Hace una semana se lanzó en Barrancabermeja la campaña “Somos como tú”, mediante la cual un amplio número de organizaciones sociales con presencia en el Magdalena Medio pretende contrarrestar la estigmatización y los señalamientos que crecen en esa región contra los líderes campesinos.
“Bienvenidos al mercado popular, campesino y feminista de Barrancabermeja: productos de nuestra tierra, completamente orgánicos. ¡Apoyemos a nuestros campesinos y campesinas!”, decía la voz de mujer que retumbaba en el parlante instalado justo en la entrada de la sede de la Organización Femenina Popular (OFP).
En aquel lugar, de la carrera 35E en el barrio Santander del puerto petrolero, se estaba llevando a cabo el denominado Mercado Popular Campesino, iniciativa que se realiza el primer domingo de cada mes. La actividad es impulsada por la OFP con el propósito de que decenas de mujeres de comunidades campesinas del Magdalena Medio encuentren unas vías de distribución más justas y más rentables para sus productos agrícolas, a la vez que reconstruyen lazos de cooperación y solidaridad comunitaria.
En esta ocasión, el mercado popular contó con la participación de asociaciones campesinas provenientes de remotas regiones del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar que la voz femenina del parlante se encargó de anunciar: “Hoy tenemos yucas traídas desde Las Pavas; plátanos del (El) Guayabo y Bella Unión; también tenemos del (El) Garzal y Nueva Esperanza”.
Para los labriegos de aquellas regiones era su primera experiencia en el artesanal mercado del barrio Santander, que comenzó a bullir conforme la pertinaz lluvia de la mañana le fue cediendo su lugar al intenso sol barranqueño. Los vecinos del sector comenzaron a llegar y el comercio comenzó a activarse. Las despensas se vaciaban a buen ritmo, lo que presagiaba un buen final. Sin embargo, ofertar tubérculos y hortalizas no fue el principal motivo este domingo.
En un momento de la mañana, la voz femenina del parlante le cedió su turno a una voz masculina que se encargó de transmitir el mensaje que se habían propuesto llevar: “Somos campesinos honestos, trabajadores, luchadores. Todo lo conseguimos con nuestro esfuerzo porque el Estado ni siquiera sabe que existimos. Nos han querido sacar de nuestras tierras, nos han amenazado. Por defender nuestro derecho a la tierra, nuestro derecho al territorio, hasta el mismo Estado nos ha perseguido, nos han llamado guerrilleros, que somos delincuentes. Pero la verdad es que somos campesinos, somos como ustedes”, terminó la voz masculina y acto seguido sonó un grito colectivo de: “¡Somos como tú!”.
“Se trata de una campaña en la que pedimos que cese la estigmatización que existe sobre los líderes campesinos, en especial hacia ellos, que defienden derechos territoriales”, explicó Santiago Londoño, responsable de las comunicaciones de la iniciativa, ideada por un amplio número de organizaciones no gubernamentales con presencia en el Magdalena Medio.
Una de ellas es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credos). Su principal vocero, Iván Madero, detalló al respecto: “Monitoreamos diez municipios del Magdalena Medio. Y este año se han presentado dos asesinatos de líderes sociales en la región; diez líderes han sido judicializados y tenemos 35 líderes amenazados, de ellos, 21 son de Barranca, donde la situación es más brava. Yo diría que luego, los municipios más críticos son San Pablo y Cantagallo (Sur de Bolívar)”.
Pero, a juicio del activista, “uno de los principales riesgos que encierra el trabajo de los líderes hoy en el Magdalena Medio, además de las amenazas y las extorsiones que imponen los ‘gaitanitas’ (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la guerrilla del Eln, es la estigmatización y el señalamiento por parte de las autoridades judiciales, militares y de policía”.
Ese crítico escenario descrito por Madero hizo necesario, según Londoño, que se pensara en una campaña que tuviera acciones simbólicas contundentes, que ayudaran a contrarrestar ese ambiente hostil que enfrentan los dirigentes campesinos en esta convulsionada región.
“A muchos de estos campesinos les han abierto procesos judiciales e, incluso, varios han estado en la cárcel precisamente por eso: por defender su derecho a estar en el territorio. Los acusan de pertenecer a grupos criminales, guerrilleros”, precisa el comunicador.
