Este municipio nariñense fue víctima de las Farc. Abandonaron sus fincas y retornaron cuando el conflicto disminuyó. Mientras guardan esperanza con el proceso de paz, esperan que los fallos de restitución les garanticen una reparación integral.
En San José de Albán, los campesinos viven del café. Intentan resurgir con el cultivo después de que en entre 1998 y 2002 tuvieron que abandonar sus fincas tras las tomas guerrilleras perpetradas por las Farc. Foto suministrada Unidad de Tierras Nariño.San José de Albán fue varias veces noticia nacional cuando el conflicto hervía: “nueva toma de la Farc al municipio”, repetían los titulares de prensa al finalizar la década del noventa y a comienzos del nuevo siglo. Pero de este municipio, a 68 kilómetros de San Juan de Pasto, no se sabía más que eso, que era una “zona roja”.
Veinte años después, el panorama cambió aseguran los líderes de varias de las 19 veredas que componen el municipio. “Retornamos hace un par de años, estamos tratando de salir adelante”, dice Ramiro Arciniegas*, un hombre que se desplazó con su familia en 2002 cuando fueron más reiteradas las tomas guerrilleras al casco urbano.
El municipio ahora busca atraer comensales y turistas a propósito de la Semana del Café, a través de la cual se reafirma la identidad de sus comunidades con el grano, el sustento principal de las 22 mil familias que trabajan en pequeñas fincas que fueron heredando por generaciones, sin mucha complicación, pues antes de que llegara el conflicto bastaba tener una escritura o un documento firmado que validara que una familia era dueña de una parcela.
“Pero esa tranquilidad la perdimos. Nosotros transitábamos los caminos veredales sin problema. Los fines de semana los papás nos bajaban a misa al pueblo. Luego, todo eso cambió”, explica Nicolás Hernández*, quien habla de forma pausada, explicando que se desplazó por miedo al reclutamiento de su hija. “La guerrilla se metía a las veredas y pasaba buscando muchachos a contarles de su causa. Por eso nos fuimos”, agrega el campesino, quien ahora paga un crédito para levantar ese cafetal que se secó a causa del abandono.
Como él, un centenar de familias albanitas esperan que los jueces especializados en restitución dicten de fondo dos importantes medidas: la primera, que les formalicen las tierras, es decir, que les otorguen títulos porque la mayoría de ellos no cuenta con los documentos formales que exige el registro público; y dos, que las diversas instituciones del Estado les garanticen una reparación integral,lo que para los campesinos significa un mejoramiento en los servicios de salud y educación, acceso a vivienda y subsidios para el desarrollo agrícola.
Pese a que muchos se mantuvieron desplazados por casi una década y que fueron precisamente atropellados por las Farc, no dudan en responder que se sienten optimistas con el proceso de paz. “Queremos que haya pronto una firma. Quienes vivimos en carne propia la guerra tenemos fe en un acuerdo. Muchos de los que están en contra es porque no tuvieron que vivir la violencia”, comenta Saúl López, esperando por ejemplo que la sentencia de restitución ordene acceso a créditos para mejorar su vivienda que está hecha trizas.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto desplazó a mil 428 campesinos y recibió a otros 903 entre 1985 y la fecha actual, siendo el año 2002 el más crítico (ver cifras). Sin embargo, los campesinos aseguran que muchos casos están en el subregistro pues el miedo y la constante presencia de las guerrillas en la zona les impidieron interponer las respectivas denuncias.
Arremetida armada
Por su cercanía a Cauca y Putumayo, San José de Albán fue considerado un punto estratégico para las Farc. Foto suministrada Unidad de Tierras Nariño.En San José de Albán no hubo despojo. Ocurrió un abandono masivo de fincas, cuyas extensiones oscilan entre 5 y 8 hectáreas. Pese a que los campesinos coinciden en que el conflicto disminuyó finalizando la década pasada, no se refieren a la guerrilla como las “Farc”; prefieren decir “ellos”. No es para menos.
Según los reportes de prensa, ese grupo insurgente llegó a finales de la década del ochenta en su afán de seguir expandiéndose hacia el sur y controlar los cultivos de hoja de coca para uso ilícito que prosperaban en los vecinos departamentos de Cauca y Putumayo.
Ese negocio, el principal motor de la financiación de la guerrilla, hizo que terminara instalándose en el municipio, encontrando en esta región un corredor estratégico para su paso de un departamento a otro. Pedro Fonseca, otro campesino desplazado del lugar, cuenta que el Frente 29 de las Farc venía desde el vecino municipio de Tablón de Gómez y de un momento a otro “aparecían en las veredas armando reuniones a las que tocaba ir. Usaban las escuelas para eso. Luego comenzaron a pedirnos posada. La situación se puso muy difícil”, recuerda.
Aunque los pobladores pensaron que las Farc salo estaría de paso, no fue así. Convirtieron el pueblo en un escenario de guerra con tomas que se prolongaron desde 1998 hasta 2003. La primera ocurrió el 14 de octubre de 1998. Los guerrilleros realizaron un recorrido que incluyó a los municipios de San Bernardo, Belén y la Cruz. En Albán lanzaron una bomba de alto poder contra la Subestación de Policía.
La tragedia se repitió el 27 de agosto de 1999 con un ataque que tardó cuarenta minutos, dejando dos muertos y veinte heridos, y destrozadas las instalaciones del Cuartel de la Policía y la Caja Agraria. La Nación fue condenada por no proteger la vida de las víctimas, quienes se desempeñaban como amas de casa, costureras o comerciantes. (Lea la sentencia aquí)
“Los habitantes del lugar sabían del peligro y vivían en la zozobra de la posibilidad de otra toma guerrillera, y la autoridad no tomó las medidas pertinentes para evitarlo, pues ni siquiera se aumentó el pie de fuerza ni mucho menos se reforzó el Cuartel General de la Policía, ni se tomó la menor prevención para los ciudadanos para evitar los riesgos”, indica el fallo. Para entonces, las Farc cumplían su segundo año de negociación con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, proceso que fracasó tres años después, en 2002, y que terminó por fortalecer militarmente al grupo guerrillero tras el aumento en tropas.
