A esa conclusión llegó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz tras realizar una audiencia pública en la que participó el Alto Comisionado de Paz. Diversas voces reclamaron mayor atención a la población reincorporada que integró las antiguas Farc.
El drama de los exguerrilleros desmovilizados de las extintas Farc parece no tener fin. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta la fecha, van 306 firmantes asesinados en diversas regiones del país. Una cifra que alarma y que a juzgar por los hechos no parece tener contención por parte de las autoridades gubernamentales.
Lo pactado en La Habana, Cuba, después de cuatro años de negociaciones, incluyó la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que estaría integrada por entidades estatales y voceros de la sociedad civil, con el fin de que desde esa instancia se discutieran y plantearan políticas y estrategias para desmantelar a los grupos armados ilegales derivados del paramilitarismo.
Se consideraba que de esa manera no sólo se protegería a las comunidades en zonas específicas de alto conflicto armado, sino a los excombatientes que estaban comprometidos con el Acuerdo de Paz y estaban en proceso de reincorporación a la vida legal. No obstante, eso parece que está en el papel.
Ante la crítica situación, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó una audiencia pública presencial de seguimiento, para que en ese escenario se discutieran “los lineamientos y el Plan de Acción de la Política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales”, establecidos por el Decreto 154 de 2017 y cuyos fundamentos los remitió el Alto Comisionado para la Paz el 19 de marzo de 2021.
La audiencia se celebró el pasado lunes y a ella compareció el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, así como representantes de la Procuraduría General de la Nación, del partido de Comunes de las extintas Farc y voceros de la sociedad civil de la CNGS.
Luego de escuchar a los asistentes, la JEP concluyó que no hay una estrategia institucional para “prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes” del Acuerdo de Paz.
Además, esta instancia de justicia transicional le solicitó a la Procuraduría “iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que, pasados cinco años de creada la CNGS, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo con cual no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación”.
En medio del debate y las decisiones adoptadas por la JEP está el Alto Comisionado para la Paz, por cuanto su despacho tiene entre sus tareas actuar como Secretaría Técnica de la CNGS, de la cual es uno de los 15 miembros que la conforman y que está conformada por el Presidente de la República; los ministros de las carteras del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General de la Nación; el Comandante de las Fuerzas Militares; el Director de la Policía Nacional; tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.
Panorama crítico
Tras cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, el balance de implementación efectiva de las garantías de seguridad destinadas a la población en proceso de reincorporación a la vida legal es crítico.
De acuerdo con la JEP, desde finales de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2022, han sido asesinados 306 firmantes del Acuerdo de Paz. No obstante, esa cifra varía según la fuente. Por ejemplo, para Indepaz, que le hace seguimiento a la situación, registra 305 homicidios y en el Partido Comunes contabilizan 297 muertos de manera violenta.
El último homicidio se registró en la noche del 24 de febrero en Puerto Guzmán, Putumayo, cuando un grupo armado hasta ahora no identificado irrumpió en la sede de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccon) y asesinó a Jorge Santofimio Yepes, un firmante del pacto negociado en La Habana y excomandante del Frente 32 de la antigua guerrilla de las Farc.
‘Jorgillo’, como le decían sus compañeros, era presidente de Comuccon, líder ambiental comprometido con la restauración de la Amazonía a través del programa Arando a La Paz y, además, generador de proyectos de piscicultura, avistamiento de aves, apicultura y viverismo en la región. Junto a él fueron heridos gravemente su hijo de 5 años de edad y su hija de 4 meses de nacida.
Además de los seis asesinatos registrados en este año, también han sido víctimas de atentados algunos de los candidatos que se presentarán en los próximos comicios legislativos del Partido Comunes, conformado luego de firmado el Acuerdo de Paz.
Según la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el incremento de hechos victimizantes contra la población en proceso de reincorporación, que incluye asesinatos, desplazamientos masivos y confinamientos obligatorios, se han concentrado especialmente en 130 municipios, ubicados en 12 de los 32 departamentos del país. A excepción de tres, el resto hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que tienen por objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza y las economías ilegales. De acuerdo con Indepaz, en 2021 fueron asesinados 48 excombatientes.
Por su parte, la ONU denunció que, el año pasado, se registraron otros hechos de violencia perpetrados contra los firmantes, entre ellos 79 tentativas de homicidio; por lo menos 25 desapariciones forzadas; y numerosas amenazas de grupos armados ilegales en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).
