Más de 50 líderes comunitarios en Medellín se encuentran amenazados, pero podrían ser más porque muchos prefieren no denunciar sus casos por temor.
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| Trasel asesinato de Ana Fabricia Córdoba varios líderes comunales temen por sus vidas. Foto Semana |
Tanto en Medellín como en algunos municipios del Valle de Aburrá, el trabajo comunitario se convirtió en una actividad altamente riesgosa. El reciente asesinato de Ana Fabricia Córdoba, ocurrido el pasado 7 de junio, así parece demostrarlo. Lo grave, según lo manifestaron líderes consultados por la Agencia de Prensa IPC, es que sus reiteradas denuncias siguen sin ser escuchadas y temen que crímenes como el de Córdoba vuelvan a repetirse.
Al respecto, los registros de la Personería de Medellín indican que en lo que va corrido del año, unos 50 dirigentes barriales han recibido intimidaciones por causas relacionadas con sus actividades. Sin embargo, la problemática podría ser aún mayor dado que muchos dirigentes barriales prefieren no denunciar antes las autoridades, bien por temor a represalias de los grupos armados ilegales o por desconfianza hacia la Fuerza Pública.
Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los Derechos Humanos, reconoce que la situación actual para el movimiento comunitario de Medellín no es fácil. “Sí hay una presión muy fuerte contra algunos líderes. No es una situación generalizada, pero sí se observa que hay serias dificultades en algunos barrios para ellos”, declaró.
La Agencia de Prensa IPC quiso constatar qué tan delicado es el panorama para los líderes sociales y comunitarios de la ciudad. En sus indagaciones esta Agencia pudo establecer que luego del crimen de Ana Fabricia se recrudecieron las intimidaciones contra líderes de la comuna 3 que acompañaron por varios años el trabajo de la líder desaparecida.
De igual forma, integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas manifestaron que por lo menos 10 de sus integrantes, todos habitantes de municipios del Valle de Aburrá, han sido amenazados por parte de grupos armados ilegales en el último año.
Voceros de la Corporación Itagüí Nueva Gente declararon que luego de la movilización que tuvo lugar este miércoles 8 de junio en las calles de este municipio, en señal de protesta por el alza del impuesto predial, unos hombres motorizados abordaron a una familiar de Carlos Andrés Cardona, promotor de la marcha, para decirle “a Carlos que se quede callado por su bien”.
“Vamos a tomar la decisión de, por el momento, replantear el tema de las movilizaciones, porque supone un riesgo bastante alto para nosotros, un riesgo que nosotros no estamos en capacidad de afrontar. Hay un ambiente tenso, muy caldeado y muy preocupante”, señaló Jonathan Clavijo, presidente de la Corporación.
Desplazados: en la mira
Sin duda quienes más están sintiendo
el rigor de las amenazas son los voceros de los desplazados en los
barrios periféricos de Medellín. Según integrantes de la Mesa de
Población Desplazada, unos 30 integrantes de esta instancia que aglutina
a las víctimas de este flagelo residentes en la ciudad han sido objeto
de amenazas de muerte en los últimos dos años.
Incluso, varios
de ellos volvieron a padecer nuevos desplazamientos pues tuvieron que
abandonar sus barrios y, en casos más graves, hasta la ciudad y el país.
Para ellos, el asesinato de Ana Fabricia Córdoba constituye la prueba
fehaciente de la desatención estatal a sus denuncias. Si bien el
ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha señalado que la líder rechazó en
varias oportunidades el esquema de protección que le puso a su
disposición el Gobierno, los voceros de los desplazados tienen razones
de peso para defender esta postura.
Tal es el caso de Miguel*,
integrante de la Mesa de Población Desplazada, quien también hasido
víctima de intimidaciones contra su vida. A su juicio, las rutas de
atención que tiene actualmente el Ministerio del Interior no son
garantía de protección para las víctimas de amenazas.
“En primer
lugar, los análisis de riesgo siempre salen bajos, es decir, que no
requerimos protección. En segundo lugar, las instituciones se viven
“tirando la pelota”: Secretaría de Gobierno dice que es la Policía, allá
dicen que es el Ministerio del Interior y en Bogotá dicen que eso le
toca a la Alcaldía”, expresó Miguel. A esta situación se suma la
desconfianza generalizada que existe entre los líderes barriales y
miembros de organizaciones sociales hacia algunos miembros de la Fuerza
Pública.
“A uno lo amenazan las bandas del barrio. Se pone la
denuncia en Fiscalía y lo que primero que hacen es mandar un Policía a
la casa para que haga la investigación y luego llegan los de las bandas a
decir que uno es un ‘sapo’. Así me pasó a mí y por eso me tuve que ir
del barrio. Además, yo he sido testigo de casos donde el policía sale y
le dice a los combos, con nombre propio, quien fue el que puso la
denuncia. Así quien se anima a pedir protección”, acotó Miguel.