“Estas comunidades -agregó- han sido desalojadas varias veces de sus tierras, con denuncias de maltrato físico y verbal por parte de los agentes del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Y ha habido una campaña constante de estigmatización hacia ellos por parte de las instituciones del Estado. Entonces, pensamos, ¿cómo podemos cambiar eso? Y se nos ocurrió precisamente que nosotros somos como ellos y ellos como nosotros y por eso el lema: “Somos como tú””.
La participación en el mercado campesino fue una de las acciones incluidas en la campaña, que tendrá “cierre de oro” el próximo 30 de noviembre, con un evento cultural y artístico en el Parque a la Vida, de Barrancabermeja. Sin embargo, el acto que encerró mayor simbolismo y con el cual se pretendía generar mayor impacto, ocurrió dos días antes de aquel domingo de mercado campesino, justo el día del lanzamiento de la campaña.
Peregrinación de las anchetas
Ese viernes, temprano en la mañana, se dieron cita en un céntrico hotel de Barrancabermeja un puñado de campesinos pertenecientes a diferentes organizaciones sociales surgidas en territorios profundos del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, donde la pelea por la tenencia de la tierra es histórica, violenta y desigual.
Hasta el sitio de reunión llegaron integrantes de las comunidades de El Guayabo y Bella Unión, del municipio santandereano de Puerto Wilches; también lo hicieron colonos de Las Pavas, en la profundidad del Sur de Bolívar; igualmente labriegos de El Garzal y Nueva Esperanza, veredas de Simití, en Bolívar.
Arribaron con canastos de mimbre que fueron llenados con plátanos, yucas, melones, limones, cacaos y berenjenas que habían traído desde sus parcelas; luego fueron adornadas con moños de regalo, formando coloridas anchetas que serían entregadas a autoridades judiciales, militares y de policía durante el día.
Esa actividad, además de ser el acto de lanzamiento de la campaña “Somos como tú”, pretendía sensibilizar a los funcionarios sobre el papel de los líderes sociales en sus comunidades y la situación de riesgo en la que se encuentran; transformar imágenes negativas que se han formado sobre ellos y, por qué no, limar asperezas en el caso que las hubiera.
El periplo comenzó en el Palacio de Justicia, donde está la sede de la Fiscalía. Volver a ver las instalaciones del ente acusador le removió los recuerdos a Álvaro García, campesino ya entrado en canas, piel tostada y manos callosas de la comunidad de El Guayabo. (Leer más en: En El Guayabo, 120 familias le temen a desalojos y a amenazas)
“Bueno, al menos vengo a entregar mercados y no a que me dejen preso otra vez”, bromeó, mientras cargaba su canasta y aguardaba su turno para ingresar. Este labriego estuvo detenido en una cárcel barranqueña durante 540 días. Un día de 2016, miembros de la Fiscalía llegaron hasta su parcela con el fin de allanarla. “Buscaban armas, explosivos, de todo, dizque porque yo pertenecía a un grupo criminal”, recordó.
La sindicación surgió tras una denuncia penal interpuesta por Rodrigo López Henao, uno de los protagonistas de la historia que encierra la disputa por las tierras de El Guayabo. Cuentan los labriegos que hace muchos años existió en esta región una gran hacienda llamada Las Marías, conformadas por tres predios: Bella Unión, de 200 hectáreas; y Altamira y San Felipe, que sumaban otras 200 hectáreas. (Leer más en: Campesinos desalojados de El Guayabo reclaman soluciones)
Esos predios pertenecían a Octavio López, quien intentó explotarlos, sin mayores resultados. A finales de la década del setenta, cansado de fracasar con sus cultivos y de lidiar con las inundaciones, los abandonó, dejándolos en manos de los parceleros que, por aquellos años, habían llegado a la región buscando un pedazo de tierra para vivir y trabajar.
“Yo llegué de 19 años y ahora tengo 60, ¡imagínese!”, recordó Álvaro. “Con el permiso del señor Octavio comenzamos a cultivar la tierra, la dividimos en parcelas para cada uno de nosotros”.
A mediados de los ochenta, los campesinos adelantaron varias acciones ante el desaparecido Incora para lograr que les adjudicaran esas tierras, las cuales dieron sus frutos: la entidad ordenó la extinción del dominio del predio Bella Unión para entregársela a los parceleros.