Datos de la Agencia de Reincorporación Nacional, a enero de 2022, señalan que, del total de 12.846 personas en proceso de reincorporación, 9.650 residen fuera de los ETCR, 2.994 permanecen en ellos y 802 están pendientes de reubicación.
Respecto al esclarecimiento de la verdad del asesinato de los excombatientes, la Unidad de Investigación de la Fiscalía de la JEP determinó en la audiencia del 5 de enero de 2021 que los mayores responsables de actos violentos y agresiones contra los reincorporados y sus familiares son las disidencias de las antiguas Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, la guerrilla del Eln y otras estructuras delincuenciales.
Asimismo, que la configuración geográfica de actores armados criminales se incrementó en los 32 departamentos del país, así como el número de sus grupos alentados por el control territorial y las economías ilegales: disidencias de las Farc (8 frentes) y su comando coordinador de occidente (7 frentes), narcoparamilitares (8 frentes) y su bloque occidental (14 frentes), ELN, y otras estructuras en proceso de conformación por tercerización.
El pasado 27 de enero, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para la población firmante y detalló que el asesinato de una sola persona tiene un afecto desproporcionado y exige la acción inmediata, articulada, coordinada e integral del Estado.
De acuerdo con un reciente análisis de Rodrigo Uprimny, investigador y cofundador de la organización Dejustica, “el Gobierno ha dicho que tiene estrategias para garantizar la seguridad de los excombatientes y también de los líderes sociales (los mecanismos son semejantes), pero sus resultados hasta ahora son muy pobres. Eso es lo que el Gobierno no ha querido aceptar y han manipulado cifras incluso. La importancia de esta sentencia está en reiterarle al Gobierno que hay herramientas en el Acuerdo que pueden funcionar y que debe ponerlas a marchar”.
Discusión en la JEP
En la audiencia pública, el Alto Comisionado para la Paz defendió la gestión de su despacho y aseguró que, según el Ministerio de Hacienda, en el 2020 fueron asignados a la CNGS 659 millones de pesos; en el 2021, el presupuesto fue de 364 millones de pesos; y para este año, se proyectaron 723 millones de pesos.
Además, sostuvo que sí ha habido integración e intervención por parte de la sociedad civil y que tiene registros de la asistencia virtual. Respecto a las sesiones, da fe que desde el 2019 hasta la fecha, se han realizado seis reuniones con presencia del presidente Iván Duque (2018-2022)
“En lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en los lineamientos que se estipularon el 9 de marzo de 2021, es bueno decir que se tuvieron en cuenta no solamente la integración total, integral, de la sociedad civil, también destaco del documento de género que se hicieron más de 30 reuniones con enfoque de género. La participación de más de 20 lideresas”, detalló Restrepo.
En contraste a los planteamientos del comisionado Restrepo, varios delegados de las plataformas de derechos humanos que convergen en la CNGS cuestionaron la labor del Alto Comisionado para la Paz. Uno de ellos fue , Franklin Castañeda, quien señaló directamente al gobierno del presidente Duque de afectar el funcionamiento de la CNGS al reducirla a una institución asesora y no de implementación y de seguimiento del Acuerdo de Paz como lo estableció la Sentencia 224 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.
Castañeda también dijo que no se han realizado las sesiones de la CNGS que por ley corresponden y en los pocos encuentros que hubo, el gobierno nacional envió funcionarios sin poder decisorio y sin voluntad política.
“Quizá por eso también se tuvo una consecuencia directa entre el 2019 y 2020 en adelante, y en una enorme disminución presupuestal de la CNGS. Pasamos en 2019 de 576 millones de pesos a 49 millones de pesos en 2020”, indicó Castañeda.
Asimismo, aseveró que el gobierno nacional creó comisiones alternas a la CNGS que excluyeron la participación de la sociedad civil y concluyó que “en Colombia no existe una política de desmantelamiento de organizaciones criminales”.
Por su parte, el exjefe guerrillero Pastor Alape, vocero del Partido Comunes, acusó al gobierno nacional de desacato por no ejercer funciones de Estado al no resguardar la vida de las personas en proceso de reincorporación, líderes y lideresas sociales, y defensores de Derechos Humanos. Así como de no tener una política pública clara para el desmantelamiento del paramilitarismo, de no cumplir con los compromisos previamente pactados y, además, denunció el lenguaje estigmatizante por parte del Alto Comisionado para la Paz contra la población firmante.
