Al menos 73 periodistas en Colombia han sufrido algún tipo de agresión durante el actual proceso electoral.
Alrededor de 40 amenazas masivas se han hecho encontra de defensores de derechos humanos desde finales de 2014. Foto: archivo Semana.
Las amenazas de muerte a Pascual Gaviria, periodista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio y columnista del periódico El Espectador; y a la Agencia de Prensa Rural, medio alternativo del sector rural colombiano, ponen en evidencia el alto riesgo electoral por agresiones a la prensa y el uso reiterado de la violencia política en Colombia.
El tema es bastante sensible para la libertad de expresión y de prensa, pero también debe serlo para el ejercicio de la democracia, la participación ciudadana en los debates públicos y la garantía del derecho a la oposición.
Y en medio de un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el asunto adquiere mayor relevancia si se considera que el segundo punto de la agenda de negociaciones en La Habana trata sobre la participación política; lo que pone a este derecho no garantizado como una de las causas que ha dado origen y continuidad a medio siglo de conflicto.
En el caso del periodista de Caracol Radio, la agresión llega luego de que denunciara presiones electorales de la Universidad de Medellín —de corriente Liberal— a estudiantes, docentes y trabajadores; y además cuestionara públicamente al candidato Liberal a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por sus “conocidas pifias” como Alcalde de Medellín y por “sus mentiras y su oportunismo como candidato oscuro y perenne.”
La prensa nuevamente es blanco de amenazas. Foto: archivo Semana.
En esta ocasión se trata de la amenaza a un periodista reconocido públicamente por su participación en medios masivos de comunicación. Pero, como él, al menos 73 periodistas en Colombia han sufrido algún tipo de agresión durante el actual proceso electoral, reveló la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) que rechazó la amenaza contra Pascual Gaviria.
El 25 de septiembre, un mes antes de las elecciones, la FLIP reportó que 46 municipios estaban en riesgo electoral y señaló que Antioquia era el departamento con más agresiones. Según Jonathan Bock, miembro del área de monitoreo y protección de esa fundación, de las 73 agresiones a periodistas ocurridas en Colombia durante el actual proceso electoral, 7 han sucedido en ese departamento.
Comparado con las elecciones presidenciales de 2014, cuando la FLIP registró 6 agresiones en el país, el ambiente actual es de mayor riesgo. Para Jonathan Bock esto se debe a “los intereses en las campañas locales que generan mayor tensión y zozobra”. Además a que estos comicios involucran más cubrimiento por parte de los periodistas de las regiones.
Y es el ámbito regional, y específicamente en el debate sobre la paz y el desarrollo rural del país, donde se enmarcan las amenazas de muerte contra la Agencia Prensa Rural y contra varios líderes sociales del movimiento Cumbre Agraria, la Guardia Indígena y la Central General de Trabajadores.
La amenaza es firmada por el grupo pos paramilitar de las Águilas Negras que, según publicó Prensa Rural, “se pronuncia contra el proceso de paz, contra la voluntad de las mayorías de acabar con el conflicto armado y hace un llamado a recomponer las filas del paramilitarismo.” El panfleto llegó por medio de correo electrónico desde la cuenta libertarioscolombia@gmail.com el pasado martes 6 de octubre a las 8:33 p.m.
Andrés Gil, líder campesino y vocero de Marcha Patriótica, es una de las nueve personas amenazadas en el nuevo panfleto de las Águilas Negras.
Por su parte, el programa Somos Defensores, que monitorea las agresiones contra los defensores de derechos humanos, documentó que entre julio, agosto y septiembre, ocurrieron 133 amenazas. Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de esta ONG, los panfletos no nacen de la nada, pues han “identificado el patrón de que cada vez que hay avances en la Mesa de la Habana, aparecen amenazas masivas”. Según Somos Defensores, desde septiembre del año pasado, cuando se dieron avances sustanciales en el proceso de paz, se han registrado alrededor de 40 amenazas masivas en diferentes regiones del país contra quienes promueven temas de paz.
A esta organización le llama la atención que sigan circulando amenazas a nombre de las Águilas Negras, pues según las autoridades, ese grupo armado no existe. “Si bien para las autoridades las Águilas Negras no existen, no entendemos quién está emitiendo este elevado número de amenaza. No sólo son las Águilas Negras, también Los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas en el norte del país, y si no existenquiénes son los responsables de las amenazas. Lo que vemos es que hay una falta de voluntad de la Fiscalía para investigar las amenazas”, señala Guevara.
Estas situaciones dejan preguntas sobre ¿qué tan estrecha continúa siendo la relación entre la ilegalidad y algunos sectores políticos que, en el escenario actual, se disputan el poder local e incluso se oponen a la construcción de paz? ¿Será posible terminar con el uso de la violencia como práctica para obtener fines políticos y truncar la participación de otros? Este no es un desafío menor, si se tiene en cuenta que en Colombia dicha estrategia ha sido reencauchada a través de la historia, desde la guerra entre liberales y conservadores hasta el paramilitarismo y las guerrillas.