“Todo iba muy bien hasta el año 2002, cuando apareció este señor Rodrigo López diciendo que era hijo de Octavio y que esa tierra era de él, que su padre había sido desplazado por la guerrilla con nuestra ayuda. Ahí comenzaron todos nuestros problemas”, narró Álvaro.
Según el labriego, la llegada de Rodrigo López coincidió con el ingreso de comandos armados del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que impusieron cobros extorsivos a los labriegos. “Nos dijeron: si se quieren quedar, tienen que pagar. Nos cobraban por cabeza de ganado, por lo que sembráramos”.
La desmovilización colectiva de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional, que concluyó en agosto de 2006, no significó el fin de los problemas para los labriegos; por el contrario, los acrecentó. Desde su llegada a la región, López Henao comenzó una guerra jurídica que se ha extendido hasta la fecha, con la que pretende reclamar la titularidad de la tierra y, en consecuencia, desalojar a los labriegos que ocupan los predios El Guayabo y Bella Unión.
Todo ello ha derivado en señalamientos, intimidaciones, agresiones e, incluso, desalojos ordenados por inspectores de policía de Aguachica, César, que no han estado exentos de polémica e irregularidades. Pero lo que más le duele a Álvaro es la indiferencia de las autoridades ante las denuncias de presuntos maltratos prodigados por López Henao: “Este señor nos agrede, nos tumba los cultivos, nos vive amenazando. Pero uno viene a la Fiscalía a denunciar este señor y no nos paran bolas. Dicen que ahí no hay nada. Pero viene él a decir que somos delincuentes y ahí sí actúan, ahí si van y capturan a la gente, como en mi caso”.
Álvaro recobró su libertad el 13 de octubre de 2017 por vencimiento de términos, pero su proceso continúa abierto a la espera de resolución definitiva. Por ello, para él, obsequiarle una ancheta al fiscal seccional, Manuel Fernández, era como enfrentarse a un victimario que los ha señalado, estigmatizado, subvalorado. Tal sentimiento se intensificó entre los labriegos el pasado mes de agosto, cuando el propio fiscal Fernández declaró públicamente que, tras la captura de tres sujetos conocidos con los alias de ‘Cirilo’, ‘Muelas’ y ‘Oso’, su entidad había logrado esclarecer el crimen de Víctor Morato, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Rompida, de Yondó, asesinado el 17 de enero del presente año.
Según el funcionario, su crimen obedeció a “líos personales” derivados de sus cercanas relaciones con estos actores armados. “Y listo. Quedamos los líderes sociales como unos bandidos. Que a los líderes los matan por líos de faldas o problemas personales. Así son las cosas por aquí. Así y todo, aquí estamos, para decirle al fiscal: ‘Somos como tú”, relató el labriego.
“Yo también soy como ustedes. Comprendo y valoro su labor. Pero la Fiscalía trabaja con pruebas y las pruebas dicen que varios crímenes de líderes se dan por otros problemas, otras situaciones muy diferentes a su liderazgo”, les respondió el fiscal a los campesinos luego de recibirles la ancheta, la misma que dejó abandonada en una mesa luego de despedirlos con un frío “muchas gracias”.
La entrega de anchetas se repitió en las instalaciones del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No.2 Nueva Granada. En esa guarnición militar, Etni Ríos, vocero de los labriegos de Las Pavas, se paró frente a la formación de soldados que los recibió y les dijo: “Ustedes son como nosotros, hijos de campesinos también”, y les pidió que no los dejaran solos: “Somos campesinos que nos dedicamos a sembrar la tierra. No somos unos guerrilleros como nos han dicho por ahí. Este es el fruto de nuestro trabajo”. Mientras les mostraba su ancheta a los uniformados, les recalcaba que “estamos en momentos críticos. Les pedimos que, por favor, nos protejan. Nos están matando, necesitamos de su apoyo y protección”.