“Y
así, con desconfianza y todo, uno acude a las autoridades y tampoco
hacen nada”, indicó a su vez Israel Blandón, también integrante de la
Mesa, quien ya no sabe a quien acudir en busca de protección para su
vida. Su historia deja en evidencia que quienes asumen la vocería de sus
comunidades para reclamar la restitución de derechos deben enfrentarse a
fuerza oscuras muy poderosas.
Israel y otro grupo de personas
comprometidas con el trabajo comunitario decidieron recoger las banderas
dejadas por Janeth Martínez y Jorge Murillo, miembros de la junta de
acción comunal del barrio Nuevo Amanecer, corregimiento Altavista,
quienes abandonaron la ciudad en noviembre de 2010 tras recibir sendas
amenazas de muerte luego de rechazar la propuesta de un grupo armado
ilegal de financiar proyectos comunitarios con dineros producto de
actividades ilegales.
Murillo falleció en el departamento de
Córdoba como consecuencia de una penosa enfermedad y Janeth engrosa la
lista de desplazados de cualquier ciudad del occidente del país. Ambos
venían reclamando ante la Administración Municipal una serie de mejoras
para su barrio, habitado en un 90% por población desplazada proveniente
del pacífico colombiano. Pese a su disposición y compromiso, Israel y
sus compañeros se vieron obligados a abandonar Nuevo Amanecer en mayo de
2010 por cuenta de nuevas intimidaciones. En el caso de Israel, los
mensajes y llamadas advirtiéndole que acabarán con su vida continúan.
“Y
¿dónde no habré estado por dios? Secretaría de Gobierno, Acnur,
Ministerio del Interior y nada. Hace como dos meses estuve en la Sijin,
me hicieron unas preguntas, me dijeron que unos policías iban a ir a mi
casa para hacerme el estudio de riesgo. A mi ni me gustó, pero acepté.
Pero vamos para dos meses y esta es la hora en que no han ido ni me han
llamado. ¿Qué más que queda por hacer?”, manifestó Israel.
Frente
a este panorama, queda la pregunta de si se trata de una persecución
con tintes políticos contra el movimiento social y comunitario de
Medellín. Israel Blandón no vacila en su respuesta: “Nosotros tenemos
claro que esto es una persecución política. Nosotros hacemos un trabajo
por reclamar nuestros derechos y por eso, nos hemos convertido en una
piedra en el zapato”.
Situación en los barrios
En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses.
“Se trata de los presidentes de las JAC de Villa Hermosa, el de Colinas de Enciso parta baja y me informaron de dos presidentes de acciones comunales de los asentamientos de población desplazada que existen en la comuna que también tuvieron que irse de la zona”, manifestó Maya, quien también ha recibido presiones por parte de los grupos armados que operan en la zona.
Y es que para los dirigentes barriales de esta comuna, aspectos como recuperar los espacios públicos tomados por los integrantes de los grupos armados ilegales, no colaborar con ellos, oponerse a la venta de estupefacientes en sus barrios o no pagar extorsiones que imponen los armados a los contratos que suscriben las juntas de acción comunal se han convertido en motivo de intimidaciones permanentes.
“Nosotros somos el puente entre la comunidad y la Administración Municipal. Somos quienes recibimos las denuncias de los habitantes de los barrios y, por ese nivel de visibilización, nos hemos convertido en objeto de señalamientos. Eso ha dificultado mucho el trabajo comunitario”, declaró Maya. Lo preocupante, según el dirigente, es que no existen los suficientes niveles de confianza entre quienes adelantan trabajo comunitario y las autoridades civiles y de Policía.
“Varios líderes han sido señalados de ser colaboradores de los grupos armados por parte de algunos miembros de la Policía. Eso es realmente triste porque los encargados de brindar la seguridad y el acompañamiento a la sociedad son los primeros en acusarnos. Tampoco hay confianza hacia la Secretaría de Gobierno porque vemos más interés en acompañar a los combos con ayudas y oportunidades para ellos que a las personas de bien”, señaló Maya, quien recordó que en 2009 se registró en la comuna 8 una “muerte anunciada” como la de Ana Fabricia: la del dirigente cívico Alexander Pulgarín, quien fue asesinado el 20 de diciembre de ese año en momentos en que visitaba a su familia.
Por ahora, personas como Israel, Miguel, y Jairo Maya esperan que no se vuelva a presentar un hecho trágico como el de Ana Fabricia Córdoba para que las autoridades civiles y de Policía entiendan que los riesgos que corren sus vidas son reales e inminentes.
*La fuente hizo una petición expresa de omitir su identidad