A comienzos del dos mil las tomas subversivas continuaron, sumándose a la tragedia la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En una versión libre en julio de 2011 Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, confesó ante la Fiscalía especializada en Justicia y Paz que en 1999 los hermanos Carlos y Vicente Castaño decidieron enviar un grupo paramilitar al sur del país. Fue así como bajo su mando llegó a la región el Frente Libertadores del Sur, uno los brazos del Bloque Central Bolívar. Aunque no tuvo presencia permanente en Albán, sí lo hizo en otros poblados cercanos como Leiva, El Rosario, Policarpa, Ipiales, Sotomayor, Samaniego, Túquerres y Puerres.
La ‘cacería’ del Frente Libertadores del Sur
La incursión de las Auc avivó los ataques de la guerrilla. El 12 de diciembre de 2000 un comando de las Farc atacó de forma simultánea los municipios de Buesaco y San José de Albán. A este último llegaron 100 guerrilleros disparando, dejando un policía y tres civiles heridos, y múltiples daños materiales en las viviendas del casco urbano.
Meses antes de romperse los diálogos con las Farc en San Vicente del Caguán, el Frente Arturo Medina de las Farc y el Frente Camilo Cienfuegos del Eln realizaron una toma conjunta el 8 de octubre de 2001, dejando dos civiles y dos policías muertos, y cuatro más heridos. El 14 de enero de 2002 las dos guerrillas sumaron 300 hombres y volvieron, asesinando esta vez a un civil y nueve policías. En los ataques además de usar fusiles, utilizaron cilindros de gas y rockets, como fue reportado por los medios de comunicación.
Eso explica por qué en 2002 se generó el mayor desplazamiento: 267 personas salieron despavoridas de sus tierras. Algunos retornaron solo tres años después, cuando el gobierno anunció oficialmente la desmovilización del Frente Libertadores del Sur en el municipio de Taminango; otros lo hicieron en 2011, cuando se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la promesa de retornar y de recuperar tantos años de abandono.
Esperan sus tierras
La comunidad albanita espera los pronunciamientos frente a los primeros 38 casos que están en etapa de juicio. Foto suministrada Unidad de Tierras Nariño.Catalina Rosero Díaz del Castillo, directora de la Unidad de Tierras en Nariño, explica que en San José de Albán hay 178 solicitudes de restitución, de las cuales 66 ya pasaron la etapa administrativa y de éstas, ya 38 están en conocimiento de los jueces especializados. La Unidad espera en septiembre próximo pedir la sustracción de protección que existe sobre los predios que reclaman otras 68 familias, pues estas tierras están cobijadas con la Ley 2 de 1959, que blinda las Zonas de Reserva Forestal.
“Esperamos tener una respuesta positiva al finalizar el año. Ya logramos una sustracción en el Tablón de Gómez que fue favorable para 270 familias en condición de desplazamiento”, dice la funcionaria.
Según Rosero, el conflicto en Albán entre 1998 y 2002 generó un vacío en la institucionalidad. “Fueron cinco tomas guerrilleras seguidas al casco urbano y robos al Banco Agrario. Como quedó destruida la estación de policía, la autoridad dijo que se iba. La Alcaldía comenzó a funcionar en una casa en arriendo y cedió sus instalaciones para que la policía permaneciera. Lo que ocurrió fue un desplazamiento masivo”, agrega la funcionaria.
A partir del trabajo de campo que ha realizado la Unidad, la Directora Territorial afirma que están a la expectativa de las primeras sentencias para este municipio, “pues muchos de los habitantes sobrevivieron en los cordones de miseria de las ciudades y retornaron hace varios años sin acompañamiento. Las órdenes de los jueces permiten convocar la institucionalidad y los diversos mecanismos de reparación que requieren las víctimas”.
De fondo hay una circunstancia que también espera soluciones: pese a los programas de erradicación, Nariño sigue siendo la región con más hectáreas cultivadas: 17 mil 285, según el último Monitoreo de Cultivos de Coca, realizado en 2014 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Con un acento pausado, Arciniegas cree que la tranquilidad se quedará para siempre si el gobierno invierte en mejor educación, vías y sobre todo en salud, “porque todos saben cómo es ese trato en las EPS [Empresas Promotoras de Salud]. Para Hernández la reparación de su comunidad está también en mejorar la educación rural y en brindar oportunidades para los más jóvenes, también en fórmulas para bajar los precios de los insumos, pues cada vez es más difícil cultivar plátano, aguacate y lulo.
Saúl Lopez espera por ejemplo que el juez de restitución ordene que le faciliten acceso a créditos, su casa está muy deteriorada y sigue endeudado con un préstamo que sacó para hacer retoñar esos cultivos de café que quedaron a la intemperie por ocho años. Pedro Fonseca cree que la paz está en eliminar la burocracia: “el gobierno dice que da apoyo al campesino, pero todo siempre se queda en que hay que hacer mucha papelería y los recursos no llegan”.
En lo que coinciden los cuatro albanitas es que la violencia dejó el pueblo atrasado. “Eso generó mucha pobreza”, agrega Fonseca. Mientras esperan los fallos de los jueces de restitución y la firma e implementación de los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc en La Habana, todas las mañanas madrugan con el azadón en el hombro y la semilla en la mano “porque creemos que esta ya no es una zona roja”, concluye Hernández.
(*) Nombres cambiados a solicitud de las fuentes