La sentida petición está más que justificada. En Las Pavas, la tenencia de la tierra tiene enfrentados en estrados judiciales desde hace más de una década a la empresa palmicultora San Isidro y a por lo menos 220 familias campesinas. Lo preocupante es que no se advierte una solución pronta y definitiva por cuenta del galimatías jurídico en que se encuentra el proceso. Mientras se desenreda la madeja judicial, en esa región la situación de seguridad de los parceleros se torna cada vez más compleja. (Leer más en: Proceso de tierras de Las Pavas, atrancado en el Consejo de Estado)
“Resulta que hace como un año largo capturaron a los integrantes de una empresa de seguridad contratada por Aportes San Isidro. Esa empresa de seguridad era pirata: no tenía registros, ni permisos y estaba integrada por exparamilitares, varios de ellos de ahí mismo, que siempre fueron ‘paras’ y después resultaron vigilantes privados. Y esa gente se encargaba de amenazar a las familias que retornaron a Las Pavas, de acosar a las mujeres, de intimidar a los mayores, de tumbar nuestros cultivos”, contó Etni. “Pues bien, entre los capturados hay un exparamilitar. En el pueblo quedó su hermano, también ‘para’, que le ha dicho a la gente: ‘si este año no sale mi hermano, matamos a esos hijos de puta. En este momento tenemos tres líderes fuertemente amenazados”.
Los militares se despidieron cordialmente de los campesinos, dejando abandonada la ancheta en el suelo, que terminó siendo recogida por un soldado bachiller.
Algo similar sucedió en la sede del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Los campesinos le obsequiaron su respectiva ancheta al coronel Rogers Martínez, comandante de esa unidad policial, al tiempo que le contaban sus preocupaciones.
“Nosotros siempre valoramos y reconocemos la labor de la Policía. Sabemos que no es una tarea fácil. Pero nos duele cuando, a veces, llegan a nuestras tierras a maltratarnos, a tratarnos de guerrilleros (…) nos duele cuando se se quedan a dormir en las casas de las personas que nos quieren sacar de nuestras tierras. El campesino piensa que ustedes ya tomaron partido”. A lo que el Alto Oficial replicó: “Eso no ha sucedido. Y si ha sucedido, le pido por favor instaure las denuncias respectivas”.
Sin embargo, muchos de ellos perdieron su fe en la denuncia y en las autoridades. “A los terratenientes sí los escuchan, pero a nosotros no”, repiten como un lamento los líderes de El Guayabo y Bella Unión; los de Las Pavas y El Garzal. Cada uno de ellos carga a cuestas una historia de atropellos, señalamientos e improperios lanzados por miembros de la fuerza pública cuando acuden a sus tierras a cumplir órdenes de desalojos. (Leer más en: El Garzal: resistencia con aroma a cacao)
“En 2014 llegó el Esmad a cumplir la orden de desalojo. Nos tumbaron los cultivos, los ranchos, nos maltrataron. Como a los cuatro meses volvimos. Y en diciembre del año pasado volvieron y nos desalojaron. Y lo mismo: que éramos guerrilleros, que nos teníamos que ir de ahí, nos tumbaron los cultivos otra vez”, contó Emilsen Pontón, habitante de El Guayabo.
El retorno
Emilsen participó, junto a otra decena de parceleros de esa comunidad de Puerto Wilches, en el mercado popular campesino del barrio Santander. “Todos estos productos que trajimos a vender es cosecha nueva, porque lo que teníamos nos lo tumbó la Policía el año pasado en el desalojo que nos hicieron”, señaló.
El mercado terminó promediando el mediodía del domingo y los labriegos lograron agotar sus existencias. “Como a ellos les sale tan caro sacar sus productos desde sus tierras, pues los tienen que traer en lancha, acordamos con la plaza de mercado que los productos que no se lograran vender aquí, ellos los recibían, para que se fueran ‘manivacíos”, explicó Santiago Londoño, comunicador de la campaña.
Los campesinos partieron a sus tierras, dejando un contundente mensaje para los asistentes y los vecinos del sector, para que comprendieran la labor de los líderes campesinos: “Construimos paz cuando montamos una huerta, una granja de gallinas ponedoras, cuando nos organizamos para ayudarnos como comunidad. Han querido sacarnos de nuestro territorio y de nuestras tierras, pero defendemos el derecho a permanecer en el territorio. Por eso somos líderes sociales, defensores de derechos humanos”, relató una y otra vez la voz femenina que salía del parlante ubicado justo en la entrada de la sede de la Organización Femenina Popular.
