En el juicio contra diez militares acusados de participar en la masacre de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cometida en febrero de 2005 enel Urabá antioqueño, no habrá vencimiento de términos y, por el contrario, se le imprimirá celeridad para concluir esta fase de juzgamiento.
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Los familiares de las víctimas no olvidan a sus seres queridos y luchan porque se imparta justicia. – Llevar guías ‘paras’ fue práctica recurrente de la Brigada XVII en Urabá |
Así lo acordaron la Juez Segunda Especializada de Antioquia, los abogados de los militares, el representante de las víctimas, así como el fiscal del caso y el funcionario de la Procuraduría General de la Nación, tras una reunión realizada en la sede del Edificio de la Justicia en Medellín.
Jorge Molano, representante de las familias de las víctimas del múltiple crimen, declaró que “se ha tenido una conversación con los distintos sujetos procesales y se ha hecho una manifestación en el sentido de que no habrá ningún vencimiento de términos. Sobre esa base también se ha planteado imprimirle celeridad al juicio”.
Con esta decisión se despejan los temores que se tenían sobre la posibilidad de que este proceso se sumara a otros en los cuales se han visto involucrados militares en la comisión de crímenes contra personas protegidas y que por decisiones de los jueces, alegando vencimiento de términos, han quedado en libertad.
José Joaquín Cristancho, abogado de dos de los diez militares procesados, compartió el acuerdo y explicó que no hay riesgo de que los uniformados queden en libertad: “una vez iniciada la audiencia de juicio no hay lugar a que se decrete la libertad de los procesados”.
Desde el 9 de enero del año pasado fueron llamados a juicio el mayor José Fernando Castaño López, el teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín CruzReina, el subteniente Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez. A todos ellos se les juzga, en calidad de coautores, por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.
Los hechos investigados tienen que ver con la masacre ocurrida entre el 21 y el 22 de febrero de 2005 en zona rural de Apartadó, Urabá antioqueño en la que un comando de paramilitares del bloque Héroes de Tolová, bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’ y presuntamente protegidos por militares de la XVII Brigada del Ejército, fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de nacido.
El acuerdo se logró momentos antes de cancelar el segundo día de audiencias del juicio pues los tres paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que habían sido citados como testigos, y que están recluidos en cárceles de Atlántico y Córdoba, no fueron trasladados a tiempo por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a esta ciudad, sin que se conocieran las razones de ello.
Con respecto al motivo de la suspensión de la audiencia, el abogado de las víctimas se mostró contrariado: “Desafortunadamente el Inpec no trasladó a los testigos que debían declarar en el día de hoy. No sabemos las razones que tuvo para no trasladarlos, pese a que la Juez había enviado las notificaciones con la debida anticipación”. Las audiencias de juzgamiento fueron reprogramadas para los días 16, 17 y 19 de marzo próximos.
Trascendió también que la juez del caso tomó la decisión de que las próximas audiencias se lleven a puerta cerrada, permitiendo solamente el ingreso de los militares juzgados, sus abogados, el fiscal, el representante de la Procuraduría General de la Nación, el apoderado de las familias de las víctimas y delegados de entidades internacionales. Ni la prensa ni el público en general serán admitidos.
Dos razones fueron expuestas para justificar estas restricciones: de un lado, la seguridad de quienes están interviniendo en las audiencias de juzgamiento y, de otro, evitar la especulación sobre lo que vienen declarando las personas citadas como testigos.
“Es que ayer (jueves) se nombró en la audiencia a un General de la República y se le quiso vincular a la investigación, pero no tuvo mayor trascendencia dentro del proceso ni la va a tener”, dijo la juez.
El abogado se refiere a la lectura de unas declaraciones que hizo ayer el representante de las familias de las víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó entregadas por el ex coronel Néstor Iván Duque López a la Fiscalía el 9 de septiembre de 2009 en las que afirma que altos mandos de la Brigada XVII de Ejército se reunieron con el Comandante de la Primera División del Ejército, el entonces general Mario Montoya, para realizar un análisis de lo ocurrido en la vereda El Porroso, de Mutatá, el 9 de febrero de 2005, donde perdieron la vida un oficial y 18 soldados en una emboscada preparada por las Farc.
Según ese testimonio, Montoya participó en el diseño de la Operación Fénix, a la cual le dio el visto bueno y le ordenó a los mandos de la Brigada que “tenían que llevar guías”, quienes posteriormente fueron identificados como paramilitares del bloque Héroes de Tolová.
Sobre ese tema, el teniente coronel Orlando Espinosa, uno de los oficiales procesados que asumió la vocería de sus compañeros, decidió hablar ante los medios de comunicación y salió en defensa de Montoya: “Simplemente fue Comandante de División y como Comandante de División fue a una unidad subalterna, que era la Brigada XVII, y supervigiló una orden de operaciones que iba encaminada a proteger la integridad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con la operación Fénix contra los frente 5 y 58 de las Farc”.
Agregó este oficial, hoy detenido, que “están tratando de subir de nivel una actuación de un individuo, pero no fue una conciliación de un mando militar para ir a masacrar unos niños, eso no es verdad”.
Preguntado sobre la presencia de guías paramilitares durante la Operación Fénix, ejecutada entre el 15 y el 21 de enero en una amplia zona selvática del Urabá antioqueño, Espinosa Beltrán se mostró extrañado, dijo no saber nada del asunto y, a su vez, preguntó: “¿Cuántos golpes se les han dado a las estructuras guerrilleras? ¿Quién entregó a Raúl Reyes? Son los informantes los que nos dan esas informaciones para poder obtener éxitos”.
Hablando en nombre propio y de los demás militares procesados, Espinosa reiteró que son inocentes: “todos los colombianos estamos esperando que se haga justicia verdadera. Yo espero mi absolución porque soy inocente, como la esperan todos los que estamos implicados en este proceso”.
Por lo pronto, se espera que con los acuerdos de celeridad logrados se establezca si en el múltiple crimen perpetrado contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hubo o no participación de estos diez militares adscritos a la Brigada XVII y de otros altos oficiales que han sido nombrados por algunos testigos, pero que aún no han sido vinculados a este proceso.
