jiménez, Defensora Delegada para los Derechos de la niñez, la juventud y la mujer, “es imposible realizar la tarea si no se cuenta con el presupuesto y las personas indicadas, dentro del equipo de la defensoría solo hay 4 personas que deben encargarse del 90 por ciento de los casos a nivel nacional”
De hecho, el presupuesto aprobado para el 2.012 por el Congreso, destinará solo 1, 5 por ciento a la reparación de la víctimas, es decir 3, 8 billones de pesos para implementar la Ley de Víctimas en su totalidad. “Esto es realmente vergonzoso. Es imposible hacer una reparación integral, más en el caso de las mujeres víctimas, con esta cantidad. En vez de avanzar, el gobierno asume disposiciones e iniciativas que son claramente contrarios a los intereses y a los derechos, no solamente a las mujeres sino a la sociedad en general”, dijo Cepeda.
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| Después de los grupos paramilitares, los miembros de las Fuerzas Militares son los principales responsables de los delitos de violencia sexual en el conflicto. Fuente: Campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra” |
Actualmente los militares implicados en delitos de violencia sexual son juzgados por la justicia ordinaria, sin embargo, de aprobarse la propuesta del Ministerio de Defesa de incluir en la reforma a la justicia una ampliación del fuero militar, los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes en contra de las mujeres, serían juzgados por la justicia penal militar.
“Los hechos de violencia sexual serán tratados como si fuesen parte y resultado del propio servicio militar, generando mayor tolerancia a esta clase de delitos y por tanto un aumento de la impunidad. El juzgado termina siendo su propio juez” dijo Cepeda.
La posibilidad de este tratamiento preferencia para los miembros de la fuerza pública, según Cepeda, “haría que el principio de tolerancia cero en el uso de la violencia sexual como arma del conflicto se convirtiera en tolerancia del 100 por ciento con relación a esta prácticas”.
Al hecho de que solo el 9 por ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual denuncian públicamente el crimen, según cifras de Oxfam, se suma una falla en la sistematización y seguimiento de los casos que se traduce en la inexistencia de un registro unificado.
Además de ésto, existen limitaciones en el acceso a la justicia ya que no hay un sistema de protección para las mujeres víctimas durante los procesos judiciales. La falta de garantías y protección hace que las mujeres no denuncien y la impunidad prevalezca.
Otro de los expertos presentes en este foro dijo que no existe una vía clara a nivel local para proceder luego de un delito de violencia sexual.
Finalmente, en la atención y seguimiento no hay una obligación a las entidades prestadoras de salud de garantizar los servicios de habitación, alimentación y atención psicosocial a víctimas de la violencia sexual.