Según Alape, luego de los señalamientos de Restrepo Gómez, han sufrido más de 10 atentados, entre esos el ataque perpetrado el pasado 12 de febrero por miembros de la Policía y el Ejército Nacional contra el esquema de seguridad de la lideresa Lucila Moreno en San Vicente del Caguán, en el que murió una niña de 14 años de edad.
El vocero de Comunes hace alusión a la entrevista que el Comisionado de Paz dio en la revista SEMANA, con motivo de la audiencia a la que fue convocado por la JEP, en la que dijo que las críticas por falta de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc son producto de décadas de politiquería con la paz y que la coyuntura electoral es usada por “malquerientes para decirle mentiras al pueblo colombiano”.
Además, Restrepo señaló que el gobierno nacional no está escatimando en recursos en materia de seguridad, pues el esquema de protección de Pastor Alape, por ejemplo, cuesta mil 800 millones de pesos al año.
Ante la situación de inseguridad, los excombatientes que fueron designados como jurados de votación para las elecciones del próximo 13 de marzo, especialmente en zonas rurales, no podrán presentarse porque están confinados para cuidar sus vidas y solicitan que la JEP coadyuve para que la Registraduría Nacional no les imponga sanciones.
El Ministerio Público también fue en contravía del Alto Comisionado para la Paz. “Según el último reporte requerido por la Procuraduría para el seguimiento del Acuerdo de Paz a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 18 de febrero de 2022 para el año 2021, la CNGS sólo sesionó una vez”, afirmó Diana Cadena, Procuradora Delegada para seguimiento al Acuerdo de Paz.
Ante estos pronunciamientos, el magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Gustavo Adolfo Salazar, cuestionó la intervención del Alto Comisionado por no tener información previa al 2019 y subrayó que, según el Decreto 154 de 2017 que le dio vida a la CNGS, el Presidente de la República debe reunirse mensualmente con esa Comisión.
Asimismo, le solicitó al funcionario de gobierno el listado de los delegados que, según él, han asistido como designados para dar cumplimiento a las normas que regulan la CNGS, aclarando que no se puede delegar estas funciones a personas sin capacidad de cumplimiento.
Ante la solicitud por parte del magistrado Salazar de conocer los nombres de las personas designadas en las sesiones por parte del gobierno nacional, el Alto Comisionado no entregó el listado por falta de información, pero se comprometió a hacerla llegar a esa instancia judicial.
Adicionalmente, el magistrado Raúl Sánchez Sánchez le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, en su condición de Secretario Técnico de la CNGS, convocar en los siguientes cinco días a una sesión plenaria para dar cumpliemiento al Decreto 154 de 2017.
El objetivo es que en esa plenaria se discuta, apruebe y se adopte el reglamento interno dentro de los 30 días siguientes al inicio de esa sesión; además, se formule y se debata el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones derivadas del paramilitarismo dentro de los 60 días siguientes, y se deberán incluir estrategias investigativas a implementar a corto, mediano y largo plazo. Así como metodologías, recursos financieros asignados y lineamientos de política pública con inclusión de los diagnósticos, recomendaciones presentados y discutidos.
Además, en calidad de Secretario Técnico de la CNGS, el Alto Comisionado para la Paz deberá gestionar ante el gobierno nacional, la opción del plan de acción aprobado por la CNGS y remitir el acto aprobatorio en el término de 60 días hábiles a la presente sesión. Y finalmente se le exigió al funcionario que dentro de los cinco días siguientes a la expiración de cada una de las órdenes impartidas, la CNGS, a través del Secretario Técnico, deberá remitir a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP un informe completo con el cumplimiento de las anteriores órdenes y copia de las actas de las sesiones.
Este llamado de alerta de la JEP se suma a otros que ha realizado previamente. El año pasado, la Unidad de Investigación y Acusación de ese tribunal, advirtió que si no se toman decisiones de fondo para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc que están cumpliéndole al Acuerdo de Paz, dentro de tres años la cifra de asesinados llegaría a mil 600, según las proyecciones de uno de sus modelos matemáticos.
Las tareas que se le avecinan al Alto Comisionado para la Paz son bastantes y cuentan con la limitación de que a este gobierno le quedan poco más de cinco meses para concluir su mandato, lo que permite establecer que en este cuatrienio se perdió el tiempo y que, sin duda alguna, tuvo una consecuencia dramática en la vida de los reincorporados: 306 asesinatos dan fe de ello.
